Del terremoto al cólera Mientras este artículo se encuentra en fase de revisión, los medios de comunicación internacionales centran su atención en la propagación de una epidemia de cólera en las regiones septentrionales de Haití y en la posibilidad de que ésta se extienda masivamente hacia el corazón de la capital, Puerto Príncipe, donde 1354 […]
Del terremoto al cólera
Mientras este artículo se encuentra en fase de revisión, los medios de comunicación internacionales centran su atención en la propagación de una epidemia de cólera en las regiones septentrionales de Haití y en la posibilidad de que ésta se extienda masivamente hacia el corazón de la capital, Puerto Príncipe, donde 1354 campamentos de refugiados, construidos de emergencia con lonas de plástico, acogen a más de un millón 500 mil personas que perdieron su casa tras el terremoto del 12 de enero de 2010 (Aquí: Liga a resumen de acontecimientos). Nuevamente se habla de muerte, más de 1800 fallecidos en poco más de un mes, y desde Haití, las últimas noticias dan cuenta de la enésima crisis humanitaria descontrolada. Paradójicamente, por la creciente atención mediática dedicada al drama del cólera, se interrumpió la espiral de silencio e indiferencia que se había creado en torno a la situación del país caribeño, el más pobre del hemisferio occidental, que hace apenas unos meses fue azotado por la peor catástrofe de la historia moderna: un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter, que devastó la capital, una metrópoli de dos millones de habitantes, y otros centros urbanos de la periferia como Leogane y Carrefur. En total, la tragedia cobró 250 mil víctimas, obligando a cientos de miles de desplazados a vivir en la calle o en barrios conformados por tiendas de campaña «provisionales». Aun hoy, las cifras relativas a la dimensión del desastre varían dependiendo de la fuente (gobierno, medios de comunicación nacionales e internacionales, ONG, gobiernos extranjeros, organismos multilaterales, etcétera) y cambian de mes en mes. Sin embargo, permanece la realidad de una tragedia sin precedentes en términos absolutos. Aunque nos basemos en las cifras más prudentes, el número de decesos representa una cifra enorme que, en términos porcentuales, se sitúa entre el 10 y el 15 por ciento de la población del área de Puerto Príncipe.
A la tragedia humanitaria del sismo, se sumaron los graves problemas causados por la temporada de lluvias que comenzó en mayo y que, entre septiembre y octubre, alcanzó su nivel máximo de peligrosidad. Aunque la alarma por el huracán Tomás no haya sido mayúscula con respecto a los años anteriores, éste dejó al menos 21 muertos, 40 heridos y un alto número de casas dañadas (más de 6000). Tomás ocasionó, además, enormes riesgos y desplazamientos para quienes viven en tiendas de campaña y para los menos afortunados, quienes duermen en las calles.
A la inminente amenaza meteorológica, se suma la emergencia bacteriológica con la propagación del cólera, que ha provocado ya centenares (1700 con datos del 29/11) de muertos en el norte del país, el cierre de Saint Marc y más de 20 mil personas afectadas por esta enfermedad que se recuperan en los hospitales. Por ello, el balance de víctimas se actualiza cotidianamente y está destinado a crecer dado que los problemas que más favorecen la propagación de la patología, como el del agua potable, de entre las peores del mundo ya antes del terremoto, o el problema de las condiciones higiénicas de las que carece gran parte de la población, expuesta diariamente a la intemperie y forzada a vivir en el fango y en las aceras, no han sido afrontados adecuadamente, a pesar de la ayuda internacional. Todavía a mediados de noviembre, se señalaban también entre 30 y 40 muertos por la epidemia en los barrios del distrito popular de Cité Soleil en Puerto Príncipe, lo que significa que el cólera se está expandiendo en el corazón de la capital. El desbordamiento de ríos y canales, resultó ser un peligroso vehículo más para la enfermedad, sobre todo el mes pasado, cuando la temporada de lluvias alcanzó su punto crítico.
