Declaración de Buenaventura

te estamos destruyendo que es peor,

¡A malhaya que se rompa,

contigo mi corazón!

Los pueblos afrocolombianos e indígenas del territorio-región del Pacífico y sus organizaciones de base, declaramos la emergencia social de nuestras comunidades debido al ecocidio que se viene perpetrando contra nuestras selvas, ríos y manglares, empobreciendo la diversidad de la vida, contribuyendo a la extinción de muchas especies animales y vegetales, desarraigándonos de nuestros territorios ancestrales y poniendo a nuestras comunidades al borde del etnocidio.

No podemos cerrar los ojos y menos quedarnos callados ante la gravedad de lo que está sucediendo en nuestros territorios. Tampoco podemos ocultar el temor que nos embarga al ver como avanza la destrucción de las selvas que nos brindaron refugio y nos dan vida, alegría y libertad. Tememos perder lo que indígenas y negros hemos construido durante tantos años de convivencia pacífica entre nuestros pueblos, respetando las leyes que nos dicta la naturaleza, a la cual hemos atado nuestras vidas y de las cuales dependen el bienestar y el futuro de las presentes y futuras generaciones de nuestros pueblos.

Mientras discutimos la permanencia digna de las comunidades en el territorio, planificando nuestro desarrollo y ordenando nuestras prácticas de manejo de los recursos ambientales, llegan otros intereses económicos egoístas que desbordan nuestras fuerzas, arruinando nuestras culturas, hiriendo de muerte al territorio y desestructurando las organizaciones de los pueblos ancestrales, los verdaderos dueños del Pacífico colombiano.

Tenemos la creencia de que el territorio región del Pacífico se asemeja al cuerpo humano. Tiene vida. Cualquiera de sus partes que se hiera, afecta a todo el organismo. El maltrato que reciba la cuenca de uno de sus ríos, perjudica a todo el territorio. Así lo entendieron nuestros ancestros y ese sabio precepto lo seguimos trasmitiendo a nuestros hijos, pues ahí se encuentra la clave de nuestra sobrevivencia, y de allí se deriva la solidaridad y ayuda mutua entre los ríos, que debemos seguir practicando.

Hoy nos encontramos debatiendo la defensa del Manglar, espacio de vida único en el planeta y crucial para la vida de muchos pobladores. Nos encontramos en la encrucijada. O defendemos el manglar y las miles de especies que allí viven, o se borran nuestras vidas, pero también la vida de los renacientes, de los niños y niñas indígenas y negras que incluso no han nacido y que merecen vivir en estos ecosistemas vitales. El manglar es tan importante para la vida del hombre, las especies y el planeta, que proponemos que los daños ocasionados a este ecosistema sean catalogados como delitos de lesa humanidad.

Con esta Emergencia Social que hoy convocamos, estamos llamando a todos nuestros hermanos del Pacífico colombiano, a las organizaciones negras e indígenas, a los amigos de la diversidad de la vida y de la cultura, a los científicos, estudiosos y amantes de esta rica y generosa región. En fin convocamos a todos aquellos que valoran la diversidad, a que reaccionemos frente a violaciones muy graves que se presentan en todos estos territorios, especialmente aquellos que son propiedad privada colectiva de los pueblos indígenas y negros:

1. La minería de oro. La explotación aurífera se encuentra desbordada en Zaragoza (río Dagua), con daños irreversibles al medio ambiente y ecosistemas aguas abajo y altamente perjudicial para las comunidades negras y comunidades indígenas del Medio y Bajo Dagua. Allí trabajan cerca de 300 retroexcavadoras día y noche, volteando el lecho y cambiando el curso del río. Esta situación ha sido tolerada y hasta permitida por las autoridades públicas locales, regionales y nacionales. Los muertos, los heridos, la prostitución, el alcoholismo, el encarecimiento de la vida y la llegada de nuevas y «legalizadas» empresas provocan incertidumbre y temor en la región. Esta minería se extiende como un cáncer a otros ríos del Pacífico. Una draga de gran calado trabaja en la bocana de Mallorquín. En el río Anchicayá (San Marcos) también se encuentran operando varias retroexcavadoras.

Vemos con mucha preocupación los mapas de solicitudes y títulos que vienen entregando INGEOMINAS y el Ministerio de Minas en el Pacífico colombiano. Esto desconoce los acuerdos que el Estado colombiano ha comprometido con organismos internacionales y vulnera de modo grave los derechos de las comunidades, pues acaba con ecosistemas vitales para la alimentación de las comunidades. Como autoridades ambientales en nuestros territorios, solo permitimos la minería tradicional, el barequeo, practicado ancestralmente por las comunidades, como una de las formas complementarias de obtención de ingresos.

