La campaña para el referéndum sobre la Constitución europea da sus ultimas boqueadas entre la atonía y la manipulación extrema. La desigualdad de recursos económicos y de cobertura mediática entre las fuerzas del SI y del NO es abrumadora a favor del SI. Todas las radios y televisiones -publicas y privadas- cantan ininterrumpidamente loas al […]
La campaña para el referéndum sobre la Constitución europea da sus ultimas boqueadas entre la atonía y la manipulación extrema. La desigualdad de recursos económicos y de cobertura mediática entre las fuerzas del SI y del NO es abrumadora a favor del SI. Todas las radios y televisiones -publicas y privadas- cantan ininterrumpidamente loas al carácter benéfico del nuevo Tratado; toda la prensa remacha a coro simplificaciones y mentiras -que la Constitución europea es sinónimo de «estabilidad», «bienestar», «derechos», «paz», «inversiones»…- para motivar la participación y el voto positivo. Ningún embuste se descarta por burdo que sea; ningún recurso se desprecia por parte de los poderosos en este combate desigual*. PSOE y PP -acompañados en incoherente coherencia por CiU, PNV, CC y PA- animan a votar SI explícitamente aunque se desconozcan las 431 paginas de farragoso texto legal -redactado en forma voluntariamente confusa- que ocupa el Tratado Constitucional. Reclaman el vo to ciego, el cheque en blanco…
Recientemente, el Presidente Zapatero ha resumido su discurso: «Con el Sí gana Europa y gana España; con el NO se debilita Europa y se debilita España». Por una vez ha dicho verdad. Precisamente por lo que dice, porque con el SI ganan la Europa y la España realmente existentes que subdesarrollan y desindustrializan Andalucía y que la niegan como Nación, que precarizan y empobrecen a la clase obrera y arruinan a campesinos y pequeñas empresas, es la hora y la ocasión de decirles rotundamente NO.
El engrendro europeo
Bastaría para fundar el rechazo a la Constitución europea constatar hasta que punto condena a Andalucía como Nación al expolio y la impotencia. El nuevo Tratado -a petición española por cierto- apoya la intangibilidad de la integridad territorial de los Estados existentes -a los que adjudica en exclusiva identidad nacional- contra el derecho a la autodeterminación e independencia de las naciones que pugnan por su Soberanía Nacional. Además, excluye expresamente a las naciones sin Estado propio de cualquier capacidad de intervención y defensa efectiva en la Unión Europea. Deja a Andalucía humillada, maniatada y sin voz propia; reducida al nivel de moneda de cambio. Nos rebaja al estatus de un juguete en manos de los intereses conciliados o contrapuestos del gran capital multinacional, el capitalismo español o los grandes Estados imperialistas de la Unión.
La nueva estructura institucional europea -sintetizando su trayectoria y dando aquí un salto cualitativo- es un complicadísimo organigrama que encarna las aspiraciones doctrinales del neoliberalismo más rabioso y responde cabalmente a los intereses prácticos del gran capital multinacional. Supone la plasmación institucional -con las justas dosis de empirismo debidas al momento- del programa reaccionario del federalismo económico paneuropeo, gestado por la ultraderecha liberal ya durante la II Guerra Mundial como proyecto antisocialista. La medida adscripción acordada en el Tratado según temas de mayorías cualificadas y unanimidades, el reparto de potestades específicas y concurrentes atribuidas a la Unión y a los Estados miembros y la distribución de competencias entre los diversos órganos comunitarios -bajo la supremacía general de la Unión- están hechas con extremo cuidado de manera que siempre beneficien en cada caso a una practica darwinista feroz en beneficio del gran ca pital y la desigualdad social y nacional, dificultando al máximo y en cada circunstancia la defensa de los derechos de la clase obrera, los campesinos y las naciones empobrecidas.
El resultado de esta jungla institucional es despojarnos de hecho de los últimos restos de ciudadanía, reconvirtiéndonos realmente en súbditos. La sustracción de poder y competencias alcanza proporciones homéricas. El desarrollo de un «mercado competitivo abierto y libre», es el eje vertebrador y omnipresente del proyecto, en una forma que recuerda a los más aterradores diseños de la más infernal utopía negativa esbozada en las obras de anticipación. Su modelo y su horizonte es un híbrido entre un recuperado «Manchester» decimonónico inhumano y un «1984» cibernético de control totalitario. Ya decía Jacques Delors hace algunos años que el objetivo de la UE era conseguir que «el 80% de la legislación estuviera fuera del control de los Parlamentos estatales», ahora esta meta se acerca, para contento de bancos, lobbys y multinacionales. La Unión encorseta, vigila, dispone, patrocina, mandata, sanciona, ejecuta directa o indirectamente… y cuando no lo hace, inspira y sirve siemp re de cobertura exculpatoria, cuando no de amenaza. Estados y Unión; Unión y Estados, se convierten ambos en facetas gemelas del mismo mastodonte público-privado inaprensible y viscoso.
