Cinco jueces de la Cámara de los Lores, actuando como última instancia judicial del Reino Unido, negaron ayer a tres británicos el derecho a reclamar una compensación a Arabia Saudí y a varios funcionarios de este país árabe por las torturas que les infligieron para forzar su confesión de varios atentados que no cometieron. Los […]
Cinco jueces de la Cámara de los Lores, actuando como última instancia judicial del Reino Unido, negaron ayer a tres británicos el derecho a reclamar una compensación a Arabia Saudí y a varios funcionarios de este país árabe por las torturas que les infligieron para forzar su confesión de varios atentados que no cometieron.
Los lores concluyeron que el Gobierno y los funcionarios saudíes están protegidos por la Ley de Inmunidad del Estado, de 1978, y revocaron el derecho a litigar que el Tribunal de Apelación les había concedido en octubre de 2004.
Tres de los británicos -uno de ellos residente en Canadá- habían sido detenidos hace seis años en Arabia Saudí y se confesaron culpables de una campaña de atentados en Riad y Khobar. Pero siempre renegaron de esa confesión porque dijeron que les había sido arrancada con torturas físicas y psicológicas. Las torturas fueron luego certificadas por fuentes independientes. Un cuarto británico fue detenido después, cerca de una librería en la que había explotado una bomba.
Los cuatro fueron puestos en libertad después de nueve ataques suicidas de Al Qaeda en mayo de 2003, que desarbolaron la tesis oficial de que los anteriores atentados habían sido parte de una guerra de mafias occidentales para controlar el negocio de la venta de alcohol.
De vuelta en el Reino Unido, los cuatro decidieron denunciar a Arabia Saudí y los funcionarios que practicaron las torturas para que les compensaran por las secuelas físicas y morales que les quedaron. Los tribunales británicos reconocieron su derecho a ser compensados, pero el reino saudí, con el apoyo del Gobierno británico, recurrió esa decisión.
Los jueces-lores les han dado ahora la razón con el argumento de que un Estado soberano no puede imponer su autoridad judicial a otro Estado soberano, y que es el propio Estado el que tiene que suprimir la práctica de la tortura y llevar a juicio a quienes la cometen.
Tribunal Europeo
Para tener derecho a reclamar, los demandantes tendrían que haber demostrado que el grado de inmunidad que la Ley de Inmunidad del Estado de 1978 concede a Arabia Saudí es desproporcionado e inconsistente con las leyes internacionales.
Los demandantes, que tienen el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, piensan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Todo es cuestión de dinero, petróleo y aviones. No hay que molestar a los saudíes. Así es como lo ve el Gobierno británico», se quejó uno de los cuatro británicos perjudicados por la decisión.
«El Gobierno británico ha sacrificado los derechos morales de sus ciudadanos y ha perdido una oportunidad de presionar a un Estado que es culpable de abusos a los derechos humanos», denunció Simon Carruth, responsable de una fundación contra la tortura.