El más reciente informe de Global Witness, Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta (Londres, 2017), pone en evidencia cómo los altos niveles de violencia contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes -123 activistas asesinados en los últimos siete años y más del 90% por ciento de estos crímenes ha quedado […]
El más reciente informe de Global Witness, Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta (Londres, 2017), pone en evidencia cómo los altos niveles de violencia contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes -123 activistas asesinados en los últimos siete años y más del 90% por ciento de estos crímenes ha quedado en la impunidad- son consecuencia directa de un cóctel letal donde se combinan corrupción generalizada, intereses del gran capital nacional e internacional, colusión de miembros de la clase política y funcionarios públicos, ausencia del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades e impunidad.
La persecución y asesinato de activistas -señala el informe- está arraigado en la codicia corporativa y la implementación de un modelo dizque de «desarrollo», que está basado en el acaparamiento de tierras y territorios y el saqueo de los bienes comunes, a través de la proliferación de proyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales. Organizaciones sociales hondureñas señalan que en el país ya existen 714 proyectos extractivos y calculan que entre el 30 y 35% del territorio está concesionado. A esto se suma la falta de voluntad política del gobierno y la influencia excesiva de las élites económicas nacionales, para que no se proporcione una protección real y efectiva a las y los activistas ambientales, dejándolos expuestos a la persecución, represión y muerte violenta. La acelerada privatización de los servicios básicos, la tercerización de las funciones del Estado y la precarización del mercado laboral cierran este nefasto círculo.
En este informe de Giorgio Trucchi publicado por Alba Sud se analizan dos casos de conflictos por procesos de desposesión territorial. El primero aborda la dramática situación que viven los habitantes de la comunidad garífuna de Barra Vieja, en el litoral atlántico hondureño, contra quienes el Estado ha desatado una persecución judicial feroz. Ellos aseguran que detrás de todo estaría el interés del capital nacional y transnacional -en este caso de la asociación público-privada DTBT, propietaria del mega complejo turístico Indura Beach and Golf Resort- por el territorio y las playas donde surge la comunidad, por ser un posible destino turístico con alto valor añadido.
El segundo caso se enfoca en la acelerada pérdida de territorios ancestrales de las comunidades garífunas situadas a lo largo de la Bahía de Trujillo, en la zona oriental del litoral atlántico de Honduras. Aquí, la venta ilegal de tierras ubicadas dentro del perímetro del título comunitariopara la comercialización de lotes y la construcción de viviendas con fines turísticosha venido cercenando derechos fundamentales de las comunidades.Ambos casos son paradigmáticos de la situación de disputa que se está viviendo actualmente en el caribe hondureño.
Se puede descargar el informe haciendo clic aquí.
Este informe, acompañado de un prólogo de Ana Ortega, docente e investigadora hondureña, ha sido realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a través del Programa Barcelona Solidaria en el marco del proyecto «Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente» convocatoria 2015 ejecutado por Alba Sud.
Fuente: Alba Sud
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