Ante la miseria extrema, las elecciones presidenciales y las esperanzas de algún tipo de cambio social y económico, la desesperación de la gente ha llevado a multiplicar las manifestaciones anti-Onu y anti injerencia extranjera, motivadas por la sospecha de que el mismo cólera haya sido importado en el país por el contingente nepalés de la MINUSTAH, los cascos azules de la ONU. Lo que es cierto es que esa enfermedad ya no estaba en Haití hace casi un siglo y que algún agente desde fuera pudo haberla traído nuevamente en la isla, lo que sería normal y controlable en un país con un estado funcional y existente, pero no en Haití, una república de ONG, ejércitos y agencias poco coordinadas entre sí: aquí la globalización y la presencia extranjera toman las formas de un neocolonialismo muy extremo, mucho más que en los demás países de América Latina. Por ello, el descontento popular reivindica la soberanía nacional y la expulsión de los militares extranjeros y, últimamente, se ha volcado incluso en contra de las agrupaciones humanitarias con la consigna «abajo la Minustah, Préval y el cólera».
La represión por parte de los cascos azules no fue nunca blanda y, el 15 y 16 de noviembre, causó dos muertos en Cabo Haitiano, donde murieron dos manifestantes baleados por estos militares. Además, los rumores acerca de las responsabilidades de las cascos azules nepaleses fueron confirmados por un alto mando del ejército estadounidense, como remarcado en dos entrevistas por el embajador sueco en Haití, Claes Hammar, quien confirmó que la epidemia fue propagada a partir de los desechos de la MINUSTAH en el Río Artibonite, cerca de Saint Marc en el centro-norte del país (ver http://
Elecciones presidenciales y violencia
El clima político en Haití ha sido más tenso a causa de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 28 de noviembre, en las cuales 4.7 millones de electores han sido llamados a renovar las cámaras eligiendo a 99 diputados y 11 senadores, y, asimismo, al sucesor del actual presidente René Preval, quien ocupa el cargo desde el 14 de abril de 2006. Los partidos políticos registrados para la jornada electoral son, en total, 68 y el número de candidatos es 18, pero son seis los favoritos para la presidencia, según diversos sondeos sobre intención del voto del mes de noviembre de 2010, (en orden decreciente de preferencia): la constitucionalista Mirlande Manigat, (RDNP – Reunión de Democráticos Nacionales Progresistas), el ingeniero Jude Célestin (INITE – Unidad), el candidato «del poder» apoyado por René Preval, el empresario Charles Henry Baker (Respect – Respeto) y, en cuarto lugar, el cantante, popular en los barriadas, Michel Martelly (Respons Peyizan – Respuesta Ciudadana), cercano al rapero estadounidense Wyclef Jean, quien fue excluido de la contienda en agosto. Entre los otros candidatos, favoritos según los sondeos, merecen una nota especial también Jacques-Édouard Alexis , perteneciente a la vieja guardia fiel al presidente Preval pero arrinconado en el último minuto por Jude Celestine, y Jean-Henry Ceant, apoyado por una fracción importante de los partidarios del ex presidente exiliado Jean-Bertrande Aristide y de su partido, excluido de la contienda por irregularidades formales y, según la prensa alternativa, conflictos políticos con el presidente Preval (perfiles de candidatos Link).
En realidad, la incertidumbre y la fragmentación se unen a la poca claridad en torno a las propuestas y a la diferencia real entre los contendientes que no parecen alejarse de las políticas de abandono del estado de bienestar y de completa apertura al capital extranjero que adoptó el gobierno saliente. Los únicos candidatos que parecen distinguirse de los otros y distanciarse un poco de la elite política y económica actual, podrían ser, en parte, Martelly (el cual, sin embargo, está ligado y ha sustituido frente a los electores a un personaje sombrío y elitista como Wyclef Jean) y la favorita Manigat, respaldada por una importante carrera académica y política en el ámbito nacional e internacional. No obstante, ella ha sido frecuentemente acusada de estar distante de los barrios populares y de las necesidades de la gente más pobre. De todos modos, fue ya «first lady» cuando su marido Leslie Manigat gobernó en 1988, luego, fue depuesto por un golpe y, sin embargo, su esposa no es una outsider ni una candidata de ruptura con el grupo dominante tradicional.
