Traducción de Beatriz Martínez
La Unión Europea (UE) celebra este mes su 50º aniversario sin que se avisten soluciones para superar el parón del tratado constitucional. Pero teniendo en cuenta la multitud de propuestas para seguir liberalizando los mercados, aún es pronto para que la izquierda cante victoria.
El 25 de marzo, los dirigentes europeos se reunirán para conmemorar el 50º aniversario de la firma del Tratado de Roma, que estableció los cimientos de la actual Unión Europea (UE). El acto culminará con una declaración de Berlín que plasmará los ‘objetivos y valores comunes de la UE’.
Sin duda, todo esto irá acompañado de varias rondas de palmaditas en la espalda, banquetes y discursos grandilocuentes sobre la paz y la prosperidad. Habrá celebraciones de una Europa en paz y buenas palabras sobre la soberanía compartida; si no explícitamente en el sentido de una ‘unión cada vez más cercana’, al menos alguna frase al más puro estilo Blair del tipo ‘estamos consiguiendo más juntos de lo que podríamos en solitario’. Pero cuando las conversaciones aborden la cuestión del nuevo tratado constitucional, habrá que excusar a los jefes de Estado allí reunidos por parecer algo nerviosos.
Cuando Angela Merkel se dirigió al Parlamento Europeo al inicio de la presidencia alemana de la UE, anunció su intención de trazar ‘una hoja de ruta’ para la adopción del tratado constitucional. El derrumbe de ese proceso representaría ‘un fracaso histórico’, manifestó, y añadió que se necesitaba una constitución para hallar el ‘alma de Europa’. Sin embargo, ese proceso ya está en apuros.
La constitución en la encrucijada
La constitución, en su concepción original, era un sutil compromiso entre las demandas de las diversas elites políticas europeas. Pero cuando los votantes franceses y neerlandeses tuvieron la osadía de rechazar este hecho consumado, propiciaron el inicio de un ‘período de reflexión’ del que la UE está empezando a salir ahora.
Una de las consecuencias inmediatas de todo esto es que los referéndums se ven con muy malos ojos. El presidente de la Unión, José Manuel Barroso, que apoyó las convocatorias de referéndum cuando el primer ministro de Portugal promovió un plan D (de ‘democracia, diálogo y debate’) tras el resultado negativo en Francia y los Países Bajos, está ahora instando a los países a ‘pensárselo dos veces’ antes de convocar consultas populares sobre el tratado constitucional. En su opinión, estas consultas hacen que el proceso de aprobación sea ‘mucho más complicado y menos predecible’; donde lo imprevisible es, al parecer, que la gente podría volver a emitir la respuesta ‘equivocada’.
Con esto, se da por sentado que es posible encontrar una vía común para llevar adelante la constitución, pero una reunión de los ‘amigos de la constitución europea’, celebrada recientemente en Madrid y en que participaron representantes de los 18 países que han ratificado el tratado existente, puso de manifiesto la magnitud de las divisiones.
El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, abogó por que la UE ampliara el alcance del tratado -un ‘documento magnífico’- que, insistió, debía seguir sirviendo de base de cualquier acuerdo futuro. Pero un alto diplomático francés en Bruselas descalificó el encuentro tildándolo de ‘algo parecido a un grupo de plañideras llorando el cadáver de un muerto’.
El apoyo de Francia es fundamental para que salga adelante un nuevo tratado, y mucho dependerá de los resultados de las elecciones presidenciales de mayo. Nicolas Sarkozy, candidato de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), se decanta ahora por la adopción de un ‘minitratado’, que incluiría medidas para crear el cargo de ministro de Exteriores europeo y para fomentar el uso de un sistema de votación por mayoría cualificada; una medida que probablemente inhabilitaría a un número significativo de Estados europeos. Su contrincante, Ségolène Royal, defiende la celebración de otro referéndum, y hay pocos indicios que sugieran que la opinión pública francesa haya cambiado sus simpatías por la constitución desde el aplastante ‘no’ de mayo de 2005.
