«Antes se pilla a un mentiroso que a un cojo», dice el refrán. No obstante, han tenido que pasar más de cinco años -hasta el 7 de mayo de 2008- para poner al descubierto el desvergonzado engaño del gobierno en ejercicio durante la guerra de Irak a la opinión pública alemana. Si el canciller Schröder […]
«Antes se pilla a un mentiroso que a un cojo», dice el refrán. No obstante, han tenido que pasar más de cinco años -hasta el 7 de mayo de 2008- para poner al descubierto el desvergonzado engaño del gobierno en ejercicio durante la guerra de Irak a la opinión pública alemana. Si el canciller Schröder juraba y perjuraba que no se estaba participando en una guerra contra Irak bajo mando estadounidense, sentencia ahora el Tribunal Constitucional: «Con la vigilancia del espacio aéreo turco por medio de aviones AWACS de la OTAN, los soldados alemanes han tomado parte en una operación militar que comportaba un riesgo manifiesto de implicación en enfrentamientos armados». Ankara solicitó a los aliados apoyo militar aéreo cuando Sadam Hussein amenazó con hacer objetivo de ataques defensivos a cualquier aliado de los EEUU en la región que apoyara la agresión contra su país. Alrededor de un tercio de las tropas estaban formadas por soldados del ejército del aire alemanes. Sin ellos habría sido imposible una operación de ese tipo por parte de la OTAN.
El Tribunal de Karlsruhe hubo de pronunciarse ante una demanda del grupo parlamentario del FPD, basada en que el gobierno rojiverde de entonces se negó a solicitar la aprobación del Parlamento para esta operación del ejército. Con la sentencia ahora publicada, que da por completo la razón a la demandante, el más alto tribunal del país ha establecido conscientemente el criterio de que no se puede dejar a un lado al Parlamento en relación con operaciones militares de las Fuerzas Armadas alemanas. No por casualidad, con respecto a la actual estrategia global de la OTAN, la Sala segunda constata: «Debido a la dinámica política de un sistema de alianzas, tanto más importante es que la responsabilidad -ahora aún mayor- de la intervención de tropas armadas descanse en manos del órgano de representación del pueblo».
Lo que los jueces ingenuamente omiten es la circunstancia de que, en aquel momento, el propio Parlamento desatendió su responsabilidad cuando una mayoría de los diputados -como sucedió, por ejemplo, el 20 de marzo de 2003- votó en contra de reclamar sus derechos constitucionales al Gobierno. La ficción constitucional de la división de poderes quedó superada por la realidad política de la confusión de poderes. Los diputados tampoco fueron capaces de cumplir con su mandato cuando el canciller lanzó un órdago y amenazó con presentar una moción de confianza. Tales prácticas no podían despistar a los jueces más de la cuenta. Es difícil no advertir una clara indirecta en la sentencia del 7 de mayo, cuando se dice: «La cuestión de si existe una implicación de soldados alemanes en operaciones armadas es fácil de determinar jurídicamente; no se investiga aquí el margen de estimación o pronóstico al alcance del gobierno federal, algo difícilmente comprobable por este tribunal.»
Por plausible que sea esta sentencia, si ponemos la vista en las consecuencias se produce una considerable desazón. ¿A quién, entonces, y de qué manera se le pedirán cuentas por esta vulneración de la Constitución? No se trata en ningún caso de un delito «honorable», sino de la complicidad anticonstitucional con un acto jurídicamente descrito como «crimen contrario al derecho internacional». Alemania -así se desprende de la sentencia-, por mandato del gobierno rojiverde, entró en la guerra. Y, en consecuencia, ese gabinete traidor a la paz es cómplice de la muerte de cientos de miles de hombres, mujeres y niños iraquíes. Sin la garantía de una solícita y amplia ayuda, las fuerzas militares angloestadounidenses apenas podrían haberse desplegado como lo hicieron a partir de 2003. Cómplices son también los traidores a la paz con uniforme y galones que, rompiendo su juramento, en lugar de negarse a cumplir una misión contraria a la Constitución y al derecho internacional, se mostraron complacientes y movilizaron a miles de soldados. Que sabían desde el principio lo que estaban haciendo se deduce de manera irrefutable de un informe jurídico del ministerio de defensa, anterior al comienzo de la guerra, acerca de la conformidad con el derecho internacional de la vigilancia de las instalaciones estadounidenses en Alemania por parte del ejército federal. De él se infiere claramente que, con la movilización de soldados alemanes en apoyo de los EEUU y sus aliados, la propia República Federal Alemana y sus Fuerzas Armadas se han convertido, a la luz del derecho internacional, en un objetivo militar legítimo, es decir, en un país en guerra.
Jürgen Rose es pedagogo diplomado y teniente coronel del ejército federal. Por razones disciplinarias, se ve obligado a puntualizar que las opiniones expresadas en este texto son estrictamente personales.
Fuente: Freitag 20
Traducido del alemán por Javier Fdez. Retenaga, miembro de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística (www.tlaxcala.es). Esta traducción es copyleft para uso no comercial: se puede reproducir libremente, a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a los traductores y la fuente.