Desordenes y corrupción
Como señalan las Naciones Unidas en sus reportes y comunicados de agosto pasado respecto al mantenimiento del orden público, una de las labores encomendadas a los Cascos Azules de la MINUSTAH (Misión de Estabilización de la Naciones Unidas en Haití) con base en la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 1542 del 30 de abril de 2004, la intensificación de la violencia y de los enfrentamientos, antes y después de las elecciones políticas, es una posibilidad concreta en un contexto socioeconómico dramático y potencialmente explosivo. Otros problemas graves concernientes al proceso electoral son, sin duda, la muy escasa afluencia a las urnas, agravada por las desesperadas condiciones de vida de la gente después del terremoto, y la dificultad de encontrar personal calificado para los escrutinios. Los hechos del mes de noviembre nos hablan de una creciente tensión electoral, ya que hubo tres muertos en distintas regiones del país por enfrentamientos entre partidarios de Baker, Martelly y el oficialista Jude Celestine. Además, la semana anterior a la jornada electoral, 4 candidatos de partidos pequeños pidieron, sin éxito, un cambio de fecha por la emergencia del cólera y la lentitud con que se procedió a repartir las identificaciones personales necesarias para votar: muchísimas personas perdieron sus «tarjetas de identidad» tras el sismo, o bien, emigraron en el interior del país sin cambiar su residencia y la expedición de nuevas identificaciones ha requerido en las últimas semanas un esfuerzo enorme para la burocracia y para la población. Desgraciadamente, horas y horas de filas bajo el sol no han sido suficientes para miles de ciudadanos. Todo ello ha afectado gravemente la afluencia a las urnas y ha causado las mejores condiciones para perpetrar fraudes, doble votación o fallas en la identificación.
En este sentido, se subrayan los peligros para el proceso electoral y por la estabilidad general del país, representados por la creciente distribución de armas entre la población, por la reconstitución de grupos dedicados al tráfico de drogas y al secuestro, y por la eventual convivencia de éstos con las fuerzas políticas en busca de financiamiento. Además, los movimientos sociales relacionados al partido Fanmi Lavalas y grupos de ciudadanos fieles a su fundador, el ex presidente Jean-Bertande Aristide, exiliado en la República Sudafricana luego del golpe de estado perpetuado en su contra el 29 de febrero del 2004, sostienen que, una vez más, se les está negando a los haitianos el derecho de decidir autónomamente su propio destino, aunque algunos de ellos volcaron sus consensos hacia el candidato Cléant.
De hecho, mientras de agosto a septiembre los medios de comunicación se ocupaban nada más del caso del popular rapero estadounidense Wyclef Jean, excluido del círculo de posibles candidatos a la presidencia por problemas ligados al requisito que impone al menos cinco años de residencia en Haití, el partido político que obtuvo el mayor consenso electoral en los años noventa y en el 2000, precisamente el Fanmi Lavalas, fue descartado para participar en las próximas elecciones, tal como sucedió en el 2006. En efecto, el Estado haitiano nunca ha gozado de una reputación de imparcialidad, mientras que el intercambio de favores, el clientelismo y la lógica del capital (sobre todo extranjero y de muy pocas familias nacionales) han sido los mecanismos privilegiados que han regulado el complejo funcionamiento del aparato político. La percepción sobre las condiciones de la competencia electoral y el funcionamiento del estado de derecho son bien ejemplificadas en los datos proporcionados por Transparencia Internacional sobre corrupción en el mundo, los que colocan a Haití en los últimos puestos (puesto 146 en el 2010) con una puntuación de 1.4, 2.8 y 2.2 de 10 en el 2008, 2009 y 2010, respectivamente.
Primeras evidencias electorales y caos
En este contexto, se desarrollaron las operaciones de voto y escrutinio el 28 de noviembre y hubo otros dos muertos en Aquin (sur del país) y decenas de heridos por la violencia desencadenada en la jornada electoral, con manifestaciones de gente desesperada por no poder votar o, por el otro lado, marchas para la anulación del voto (a las que se ha sumado el omnipresente Wyclef Jean, pidiendo, más que una anulación total, un recuento certificado por agencias internacionales confiables). El voto fue juzgado irregular y fraudulento por muchos contendientes: si bien Gaillot Dorsainville, presidente del consejo electoral de Haití, asegura que todo funcionó regularmente (sólo 56 de 1500 secciones fueron invalidadas) y así también afirma la Organización de Estados Americanos («pese a las irregularidades que deberán ser objeto de una averiguación especial»), ya doce candidatos (incluyendo a todos los favoritos salvo el oficialista Celestine) han pedido la anulación del voto, respaldados por miles de manifestantes que han marchado para protestar en Puerto Príncipe el mismo domingo 28 en la noche. No es algo nuevo en Haití, así que la paciencia y el control interno y externo parecen ser las únicas armas a disposición: la infraestructura de transporte y comunicación es muy lenta y los resultados se darán a conocer finalizando esta semana.
