Moratinos: «El gobierno Aznar no condenó, endosó y dió legitimidad internacional al golpe de estado en Venezuela»
Señorías,
El objetivo de esta comparecencia -que el Gobierno ha solicitado a petición propia-, es establecer si faltaron a la verdad las afirmaciones que realicé el pasado lunes 22 de noviembre en el programa 59 segundos de TVE1 sobre los sucesos ocurridos en Venezuela del 11 al 14 de abril del 2002.
Espero en esta comparecencia aclarar todos aquellos aspectos e interrogantes relacionados con mis afirmaciones, lo que, lógicamente, no es posible en 59 segundos.
Soy perfectamente consciente de la importancia política que tiene demostrar su veracidad. Este país no está dispuesto a consentir nunca más que sus gobernantes le mientan. Y yo he venido a decir la verdad.
Han distribuido en sala fotocopia de la trascripción de mis palabras en el programa 59 segundos en relación con Venezuela. Sus señorías pueden consultarla. Mis afirmaciones fueron:
1. que hubo un golpe de estado en Venezuela;
2. que el Embajador español recibió instrucciones del Gobierno;
3. que el objetivo de estas instrucciones, o mejor dicho, para evitar juicios de intención, que el efecto de la ejecución de esas instrucciones y de otras actuaciones fue apoyar el golpe.
En ningún momento acusé al anterior Gobierno español de instigar o participar en la preparación y ejecución del golpe de estado.
Mis palabras deben entenderse en el sentido de que por apoyar quise y quiero decir que no condenó el golpe de estado, que lo endosó y que le ofreció legitimidad internacional.
Pasaré a demostrar la veracidad de cada una de estas afirmaciones. Toda la información que voy a utilizar procede exclusivamente de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las hemerotecas y el Diario de sesiones de esta Cámara.
Señorías,
Como ustedes saben, existen otras informaciones públicas de fuentes distintas. Pero mis afirmaciones se ciñeron a los tres puntos antes señalados y especialmente a las instrucciones del anterior Gobierno español. Y es por eso que mis explicaciones se fundamentaran en documentos españoles. Me lo exige además mi sentido del estado. Y espero que ese mismo sentido del estado sea compartido por sus Señorías.
Asimismo me he entrevistado con el que entonces era el Embajador de España en Caracas, el Sr. Viturro de la Torre, cuya versión de lo acaecido aquellos días he escuchado con atención. Estoy convencido de que el Embajador Viturro actuó siempre convencido de que las instrucciones que recibió no eran contrarias a su conciencia y desempeñó sus funciones con celo profesional.
Tal vez podríamos obviar la cuestión de demostrar que en Venezuela hubo un golpe de estado, porque existe un consenso generalizado entre todas las fuerzas políticas de que en Venezuela se produjo un golpe de estado el 12 y 13 de abril de 2003.
-El entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Piqué, en declaraciones a Radio Nacional de España el 14 de abril del 2002 señaló que no se podía distinguir entre golpes de estado buenos y malos.
-El portavoz de Asuntos Exteriores del PP en esta comisión, Gustavo de Arístegui, que en un primer articulo en El Mundo ese 14 de abril había considerado que la revuelta popular del jueves abre una puerta a la esperanza y saludaba con optimismo al Presidente Provisional Carmona, no dudaba tras su fracaso de calificar lo ocurrido de golpe cívico-militar en otro artículo publicado cuatro días más tarde en el mismo diario.
Sin embargo, no podemos obviarlo. Porque es importante demostrar que el calificativo de golpe de estado es exacto jurídica y políticamente. Exacto para designar el pronunciamiento de Pedro Carmona como Presidente de la Junta Cívico?Militar en la madrugada del día 12 de abril del 2002. Y exacto también para calificar el llamado Decretazo, o Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional por el que se designaba a Pedro Carmona Estanga en la tarde de ese mismo día 12 de abril de 2002 Presidente de la República de Venezuela.
Y, efectivamente, como señaló el Ministro Piqué, no hay golpes de estado buenos y malos. Afirmación que comparto plenamente.
