Regulaciones a veces complejas, en ocasiones originales, pero siempre en permanente desarrollo. Así la sociedad elige a sus líderes políticos en los países de la región.
El mito democrático incluye, dentro de su rosario de preceptos, que cualquier ciudadano puede acceder a un cargo electivo. En la práctica, la cuestión no parece ser ni tan sencilla ni tan directa.
La percepción -bastante generalizada- es que para acceder a un cargo político gubernamental en América Latina hay que poseer una gran fortuna y probada habilidad en los manejos «non sanctos» del poder.
Se dice también que estos atributos deben complementarse con una retórica «de forma» inapelable, apoyada en una «ética flexible» que borre con una mano lo que con la otra se firma.
Estas creencias se comprueban empíricamente cada vez que se estudia la trayectoria de un político cualquiera. Pocos pasan felizmente por el tamiz de un revisionismo serio.
Lo cierto es que la elección de un candidato debería ser la decisión más importante que la «gente» -el pueblo – debe tomar. Los candidatos que resulten nominados serán quienes representen a un partido frente al electorado, y sobre ellos recaerá no sólo el éxito o el fracaso del proceso electoral sino también el buen gobierno de todos en caso de ganar, o el liderazgo de una oposición responsable en caso de perder.
Por otra parte, los procesos de selección de un candidato permiten comprender la manera en que funciona el sistema democrático dado que, interiormente en los partidos, se espera un funcionamiento electivo acorde a las reglas de la democracia.
¿Quién elige y cómo se eligen los candidatos en América Latina?
El territorio abordado por la pregunta anterior abunda en variadas respuestas. Sin embargo, puede concluirse que están habilitados aquellos ciudadanos que cumplan los requisitos de las leyes electorales nacionales y las restricciones partidistas.
En general es verdad que las leyes nacionales permiten a todos los ciudadanos elegir y que todos los ciudadanos puedan ser elegidos, en tanto y en cuanto sean nacionales, no tengan causas judiciales pendientes y sean mayores de edad.
En algunos países -como Chile- debe agregarse la necesaria afiliación del candidato a un partido político y, por tanto, existe de hecho un monopolio de la representación política a las organizaciones partidistas. Contraejemplos de esa situación se daban hasta 1996 en El Salvador y en Ecuador.
Hay países dónde el sistema electoral permite competir a quienes no pertenecen a partido político alguno pero cuentan con el apoyo de determinada agrupación para una contienda en particular
En Argentina y en Bolivia existe la figura de los extrapartidarias, aunque se refiere más a la posibilidad de que una lista u oferta pueda incluir a un candidato de otra agrupación. Por ejemplo, el actual vicepresidente argentino, Cleto Cobos, no pertenece al partido de gobierno.
En Chile esta situación se contempla bajo el nombre de «auspiciados». En Uruguay y en México se permite la participación de candidatos externos a los partidos.
Perú es un caso particular dado que para presentar una candidatura por fuera de las organizaciones partidarias es necesario contar con un grupo político que lo auspicie y un número de firmas ciudadanas que lo respalden.
En Argentina, la Unión Cívica Radical (UCR) exige cierta antigüedad como afiliado. En el mismo sentido se manifiestan el Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC), de Costa Rica; la Asociación Nacional Republicana- Partido Colorado (ANR-PC), de Paraguay y la Democracia Cristiana (PDC) de Chile.
Al resguardo anterior el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de México, añade el pago de cuotas, haber ejercido anteriormente un cargo de representación popular partidaria (¿cómo se hará la primera vez?), un programa de trabajo avalado por el partido y no haber sido previamente un cuadro saliente de algún partido antagónico.
Curiosamente, en México, es notoria la influencia eclesiástica en la vida política nacional. Así, la Conferencia Nacional del Episcopado -cúpula de la jerarquía católica – y el Nuncio Apostólico participan en la aprobación del bloque gobernante de partidos políticos, y de sus candidatos. Asimismo, el Episcopado influye en los programas y plataformas electorales del bloque partidista oficialista.
Las leyes electorales de los países permiten diferenciar dos tipos de sistemas electivos
En el primero de ellos, el proceso de selección de candidatos de los partidos está reglamentado expresamente por la ley electoral. Son los casos de Costa Rica, Bolivia desde 1999, Uruguay desde 1999, Paraguay desde 1996, Panamá, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Argentina desde 2001.
El segundo tipo requiere de autonomía partidista para definir las reglas internas de selección. La ley no fija mecanismos específicos para el funcionamiento de las organizaciones en la elección de sus candidatos. Son los casos de Ecuador, Perú, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, Colombia y Chile.
En algunos casos la legislación contempla que se realicen elecciones internas donde participen todos los ciudadanos; así se da en Uruguay. En otros sólo pueden votar los miembros del partido (Honduras, Paraguay, Panamá). También se contempla (República Dominicana y Guatemala) que sea un órgano colegiado de cada partido el que defina las nominaciones, o también -Costa Rica- que sea el partido el que elija el mecanismo que va a emplear.