En este proyecto, el Parlamento europeo no es en absoluto corrector ni delimitador. Al contrario, Estrasburgo es un ente esencialmente destinado a la apariencia y el disimulo al servicio de Bruselas. Un complemento funcional que cumple su papel en la maraña y en la distorsión, a la vez como engranaje y como elemento pretendidamente legitimador de lo acordado en otras instancias o despachos. Ejemplo de ello es el hecho sintomático de que necesite nada menos que 2/3 de apoyo plenario para un mero voto de censura a la Comisión, recurso no determinante del curso político de la UE y que en absoluto puede equipararse a su equivalente en un régimen parlamentario estatal. Su rol recuerda sobremanera al de las Cortes españolas de la Restauración cuando ejercían de fachada parlamentaria de la dictadura monárquica o al del Reichstag alemán de tiempos del Kaiser Guillermo II, que nunca pudo siquiera ponerle trabas al ejercicio de su soberana voluntad personal.
De otra parte, creer que adjudicarle funciones realmente parlamentarias a la Asamblea de Estrasburgo a la manera estatal -como defienden algunos afectados de una versión extrema del cretinismo parlamentario- resolvería los problemas de fondo es ilusorio ya que implicaría una nueva forma de sometimiento a las «mayorías europeas» y a los intereses de los que estas serían dependientes. Si la estrategia socialdemócrata clásica de transformación social con sostén parlamentario es quimérica a escala estatal, no digamos cuando se traslada al nivel de una realidad como la de la UE (de lo que eran claramente conscientes incluso algunos socialdemócratas hace ya veinte años**). A este respecto, procede reconocer que ese nonato «Parlamento auténtico» sólo sería operativo en tanto fuera coherente a la estructura general de la UE y por tanto útil contra mayorías socialistas estatales o nacionales, nunca al contrario; pues en ese mismo momento sería desprovisto de funciones o suspendido en el aire hasta nueva ocasión. Entretanto, el actual y diseñado Parlamento europeo sirve como excusa, pantalla y entretenimiento; una nueva simbólica Bastilla a tomar para inmediatamente derruir.
Polizontes e imperialistas
Resulta irónico que se adjudique a la UE imagen de garantía democrática interna. Sería preciso recordar que no lo fue en el pasado para impedir -por ejemplo- la represión colonialista francesa en Argelia o la británica en Irlanda del Norte o para la prohibición de fuerzas de izquierda en la RFA (KPD) o Francia (LCR), como ahora tampoco lo es para la ilegalización de Batasuna en Euskadi. Hay un innato componente de «Santa Alianza» inscrito genéticamente desde su origen en el proyecto europeísta que opera de forma sostenida y que ya venía claramente expreso en aquel antecedente frustrado de la UE, que fue en 1953 la Comunidad Política Europea, cuando esta reconocía formalmente el derecho y la obligación de todos los estados asociados a intervenir, militarmente si fuera necesario, en caso de subversión interna en un estado miembro. La Constitución europea suprime de hecho el derecho de asilo para ciudadanos de estados miembros; impone la «ley mordaza» para quienes de entre quien es están a su servicio tengan acceso a información sobre costes y estrategias empresariales; automatiza el espacio judicial y policial europeo -incluso llegando a la extraterritorialidad- y a la vez excluye de sus instancias judiciales la mera toma en consideración de denuncias por brutalidad policial o represión interna por los estados miembros, incluso si estas se han desarrollado como consecuencia de la aplicación de decisiones europeas, lo que resulta un claro estimulo a su impunidad.