2. Las fumigaciones que afectan por igual cultivos de coca y cultivos de ‘pancoger’. Estas no logran controlar la producción de pasta de coca, pero si contaminan suelos y aguas, y liquidan la base genética de los cultivos y la biodiversidad. Peor aún, violan los derechos al alimento, a la salud y al medio ambiente sano. Conocemos los males que traen estos cultivos de coca. No solo perjudican al ambiente, sino que se implantan con violencia, para inducir a la población nativa a sembrar coca. Los asesinatos y los desplazamientos que se producen por la producción, síntesis y tráfico de ilícitos son un desastre para nuestras comunidades y nuestros procesos organizativos. El orden social que imponen los grupos armados destruyen los gobiernos propios de las comunidades. Lo peor, enganchando a muchos jóvenes para actividades de control y vigilancia con las cuales también se subordina a las autoridades de las comunidades. El consiguiente abandono de las prácticas propias de producción de alimentos y la dependencia del flujo de recursos de estas economías ilegales conducen al desarraigo de la población, una situación que para los pueblos étnico-territoriales conduce al etnocidio, a la desaparición de los rasgos étnicos que les dan cohesión social.

Pero el control de los cultivos de uso ilícito por medio de las fumigaciones, las sindicaciones de los pobladores de ser auxiliadores de tal o cual grupo armado que se beneficia del cultivo de coca, las amenazas, las intimidaciones a la comunidad, las restricciones a la movilidad y a la compra de gasolina y alimentos, causan igualmente daños graves a nuestras comunidades. En la mayoría de los casos resulta siendo más caro el remedio que la enfermedad.

3. La permisividad de las autoridades ambientales y en concreto la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) frente a atentados graves contra la naturaleza, agranda este cuadro de agravios a nuestros pueblos. La ya mencionada minería, la explotación a escala comercial del mangle, la tumba ilegal de la palma milpesos y el naidí, el derrame de petróleo en Bahía Málaga y el vertimiento de basuras a los ríos y al mar, deben ser controlados de manera urgente. La Procuraduría Judicial y Agraria y el Ministerio del Medio Ambiente, deben también tomar medidas de urgencia y actuar sin dilación.

4. Pero si denunciamos la laxitud de la CVC en este atropello al medio ambiente, también somos consientes que estos saqueadores y destructores del Pacífico no las tendrían todas tan fácil y no podrían actuar impunemente, de no tener mentores en el gobierno y auxiliadores y beneficiarios al interior de nuestras comunidades, que promueven tales situaciones, amparados precisamente en la negligencia de la corporación, una ausencia de actuación, que como ya lo manifestamos, está liquidando la vida en los ecosistemas más productivos del planeta, el manglar, perjudicando a comunidades pescadoras y en especial a las mujeres que viven de la recolección de conchas, cangrejos y moluscos.

5. Las amenazas que vienen recibiendo los dirigentes de nuestras organizaciones, por denunciar estos hechos, es un indicio de que los capitales que hoy se abalanzan sobre los recursos, provienen de actividades igualmente ilícitas.

6. Ausencia de una verdadera consulta previa sobre grandes proyectos de infraestructura que se implementan a espaldas de las comunidades, a pesar de los impactos negativos de estas iniciativas. No se han informado, menos consultado debidamente a las comunidades sobre la construcción del Puerto de Aguadulce, el desarrollo portuario de los deltas de los ríos Anchicayá y Dagua y la urbanización del curso inferior del río Dagua, donde viven comunidades negras e indígenas.

7. Especial mención merece el proyecto de desarrollo de expansión y modernización portuaria en Buenaventura que se está llevando a cabo a espaldas de la población de Bajamar. Estas comunidades van a ser desalajodas y trasladadas sin tener en cuenta los estándares internacionales y sin respetar sus condiciones y derechos, ante todo, sin considerar la dinámica de río-poblado, que de romperse afectaría a toda la población de los ríos. Denunciamos igualmente que no se conocen los tipos de proyectos, los impactos que generarán y los planes de manejo para atender tales impactos. Las comunidades de los ríos vemos que nuestras redes de comercio de productos serán alteradas seriamente, que tendremos que usar puertos privados y costosos, que las viviendas donde nos alojamos cuando llegamos a Buenaventura serán trasladadas a sitios distantes y sin acceso al mar, situación que desestructurara las redes parentales, sociales y políticas que establecieron las comunidades que ya habían sufrido otros desplazamientos, en un éxodo que aún no termina. Esta situación viene sucediendo después de vivir una ola de violencia que cobró la vida de más de un centenar de pobladores, muchos de ellos jóvenes.