Señorías,
El anterior Gobierno dio correctamente ese calificativo de golpe de estado a lo ocurrido después de los hechos, cuando se restableció la legalidad constitucional el día 14 de abril en Venezuela. Pero lo cierto es que no utilizó esa calificación de golpe de estado públicamente los días 12 y 13 ni en la Declaración Conjunta ni en la Declaración que hizo como Presidencia de turno de la Unión Europea.
El Gobierno anterior interpretó públicamente lo que estaba sucediendo en Venezuela, es decir el golpe de estado, como un vacío de poder para que pudiese encajar en las previsiones del artículo 350 de la misma Constitución venezolana y transformar un golpe de estado malo en un traspaso de poderes provisional bueno dentro de los marcos legales constitucionales. Tras lo cual, el régimen golpista de Carmona podría ser reconocido internacionalmente.
Vayamos a los hechos.
Efectivamente, en un telegrama fechado el día 8 de abril, el Embajador Viturro informaba que y cito:
la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), anuncia con apoyo patronal, paro mañana martes día 9, que podría llegar a ser indefinido. Entre tanto, existe riesgo algunos sectores oposición intenten aprovechar situación para, una vez más, incitar a ejército a derrocar presidente Chávez (?) Por otra parte -continuaba el Embajador- exclusión definitiva vía diálogo y despidos se están realizando ha radicalizado actitud oposición, sindicatos y empresarios, que pretenden aprovechar esta ocasión para dar golpe definitivo a Presidente Chávez (?) Igualmente circulan rumores distintos sectores oposición, vinculados preferentemente a Bandera Roja, están recibiendo algún tipo armas para generar en momento y lugar adecuados (se menciona universidad Central Venezuela-Caracas) situación caos que pudiera llevar, en intención citados grupos, a intervención ejército (Tierra, Armada y, más dividido, Aire) para restablecer tranquilidad y, llegado el caso, establecer junta patriótica, que contaría, por primera vez, con apoyo totalidad partidos oposición.
Al día siguiente, día 9, una vez iniciado el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, el Embajador vuelve a informar. Y cito:
los rumores de golpe de estado militar (?) y se ha confirmado presencia en Caracas del General Enrique Medina Gómez, destinado en Washington como representante de Venezuela en Comité militar OEA, que goza de gran prestigio entre Fuerzas Armadas y que, se dice, podría liderar golpe cívico militar en unión de Efraín Vázquez Velasco, Comandante del Ejército de Tierra.
El Embajador concluía subrayando que
intervenciones oficialistas no se recatan en manifestar que no se trata de una huelga con reivindicaciones laborales o de otro tipo, sino de un intento de desestabilizar Gobierno y provocar anticonstitucionalmente salida presidente Chávez.
Es decir, ese mismo día 9, el Gobierno ya había sido advertido por el Embajador que se podría estar gestando un golpe cívico-militar para provocar anti-constitucionalmente salida del Presidente Chavez.
En un tono cada vez más acuciante, el Embajador Viturro siguió informando, con celo profesional, en idénticos términos a lo largo de los días 10 y 11.
A la una de la madrugada del día 12, después de que se confirmaran una veintena de muertos en las inmediaciones del palacio presidencial y se difundieran imágenes de los francotiradores apostados que supuestamente habían disparado, envió uno de sus telegramas más elocuentes en el que concluía:
estrategia oposición dirigida a conseguir salida Presidente Chávez a través presión ejército, está dando, pues resultado. Confederación trabajadores Venezuela patronal aprovecharon conflicto Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PeDeVeSA) para conseguir movilización masiva población caraqueña, que por su parte..
– y quiero llamar la atención de sus señorías sobre la siguiente frase-
puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército, única fuerza en este país, frente a debilidad partidos políticos oposición, capaz de poner fin al Gobierno del Presidente Chávez.
Repito:
puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército, única fuerza en este país, frente a debilidad partidos políticos oposición, capaz de poner fin al Gobierno del Presidente Chávez.