La Onu ha expresado su «viva preocupación» por la violencia generada en estos días y, sobre todo, el domingo, mientras que los observadores estadounidenses del Center for Economic and Policy Research definen todo el proceso como una «verdadera farsa». A la fecha de redacción del artículo, no se conocen todavía los datos sobre el número de votantes y los nombres de los primeros dos candidatos que podrán participar en la segunda vuelta del 16 de enero próximo, los que serán publicados a partir del 5 de diciembre. Si un candidato obtiene el 50% más uno de los votos, puede ganar en la primera ronda (véase http://www.lenouvelliste.com/
Ayuda selectiva, tiendas de campaña y geopolítica
En los últimos meses, se han multiplicado las manifestaciones populares de los desplazados que protestan por la insuficiencia de ayuda humanitaria y la falta casi absoluta de oportunidades dignas de trabajo debido al estancamiento de la actividad económica, sobre todo en la ciudad, y a la poca eficiencia en la utilización de 10, 194 millones de dólares asignados por la comunidad internacional, que no han sido completamente pagados, ni empleados (se estima en un 10% el uso concreto de esos recursos y, en muchos casos, sin efectos concretos sobre las prioridades de la población).
Se anuncia una verdadera guerra entre los países donadores, Estados Unidos, Canadá y Francia (potencia históricamente involucrada con la región del Caribe y particularmente en su ex colonia Haití), y diversas empresas multinacionales para acaparar los millonarios contratos públicos para la reconstrucción del país y para utilizar, cuando llegue el momento, la enorme cantidad de mano de obra barata que podrá ser reclutada de una larga fila de desempleados y desesperados provenientes de los campos provisionales.
La culpa parece ser del organismo que gestiona la mayor parte de los fondos donados por la comunidad internacional, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), presidida por el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y por el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, quienes han sido acusados por el retraso y el incumplimiento de las promesas hechas la primavera pasada. La CIRH fue creada por un decreto presidencial el pasado mes de abril con la misión de organizar rápidamente la planificación, coordinación y aplicación de un proyecto de desarrollo financiero de instituciones nacionales y extranjeras, privadas y no gubernamentales, después del terremoto del 12 de enero de 2010. La composición de su consejo administrativo es mixta, en el sentido de que está conformado por consejeros haitianos (14 con derecho a voto) y extranjeros (13, incluido el ex presidente Clinton) ( http://www.cirh.ht/).
Los donantes individuales que más han contribuido con capital que no ha sido totalmente desembolsado son Venezuela, Estados Unidos, España, Canadá, Francia y Brasil, lo cual reflejan los intereses políticos que están en juego en la región del Caribe y ,en general, en América Latina. Si por un lado no sorprende la presencia de las actuales e históricas potencias coloniales y económicas del área como los Estados Unidos, Canadá, España y Francia, por el otro parecen ir también avanzando las potencias emergentes como Venezuela y Brasil, que está a cargo de la misión de la ONU, la MINUSTAH.
Recordemos que Venezuela participa hace una década en un gran número de proyectos de cooperación y, junto a Cuba, fue el país más generoso en cuanto al envío de medicinas y elementos de la protección civil un día después del terremoto, pero es también el primer acreedor (el segundo es Taiwán) de Haití, ya que proporciona gas y petróleo en el marco del acuerdo Petrocaribe (la deuda de Haití con Petrocaribe fue condonada, pero permanece la deuda con Venezuela).
En varias ocasiones, la sociedad civil, a través de la prensa, las manifestaciones pacíficas y las peticiones a los parlamentarios en cargo ha denunciado la falta de respeto al derecho constitucional a la vivienda y la falta de transparencia de la Comisión para la Reconstrucción, cuyas reuniones y procesos de toma de decisiones son estructuralmente inaccesibles a la mayoría, incluidos los medios de comunicación.
