Jean-Claude Paye estudia la forma de Estado a partir de la evolución del derecho penal a nivel estatal e internacional. Su libro Global War on Liberty, que la editorial Hiru publica el próximo mayo, analiza los efectos de la política antiterrorista de EE UU tras el 11-S. Paye asegura que la guerra global permanente consolida […]
Jean-Claude Paye estudia la forma de Estado a partir de la evolución del derecho penal a nivel estatal e internacional. Su libro Global War on Liberty, que la editorial Hiru publica el próximo mayo, analiza los efectos de la política antiterrorista de EE UU tras el 11-S. Paye asegura que la guerra global permanente consolida el poder imperial de EE UU sobre el resto de jurisdicciones.
DIAGONAL: Usted ha dicho que la última ley antiterrorista de EE UU, la Military Commissions Act de 2006, es «el acto constituyente de una nueva forma de Estado que inscribe la guerra como relación política con las poblaciones».
JEAN-CLAUDE PAYE: Ya no son las constituciones escritas las que valen, sino que el Derecho penal establece las relaciones entre el poder y las poblaciones y entre el poder y los otros Estados. No es la primera vez en la historia que esto ocurre: en los inicios del capitalismo, la relación entre clase capitalista y trabajadora estaba regulada por el derecho penal. Cuando éste tiene esa función constituyente estamos en un período de transición, en Estado de excepción.
D.: La Military Commissions Act amplía el concepto de ‘enemigo combatiente ilegal’, hasta ahora aplicado a detenidos en combate en Afganistán o Iraq y luego encarcelados en Guantánamo, a la propia ciudadanía estadounidense. ¿Qué consecuencias tendrá?
J.C.P.: Tras el 11-S Bush creó los primeros tribunales militares para combatir a al-Qaeda y sus miembros. Con la ley de 2006 estos tribunales pueden juzgar a cualquier extranjero o estadounidense. Es como una constitución mundial. Es la primera vez que un Estado considera a las poblaciones con las que no está en guerra, entre ellas la suya propia, como enemigas. En el marco de la lucha antiterrorista, el mundo muestra su verdadero rostro de guerra a la población.
D.: ¿Cómo inciden estos cambios en la Convención de Ginebra, que por otro lado EE UU tampoco respeta?
J.C.P.: Todo el que entre en la categoría de ‘enemigo combatiente ilegal’, para lo que no se necesitan pruebas, simplemente que una autoridad administrativa estadounidense le defina como tal, no tiene derecho a protección de las leyes de la guerra (puesto que es ilegal) ni a ser juzgado en tribunales civiles (por ser enemigo). No tiene derechos. Sólo puede tener un abogado designado por el poder ejecutivo estadounidense. Se le excluye de la Convención de Ginebra, ya que los ‘enemigos combatientes ilegales’ no tienen mando, estructura militar formalizada… un funcionamiento similar a los 100.000 mercenarios que EE UU tiene en Iraq, pero con un rango radicalmente diferente [sonríe irónicamente]. Es una ley liberticida hasta el punto de que jueces militares designados por el poder ejecutivo para juzgarlos, han llegado a negarse.
D.: Los Estados ceden parte de su soberanía al extraditar a quienes EEUU considere ‘enemigos combatientes ilegales’. Pero éste se niega a que tres militares estadounidenses declaren ante un juez español por el ataque al Hotel Palestina, perpetrado en plena guerra. ¿No hay reciprocidad en los acuerdos?
J.C.P.: En 2003 la UE y EE UU firmaron unos acuerdos de extradición tras años de discusiones secretas. Se desclasificó sólo una pequeña parte para que los ratificara la Cámara de representantes estadounidense y la UE lo hizo a posteriori. Estos acuerdos son asimétricos. Se construyeron para que EE UU siempre pueda plantear exigencias. En los acuerdos normalmente hay dos partes, aquí sólo una: por un lado, EE UU exige nuevas medidas, y por otro contribuye a modificar el propio derecho europeo. El procedimiento es letra anexa: dicen que se puede recurrir ante los tribunales estadounidenses, pero en la práctica no es cierto, sino puramente formal. Los juristas de la Unión aparentan creérselo. EE UU puede incluso cambiar el contenido sin necesidad de tener el beneplácito de la UE. Las autoridades europeas no se oponen a que los tribunales militares juzguen a personas extraditadas: cualquier europeo puede ser extraditado para ello. Es un acto imperial, ya que el poder de EEUU se da sobre todas las jurisdicciones mundiales.
D.: Usted afirma que al posibilitar que los presos de Guantánamo recurran su caso ante tribunales civiles se está dando rango jurídico a la acusación ilegal. ¿Por qué?
J.C.P: La sentencia de 2004 de la Corte Suprema de EE UU se interpretó como un retorno al Estado de derecho, pero en realidad es una decisión perversa: reconoce la noción de ‘enemigo combatiente ilegal’, la introduce en el derecho y da la posibilidad al Gobierno estadounidense de legalizar los tribunales militares. La consecuencia de esto es la Military Commissions Act de 2006.
D.:¿ El concepto de ‘enemigo combatiente ilegal’ se basa en cuestiones políticas?
J.C.P.: El ‘enemigo combatiente ilegal’ no es sólo alguien que lleva un arma. Por ejemplo, la ley de 2006 puede sancionar la ocupación de edificios públicos. Todo movimiento social que sea expresión de protesta puede llegar ser catalogado como tal. Es como las leyes antiterroristas de la UE, que pueden llegar a afectar a movimientos sociales, pero en este caso pueden ser llevados a los tribunales militares.
D.: Esta enorme atribución de poderes al ejecutivo estadounidense, ¿atenta contra la separación de poderes que ha caracterizado al sistema democrático?
J.C.P.: No podemos hablar de democracia puesto que se obliga a la ciudadanía a renunciar a sus libertades en beneficio del poder. Y el poder legislativo en realidad no existe como tal hace tiempo. Todas las medidas que se están adoptando liquidan la autonomía del poder judicial, y la Military Commissions Act es el nivel de ese camino: el presidente define el enemigo, las medidas a seguir y hasta lo que es o no tortura.
DERECHO DE EXCEPCIÓN CONTRA LA DISIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL
La profunda transformación mundial del derecho responde a las necesidades de la economía capitalista. Según el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, Gerardo Pissarello, la UE viene conformándose como potencia económica y militar desde los ’60. Tras el Plan Marshall, EE UU «puso el empeño en que Europa fortaleciera su capacidad armamentística, siempre subordinada a la OTAN». A su juicio, la creación del espacio policial, judicial y fronterizo europeo en los ’70 y ’80 se explica porque «el recorte de derechos sociales por el desmantelamiento del Estado de Bienestar se corresponde con el de derechos y libertades civiles y políticas». Así «se articula un derecho de excepción para un nuevo enemigo: la inmigración clandestina y buena parte de la disidencia política, social y cultural». Tras la caída del Muro de Berlín menguan aún más y «las libertades porque el modelo neoliberal necesita reforzar el aparato coactivo y los controles penales». El 11-S trajo «el control de internet, de los datos biométricos, la creación de espacios de no-derecho en los aeropuertos…». Pissarello cree que en la actualidad aparecen nuevas formas de barbarie que degradan la democracia». Según Jean-Claude Paye, leyes como la Military Commissions Act de 2006 dejan a las personas «indefensas ante el poder». Así «el poder político reproduce lo que está pasando en el sistema económico: el abandono a la máquina de muerte»