En su periferia su historial es igualmente ilustrativo. La Unión Europea ha violentado los derechos nacionales serbios en Croacia -rechazando su autodeterminación y apoyando su expulsión de Krajina y Eslavonia- y amparado la perpetuación de una entidad artificial como es el protectorado de Bosnia -aquí frente a croatas y serbios- o impedido la partición de Kosovo entre Serbia y Albania para asegurar así su control y predominio en los Balcanes. Hoy incluye al Chipre griego mientras no reconoce siquiera al Chipre turco, lo que no le impide negociar con Turquía ignorando el derecho a la autodeterminación de Kurdistán. Hoy también, el mismo texto de la Constitución europea ampara formalmente el estatus colonial de Ceuta y Melilla en Marruecos, de Gibraltar en Andalucía, de las Malvinas argentinas, de Diego García o de las bases británicas en Chipre de Akrotiri y Dhekelia. Ayer como hoy, la UE sostiene economicamente al Estado sionista de Israel -pese a su opresión evidente sobre el pueblo palestino- mediante un tratado de asociación vital para su persistencia.
Sus relaciones con el imperialismo yanqui siguen la tónica de colaboración conflictiva dominante desde la II Guerra Mundial, salvo en lo tocante a Francia durante el intermedio gaullista. La Constitución europea contempla textualmente a la OTAN como componente estable de la realidad europea y concibe por tanto su propio intervencionismo militar exterior -que quiere potenciar- en términos de complementariedad con el de EEUU en coherencia con sus imbricaciones e intereses economicos. Europa y EEUU y Japón mantienen canales abiertos: se encuentran, debaten y pactan hasta donde competir y hasta donde colaborar -mirando de reojo a Rusia, China y la India- no sólo en el G-8, el FMI, la ONU o la OMC sino que también lo hacen en foros más discretos como el Club Bilderberg o la Trilateral. Algunos de los que ahora pretenden embellecer a algunos imperialismos europeos por su no-intervención directa en la ocupación de Iraq deberían recordar que tampoco estuvieron presentes en la guerra de Vietnam -como sí ocurrió con Filipinas, Tailandia, Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda- sin que ello impidiera que siguieran actuando como aliados de EEUU ni que los negocios comunes siguieran adelante. De hecho, incluso hoy, conviene tener presente que el despliegue y operatividad de las fuerzas expedicionarias en Iraq sería difícil de mantener sin el uso como escala y retaguardia logística de las bases yanquis en Andalucía o Alemania, lo que ocurre con la aquiescencia de los Gobiernos español y alemán. La dinámica agresiva del proyecto europeísta se manifiesta en la inclusión en el Tratado de la posibilidad de imponer bloqueos totales sobre un tercer Estado, a la manera del que EEUU somete a Cuba o represalias de similar entidad sobre entidades no estatales u organizaciones (Art. III-322). Lo que sí implica la Constitución europea es un refuerzo de la corresponsabilidad de todos los Estados miembros en estas actuaciones -aun tolerando las iniciativas unilaterales d e los fuertes- y la dotación de mayores medios en la ambición de construir un plano de intervención imperialista compartido.
Totalitarismo europeo: la política única
Unión Europea y neoliberalismo, en doctrina y practica, son las dos caras de la misma moneda. Así fue desde su inicio. Conviene tener presente que las políticas keynesianas de los 50-60 del siglo pasado que acompañaron la expansión y el bienestar de Europa occidental -impulsadas por social-demócratas, gaullistas o cristiano-demócratas según países, en el contexto de la guerra fría- fueron asunto de los estados miembros y no del Mercado Común; políticas soportadas con mayor o menor resistencia o malestar desde la CEE según coyunturas, en espera de su ocasión. La misma configuración de la inicial Política Agraria Común -también definible como el contrapago alemán a Francia por su superioridad industrial- se justificó pragmáticamente porque en la época era un soporte inesquivable para nutrir políticamente el proyecto europeísta en sus primeros pasos, aunque ello supusiera que ocupara hasta el 80% del presupuesto comunitario; siempre bien corto en relación a la dimensión económic a de los estados implicados. Su lugar real estratégico se descubre ahora con las sucesivas reformas restrictivas sobre agricultura en curso.
Desde un principio primó en Europa la «integración negativa», es decir las prohibiciones orientadas a dejar curso libre a las reglas del mercado y a la competencia sobre las «intervenciones positivas» destinadas a condicionarlo o regularlo según parámetros de equidad y bienestar publico y reequilibrio territorial -incluso sin cuestionar el capitalismo- y ello pese a que -al menos en un principio- la esencia descompensatoria de esta política liberal era sobradamente reconocida. Por eso el Fondo Social, el FEDER, FEOGA o el Fondo de Cohesión siempre han tenido una amplitud comparativamente reducida y se han desarrollado como elementos acompañantes, suplementarios y subordinados, destinados a endulzar las consecuencias de la puesta en practica de las políticas básicas de la Unión: librecambio y desarme arancelario, unión aduanera, libertad de establecimiento y circulación interna de fuerza de trabajo y capitales, fiscalidad negativa e integración económica y monetaria.