Y así fue. De nuevo, el Embajador Viturro explicaba en la madrugada, hora de Caracas, del día 12 de abril, el pronunciamiento de la Junta Cívico-Militar presidida por Carmona. Cito:
Presidente Carmona, rodeado de militares habían conseguido renuncia expresidente Chávez, anunció desde cuartel general ejército tierra fin paro nacional indefinido y llamó a pueblo venezolano a reanudar actividades vida normal en la más absoluta calma. Durante negociación con expresidente Chávez, se acordó que éste decretaría previamente destitución su equipo ministerial y especialmente vicepresidente República, quien está constitucionalmente llamado a suceder al Presidente República en caso acefalía del Estado. Sólo tras firma dicho documento, se procedió a que Presidente Chávez firmara su renuncia. De esta forma se pretende cubrir jurídicamente cambios se están produciendo. Legitimidad junta cívico militar nombró a Pedro Carmona Presidente Gobierno provisional vendría dada en Artículo 350 esta Constitución.
Señorías,
Este telegrama informa perfectamente, sin ambigüedad ni confusión posible, de la trama jurídico-política del golpe de estado.
Repito y reitero lo que dice el telegrama:
de esta forma se pretende cubrir jurídicamente cambios se están produciendo.
En ese mismo telegrama el Embajador Viturro explicaba el contenido del artículo 233 de la Constitución, aunque de manera parcial, al olvidar que éste también exigía que dimitiesen el Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional, dando simplemente por buenas las palabras de los golpistas de que el presidente Hugo Chávez había dimitido, tras cesar antes a su Vicepresidente ?oculto para protegerse- y a todo su gobierno.
No señaló sin embargo que el artículo 233 de la Constitución exigía que además dimitiesen el Presidente y el Vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Como sabemos todos, los documentos de renuncia del Presidente Hugo Chávez y el decreto de cese de su Vicepresidente y Gobierno jamás fueron mostrados públicamente por la Junta Cívico-Militar, ni han aparecido después.
Pero insisto, aún cuando eso hubiera ocurrido, el artículo 233 exigía que también dimitiesen de sus responsabilidades el Presidente y el Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y les aseguro que tanto en nuestra Embajada en Caracas como en nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid existían copias de la Constitución Venezolana de 1999.
Me he permitido también distribuir copias de estos artículos de la Constitución venezolana.
No cabía por lo tanto, siguiendo las informaciones del propio Embajador y con la Constitución de Venezuela en la mano, malentendido alguno: aquello era un golpe de estado.
Mientras tanto, en Madrid, el entonces Secretario de Estado de Cooperación e Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés -según declaraciones propias que recoge El País en su edición de 24 de noviembre del 2004, y amplía la del 25 de noviembre-, inició contactos para hacer pública la Declaración Conjunta sobre Venezuela que les he distribuido. Incluso ha trascendido a través de declaraciones públicas de altos funcionarios que participaron en la elaboración del texto, que la iniciativa de la Declaración Conjunta partió del Gobierno español.
En dicha Declaración, se manifestaba el rechazo a los actos de violencia y se pedía su cese, se expresaban el deseo de una normalización democrática plena, la consolidación de las instituciones democráticas con ayuda de la Organización de Estados Americanos, y la convicción de que sólo un marco democrático estable puede ofrecer un futuro de libertad y progreso al pueblo venezolano.
Dicha Declaración Conjunta fue distribuida después del pronunciamiento de la Junta Cívico-Militar y la detención por los militares golpistas del Presidente constitucional de Venezuela Hugo Chávez en la madrugada del día 12, pero antes de que Carmona y la junta golpista emitiesen el llamado Decretazo, designando a Carmona presidente provisional y estableciendo un gobierno provisional en abierta violación del orden constitucional.
¿Por qué era tan importante esa declaración? Ante todo porque ponía en cuestión que el Gobierno del Presidente Chávez fuese capaz de asegurar un marco democrático estable, la plena garantía de los derechos y libertades fundamentales, el orden público y la seguridad ciudadana. Todos ellos elementos extraídos del Artículo 350 de la Constitución venezolana de 1999, en el que se afirma textualmente que
el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
Este Artículo 350 es clave, como acertadamente había informado antes el Embajador Viturro, porque la legitimidad de la junta cívico militar sólo podía sustentarse en él, para a continuación aplicar el articulo 233 y producir así una transición de poderes en el marco constitucional. Porque la Constitución de Venezuela de 1999 simplemente no contempla la posibilidad de un vacío de poder y por eso exige la renuncia en cadena de hasta cuatro autoridades del estado.