El Gobierno británico también ha puesto los ojos en un tratado despojado de artificios. En este país, la mezcla de presión popular y de oportunismo mediático y político podría hacer que la convocatoria de referéndum también fuera algo irresistible. Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos, la República Checa y Polonia también caen en el campo de los escépticos, y tendrían dificultades en aprobar cualquier documento basado fundamentalmente en el tratado existente sin batallar. Así pues, no es de extrañar que Merkel esté intentando desarrollar el debate a puerta cerrada, valiéndose de ‘sherpas’ burocráticos para tantear los mínimos exigidos por diversos gobiernos.
Pero los sectores de la izquierda que crean que el que no haya noticias es buena señal, y que este estancamiento es el mejor resultado que cabía esperar, no harían mal en ser prudentes. Y es que, sea cual sea la forma que adopte finalmente la nueva constitución, es poco probable que aborde los problemas de base por los que la mayoría de votantes progresistas en Francia y los Países Bajos la rechazaron en un primer momento. ‘Los Estados miembro intentarán cambiar lo mínimo posible y dar la impresión de que han introducido cambios sustanciales’, afirma Steve McGiffen, editor de Spectrezine, revista electrónica de izquierdas, y autor de The European Union: A Critical Guide.
La propuesta de constitución que no llegó a aprobarse fue un intento por otorgar a las políticas de la Unión ya existentes un estatus legal superior que, una vez ratificado, resultaría extremadamente difícil de enmendar. ‘Fue un intento por fijar algunas políticas básicas para las próximas décadas, con lo que las generaciones futuras se verían sujetas a las elecciones políticas y económicas del presente’, comenta Erik Wesselius, de Corporate Europe Observatory.
Caroline Lucas, diputada del Parlamento Europeo por el Partido de los Verdes, coincide con esta línea: ‘La constitución nos ataba a mercados abiertos, más y más competencia, y a la creciente militarización de la UE. Para empezar, incluir esos compromisos vinculantes en una constitución fue un gran error’. En su opinión, hay alguna posibilidad de que una versión simplificada del tratado elimine la tercera parte, que representa prácticamente el 75 por ciento del documento original; esto, al menos, sería una noticia bienvenida. Pero Erik Wesselius se muestra menos optimista, y subraya que tal documento ‘no modificará ni un ápice la orientación de libre comercio y libre mercado de la UE’.
¿Crisis? ¿Qué crisis?
Sin embargo, que la constitución esté en punto muerto no significa que la UE también lo esté. En junio de 2005, el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, anunció que ‘Europa no está en crisis. Está en una profunda crisis’. A pesar de ello, puede que los partidarios del proyecto neoliberal de la Unión caigan en la tentación de preguntar: ‘¿qué crisis?’.
Independientemente de todos los problemas con el tratado, la UE continúa con la gradual puesta en práctica de los diversos aspectos de la constitución. Por ejemplo, las iniciativas para crear una Agencia Europea de Defensa (AED), contemplada en la constitución como un elemento clave para la elaboración de prioridades comunes de seguridad y defensa, han seguido adelante sin impedimentos. La AED, incluida en el tratado a raíz del intenso cabildeo de la industria armamentística, está pensada para promover políticas comunes en materia de compra de armas en toda la UE, lo cual, en el contexto de la disposición por la que los Estados miembro deben ‘mejorar progresivamente sus capacidades militares’, se traduciría en jugosos contratos de defensa.
En líneas más generales, tampoco ha tenido lugar un cambio o replanteamiento fundamental de la trayectoria neoliberal de la UE; el ‘período de reflexión’ ha dejado prácticamente intacto este principio básico.
De hecho, varias de las iniciativas clave de la UE desde que se produjo el ‘no’ a la constitución consolidan aún más la vía de libre mercado de la UE. El presupuesto de la Unión para 2007-2013, aprobado en abril de 2006 y fijado en 864.300 millones de euros, vincula la financiación, más estrechamente que en el pasado, a la Agenda de Lisboa, que establece el objetivo estratégico de la UE de convertirse en ‘la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo’. Lo mismo sucede con los ámbitos de desarrollo rural -la Política Agrícola Común que sigue representando el mayor porcentaje del presupuesto europeo (88.750 millones de euros)- y con los 45.500 millones de euros asignados al Séptimo Programa Marco, con el que se fomenta que las investigaciones financiadas por la UE persigan aumentar ‘la competitividad mundial’ mediante asociaciones con la industria y el sector privado.
