Los carteles de la droga mexicanos están reclutando a niños que utilizan como ‘halcones’ (vigías) y a quienes pagan unos 1,500 pesos semanales (120 dólares), denunció el obispo de Saltillo y premio Rafto de derechos humanos en Noruega, Raúl Vera, el jueves 14 de julio de 2011. «Están reclutando niños porque los están usando de […]
Los carteles de la droga mexicanos están reclutando a niños que utilizan como ‘halcones’ (vigías) y a quienes pagan unos 1,500 pesos semanales (120 dólares), denunció el obispo de Saltillo y premio Rafto de derechos humanos en Noruega, Raúl Vera, el jueves 14 de julio de 2011. «Están reclutando niños porque los están usando de halcones. Ya hay muchos pequeños que nada más están parados en las esquinas informando», señaló Vera en la entrevista a La Jornada. Vera dijo que en general se trata de varones de 12 años o menos. Son «cientos de niños y niñas que tienen un futuro incierto y no pocos de ellos y ellas son reclutados por esas bandas», agregó.
El Obispo de Saltillo (norte), la capital del estado de Coahuila, también señaló un aumento de los homicidios en esa región con 300 casos en 2011 y 185 denuncias de desaparecidos en los últimos años. Coahuila es uno de los seis estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos. Allí se concentra la mayoría de los más de 41,000 asesinatos vinculados con el narcotráfico que han ocurrido en México desde el lanzamiento de una ofensiva militar antidrogas a finales de 2006, según el último balance oficial más posteriores conteos de prensa.
Solicitudes de Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el día 4 de febrero de 2011, la vulnerabilidad y desprotección que padecen los niños y adolescentes mexicanos en el marco de la «guerra» contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno de Felipe Calderón. Por primera ocasión, el organismo internacional se pronunció al respecto a través del Comité de los Derechos del Niño, que evaluó el cumplimiento de México sobre el Protocolo de Participación de Niños y Niñas en Conflictos Armados.
En un comunicado, previo a las conclusiones del organismo próximas a publicarse, el Comité de ONU «expresó su gran preocupación por el elevado número de niños víctimas (unos mil niños muertos en los últimos cuatro años) como resultado de la lucha del Ejército contra la delincuencia organizada, violaciones de los derechos del niño y la ausencia de investigación de los delitos perpetrados por personal militar». El Comité evaluó el cumplimiento del Protocolo a partir de información que le remitieron organizaciones civiles de México y el propio Gobierno de Calderón durante una audiencia pública celebrada el lunes 31 de enero en Ginebra, Suiza. En esa audiencia, el Gobierno mexicano presentó un informe sobre las medidas de protección aplicadas contra la venta de menores, prostitución y pornografía infantil, así como para evitar su participación en conflictos armados. La delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, rechazó que en México exista un conflicto armado y que menores participen en grupos de la delincuencia organizada.
Por su parte, un colectivo de ONG entregó al Comité de la ONU información sobre la participación de entre 25 mil y 30 mil adolescentes en la llamada «guerra» contra el narcotráfico. Incluso el conflicto ya ha cobrado la vida de 35 mil personas de diciembre de 2006 a la fecha, denunció Juan Martín Pérez García, miembro de uno de los organismos civiles que estuvieron presentes en la reunión de Ginebra. Según el documento «Infancia y conflicto armado en México», elaborado por la Red para los Derechos de la Infancia en México (Redir), el narcotráfico utiliza a los menores de 12 años como vigilantes o «halcones», mientras que a los de 12 a 15 años los emplea en el traslado de droga.
Los de 16 años en adelante, alerta, ya empiezan a ser contratados como sicarios, mientras que a las niñas las emplean como empaquetadoras de droga. Según el estudio de Redir, «actualmente 35 mil niños y jóvenes operan con pandillas trasnacionales como la Mara Salvatrucha y Los Zetas, mientras que la M-18, que opera en conjunto con el cártel de Sinaloa, enrola alrededor de 8 mil niños y jóvenes». Por esas razones, la ONU también consideró preocupante que México carezca de información sobre el uso de niños por grupos no estatales armados, y por tanto el que no haya asumido acciones para impedir el reclutamiento de niños por parte de grupos no estatales. «El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que no haya niños que fueron reclutados por grupos armados no estatales, incluyendo la identificación y seguimiento de los diversos grupos armados no estatales en el país, incluidos los grupos paramilitares, grupos de delincuencia organizada y las empresas de seguridad», aclaró. Más aún, exteriorizó su preocupación por el hecho de que estudiantes de las escuelas militares hubiese tomado parte en la lucha contra el narcotráfico, al participar en la búsqueda y destrucción de drogas en acciones que ponen en riesgo su vida, como documentó la Red por los Derechos de la Infancia.