Señorías,
Recordemos, para dar continuidad a la línea argumental, que el anterior Gobierno de España sabía que el fundamento jurídico del golpe de Estado se basaba en el artículo 350 de la Constitución venezolana y que cualquier posicionamiento internacional de España o la UE, daría amparo internacional a las pretensiones de los golpistas.
Y ello era además fundamental, porque la Carta Democrática Interamericana aprobada por la OEA el 11 de septiembre de 2001 en Lima, que España ha hecho suya, hacía imposible que los estados miembros pudieran reconocer un Gobierno surgido de un golpe de estado, haciendo imposible invocar la doctrina Estrada. Si la junta provisional golpista quería ser reconocida por la OEA, tenía que argumentar jurídicamente que se había producido un traspaso de poderes constitucional y no un golpe de estado.
Como sabemos, tras intensos debates que comenzaron el día 13 de abril, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en sesión extraordinaria, acabaría condenando sin ambages el golpe de estado.
Nuestra embajada ante la OEA, que tiene estatuto de observadora, remitió inmediatamente al Secretario General Gaviria copia, tras hacerse pública, de la Declaración como Presidencia de la UE emitida por el anterior Gobierno español, en la que se hacia un reconocimiento implícito del Gobierno Provisional golpista.
El Ministro Piqué, según un telegrama de nuestra embajada en la OEA fechado el día 13, habló por teléfono con Gaviria sobre la conveniencia de retrasar la reunión extraordinaria del Consejo Permanente, a la espera de los resultados de la Cumbre del Grupo de Río, que se reunía en San José de Costa Rica, y cito:
evitar asistencia del todavía representante permanente de Venezuela, Embajador Jorge Valero, cuya presencia podría producir situación tensa.
Quiero subrayar que también el Grupo de Río condenó sin paliativos el golpe de estado el mismo día 12 de abril y que dicha decisión fue adoptada por los jefes de estado de los 19 países latino-americanos antes del Decretazo.
Asimismo, el gobierno de Chile cesó a su Embajador en Caracas como consecuencia de sus declaraciones de apoyo a Carmona después del Decretazo. Además, cuatro países a los que se solicitó que sumasen su firma a la Declaración Conjunta, se negaron. Estamos hablando de México, Brasil, Argentina y Francia.
El entonces canciller mexicano, Jorge Castañeda ?que no era precisamente un admirador de Chávez- ha afirmado públicamente que hubo el intento de buscar una declaración que, de alguna manera, apoyara, sancionara, avalara el golpe de estado y reconociera al nuevo gobierno, una declaración que no procede de un observador distante, si no del Ministro de Asuntos exteriores de un país que había sido invitado a sumarse a la Declaración. Estas afirmaciones se recogen El País en su edición de 27 de noviembre último.
El Ministerio de Asuntos Exteriores conoció la promulgación del Decretazo y la ruptura de cualquier atisbo de legalidad constitucional, con posterioridad a que se hiciera pública la Declaración conjunta, que instaba a los golpistas a preservar las apariencias de legalidad rotas. Por ello dio instrucciones al Embajador Viturro para que se entrevistase con el autoproclamado Presidente Carmona y le subrayara la importancia de mantener la apariencia de legalidad constitucional, condición imprescindible para su reconocimiento internacional.
Ese telegrama del Embajador Viturro, fechado el mismo día 13 de abril comienza con cuatro palabras:
siguiendo instrucciones V.E., (de Vuecencia)
Repito:
siguiendo instrucciones V.E.
Y continua:
fuimos recibidos por Presidente Gobierno provisional, Pedro Carmona, y por Ministro de Asuntos Exteriores José Rodríguez Iturbe. Desde primer momento, puntualizábamos que se trataba de una gestión de representantes de dos países amigos de Venezuela que por su parte se consideraban amigos del Sr. Carmona y que gestión no tenía por objeto inmiscuirnos en asuntos internos.
Señorías,
Antes de continuar con la descripción de lo que ocurrió en esa entrevista, la primera que concedió a representantes extranjeros el golpista Presidente Provisional Carmona tras su designación por los 50 firmantes del Decretazo, permítanme Sus Señorías recapitular hasta donde hemos llegado en la exposición de los hechos.