Según Caroline Lucas, esto también está desempeñando un papel pernicioso en los debates de Bruselas. ‘Al parecer, en lo que respecta a la competitividad de la UE, la Agenda de Lisboa ha pasado a utilizarse como un burdo instrumento para atacar legislación social y medioambiental válida y legítima’, comenta la diputada.
La directiva sobre servicios de la UE (‘la Bolkestein’) pretendía impulsar la agenda del libre mercado aún con mayor ímpetu; en este caso, creando un único mercado de servicios. Esta iniciativa estuvo lejos de convertirse en una victoria indiscutible del neoliberalismo porque la presión popular en varios Estados miembro propició que se adoptara un acuerdo de compromiso y se eliminara su disposición más polémica: el principio del ‘país de origen’. Esta cláusula habría permitido, por ejemplo, que una empresa contratara a un trabajador en un país de la UE en virtud de la legislación laboral de otro.
También se limitó el alcance de la directiva, de modo que algunos sectores, como el de la vivienda social, desaparecieron del ámbito de sus competencias. A pesar de ello, el texto de compromiso adoptado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2006 sigue incluyendo medidas orientadas hacia una mayor ‘libertad de mercado’. Las ambigüedades de su redacción otorgarán una mayor autonomía interpretativa al Tribunal de Justicia y, a juzgar por la experiencia, éste tiende a fallar a favor del aumento de la competencia.
Mientras tanto, en octubre de 2006, Peter Mandelson, comisario europeo de Comercio presentó una nueva estrategia comercial internacional que hacía hincapié en la ‘búsqueda de la apertura de mercados extranjeros’. El informe The Global Europe: Competing in the World (Una Europa competitiva en un economía globalizada) promete nuevos acuerdos bilaterales de libre comercio. El objetivo es obligar a países y regiones del Sur Global a abrir sus mercados a los bienes y las inversiones empresariales de la UE, denegándoles la serie de protecciones económicas y subsidios de que se han servido la mayoría de países europeos para fomentar su desarrollo y reforzado, con ello, las actuales desigualdades económicas mundiales.
Estas políticas ya se están desplegando en forma de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con países de África, el Caribe y el Pacífico, y la apertura de estos nuevos mercados para las grandes empresas europeas está amenazando con pérdidas de empleos y recortes en los servicios públicos.
Sin ir tan lejos, se está aplicando rápidamente una estrategia parecida con la política de vecindad de la UE, que promueve la integración económica y el libre comercio con 17 países que comparten fronteras con la Unión; países de la antigua URSS, los Balcanes y el norte de África. Según David Hall, de la Unidad de Investigaciones de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), esta estrategia también fomenta políticas ‘concebidas para alcanzar una mayor liberalización y privatización de lo acordado en el seno de la UE o en las negociaciones sobre el comercio de servicios en la Unión’.
La ampliación de la UE también se ha utilizado para consolidar las políticas de liberalización. Bulgaria y Rumanía, además de otros Estados de Europa Central y Oriental que se han incorporado a la UE, tuvieron que demostrar su capacidad para gestionar una ‘economía de mercado en funcionamiento’ antes de ser admitidos al club. Este requisito ha tenido algunos efectos positivos evidentes, como sería la presión para frenar la corrupción, pero éstos quedan eclipsados por las condiciones de admisión de estos países, que parecen elaboradas para garantizar que sigan anclados en la periferia de una Europa cada vez más desigual.
Más allá de declaraciones grandilocuentes sobre objetivos y valores para el futuro, esta serie de políticas clave -que van acompañadas de nuevas aperturas de mercados y limitaciones financieras- ya está marcando la trayectoria de la futura evolución de la UE. Puede que carezca de alma, pero la UE ha mantenido, sin duda, su cuerpo económico.