En varios de los países indicados, la inclusión de los mecanismos de selección de candidatos en la legislación electoral nacional ha sido resultado de procesos de reforma política realizados en tiempos recientes.
Así Paraguay (1996), Panamá (1997), Bolivia, Uruguay (1999) y Argentina (2001) han incorporado mecanismos más participativos.
Los rasgos comunes de estas reformas han sido la inclusión de internas junto al control de las mismas por parte de los órganos electorales nacionales, todo ello como una forma de incrementar el control sobre los partidos -al menos en lo relacionado con la selección de candidatos-, en detrimento de la autonomía partidista.
De hecho, algunos países ya empleaban estos mecanismos antes de que una ley lo estableciera. Tal es el caso de algunos partidos de Argentina o Paraguay.
Aún así, en términos comparados, todavía son muy pocos los partidos que se atreven a procedimientos que abarquen a todo el electorado en la decisión final de sus candidaturas. Los casos más prominentes en los que se ha empleado este método son los del Frente País Solidario (FREPASO) y la UCR en Argentina; el del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua; el del Partido Liberal Colombiano (PLC), en Colombia; el de la Concertación, en Chile y, recientemente, los partidos de Uruguay y el PRI en México.
En Argentina, las elecciones que llevaron al poder a Néstor Kirchner en 2003 fueron de «hecho» una contienda interna del Partido Justicialista a nivel nacional, por cuanto su principal opositor fue el ex presidente -también justicialista- Carlos Saúl Menem.
Más allá del escaso número de partidos que hasta el momento sumaron las elecciones abiertas como un procedimiento de su organización, las elites partidistas latinoamericanas han manifestado tener una fuerte vocación política, en el sentido de incorporar a todos los electores de los distritos en la definición de las candidaturas.
Esta conducta daría la impresión de que podría esperarse una mayor implementación de internas abiertas en razón de que los miembros de los partidos las consideran positivas para minimizar la influencia de los líderes nacionales -o de los propios legisladores- en el proceso de elección de candidatos.
De esa manera, los políticos latinoamericanos parecieran preferir la participación del electorado completo a la de los activistas partidarios, como método más inclusivo en la selección de candidatos.
Un ejemplo emblemático es el de Bolivia, dónde Evo Morales intenta extender el mecanismo electivo a la revalidación de cargos representativos y a todas las acciones de gobierno.
En Venezuela, el Partido Socialista Unido (PSUV) discute en asamblea general de delegadas y delegados qué metodología asumirá el partido para la selección de sus candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados a los consejos legislativos estaduales.
En Nicaragua, los mecanismos implementados en 2008 para seleccionar los candidatos a ocupar cargos en las alcaldías de 153 municipios fueron aprobados por Asamblea Sandinista Nacional, máximo órgano de dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Los mecanismos se aprobaron de acuerdo con la realidad de cada localidad.
Se decidió que -en 81 municipios- sean asambleas integradas por los Consejos Municipales Sandinistas (órgano partidario local), los Comités de Liderazgo Sandinista y asociaciones afines, quienes decidieran sobre los candidatos.
En otros 43 municipios se optó por consultas abiertas, donde todos los ciudadanos pudieran votar. Los restantes 29 municipios constituyeron asambleas locales de ratificación, sobre la base de propuestas elaboradas por comisiones al efecto.
La Asamblea aprobó también una resolución de cuatro puntos, entre ellos seleccionar en base a encuestas a los diferentes candidatos del FSLN y la Convergencia Nacional.
Todos los candidatos debieron suscribir un compromiso individual de obligaciones políticas y éticas: reconocer el papel rector de los Consejos del Poder Ciudadano, luchar contra la corrupción, renunciar a grandes salarios y a gastos no establecidos por ley.
Hasta aquí se han explorado algunas modalidades que sirven para definir candidaturas políticas en América Latina y, si bien el análisis podría seguir en la búsqueda de un mayor detalle, queda la sensación de que son mecanismos en permanente evolución.
Un análisis más político y empírico pareciera indicar que los sistemas electivos latinoamericanos propenden a posibilitar el acceso al poder de gobiernos populares más representativos que sus predecesores, pese a que la democracia regional aun se debate contra el modelo de «democracia controlada o vigilada», impuesto por el bloque hegemónico tras la salida de las dictaduras militares que se registraron hasta los años ’80, bajo el imperio de la doctrina de Seguridad Nacional.
Que un tornero sea presidente de Brasil o que un representante aymará lo sea de Bolivia habla de un avance concreto hacia el ideal democrático. También son resaltables los mecanismos que permiten la posibilidad de ver presidenciable a José «Pepe» Mujica (Frente Amplio) en Uruguay. En este lote de procesos electorales y políticos saludables debe incluirse el caso del presidente ecuatoriano Rafael Correa.
Aún así el camino que asegure la llegada de los líderes más representativos aparenta ser largo y lleno de tropiezos, y seguramente es Honduras el que representa el mayor retroceso.
Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4492