En los últimos veinte años, los fabricantes de alimentos han engrosado sus ingresos vendiendo «alimentos funcionales» que dicen tener propiedades saludables. Ahora, los reguladores de Europa les están pidiendo que aporten pruebas científicas para apoyar semejantes declaraciones.
El surgimiento de los llamados alimentos funcionales (productos que se han modificado para promover una mejor salud de un modo u otro) ha logrado maravillas en el aumento de los ingresos de las empresas alimentarias en los últimos veinte años. Un ejemplo destacado son los productos lácteos denominados probióticos. A comienzos de los años noventa, la aparición de Yakult, una bebida a base de yogur enriquecida con bacterias y elaborada por una firma japonesa del mismo nombre, disparó la venta de estos productos. Lo mismo puede decirse de Activia, un producto probiótico fabricado por el grupo industrial francés Danone.
Al lanzar estos productos, las empresas se estaban adelantando a las tendencias de consumo. Como dice Sue Davies, asesora principal en materia de políticas de Which?, una organización de consumidores sin afán de lucro que tiene su sede en Londres, «la gente acogió los productos que ofrecían propiedades saludables porque existe una tendencia natural a optar por la solución fácil en vez de reducir el consumo de grasas saturadas, azúcar o sal, o de comer más frutas y verduras».
Hoy en día, no se puede caminar por los pasillos de un supermercado de cualquier país desarrollado sin toparse con anuncios que promocionan los beneficios de suplementos alimentarios como el ácido docosahexanoico (omega-3), los licopenos o los antioxidantes. Incluso las bebidas gaseosas ricas en azúcar proclaman su «contenido de electrólitos» y se autodenominan «bebidas para deportistas». Pero detengámonos a reflexionar: ¿el agua azucarada se vuelve saludable por el solo hecho de agregarle vitaminas? ¿Ocurre algo parecido si al yogur se le agregan más bacterias?
Estas mismas preguntas se planteó en 2004 la revista «Drug and Therapeutics Bulletin» y la conclusión a la que llegó fue que las pruebas científicas de que los productos probióticos mejoraban la flora intestinal eran «fragmentarias» y que la afirmación más general en el sentido de que tales productos aumentaban el bienestar de los consumidores y los ayudaban a combatir las alergias «no era fidedigna». Beber grandes cantidades de Activia no supuso mayor diferencia para una persona sana, según se comprobó; aunque tampoco le produjo efectos nocivos. Cosa que, desde luego, no significa que otros productos que proclaman poseer propiedades saludables no puedan causar daño.
Obligado respaldo científico
Agregarle vitaminas a un dulce no lo hace más saludable», dice el doctor Francesco Branca, director del departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS, y comenta que si la adición de vitaminas alienta a las personas a consumir dulces en exceso, se puede afirmar que ello es dañino.
Precisamente, el hecho de que tales productos pudieran estar engañando a los consumidores para que estos hagan elecciones malsanas constituye el meollo del reglamento de la Comisión Europea número 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, que entró en vigor en julio de 2007 y apenas está empezando a producir resultados.
La legislación está basada en la idea de que las declaraciones que se hagan con relación a las propiedades saludables tienen que estar respaldadas por datos científicos. El organismo que decide si tales afirmaciones están en efecto respaldadas por datos fidedignos es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).
La Unión Europea le facilitó una lista preliminar de 4.185 afirmaciones de este tipo, seleccionadas de las 44.000 que habían presentado los estados miembros. Hasta la fecha, la AESA ha pedido aclaraciones acerca de más de la mitad de los elementos de la lista y, como dice el doctor Branca, «se está ahogando en papeles».
La AESA ha anunciado que en julio aprobó la primera tanda de dictámenes sobre las declaraciones de propiedades saludables relativas al artículo 13, y que ahora en setiembre dará a conocer el dictamen acerca de otras 1.024 declaraciones de este tipo.
Susanne Döring, directora de información para los consumidores de la patronal de Alimentación y las Bebidas de la Unión Europea, cree que la incertidumbre acerca de los perfiles de nutrientes de la Comisión Europea y la lista de afirmaciones genéricas que los productos alimentarios pueden hacer, que están preparando la Comisión y los Estados, «obstaculizará las innovaciones» y ocasionará que haya menos productos en el mercado y que los consumidores tengan menos opciones.
Así las cosas, algunas empresas podrían optar por retirarse del proceso al darse cuenta de que sus productos no cumplirán los requisitos de la AESA. Otras empresas tienen previsto volver a presentar los datos cuando esté claro lo que exige la AESA. Por ejemplo, en abril de 2009 Danone retiró las solicitudes de aprobación de las declaraciones de propiedades saludables bajo las que se amparan sus productos probióticos Actimel y Activia.
La AESA aún no ha dado a conocer su dictamen sobre las principales marcas probióticas específicas y, si bien ha publicado comentarios generales, por lo menos en cinco ocasiones ha rechazado las declaraciones sobre propiedades saludables relacionadas con estos productos.
Y Danone no es la única empresa que tiene motivos para preocuparse. En julio, la AESA causó un revuelo al anunciar que sus científicos habían rechazado 54 de las 70 declaraciones que habían examinado. Representantes de la industria declararon que la AESA estaba siendo extremadamente estricta, pero la Comisión Europea no ha cejado en su propósito.
Pero mientras que, por un lado, los representantes de la industria afirman que el reglamento relativo a las declaraciones sobre propiedades saludables es muy estricto, los grupos de consumidores manifiestan que no es suficiente. Sue Davies, de Which?, dice que si bien al principio la AESA emitió un dictamen inicial acerca de los perfiles de nutrientes, en la actualidad estos son elaborados por la Comisión y los estados miembros. «A las organizaciones de consumidores les preocupa que la redacción más reciente sea muy débil, pues permite, por ejemplo, que alimentos como los donuts puedan hacer este tipo de declaraciones».