Traducido por Rocío Anguiano
La convocatoria, que se lanzó el jueves 22 de enero durante la coordinación nacional de universidades, es histórica. Es la primera vez que se juntan en un movimiento unitario y con un fin común docentes-investigadores, investigadores y profesores de universidad, muy diferentes por su filiación sindical, política o disciplinar pero todos convencidos de que la batalla que empieza les concierne a todos y puede ser decisiva. No queríamos recurrir a esta medida de fuerza. Nos la ha impuesto el gobierno: por la ley LRU (Ley sobre la Libertad y la Responsabilidad de las Universidades), contra la que nos hemos manifestado siempre sin ambigüedades y que, bajo el pretexto de la autonomía, refuerza el feudalismo local y empobrece a las universidades; por su idea de una gestión autoritaria y centralizada de la investigación y por el desmantelamiento de los grandes centros de investigación; por una obsesión por la competitividad salvaje de todos contra todos (individuos, carreras, laboratorios, universidades) en nombre de una política de especialistas del marketing de poca monta, que aumenta indefinidamente la precariedad de los investigadores, doctorandos y postdoctorandos y de todo el personal de la enseñanza superior; por sus prácticas de «concertación» marcada, según las directrices de su mentor presidencial, por la convicción de que hay que escuchar a todo el mundo pero no hay que hacerle caso; por su obstinación en querer actuar contra la mayoría de la comunidad universitaria, se le ocurra lo que se le ocurra a un ministro que conoce mal el mundo de la universidad y el de la investigación; por su discurso basado en los resultados de la investigación y su pretendido deterioro, a costa de alteraciones burdas de la realidad.
No queríamos llegar a este enfrentamiento pero no lo rechazaremos. Pedimos que el gobierno retire su proyecto de «reforma» del estatuto del personal docente e investigador y su «reforma» de la formación y contratación del profesorado y también que anule todas las decisiones de suprimir puestos estatutarios, que renuncie a su proyecto de modificación del estatuto de los doctorandos, que explique como pretende luchar contra el aumento de la precariedad en el mundo de la docencia y la investigación. Sabemos que es necesario hacer verdaderas reformas en algunos de los puntos señalados pero si se quiere que sean eficaces y legítimas, no deben llevarse a cabo en contra de la opinión de la mayoría de los afectados. Se puede abrir un debate sobre cualquiera de esos temas pero sin condiciones previas y dentro del marco de las negociaciones y no de una consulta ministerial que no comprometa a nada.
El constante elogio de la competencia y de la «cultura de los resultados» intenta acabar con la el régimen colegiado y desdeña las lógicas propias de la producción y la transmisión de conocimientos, sin las cuales no existe la Universidad. No estamos frente a una «reforma» más, sino frente a una voluntad de acabar con la universidad y los centros de investigación mediante un violento ataque. Frente a esta peligrosa acometida y esta muestra de desprecio, responderemos con la serenidad y la determinación de los que quieren que la Universidad siga existiendo cuando Sarkozy se haya ido.
Ahora más que nunca, todos juntos
¡Salvemos la universidad!
Para descargar este comunicado en forma de octavilla: http://www.sauvonsluniversite.
Rocío Anguiano es miembro de los colectivos Rebelión y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente con fines no lucrativos, a condición de respetar su integridad y de mencionar al autor, a la traductora y la fuente