8. Creciente militarización de los ríos. Con la llegada masiva de la coca al Pacífico y la creciente presencia de grupos armados, para el gobierno la problemática social de estas regiones entra a constituirse en un fenómeno que debe ser tratado en términos militares. Las propuestas de desarrollo económico pasan a un segundo plano, pues se trata primero de darle una solución militar al problema de la coca y de los grupos armados. El inconveniente más grande de esta política es que todos los pobladores de los ríos donde hay cultivos de uso ilícito entran a ser catalogados como potenciales auxiliadores de los grupos armados. En ese sentido vemos con mucha preocupación el control armado del territorio con acciones como la adecuación de la base militar de Bahía Málaga y la copiosa presencia de militares en los ríos. Esto viene desinstitucionalizando más la región, lo que favorece más presencias militares y más violencia de todos los grupos armados.

9. Políticas públicas, planes económicos y reordenamientos jurídicos que vienen alterando la territorialidad y modificando las garantías de acceso, uso y manejo de nuestros territorios colectivos, tales como la reforma al decreto 622 de Parques y el Plan Departamental de Aguas. Se trata de iniciativas gubernamentales que no sólo violan nuestros derechos, sino que desconocen estándares internacionales que honran derechos de nuestras poblaciones, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas’.

Es teniendo en cuenta esta situación que DECLARAMOS:

• Que estamos convencidos que salvar el Pacífico de esta desenfrenada explotación de todos sus ecosistemas, es ayudar a salvar el planeta.
• Que somos los dueños ancestrales del Pacífico colombiano y que nuestra vida e historia está ligada a estos ecosistemas y por lo tanto nos asiste la legitimidad para exigir que se pare la destrucción de nuestros territorios.
• Señalamos, como ya lo ha reconocido la academia sueca al otorgar el premio Nobel de economía a Elinor Ostrom, que la mejor y más eficiente forma de conservar los recursos naturales, se manifiesta cuando los propietarios los manejan de forma colectiva, atendiendo sus vitales necesidades para un buen vivir.
• Que hemos tomado la firme decisión de trabajar unidos y de manera solidaria entre las organizaciones que suscribimos esta declaración, asumiendo el principio de que lo que le pase a una comunidad, a un territorio, nos pasa a todos y actuaremos en consecuencia.
• Que desarrollaremos iniciativas políticas y legales para que los daños que se le infringen a todos los ecosistemas del Pacífico, del cual nosotros derivamos nuestra subsistencia, sean declarados como delitos de lesa humanidad, pues nos resistimos a ser los futuros desplazados ambientales.
• Que estaremos alertas y continuaremos denunciando las amenazas y asesinatos de miembros de nuestras comunidades que por atreverse a denunciar estos atropellos contra la naturaleza, son blanco de grupos armados.
• Invitamos a todos los Consejos Comunitarios del pueblo afrocolombiano y a todos los Cabildos de los pueblos indígenas del Pacífico a que adhieran a esta declaración y nos unamos en un sólo haz a esta trascendental iniciativa de declarar al Pacífico en emergencia social, pues están en juego nuestras vidas y el futuro de los pueblos afrocolombianos e indígenas.

Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, región Pacífica. ACIVA-rP.

Palenque El Congal, Buenaventura

Proceso de Comunidades Negras – PCN

Consejo Comunitario del río Yurumanguí

Consejo Comunitario del río Cajambre.

Consejo Comunitario de Llano Bajo Asamblea de Consejos Comunitarios del Valle del Cauca.

Consejo Comunitario del río Mallorquín

Consejo Comunitario del río Raposo

Consejo Comunitario del río Anchicayá

Organización comunitaria de base Mina Vieja

Organización de Negros Unidos del río Anchicayá-ONUIRA

Consejo Comunitario de Bahía Málaga

Consejo Comunitario de La Barra

Cabildo Indígena Joaquincito, río Naya

Cabildo Indígena La Meseta

Mujeres piangüeras de Santa Cruz, San Joaquín y Puerto Merizalde – río Naya.

Colectivo de Trabajo Jenzerá

Centro Matía Mulumba, Buenaventura, 11 de abril de 2010