A los supuestos beneficiarios de los fondos asignados por la CIRH para una buena parte de los 49 proyectos aprobados hasta ahora, se les dice que existen retrasos y errores graves en la erogación de los financiamientos que bloquean su realización. ( http://www.haitianalysis.com/
Otro punto crítico en los reportes de la comunidad internacional, el Estado haitiano y la sociedad civil está representado sin duda por estructuras paralelas creadas a través de los años por las cerca de diez mil organizaciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en el territorio nacional. Éstas han ido formando una especie de «República de las ONG», visto que, por un lado, han suplido providencialmente la falta de una serie de aparatos gubernamentales, operados por casi dos décadas según los principios más ortodoxos del estado mínimo y del Consenso de Washington en prácticamente todos las áreas del bienestar social, sobre todo educación, seguridad y salud. Pero, por otro lado, han generado una espiral de inercia, paternalismo e irresponsabilidad que a la larga ha resultado deletérea para la sociedad y para los gobernantes haitianos, ahora habituados a depender del exterior para resolver cualquier problema.
En este sentido, la pérdida de soberanía política, militar y económica, así como la escasa presencia institucional en el territorio, son factores innegables para explicar la relación externa e incluso la compleja evolución histórica de un país al cual, también con base en estos elementos, se le puede aplicar la categoría politológica de «estado fallido». Pero el examen de conciencia de las causas y motivos del fracaso debería partir de cuestionamientos «externos» y análisis de la elite nacional de Haití, con la que la mayor parte del pueblo haitiano tiene muy poco que compartir.
Sin embargo, las voces más vehementes de la propuesta se levantan, paradójicamente, de la ciudadela de tiendas de campaña más grande, más organizada y más visitada por los medios de comunicación, la cual se encuentra actualmente bajo la «protección» y patrocinio del actor Sean Penn, del ejército americano y de la ONG estadounidense Catholic Relief Service. A pesar de estos factores de «relativo alivio», las condiciones de vida en el campo, el ex Club Petion Ville, son pésimas sobre todo desde el punto de vista de la higiene y de la seguridad para la mujeres y niños, criminalidad, disposición de agua potable, tiendas de campaña, estructura médica y escolar, sistema de alcantarillado y de drenaje de aguas de lluvia, salubridad para la conservación y preparación de alimentos y bebidas.
El tifo, el cólera, la diarrea, la salmonella y todas las patologías ligadas al consumo de alimentos contaminados constituyen peligros latentes, prontos a surgir en ambientes de este tipo. Las enfermedades y las epidemias están siempre a la orden del día en Haití, pero la atención que se les presta aumenta y disminuye cíclicamente. Este campamento es un enclave en el antiguo barrio exclusivo Petion-Ville reducido a escombros tras el terremoto, que alberga a 60 mil personas hacinadas en un ex campo de golf construido por infantes de la marina durante la primera ocupación estadounidense de 1915 a 1934.
La Minustah en Haití
El 15 de octubre pasado, en virtud del capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, los 15 miembros del Consejo de Seguridad, han decidido renovar por un año el mandato de la Misión ONU en Haití. El Consejo es un órgano que toma las decisiones más relevantes con la mayoría calificada por nueve de los 15 miembros, y a condición de que haya un común acuerdo de voto unánime entre los cinco miembros permanentes, es decir, China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido. La Misión actualmente se compone de 8 mil 940 soldados, y 4 mil 391 policías bajo el mando del General brasileño Luiz Guilherme Paul Cruz y del General argentino Geraldo Chaumont. El contingente brasileño es el más importante debido a que Brasil provee un total de 2 mil 600 hombres a la misión, los que cuestan al erario público más de 70 millones de dólares al año. Por otro lado, según el sitio oficial de la ONU, el presupuesto total de las Naciones Unidas para las operaciones de la MINUSTAH, en el periodo que va del primero de julio de 2010 al 30 de junio del 2011, es de 380 millones de dólares, lo que equivale al 5,2% de los gastos totales por las operaciones de peacekeeping. Algunas fuentes periodísticas reportan la cifra de 600 millones de dólares anuales, probablemente con base en una posible corrección más reciente aportada al presupuesto, originariamente aprobado en el junio pasado. El hecho es que los fondos han crecido a causa del envío de un creciente número de soldados por las complicaciones post-terremoto, para el monitoreo de las elecciones y por la lucha contra las bandas del crimen organizado que se van reconstituyendo después de los meses más complicados de la crisis humanitaria.
