Agresiones a periodistas, persecución a los gremios de los comunicadores, censura directa y campañas de desprestigio son un alto costo que la libertad de expresión de Nicaragua ha pagado desde que comenzaron las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril. Se trata de la culminación de «un proceso de degradación en el […]
Agresiones a periodistas, persecución a los gremios de los comunicadores, censura directa y campañas de desprestigio son un alto costo que la libertad de expresión de Nicaragua ha pagado desde que comenzaron las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril.
Se trata de la culminación de «un proceso de degradación en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión» durante los 11 años de presidencia del exguerrillero sandinista, aseguró a IPS el decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales, Adrián Uriarte.
Para el académico en este tema el gobernante del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) casi está llegando al nivel de los peores años de la dictadura de la familia Somoza (1934-1979).
Este martes 9, más de 200 periodistas, directores y dueños de medios independientes firmaron en Managua una declaración donde demandan al gobierno de Ortega y las instituciones del Estado, «el respeto al ejercicio del periodismo» y «seguridad para ejercer el derecho irrestricto a la libertad de expresión».
También requirieron una investigación independiente sobre los sucesos violentos desde que comenzaron el 17 de abril las protestas sociales, que aún se mantienen pero con menor virulencia. Recordaron que su saldo hasta ahora es de más 47 personas muertas, más de 400 heridas o detenidas y daños graves a periodistas, así como la destrucción de equipos y recursos de los medios de comunicación.
Este mismo martes 9, Managua fue escenario de una nueva gran marcha de estudiantes, campesinos y sociedad civil, en demanda de justicia y democracia para el país, que se desarrolló sin incidentes, y que el gobierno contrapuso por primera vez con una manifestación a su favor por parte de sus adeptos.
El decano Uriarte consideró que desde que Ortega volvió al poder en 2007, se estableció «una política de comunicación excluyente» que brindaba todas las facilidades y el apoyo del Estado a «los medios del poder ciudadano» y vetaba de entrada el acceso a la información y el ejercicio del periodismo independiente a los demás medios.
Esa política, según Uriarte, generó una acumulación de medios a favor del gobierno, mediante la compra de canales de televisión, radios, medios impresos y la proliferación de portales digitales, mientras espacios de prensa independiente iban siendo cerrados y ahogados económicamente mediante la aplicación de medidas fiscales y el retiro de la publicidad estatal.
«Eso fue mermando la calidad de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo», aseguró Uriarte, quien puntualizó que el período más crítico ocurre desde el comienzo de la actual ola de protestas.
El detonante de que hizo estallar el descontento en las calles fue un decreto de reforma de la previsión social, que incrementaba los aportes y reducía los beneficios y que Ortega retiró el 22 de abril, en un intento de acallar la crisis.
Uriarte ha registrado una serie de ataques directos a periodistas de tres medios opositores: la emisora radial Onda Local, el diario La Prensa y el canal de televisión de noticias por suscripción 100 % Noticias.
«Pero la baja más sensible ha sido el asesinato del periodista Ángel Gahona y el asedio contra la periodista Ileana Lacayo en Bluefields, así como la detención ilegal del reportero Salomón Manzanares en León. Estos hechos demuestran que en Nicaragua, hemos pasado de la censura indirecta a la censura directa, un método que se creía superado en Nicaragua», aseguró.
A Gahona lo asesinaron de un balazo en la cabeza el 21 de abril, en los primeros días de rebelión callejera, en Bluefields, capital de la oriental Región Autónoma del Caribe Sur, cuando cubría las protestas en esa ciudad y su muerte fue grabada en directo.
La Policía Nacional ha detenido y acusado del hecho a dos adolescentes afrodescendientes, pero la familia de la víctima rechaza la versión oficial y señala directamente a miembros de ese mismo cuerpo como sospechosos del crimen.
«Otros síntomas agudos contra la libertad de expresión han sido la serie de hechos que van desde la destrucción de Radio Darío (en la ciudad occidental de León), el intento de incendio de la progobernante Radio Ya y la quema de un vehículo del Canal 8, propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo», enumeró Uriarte.