México admitió que el servicio militar obligatorio es posible para jóvenes de 16 y 17 años de manera estrictamente voluntaria y con el consentimiento del padre o tutor, pero en ningún caso pueden ser incorporados como activos para funciones militares.
En medio de esta controversia entre las versiones del gobierno y de las ONG, la paraguaya Rosa María Ortiz, experta de este Comité de Naciones Unidas y relatora para la comparecencia de México, solicitó al gobierno mexicano regulaciones claras para actuar y mecanismos de monitoreo, de control y sanción efectivas en todo el país que eviten la impunidad de los crímenes contra los niños. Ortiz pidió el esclarecimiento, por ejemplo, del caso de los 25 niños desaparecidos que estaban a cargo de la Iglesia Restaurada, o los siete pequeños también desaparecidos del hogar Casitas del Sur. México debería garantizar un sistema penal que no criminalice a los niños o niñas por la violencia que se ejerce contra ellos, incluida la violencia estatal y no sólo la del crimen organizado, concluyó Ortiz, integrante de este comité, en declaración a «La Jornada» (http://www.jornada.unam.mx/2011/02/01/politica/009n1pol).
Polémicas en Bolivia entre Iglesia y Gobierno
En meses pasados el arzobispo de Cochabamba (Bolivia), monseñor Tito Solari SDB había denunciado el uso de niños por parte del narcotráfico en la región del Chapare, hecho que despertó duras críticas de parte de dirigentes cocaleros y autoridades del gobierno. Solari denunció en noviembre que en un viaje por las poblaciones de Villa Tunari, Chipiriri, Isinuta y zonas del parque Isiboro Sécure, constató que jóvenes comercializan droga entre los turistas. «Pasajeros que vienen de Santa Cruz, que vienen y quieren comprar naranja o mandarina; llegan chicos a ofrecer cocaína, bolsas de cocaína. Este es el asunto que nos preocupa», dijo el prelado, jefe de la Iglesia Católica en la ciudad de Cochabamba.
La Conferencia Episcopal Boliviana respaldó a monseñor Tito Solari. El secretario General de la CEB Oscar Aparicio señaló que la «intención» de Solari no fue «sentar una denuncia, ni criticar y menos atacar a nadie», sino hacerse eco de la inquietud de agentes de la pastoral, educadores, padres de familia y jóvenes, «por la grave amenaza del narcotráfico en el Chapare». «Expresar una preocupación como pastor basada en su propia experiencia y en testimonios de los propios pobladores no implica presentar pruebas tal como se le pide, pues ésa es tarea de las autoridades responsables», remarcó. Aseguró que las palabras de Solari «no hieren a nadie», sino buscan defender la integridad y dignidad de las personas, principalmente de los jóvenes, «expresando pena y dolor por aquéllos que se ven inducidos a esa actividad ilícita». «Las reacciones exageradas, posturas intransigentes y actitudes intolerantes no nos llevarán a la búsqueda serena de soluciones profundas y verdaderas ante ese problema», advirtió Aparicio. Informó que la Iglesia Católica se solidariza con Solari, por ser un obispo «identificado con su pueblo y conocedor de los males que le aquejan, por su presencia y contacto con la gente, día a día, a lo largo de décadas de servicio y que alza su voz de alerta, porque está en juego la integridad física y espiritual de tantos niños y jóvenes».
Propuestas políticas alternativas
El presidente Evo Morales admitió que el narcotráfico se extendió y tiene presencia en todo el país, a consecuencia de desvío de la coca producida por los Yungas y el Chapare a esa actividad ilícita. «El narcotráfico está en todo el mundo, está en todo Bolivia lamentablemente», declaró Morales al aceptar que como gobierno cuesta entender cómo algunos productores de coca no comparten esa su preocupación y por el contrario le piden habilitar más catos de coca. Señaló que lamentablemente una parte de la hoja de coca se desvía al narcotráfico porque hay un mercado ilegal que generan los países del occidente, por lo cual demandó corresponsabilidad.