Siguiendo el rastro de los Tratados de Roma, del Acta Única, de Maastricht, Ámsterdam o Niza, ahora la Unión asume la coordinación regular de las políticas económicas estatales en el horizonte de su plena unificación en todo aquello que sea funcional al gran capital multinacional. La misma Constitución sacraliza no sólo la propiedad privada en términos absolutos o la economía capitalista sino también la estabilidad de precios y la reducción del déficit publico -de las que se encarga autónomamente el oligárquico Banco Central europeo- sobre cualquier otra consideración o necesidad -por ejemplo, el pleno empleo- hasta el punto de autorizar sanciones sobre quienes no se ciñan a esta disciplina. Prohíbe cualquier intervención publica directa o indirecta que, según su criterio, distorsione la labor de la mano invisible del mercado -a eso le llaman protección de la competencia- lo que afecta directamente a las empresas públicas o a la fiscalidad y justifica las deslocalizaciones, c onfiriéndole poderes al respecto a los órganos europeos. Impide a efectos prácticos la planificación pública, incluso indicativa. Mientras el capital circula a su libre albedrío, la mercantilización bajo protección europea llega a absorber hasta a los antaño considerados servicios públicos -como educación o sanidad- o a la seguridad social, preparando el camino a su privatización o concesión. La adecuación a la competencia implica también la precariedad creciente de las condiciones laborales, la transferencia de rentas del trabajo al capital y la movilidad geográfica de la fuerza de trabajo (para cuya adecuación destinan el llamado Fondo Social Europeo).
La Constitución permite el establecimiento de acuerdos de asociación a la UE -incluyendo unión aduanera- con terceros estados por mayoría. Es decir, facilita que según sean los criterios políticos e intereses económicos estratégicos de los estados centrales y del gran capital puedan imponerse -especialmente a naciones sin estado como Andalucía- nuevas circunstancias que atenúen o incluso eliminen del todo las escasas compensaciones preexistentes por pertenecer a la Unión.
Tambien la Constitución europea impone, de una parte, la libre circulación de trabajadores interna -de especial impacto inmediato tras la anexión de Europa oriental- y la elaboración de una política de inmigración común frente a terceros dejando abierta la puerta a nuevas migraciones, lo que supone arrebatar esta potestad a las naciones y Estados de tal forma que se ignoren sus realidades económicas y sociales especificas y sus modelos nacionales para someterlos a los intereses económicos del gran capital de presionar a la fuerza de trabajo interna introduciendo inmigrantes a su conveniencia. De otra, no reconoce la irreversibilidad del derecho de trabajo y residencia de los inmigrantes, con lo que alienta la temporalidad y precariedad, dificulta su asimilación nacional y debilita la capacidad de resistencia y actuación unificada de la clase obrera.
Con excepciones reconocidas sólo a las Islas Aland, Malta y Dinamarca, se ampara la compra ilimitada de bienes inmobiliarios (fincas, tierras, casas…) por parte de personas físicas y jurídicas de otros estados miembros, abriendo el camino a la minorización nacional en zonas concretas, al lavado de dinero negro y la implantación mafiosa y a la desposesión de recursos básicos; de todo lo cual sabemos desgraciadamente bastante en Andalucía.
En resumen, el Tratado lleva inseparablemente consigo una política neoliberal que construye un modelo social de inseguridad y desigualdad. Es una Constitución de política única. Para valorar sus posibles efectos futuros, hágase el ejercicio de tener presente que desde 1975 -por no remontarnos al franquismo tardío- a traves de los sucesivos Gobiernos españoles de UCD, PSOE y PP -con la connivencia permanente de las burocracias sindicales de CCOO/UGT- hemos venido sufriendo los efectos de las medidas preparatorias coherentes a este modelo impuestas paulatinamente y repásese sus consecuencias. Sus efectos en precariedad y disminución de derechos laborales, perdida de poder adquisitivo, endeudamiento familiar, desmantelamiento industrial, empeoramiento de la calidad de los servicios públicos y privatizaciones, crecimiento exponencial de la desigualdad social y territorial y del control exterior de sectores económicos clave, son evidentes.