El origen
La participación de las Naciones Unidas en Haití comenzó en febrero de 1993 con una operación conjunta junto a la OEA (Organización de Estados Americanos), la cual fue, luego, reconfirmada por el Consejo de Seguridad en el mes de septiembre bajo el acrónimo de UNMIH (Misión de las Naciones Unidas en Haití). Ésta no se desarrolló plenamente sino hasta finales de 1995 por la ausencia de cooperación de las autoridades militares haitianas que, en aquella fase, estaban respaldando el golpe realizado el 29 de septiembre de 1991 por el general Raoul Cèdras contra el presidente Jean-Bertrand Aristide, el vencedor en las elecciones de diciembre de 1990.
En julio de 1994, el Consejo de Seguridad autorizó el envío de una fuerza multinacional de 20 mil soldados para permitir el retorno de Aristide y mantener un clima de estabilidad y relativa legalidad. Entre 1994 y 2001, se instrumentaron diversas iniciativas militares por parte de Naciones Unidas además de UNMIH: la UNSMIH (Misión de apoyo de las Naciones Unidas en Haití), la UNTMIH (Misión de Transición de Naciones Unidas en Haití), y la MIPONUH (Misión de policías de Naciones Unidas en Haití). A fines de febrero de 2004 arriba la MIF (Fuerza Multinacional Provisoria) que después fue sustituida, desde el primero de junio de aquel año, por la MINUSTAH.
Según la resolución 1542, ésta tiene, entre otras, las funciones de mantener el orden constitucional y la seguridad de la ciudadanía, apoyar los procesos democráticos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, favorecer los procesos de desarme de la población y la reforma de la policía haitiana. Con las sucesivas renovaciones de su mandato, la Misión vino a encargarse de más funciones legales, por la cambiante coyuntura socio-política del país, y en particular, después del sismo en el cual 159 cascos azules han perdido la vida, les han dado tareas de protección a la ciudadanía, de ayuda a la reconstrucción y de apoyo al gobierno haitiano para el desarrollo de las elecciones del 28 de noviembre.
Presencia controvertida
En la práctica, como sucede cada vez que hay una contraposición entre los ciudadanos comunes y los órganos (y más, si no son reconocidos del todo como legítimos) que detentan el uso de la fuerza, ya sean la policía, el ejército, o la fuerzas extranjeras, las violaciones por parte de las diversas autoridades que operan en el territorio, sin gran coordinación, están patentes y presentes. Por desgracia, es un tema recurrente a la hora de juzgar, ya sea al gobierno, al presidente o a los militares nacionales y los de la ONU que, en síntesis, han llegado a asumir funciones de policía y defensa militar en coparticipación, (algunas veces en contraposición), con los correspondientes aparatos nacionales. Así que no faltan sectores importantes de la sociedad civil de Haití que reniegan categóricamente la presencia de tropas extranjeras definida como «el brazo armado de la democracia». Representan además un síntoma de la falta de ideas concretas y ambiciones claras para el país y es por eso que los movimientos sociales de base manifiestan su disidencia después de cada renovación a las Misiones. Existe también un «Comité Anti-Ocupación», formado por decenas de grupos, partidos o sindicatos que han documentado en una muestra fotográfica, expuesta el pasado octubre en la capitalina Escuela Universitaria de Etnología, los abusos y los crímenes que se atribuyen a la MINUSTAH. El presidente Prèval, conciente de la falta de soberanía y legitimidad de su gobierno, había prometido que, antes del fin de su mandato, firmaría el acta de conclusión de las Misiones de la ONU, sin embargo, la emergencia constante de una tierra y de un pueblo privados del control de sus recursos y de una ruta para encontrar un liderazgo creíble le han hecho dar algunos pasos atrás…
El contexto histórico cuando llegó la MINUSTAH
El dúo formado por el presidente interino Boniface Alexandre y por su primer ministro Gerard Latortue se mantuvo por dos años en el poder, después de que el presidente Jean-Bertrand Aristide, a la mitad de su segundo mandato, fue deportado a Sudáfrica el 29 de febrero de 2004. Una versión propagada por el gobierno haitiano, y por fuentes oficiales estadounidenses, acerca de esa caótica semana de golpes y exilios, sostiene que Aristide había renunciado después de una crisis institucional, además de haberse declarado impotente de frente a una serie de rebeliones en el norte del país y en Puerto Príncipe. En realidad, la operación se llevó a cabo por agentes de la CIA y fue propiciada por los meses de desestabilización y crisis causada por las bandas de paramilitares y varios elementos de la oposición extraparlamentaria vinculados a la misma CIA, como el IRI (International Republican Institute) y los sectores conservadores de Europa, cercanos al presidente Jacques Chirac de Francia y Nicolas Sarkozy (en ese momento ministro del Interior). El principal grupo fue el 184 o G184, organización ambigua para la defensa «de los derechos humanos» que ha trabajado, en cambio, como un organismo de acción política y desestabilización gracias a los fondos aprobados en el pasado por la Comisión Europea. El IRI es una extensión del gobierno de EE.UU. y fue creado por Ronald Reagan en los años ochenta con el objetivo de exportar la democracia al resto del mundo, y sigue siendo financiado con fondos públicos de Estados Unidos. Es una agencia que siempre ha hecho un trabajo cuestionable y polémico en contra del frágil orden democrático de Haití, especialmente durante el periodo de mando de Stanley Lucas, su representante en la isla en ese entonces. La contraparte del IRI, vinculada al Partido Demócrata de Estados Unidos, es el NDI (National Democratic Institute): al menos en el caso de Haití, fue considerado un interlocutor más imparcial, ya que ha trabajado con diversos partidos políticos, incluido el Fanmi Lavalas de Aristide. Ambos programas están financiados por el programa conocido como el National Endowment for Democracy o NED.