1. En Venezuela hubo un golpe de Estado el día 12 con el pronunciamiento de la junta cívico militar, que detuvo al Presidente Chávez y a los miembros de su Gobierno.
2. Este golpe basaba su legitimidad en el artículo 350 de la Constitución, que he leído antes, y en la veintena de muertos asesinados por francotiradores.
3. La junta cívico militar anunció que el Presidente Chávez había renunciado a su cargo y que el Vicepresidente había abandonado su cargo. Sin embargo, no presentó documento alguno que lo probara. El Embajador Viturro envió la versión de los militares golpistas a Madrid sin contrastarla.
4. A partir del la condena sin paliativos del Grupo de Río del día 12 al Gobierno español sólo le caben 2 opciones: O sumarse a la condena de los países más importantes de América Latina o adoptar otra posición.
5. De acuerdo con el Artículo 233 de la Constitución Bolivariana, la jefatura del Estado correspondía en esta situación al Presidente de la Asamblea Nacional. Este y su Vicepresidente se opusieron al golpe de Estado y no dimitieron. Es en esas circunstancias cuando la junta cívico militar decide firmar el Decretazo y disolver la Asamblea Nacional, quitándose así cualquier disfraz de legalidad constitucional y colocándose fuera de la Carta Democrática Interamericana.
Si hasta ese momento se podía hacer una interpretación, por forzada que fuera, de los hechos, comprensiva o alegar un supuesto vacío de poder, no cabe duda alguna que tras el Decretazo, esta interpretación sólo podía repugnar a la razón.
Señorías,
Volvamos ahora, tras esta recapitulación, a la entrevista del Embajador de España con Pedro Carmona Estanga, Presidente provisional golpista tras el Decretazo.
El Embajador Viturro -que se entrevista con el golpista Carmona siguiendo instrucciones, reitero, siguiendo instrucciones, mientras el Presidente constitucional Chávez está retenido por las fuerzas golpistas- informa a Madrid. Cito:
la conversación que se desarrolló en ambiente distendido y cordialidad nos permitió incluso subrayar nuestra sorpresa por la disolución de la Asamblea (?) y que actitudes como esa podían hacer difícil que pudiésemos en el futuro, expresar nuestra amistad hacia él y nuestra comprensión hacia el anunciado proceso de consolidación de las instituciones democráticas en Venezuela.
Me permito aquí subrayar ese insólito en el futuro, porque previamente el Embajador Viturro había expresado a Carmona, según su telegrama, cito:
nuestra sorpresa por algunas de las medidas de este Decreto que contradecían expresiones que el Presidente Carmona había hecho al asumir mandato provisional en la noche anterior, en el sentido de que se respetaría al máximo legalidad vigente.
Cabría pensar que el anterior Gobierno de España había actuado de buena fe desde la madrugada del día 12, cuando se produce el pronunciamiento cívico-militar, hasta el Decretazo.
Sin embargo, los hechos antes relatados demuestran que el Gobierno anterior cometió un grave error de apreciación y gestión diplomática de esta crisis.
Las gestiones posteriores del Ministro Piqué y del Secretario de Estado Miguel Ángel Cortes y las instrucciones que se impartieron oralmente y de las que el Embajador Viturro acusó recibo tuvieron lugar sabiendo que se trataba de un golpe de estado y participando en la articulación de su reconocimiento internacional.
Pero además, hay un elemento adicional aún más revelador. El día 12, bajo su exclusiva responsabilidad, como Presidencia de la Unión Europea, el Gobierno español hizo público una declaración que citaré a sus Señorías y que también ha sido distribuida.
En su último punto decía, traducido al castellano del original inglés:
Finalmente, la Unión Europea confía que el Gobierno Provisional ?insisto, gobierno provisional, no ya la junta cívico-militar- respetará los valores e instituciones democráticas con el objetivo de superar la actual crisis en un marco de concordia nacional y respetando plenamente los derechos y libertades fundamentales
Señorías,
El objetivo de la entrevista del Embajador con el Señor Carmona era insistir en que el Decretazo había violado precisamente los valores e instituciones democráticas y no cabía la menor duda que no respetaba los derechos y libertades fundamentales del Presidente Constitucional Hugo Chávez y de los miembros de su Gobierno a los que retenía por la fuerza.