Andalucía debe decir NO
En Andalucía, las fuerzas españolas nos señalan demagógicamente al sur para conformarnos a nuestra suerte. El silogismo es simple: «como otros están peor, nosotros estamos mejor». En realidad, las distancias de Andalucía como nación dependiente y subordinada, en relación a las otras más economicamente desarrolladas del Estado y la Unión no se acortan, sino que permanecen. Los augures del poder, ante esa realidad, han de recurrir a ofrecernos convergencias a treinta o cuarenta años vista. Entretanto, en contraste con predicciones anteriores igualmente capciosas, ya podemos comprobar que a efectos reales la introducción del tan renombrado euro, por ejemplo, lo único que nos ha supuesto es tener que comprar comida y pagar servicios básicos a «precios alemanes», manteniendo «sueldos andaluces» (quien los tiene). Y pese a todas las manipulaciones estadísticas, seguimos con un 17% de paro según la EPA y con los sueldos de media comparativamente más bajos del Estado español y de bue na parte de la Unión.
Nuestro desmantelamiento y colonización industrial es notoria. La penetración extranjera inocultable (véase el caso de las grandes superficies de la distribución, cuyos efectos llegan hasta la producción agraria). Europa y España han capitidisminuido nuestros astilleros, en aplicación del dogma librecambista. Santana automoción se mantiene de milagro y no se sabe cuando recibirá el correspondiente aviso europeo. No despunta ningún sector industrial alternativo de importancia nacional.
La construcción sigue siendo aún un recurso pero su expansión es insostenible, aparte de ser refugio de dinero negro, factor destructor del territorio y soporte de colonización como refugio inversor o segunda residencia de europeos ricos. No puede, además, seguir indefinidamente haciendo funciones sustitutivas como refugio de la inversión, absorbiendo mano de obra sin alternativas. Los alquileres suben estratosfericamente y el acceso a la vivienda resulta empresa imposible para buena parte de la población.
Andalucía no tiene siquiera un banco de capital propio. Las cajas de ahorros en manos de las fracciones locales del PSOE y de la Iglesia siguen divididas -mientras penetran entidades foráneas- y sólo muy recientemente comienzan a negociar asociarse para afrontar inversiones conjuntas.
Nuestra agricultura puede agradecerle a España y Europa una reconversión productiva -sostenida socialmente con el recurso al Subsidio Agrario- que mantuvo la estructura latifundista de propiedad de la tierra en buena parte de la Nación como sustitutivo de la Reforma Agraria birlada por la Constitución española y el Estatuto. Los latifundistas se beneficiaron de las subvenciones europeas de forma desproporcionada. No conseguimos la dignidad, la justicia y el bienestar que hubieran acompañado a la plasmación de «La Tierra para el que la Trabaja» y ahora hemos de considerar que, debido a los jornales ridículos que alejan del campo a quien puede, esta consigna, de hipotéticamente aplicarse, implicaría en parte significativa -de no cambiar las cosas- adjudicarla a oriundos, no sólo de Martín de la Jara, Loja o Jauja sino también de Bamako, Xauen o Timisoara. Mientras tanto nuestros parientes siguen en Cataluña, Francia o Alemania sin poder volver (y muchos perdiendo esa esperanza ya para siempre) porque su Patria sigue siendo tan incapaz de ofrecerles a ellos y a sus hijos un trabajo y una vida digna como cuando marcharon, hace cuarenta o treinta años.
Ahora buena parte de la agricultura andaluza -especialmente sus pequeñas y medias explotaciones- tiene que contemplar como la reducción de fondos derivados de la restricción del presupuesto comunitario, de la ampliación al Este y de la reforma de la PAC, más la competencia de un Magreb de sueldos aún más míseros -que la UE quiere asociar a la unión aduanera- ponen en serio riesgo su ya de por si ajustada rentabilidad, incluso en aquellos producciones más intensivas. ¿Todos podrán pasarse a la agricultura ecológica y sobrevivir a su costa, como aduce la Junta?. ¿Qué ocurrirá con quienes no puedan apuntarse a la deslocalización agraria y arrendar alguna de las 45.000 has. ofertadas en Marruecos por el Majzen marroquí?.