Después de los Marinos, la MINUSTAH
Después de varios meses de ocupación militar por la Fuerza Interina de Naciones Unidas, compuesta de miles de infantes de marina estadounidenses y de tropas francesas, canadienses y chilenas, en junio de 2004 se pusieron en marcha los primeros siete mil cascos azules de la ONU dentro de la misión MINUSTAH. Aunque ésta se encuentra bajo el mando militar de Brasil, debe obtener la financiación y los mandatos para la operación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es manejada por un Consejo de Administración que incluye, para la coordinación estratégica y la organización, el guatemalteco Edmond Mulet, el estadounidense Kevin Kennedy y el canadiense Nigel Fisher y, para los aspectos militares y la policía, el general Luiz Guilherme Paul Cruz (Brasil) y el general Gerardo Chaumont (Argentina). Así que, desde un principio, la aprobación del comando de Brasil en las operaciones de las Naciones Unidas en Haití parecía responder más a las necesidades de imagen y presencia de la potencia emergente de América del Sur y a cierto reconocimiento de su papel internacional en ascenso que a un cuestionamiento efectivo a la tradicional hegemonía de Estados Unidos en la región.
War by proxy y matanzas de Grand Ravine
En este contexto, a partir del golpe contra Aristide, se comenzó a implementar una guerra de proximidad (o «war by proxy»), que consiste en golpear y reprimir a las zonas y personas cercanas a los objetivos reales para desarticular su entorno social y físico. Se ejecutaron una serie de asesinatos, conocidos como Gran masacre en contra de inocentes partidarios de Aristide y ciudadanos comunes por la policía haitiana que estaba bajo el mando de Carlo Lochard e influida por los grupos paramilitares conocidos como Lame Timanchet («ejército del pequeño machete»). Estos grupos podían actuar sin obstáculos gracias a las autoridades en el poder después del golpe de 2004 y, según muchos observadores, incluso gracias a la indiferencia y la apatía inicial de la MINUSTAH. El 20 de agosto 2005 cincuenta personas sospechadas de pertenecer a los militantes del partido Fanmi Lavalas fueron masacrados en el estadio Martissant de Port-au-Prince durante un espectáculo al que asistían cerca de 50 mil espectadores. Muchas víctimas fueron asesinadas sólo porque trataban de escapar sin que se conociera su afiliación política: era una advertencia terrible y generalizada dirigida a todos. Al día siguiente, también cinco pobladores del barrio capitalino de Grand Ravine fueron quemadas en sus hogares (http://www.haitianalysis.com/
En las semanas siguientes, a raíz de los informes y contactos directos con los dirigentes de la MINUSTAH, establecidos por parte de las organizaciones que, contrariamente a lo que ocurre con la mayoría de las instituciones oficiales del estado haitiano, tienen altos niveles de autonomía en el área, tales como el AUMOHD Haití (Asociación de Unidades Motivadas por una Haití de los Derechos) y Hurah-Inc (Acompañamiento para los Derechos Humanos en Haití), un destacamento de cascos azules comenzó a patrullar el barrio y las casas de militantes. Se defendieron, en especial, los considerados como «de alto riesgo de agresión». Mientras tanto, los abogados de AUMOHD organizaban reuniones en el distrito entre las facciones rivales de los grupos armados para proponer un diálogo pacífico y una reconciliación (http://aumohddwamoun.