El Embajador Viturro finaliza el informe de su entrevista con el Señor Carmona así:
insisto en subrayar la cordialidad y franqueza con que se desarrolló toda la conversación en la que los hechos y opiniones fueron expuestos sin paños calientes y que tanto mi colega como yo coincidimos en la percepción de que los propósitos de nuestros interlocutores eran sinceros.
Sobran comentarios.
Para evitar que persista la menor duda, permítanme sus Señorías llegar a las mismas conclusiones por otras vías.
De nuevo, ¿Le podía caber al Embajador Viturro y al Gobierno español alguna duda de que el autoproclamado Presidente Carmona estaba fuera de la legalidad?
Difícilmente. En cualquier caso, toda posible justificación desaparece entrado el día 13.
En ese día 13 el Embajador Viturro advirtió en un informe que la Fiscal del ministerio publico venezolano y directora de derechos fundamentales del citado organismo se había personado el día 12 en Fuerte Tiuna, base militar donde estaba retenido Chávez. Solicitó verle y exigió constancia escrita expresa de su renuncia como Presidente y que ambas peticiones le habían sido denegadas.
En el mismo informe enviado por telegrama, el Embajador Viturro añadía que la ONG de derechos humanos PROVEA había exigido la expulsión de Venezuela como miembro de la OEA por el golpe de estado, que el Presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman había anunciado que elevaría una denuncia ante al Comisión de Derechos Humanos en Ginebra el siguiente 18 de abril por las violaciones de los derechos fundamentales que estaban cometiendo los golpistas, y que también habían denunciado el golpe de estado el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo, mientras que los documentos de renuncia exigibles por el artículo 233 seguían sin aparecer.
A pesar de todo ello, el Gobierno siguió insistiendo en su línea de actuación. El entonces Presidente José María Aznar, atendió la llamada telefónica que le hizo Carmona, como confirmó el mismo en esta Cámara en respuesta al Señor Llamazares el 17 de abril del 2002.
El Presidente del Gobierno español, insisto, no podía ignorar que estaba hablando por teléfono con un golpista porque así lo había informado el Embajador de España en Venezuela.
El Embajador continuó informando.
Ese mismo día 13 de abril, advierte que los tres francotiradores detenidos tras lo asesinatos del jueves pertenecían a la policía metropolitana de Caracas, a la policía del municipio de Baruta y a la policía del municipio de Chacao, curiosamente ?advierte el Embajador- todos ellos controlados por partidos opositores al Gobierno Chávez.
Añade además:
número de militares apoyan restablecimiento constitución 1999 es más numerosos del que se cree y, pidiendo calma población, afirmaron se iba a restablecer situación en próximas horas.
De hecho, efectivamente, la normalidad institucional se restablecería pocas horas después, acabando con el golpe cívico militar encabezado por Carmona.
Carmona se dirigió al país el mismo día 13 por la noche para reconocer la asunción de la Presidencia por el Vicepresidente constitucional Cabello, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución Venezuela que Carmona evidentemente sí conocía y no había ignorado como otros.
Con la evidente intención de preparar su defensa posterior y mantener hasta el último momento la ficción de que había actuado de acuerdo con el artículo 350 de la Constitución, hizo entrega de su cargo como Presidente golpista, paradójicamente, a la misma Asamblea Nacional que había disuelto cuando ni su Presidente ni su Vicepresidente habían dimitido.
El día 14 el diario Ultima Noticia de Caracas publicaba en portada un texto manuscrito del Presidente Chávez, firmado el día 13, en el que aseguraba que en ningún momento había renunciado a su cargo como Presidente Constitucional de Venezuela.
Preguntado el entonces Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, en una entrevista publicada por El País el 28 de abril del 2002 si,
– Hablando de eficacia, ¿Se enteró previamente el CESID de la crisis que se estaba preparando en Venezuela?