En el mercado laboral, a la presión del retroceso general estatal hemos de sumar una realidad sobredeterminada por la economía irregular o sumergida. Se trabaja sin contrato o no se cumplen los ya de por si bajos convenios. Predominan los trabajos basura y los accidentes laborales aumentan con regularidad, mientras los burócratas sindicales se limitan a felicitarse de lo que se incorpora en una normativa habitualmente ignorada. En la escala laboral, los trabajadores andaluces se encuentran arriba en muchas ocasiones con españoles o europeos en los puestos de mando y abajo con inmigrantes magrebies, latinoamericanos o eslavos, cada día en mayor cantidad, dispuestos a lo que sea por sobrevivir. Los jóvenes licenciados -en un país sin tejido productivo- se encuentran en muchas ocasiones en la tesitura de optar entre las oposiciones a la función pública -salvando el escollo de los enchufes-, el TelePizza o la emigración. La tensión se acumula en los barrios, con el riesgo de que se manifieste en conflictos internos.
Nuestras infraestructuras y servicios públicos siguen resintiendo los efectos de las deudas histórica y autonómica impagadas y de la ausencia de Soberanía fiscal andaluza en forma de Concierto propio compensatorio. Nuestras comunicaciones están pensadas hacia la extroversión y el anclaje a España -vía conexiones con Madrid- y no hacia la vertebración nacional. El AVE Madrid-Sevilla oculta el retroceso de la red ferroviaria general y la ausencia de un modelo de malla nacional de comunicaciones. La educación -aparte de españolista- está infradotada y el profesorado aguanta porque no le queda otro remedio; mientras recursos vitales se entregan al adoctrinamiento católico bajo subvención pública. La sanidad pública está infiltrada de concesiones privadas…
Nuestro sol y nuestra costa, nuestra historia, nuestros pueblos y ciudades monumentales, nuestra cultura y nuestro carácter nacional siguen sosteniendo al turismo como actividad económica fundamental para Andalucía. Pero sigue bajo control extranjero en buena parte y desarrollándose con esquemas periclitados y depredadores, sostenido en la sobreexplotación y precariedad laboral de autóctonos e inmigrantes.
Todo esto es responsabilidad de España y Europa. Los fondos europeos -provenientes en buena parte de retornos- no sólo no han alterado este panorama subordinado sino que han consolidado la dependencia (como han hecho también en el Mezoggiorno italiano). No responden a fin altruista o solidario alguno sino a su condición de instrumentos auxiliares para la dominación.
Desde Andalucía hay que definir claramente a España-Europa como enemiga, sabiendo que son un Jano de dos caras. Y actuar en consecuencia. No cabe quejarse de los efectos sin denunciar las causas y sus responsables y beneficiarios. La UE no es reformable, convertible o transmutable. Con el enemigo se puede negociar en determinados momentos -según las circunstancias- y hacer táctica, pero sabiendo que lo es y que por tanto sólo caben treguas pero no paces. La insumisión y la rebeldía son recursos obligados. La exigencia de Soberanía Nacional andaluza sobre recursos y políticas -enfrentándose a las directivas europeas y a las leyes españolas- ha de ser una constante.
En Andalucía, conquistar la independencia nacional -un Estado nacional andaluz, la República Andaluza- no es un lujo sino una necesidad vital. Ni debemos ni podemos esperar a evoluciones ajenas. Desde Andalucía, la forma actual del internacionalismo de la izquierda es ser independentista y construir Andalucía.
El próximo domingo 20 de febrero seguiremos ese camino votando NO.
NOTAS:
*Ejemplo especialmente despreciable, al tiempo que ilustrativo, de las dimensiones de este ejercicio de manipulación por parte del Estado y las fuerzas del SI es el folleto Constitución Europea Fácil, elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid y FEAPS con la colaboración del INICO de la Universidad de Salamanca, la Fundación ADFYPSE y el patrocinio conjunto de la Fundación Luis Vives, la Real Fundación de Discapacidad y los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Presidencia -con dibujos de Forges, Ortuño y Gilabert- destinado pretendidamente a explicar el contenido de la Constitución europea a personas con discapacidad mental. Este texto está siendo ampliamente distribuido entre la red de centros ocupacionales y asistenciales y pocas veces se habrá visto tamaña desmesura y obscenidad en la mentira por la vía de la acción y la omisión. En ese panfleto de 48 paginas bien editado, la Constitución europea es presentada como una co nstitución casi socialista, cuya única intención es preservar derechos y aumentarlos y hacer felices a sus presuntos beneficiarios. Por supuesto, en sus paginas no podrá encontrarse la menor referencia a la privatización de servicios públicos de asistencia, recortes presupuestarios y precariedad laboral que realmente ampara la Constitución europea y que tan particularmente afectan en negativo a quienes está destinado.
**Ver, Stuart Holland, El Mercado Incomún, H. Blume Ediciones, Madrid, 1981