Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
La han llamado Ley para la seguridad y dicen que es «benévola». Según el proyecto que han aprobado esta misma semana en Italia, de ahora en adelante será delito entrar en el país sin papeles y lo penalizarán con entre seis meses y cuatro años de cárcel; además, expulsarán a todo el que reciba penas de más de dos años. Las penas no son, empero, sólo para los inmigrantes; le pueden imponer penas de tres años de cárcel a quien acoja en su casa a algún inmigrante sin papeles. Pero tranquilos, no se preocupen. Las autoridades italianas son benevolentes y, por ello, no aplicarán la ley en casos de emergencia. Es decir, si se hunde en la costa un barco que lleva a centenares de inmigrantes, no los meterán en la cárcel. Al menos no al principio. Así lo ha explicado Niccolo Ghedini, el autor de la propuesta de ley. «El proyecto impulsa la legalidad, la socialización y la acogida.»
Cuando la coalición de Silvio Berlusconi ganó las elecciones al Parlamento, estaba cantado qué pasaría. Los italianos le eligieron creyendo que impulsaría la economía. Ahora tendrán que sufrir las consecuencias. En efecto, el nuevo primer ministro se ha servido de que la crisis económica ha agrandado la desconfianza hacia los inmigrantes para poner en marcha la política que tenía en mente desde hacía largo tiempo. Esto es, cerrar la puerta a los inmigrantes que vienen a Europa con la esperanza de un modo de vida mejor.
Derechos. Berlusconi dice que los italianos tienen derecho a no tener miedo. ¿Y los extranjeros que vienen en búsqueda de empleo? ¿Qué derecho tienen éstos? Irene Khan, de Amnistía Internacional, ha planteado la pregunta que nadie más se ha hecho: «¿Cuál es el objetivo de esas políticas? ¿Reducir los riesgos que tienen que soportar los inmigrantes o cerrar la entrada a Europa sin preocuparse de las consecuencias?» Sus palabras, sin embargo, no han tenido influencia alguna en Berlusconi ni en los de su entorno. He ahí, si no, lo que dice el propio Ghedini en respuesta a quienes dicen que la ley es demasiado dura: «castigar con cuatro años de cárcel la inmigración ilegal no es una medida nueva. También existen medidas semejantes en otros países».
Por desgracia, no le falta razón. También muchos de los dirigentes que se han llevado las manos a la cabeza al tener noticia de la última berlusconada están impulsando políticas similares en casa. En Alemania, por ejemplo, puede condenarse hasta 18 meses a los inmigrantes cuando hay «riesgo de fuga». La ley se aplica igual también con los menores de edad. Un dato: entre 2002 y 2005 tuvieron a más de cien menores presos en Berlín. Además de eso, sólo cuando la denuncia tiene posibilidades de prosperar pueden conseguir ayuda legal gratuita.
La Unión Europea, asimismo, ha aprobado un nuevo proyecto con la excusa de poner límites a la legislación contra la inmigración. Poner, los ha puesto, pero ¿en beneficio de quién? Según el reglamento que discutirán a principios de junio en el Parlamento europeo, se limita a seis meses el período de detención para quienes entran sin papeles, pero puede alargarse a 18 cuando hay «riesgo»; en la misma línea, una vez que se haya sido expulsado de un país miembro de la UE, no se podrá volver a entrar en ella en cinco años. Ese plazo puede alargarse si esa persona ha cometido algún delito.
Responsabilidad. Es verdad, la política de inmigración de diversos países europeos ─ por ejemplo, Italia ─ es aún más dura que la que ha acordado la Unión, pero también lo es que la legislación de la mayoría de estados de la UE es más flexible. Bruselas, sin embargo, ha tenido que decantarse por quienes tienen una normativa más dura, si quería que se aprobara la propuesta de ley. En efecto, la primera vez que pusieron el límite de 18 meses de detención, diez países la rechazaron porque era «demasiado blando».
No importa que los empleos que en realidad no quieren los autóctonos sean sólo para los foráneos; cuando la situación empieza a complicarse, lo más fácil es echar la culpa a los extranjeros y cerrar las puertas. Nadie pregunta por qué tienen que venir a Europa de África, Asia o Europa oriental. Occidente ha tenido durante siglos como colonias a las patrias de muchos de esos inmigrantes que ahora quieren expulsar. Ha explotado gratuitamente sus recursos naturales y aún hoy en día muchas empresas se sirven de esos países para obtener mano de obra barata. El jefe de la Organización Española para Refugiados, Mauricio Valiente, ha dicho eso mismo: «los necesitamos para mantener la economía de nuestros países, pero no les queremos reconocer los derechos de ciudadanía». A decir de Ghedini, en cambio, la ley de inmigración no es para criminalizar a los inmigrantes. Menos mal.
Berria , 25 de mayo de 2008
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