– El Sr. Dezcallar responde: Tuvimos una información bastante buena. Se supone que iba a ser más tarde y todo se precipitó. Aquello tuvo altos y bajos, ni los propios actores sabían como iba a terminar. Que la situación se estaba degradando y se descontroló en un momento determinado?..Si, estuvimos en condiciones de saberlo. Tenemos un servicio que es bueno?en aquello de lo que sabemos
Señorías,
El propio Embajador Viturro, al hacer balance de lo sucedido en un telegrama del día 16 de abril del 2002, decía:
Citado gobierno nació ilegalmente,
Repito, según el propio Embajador:
Citado gobierno nació ilegalmente si bien es cierto que articulo 350 Constitución 1999 permite y justifica derecho de rebelión frente a autoridad establecida, esa misma Constitución establece que Presidencia República debe recaer en Vicepresidente y, por interpretación analógica, en Presidente Asamblea Nacional en caso ausencia aquel. Autoridad constituida tras derrocamiento Presidente Chávez era ilegal. Pero esa ilegalidad se hizo mas fuerte, y Carmona mostró su gran torpeza al no saber disimularla, cuando decreto establece gobierno transición democrática disuelve Asamblea Nacional, destituye titulares órganos del estado y faculta a dicho gobierno para deponer a gobernadores y alcaldes elegidos democráticamente y para legislar por encima Constitución y ordenamiento jurídico establecido.
No puedo estar más de acuerdo, ni se puede explicar mejor.
Continuando con su balance de los sucesos en telegrama del día 17, el Embajador Viturro añadía:
Conforme pasan los días, se van conociendo más datos sobre sucesos pasado jueves 11
Quiero de nuevo llamar su atención sobre lo que sigue:
que confirman tesis inicial había avanzado esta embajada sobre intento aprovechar crisis Petróleos de Venezuela (PeDeVeSA) para provocar muertes dieran lugar derrocamiento Presidente Chavez a cargo militares estaban siendo incitados a ello por ciertos grupos conspiradores oposición.
Señorías,
No quiero cansarles más y lamento haberme alargado bastante más que 59 segundos para sustentar lo mismo que dije en el programa de televisión.
Abusando de su paciencia, permítanme por tercera y última vez recapitular lo expuesto:
1. No existe duda alguna de que en Venezuela se produjo un golpe de estado.
2. Los inspiradores del golpe de estado, la junta cívico militar, buscaba una transición de poder con apariencia constitucional que le permitiese ser reconocido internacionalmente como el nuevo Gobierno de Venezuela de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
3. El anterior Gobierno de España tomó la iniciativa de emitir un comunicado conjunto, que pretendía facilitar legitimidad internacional al golpe en los mismos términos que el artículo 350 de la Constitución Venezolana y la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Otros cuatro países que fueron invitados a sumarse a la declaración conjunta declinaron hacerlo. Por otra parte, el Gobierno de España como Presidencia en ejercicio de la Unión Europea emitió una Declaración en la que se elude cualquier referencia al golpe y se menciona el gobierno provisional. Ello contrasta con la declaración de condena del Grupo de Río en la que se condena la ruptura institucional.
4. La resistencia de Hugo Chávez, el ocultamiento del Vicepresidente Cabello, y la oposición del Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional bloquearon una transmisión de poderes de apariencia constitucional, a los golpistas de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución Bolivariana. Ello situó a Carmona y al resto de los firmantes del Decretazo que proclamaba el Gobierno provisional fuera de la legalidad constitucional y la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
5. Que a pesar de todo lo anterior, y haber sido informados con gran detalle por el Embajador de España y por otras fuentes de que se trataba de un golpe de estado, los entonces responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores dieron instrucciones al Embajador, de las que éste acuso recibo, para que se entrevistase con el Presidente Provisional golpista Carmona. Y ello mientras estaba detenido por la fuerza el Presidente constitucional Chávez y su gobierno, y le advirtiese no que debía liberar inmediatamente al Presidente Constitucional, sino que debería respetar los compromisos rotos por el Decretazo para que el Gobierno provisional surgido de la junta cívico militar pudiera ser reconocido por la OEA. El propio Presidente Aznar respondió a la llamada de Carmona, a pesar de saber que era un golpista, para aconsejarle en este mismo sentido.