Semillas para otra Europa
‘Hace 50 años, estaba muy claro cuál era el cometido de la Comunidad Económica Europea: construir la paz en el continente a través de un proyecto económico de libre mercado. Ahora, esas políticas económicas se han convertido en un fin en sí mismas’, comenta Caroline Lucas. ‘Y ése es uno de los motivos por los que la gente se siente alejada de la UE, porque se ha dado prioridad a la economía por encima de las cuestiones medioambientales o sociales.’
Reequilibrar esta agenda es fundamental. En términos económicos, esto supone decir no a las recetas universales de la Unión: los criterios de estabilidad y convergencia que exigen la desregulación como base para la cooperación política.
‘Uno de los dilemas a los que te enfrentas como crítico de la UE es que, actualmente, es difícil imaginar cómo sería Europa sin un mercado interno’, afirma Erik Wesselius. Sin embargo, en su opinión, sigue siendo importante pensar en ‘alternativas europeas centradas en una verdadera cooperación y no en el mercado interno’ que ofrezcan la posibilidad de contemplar una pluralidad de modelos económicos en lugar del enfoque genérico que impera en estos momentos.
Tal como señala Susan George, del Transnational Institute, si la idea del modelo europeo ha de tener algún sentido, la UE podría adoptar multitud de medidas económicas alternativas. Éstas podrían ir desde aplicar un impuesto a los beneficios de las grandes empresas a políticas de préstamo mediante la emisión de bonos.
No obstante, no se trata meramente de una cuestión económica. ‘Sería mejor hacer menos en el ámbito de la UE pero garantizar que la Unión esté haciendo lo que se debe hacer de forma colectiva’, opina Caroline Lucas. ‘La sostenibilidad y el cambio climático podrían representar dos ejes sobre lo que la UE podría aportar. Salta a la vista que las acciones emprendidas por Estados individuales no son suficientes, mientras que el impulso de 27 Estados que actúan a la una y que se toman estas cuestiones mucho más seriamente de lo que lo ha hecho la UE hasta la fecha podría demostrar que estamos resueltos a abordar estos problemas, y a colaborar con China y la India, tanto a través de la transferencia tecnológica como de nuestras políticas, sea con el enfoque de contracción y convergencia o con cualquier otra fórmula que sea justa.’
Alcanzar estos objetivos exigiría cambios fundamentales en el funcionamiento de la UE y en el equilibrio de fuerzas políticas que operan en su seno. Pero la actual composición política de la UE no parece ser demasiado propicia: la Comisión Europea y el Parlamento Europeo cuentan actualmente con una mayoría de centro-derecha, y eso dejando de lado el hecho de que gran parte del centro-izquierda defiende con entusiasmo el avance de la liberalización. Y la expansión hacia el este hace aún más improbable que este panorama cambie en el futuro más inmediato. Steve McGiffen señala en efecto que ‘una de las consecuencias de la ampliación de la UE ha sido el viraje de todo el marco político hacia la derecha’.
Sin embargo, analizando la cuestión desde un punto de vista aún más primordial, son los propios fundamentos institucionales de la UE los que representan el problema clave. Desde la firma del Tratado de Roma, la Unión ha tendido a aislar a las fuerzas económicas de toda responsabilidad democrática. Esto es fruto, en parte, del ‘intergubernamentalismo’, es decir, del hecho de que las decisiones de la UE dependan, en última instancia, del Consejo Europeo (de jefes de Estado), que se reúnen en secreto.
El tratado constitucional prometía unas mejoras muy limitadas en este sentido, aunque lo que ofrecía por un lado lo restaba por el otro ya que, al otorgar a las políticas neoliberales un estatus superior, todo debate significativo -más o menos transparente- sobre las grandes cuestiones económicas se habría convertido en algo totalmente superfluo. Así, aunque el texto siga enfangado, su espíritu pervive en los acuerdos constitucionales existentes de la UE y en las políticas que genera.
Esta continua tendencia a colocar el neoliberalismo por delante de la responsabilidad democrática constituye el verdadero ‘fracaso histórico’ de Europa. Otra Europa aún es posible, y no es difícil imaginar los principios sobre los que se podría construir; más difícil será construir las condiciones para que su alma sea libre.
* Oscar Reyes, Transnational Institute (http://www.tni.org/es).