Algunos casos específicos
Anibal Toruño, director y propietario de la emisora Radio Darío, relató a IPS que el incendio de la radio durante las protestas de abril en León, fue organizado y encabezado por dirigentes sandinistas con la intención de asesinar a todo el equipo de 12 periodistas y personal técnico que cubrían las protestas violetas.
Según su versión, «vehículos sin placas y hombres enmascarados llegaron de noche a la radio, encañonaron al vigilante, encerraron al personal en las cabinas de transmisión y regaron combustibles por todo local y luego lo detonaron con un mortero artesanal».
La explosión, detalló Toruño, «envolvió el local en fuego y los periodistas, con ayuda de vecinos, pudieron escapar por una puerta aledaña a una casa contigua». En el atentado murieron dos de los atacantes al alcanzarlos las llamas. La Policía Nacional no ha iniciado las investigaciones ni ha tomado la denuncia del hecho a los perjudicados, aseguró.
Esta es la segunda vez bajo este gobierno que esa emisora es atacada. En 2008 un comando de excombatientes sandinistas irrumpieron en la emisora, durante otra ola de protestas por las denuncias de fraude electoral de la campaña de ese año, y destruyeron la radio con bates y piedras. Tampoco hubo investigación oficial, afirmó Toruño.
Luis Galeano es el director del programa de radio y televisión Café con Voz y ha sufrido la censura del gobierno por su criterio independiente.
Su programa se transmite en el canal informativo 100% Noticias, propiedad del periodista Miguel Mora.
Mora ha denunciado que Orlando Castillo, director de la gubernamental Telecomunicaciones y Correos, le citó a su despacho el 19 de abril para transmitirle la orden presidencial de «dejar de transmitir las noticias sobre las protestas» y eliminar el programa de Galeano y despedirle a él y otro comentarista.
Al rechazar estas exigencias, el canal salió del aire por varios días, hasta que dirigentes empresariales y de la iglesia católica lograron su reactivación.
«Nunca había vivido una experiencia tan nociva como esta», dijo a IPS Galeano, quien ejerce el periodismo desde 1996 y es la primera vez que enfrenta la agresión directa de un presidente mediante instituciones gubernamentales.
Otra periodista que sufrido la censura y la represión es la periodista Martha Vásquez, reportera de noticias judiciales para el diario La Prensa, el más antiguo del país y especialmente crítico con el gobierno de Ortega.
A Vásquez le han impedido el acceso a las instalaciones judiciales, la han expulsado actos públicos y la han amenazado funcionarios del Poder Judicial, mientras desde el anonimato han desatado campañas difamatorias en su contra.
Gustavo Bermúdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, dijo a IPS que el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo «ha alcanzado su punto más crítico desde abril a la fecha», tras 11 años de una creciente represión y censura contra los medios independientes.
Su recuento es que más de 100 espacios radiales y televisivos han desaparecido por la censura y el ahogo económico del gobierno a los medios, más de 20 periodistas han emigrado del país en busca de mejores opciones económicas y al menos 30 más han dejado de ejercer la profesión.
«Durante 11 años de ejercicio en el cargo, el presidente Ortega nunca ha brindado una conferencia de prensa. La policía y los órganos de seguridad del régimen impiden el acceso a los periodistas de los medios de comunicación independiente y a los corresponsales extranjeros, a quienes además les confiscan sus equipos, a las coberturas de cualquier tipo de actividad gubernamental», denunció.
Ortega, de 73 años, ejerce el poder por tercer mandato consecutivo, iniciado en 2017 y que debe concluir en 2021, gracias a una polémica reforma constitucional. Antes gobernó el país como parte de la sandinista Junta de Reconstrucción Nacional (1979-1985), tras el derrocamiento de Somoza, y como presidente elegido por las urnas (1985-1990).
Leonel Laguna, presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, también emitió un comunicado a raíz de la muerte del periodista Gahona, en el que condenó las acciones violentas contra los periodistas en su ejercicio y contra la ciudadanía en su derecho a la libertad de expresión.