Con ello he demostrado fehacientemente que mis tres afirmaciones son ciertas: que en Venezuela hubo un golpe de estado; que el Embajador Viturro recibió instrucciones; y que el efecto de dichas instrucciones ayudaba a legitimar el golpe de Estado de la junta cívico militar, dándole cobertura internacional.
Y sólo cuando el golpe fracasó, la ambigüedad implícita de los términos utilizados permitió que el mismo discurso sirviera para exigir al Presidente Chávez diálogo y respeto de los derechos cívicos para los golpistas que acababan de violarlos.
Insisto. En ningún momento se puede interpretar de mis palabras que el anterior Gobierno español instigase o participase en la preparación y ejecución del golpe de estado. Nunca dije eso. Afirmar lo contrario sería una calumnia.
Mis afirmaciones deben entenderse en el sentido de que por apoyar quiero decir no condenar el golpe de estado, endosarlo y tratar de ofrecer legitimidad internacional. Pero de todo lo anterior se deduce que el anterior Gobierno cometió, cuanto menos, un grave error de apreciación y de gestión de la crisis, en contra de la práctica y los usos diplomáticos.
Señorías,
Hasta aquí les he relatado lo acaecido, la secuencia de los hechos. Hechos sobre los que no mentí. Ahora bien, aún siendo ciertas mis afirmaciones, creo que existe un consenso general en el país, que yo también comparto, que el lugar para hacer esas afirmaciones, aunque sean verdad, no era el adecuado ni el momento el oportuno y que fueron desafortunadas. Por lo tanto asumo mi error y me disculpo.
Este Gobierno, como ha explicado en varias ocasiones el Presidente Zapatero, tiene a gala reconocer sus errores ante los ciudadanos y corregirlos. Y eso hago en este instante sobre la oportunidad y el momento de mis afirmaciones, que he demostrado por otra parte, ciertas.
Dicho lo cual, queda un último aspecto.
¿En qué coyuntura política se inscribe esta polémica?
Mis declaraciones se produjeron cuando el Partido Popular estaba interpelando al Gobierno y a mí mismo como Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre la política iberoamericana y en concreto sobre Venezuela. Lejos de buscar espacios para el consenso, las críticas del principal partido de la oposición arreciaron tras la Cumbre Iberoamericana de San José de Costa Rica. Esta fue también la actitud del representante del Partido Popular, creando tensión y buscando polarizar la discusión en el debate televisivo, del pasado lunes 22.
Nunca existió por mi parte voluntad alguna de ofrecer la oportunidad de desatar una confrontación política en torno a este tema. La política exterior se ha convertido en parte esencial del debate político ciudadano, que exige la construcción de un nuevo consenso en defensa de nuestros intereses nacionales y nuestros objetivos internacionales, pero a partir de unos valores democráticos y ciudadanos, entre ellos y sobre todo, la verdad, lo que para mí es esencial.
Desde que tuve el honor de asumir mis responsabilidades como Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación siempre he ofrecido en todas mis intervenciones parlamentarias a todos los grupos parlamentarios la voluntad de construir un consenso en política exterior. Hasta ahora desde el Partido popular sólo hemos escuchado rechazos.
No obstante, una vez más, apelo al sentido de estado del Partido Popular para que podamos construir todos juntos una política exterior de estado.
Asumo que he podido estar desafortunado en la forma. Me obliga a esta admisión una exigencia ética que me he impuesto siempre por encima de cualquier otra consideración de conveniencia personal o política. Pero me lo exige también, y sobre todo, una adhesión incondicional al juego limpio político que dignifica a esa política con mayúsculas que se encuentra en las antípodas de la política partidista con minúsculas y de regate corto.
Concluyo. Lamento que mis declaraciones hayan sido aprovechadas para crear una polémica política sobredimensionada. Muchas de sus Señorías y gran parte de la ciudadanía saben de mi trayectoria personal y profesional. En todas mis responsabilidades siempre me he guiado por mi compromiso con los principios y valores democráticos. El respeto al otro y el diálogo siempre han sido parte de ese compromiso.
Muchas gracias.
Acta del Congreso de los Diputados