La MINUSTAH en Cité Soleil y las tropas extranjeras en Haití
Los cascos azules han tenido un papel contradictorio desde el principio y han sido acusados de numerosos asesinatos y violaciones de los derechos humanos que fueron, en gran medida, admitidos por el ex comandante brasileño en cargo en Haití, el general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, en 2005, cuando declaró que la MINUSTAH recibió la presión de países como Francia, Estados Unidos y Canadá para hacer un mayor uso de la violencia contra algunos supuestos grupos de delincuentes que, según sus informaciones, dominaban completamente los suburbios de la capital como, por ejemplo, el más pobre de todos, Cité Soleil.
Efectivamente, a finales de 2006, el presidente René Preval concedió expresamente a los militares de las Naciones Unidas la libertad de llevar a cabo tareas policiales y de inteligencia en los barrios pobres, sobre todo en Cité Soleil, uno de los bastiones políticos de Aristide, en contra de bandas y grupos no del todo identificados. En estos operativos, se cometieron muchos errores y confusiones entre los delincuentes comunes, los activistas políticos y los simples habitantes de los barrios, debido a la aproximativa y rápida elaboración de «listas negras» que se utilizaron como guía para las operaciones. Unos elementos de estas «bandas» o presuntas mafias, fueron identificados, de hecho, como parte de los grupos de ciudadanos auto-organizados vinculados al ex presidente en el exilio, Aristide. Aunque fue clara también la presencia de ciertos grupos de delincuentes «reales» en los distritos, los métodos represivos utilizados por la MINUSTAH, cuyos soldados avanzaban con armas pesadas, cañonazos y tanques como en verdaderas operaciones de guerra, cobraron la vida de decenas de inocentes, conmocionaron a toda la población aniquilando cualquier capacidad futura de organización civil. Además, siguieron alimentando el mito de una ciudad y de un pueblo violento, incivil y salvaje que necesitan a los ejércitos extranjeros para sobrevivir.
El mito de la violencia y conclusiones
Este mito ha sido reelaborado después del terremoto por los medios de comunicación y los líderes militares extranjeros, especialmente estadounidenses, para justificar el envío de cantidades masivas de vehículos pesados y hombres armados, mientras que, en realidad, Puerto Príncipe no es más peligrosa que otras grandes ciudades de América Latina; al contrario, la gente ha sabido vivir y operar en un modo relativamente pacífico y ordenado, a pesar de la inmensa tragedia que le ha caído encima. Y es que muchas veces la violencia política y social arranca por la acción de grupos fomentados desde el exterior, o bien, por intereses particulares de grupos de poder que, en el país más pobre del hemisferio occidental, compran con poco el consenso y la voluntad de los millones de «nadie» que, en Haití, sobreviven en su trágico día a día. A la luz de todo eso, los haitianos se han preguntado durante meses y meses por qué la ayuda humanitaria fue acompañada por un gran número de efectivos de los marinos y del ejército de Estados Unidos (veintidós mil soldados enviados en enero, cifra que se redujo a 13 mil unidades en abril de 2010), por la policía francesa, e incluso por los carabineros y militares italianos y de muchas naciones más. Todo eso cuando ya existe una fuerza internacional de policía que se llama MINUSTAH.
Es notable como, en el momento en que se deben tomar las decisiones económicas y políticas verdaderamente relevantes para el destino del país y se deben enfrentar las cuestiones estratégicas sobre el uso de los recursos proporcionados por actores y gobiernos externos, involucrados en el tablero haitiano desde hace décadas o siglos, además que por los organismos internacionales que ellos mismos controlan, entran en juego otras lógicas de poder. Éstas van más allá de la presencia, del control y de las funciones asignadas oficialmente a los organismos multilaterales como la ONU y su «brazo armado», la MINUSTAH, y en los hechos se circunscribe la esfera de decisiones sólo a los interlocutores más influyentes por su hard power (poder duro de tipo militar y económico) desplegado sobre el territorio.
Por último destacamos una iniciativa muy importante y efectiva para poder apoyar al pueblo haitiano a través de la asociación italiana Scuola di Pace (http://www.lascuoladipace.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.