Sin embargo, Morales defendió los resultados de la lucha contra el narcotráfico que implicó la erradicación de más de 8000 hectáreas de coca ilegales, en el marco de una política concertada y sin violación de los derechos humanos. Hay que resaltar que importantes ONG internacionales como Transnational Institute TNI de Ámsterdam y WOLA de Washington, y declaraciones del Parlamento Europeo, destacan la lucha en contra del narcotráfico del Gobierno de Bolivia y buscan importantes alternativas y propuestas desde el principio de la «autodeterminación de los pueblos» para incidir en las causas estructurales (ver al respecto nota: http://www.druglawreform.info/es/sala-de-prensa/ultimas-noticias/item/1136-bolivia-lucha-en-contra-del-narcotrafico).
El día 15 de diciembre 2004, a Estrasburgo, la sesión plenaria del Parlamento Europeo aprobó el informe Catania sobre la nueva estrategia de drogas de la UE. El Europarlamentario italiano Giusto Catania (2004-2009), relator de este informe, destaca que » la estrategia de drogas de la UE ha sido un fracaso. La reducción de daño y perjuicios debe ser el elemento clave de las políticas de drogas (se establece la reducción de daño como base y no como suplemento de la política de drogas). Se debe apoyar a la investigación del uso benéfico de canabis, coca y opio (es el comienzo del fin de la prohibición de estas tres plantas, ya que existen estudios de sobra que demuestran sus valores positivos). Se necesita una involucración más concreta de la sociedad civil».
El gobierno de Bolivia notificó formalmente al Secretario General de la ONU su retiro de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (enmendada por el Protocolo de 1972). El retiro se efectuará el 1 de enero de 2012. En ese momento, Bolivia volverá a adherirse a la Convención con una reserva respecto a la hoja de coca y sus usos tradicionales. Bolivia ha dado este paso -el primero en su tipo en la historia de los tratados de control de drogas de la ONU- después de que fuera rechazada su propuesta presentada a principios de este año pidiendo suprimir de la Convención Única la obligación establecida en el Artículo 49 según en la cual, «la masticación de hoja de coca quedará prohibida». Varios países, entre ellos Estados Unidos, se opusieron a esta propuesta.
El Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresan su plena comprensión y apoyan la decisión adoptada por el Gobierno del Morales, que cuenta con la aprobación del poder legislativo boliviano. Tras el rechazo a la modificación propuesta, Bolivia no tuvo otra opción que retirarse de la Convención, dada la necesidad de conciliar la nueva Constitución de 2009 del país con sus obligaciones adquiridas en virtud de los tratados internacionales. La Constitución permite un margen de cuatro años durante el cual el Gobierno «denunciará y, en tal caso, renegociará los tratados internacionales que puedan ser contrarios a la Constitución».
De acuerdo con la Constitución de 2009: «El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley» (artículo 384). Martin Jelsma, director del programa Drogas y Democracia del TNI, señala: «Las restricciones impuestas por la Convención Única sobre la hoja de coca y sus usos tradicionales, en ausencia de cualquier evidencia de su peligrosidad, fueron un error histórico y una violación de los derechos de los indígenas» (http://www.tni.org/es/article/los-guardianes-de-los-tratados-en-apuros).
Colombia: Nuevas políticas públicas desde la Alcaldía de Medellín
Sin duda la población que más sufre en la guerra entre combos y bandas que se libra en los barrios de Medellín es la infantil.
Después de haber registrado una tasa de homicidios de 381 por 100 mil habitantes en 1991 (el triple de lo que actualmente registra Ciudad Juarez, la más violenta del mundo hoy día) Medellín logró revertir la situación de manera espectacular a punta de inversión social y también gracias a un proceso de reinserción adelantado por el gobierno nacional: para 2004 había alcanzado una tasa históricamente baja de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, situándose por debajo de ciudades como Washington. Las mega-bibliotecas en barrios marginados, los vagones del teleférico recorriendo las comunas por cable aéreo y la inversión en cultura, recreación y deporte se convirtieron en íconos del llamado «Modelo Medellín». Pero un repunte en los índices de violencia durante los últimos años -por ejemplo el asesinato por arma de fuego de 80 niños en lo que va corrido de 2011 y una tasa de homicidios de 45 por cada 100 mil habitantes en 2010- ha revivido el temor de que la violencia pueda volver a los niveles de dos décadas atrás.
El sociólogo Iván Ramírez , coordinador del Observatorio Niñez en Conflicto Armado y Violencia Armada Organizada, de la Corporación Paz y Democracia , destaca que «la historia de Medellín hay que dividirla entre antes y después de la administración del proyecto Compromiso Ciudadano, que encabezó Sergio Fajardo y que continúa hoy con Alonso Salazar. Con estos dos gobiernos ha habido una ruptura importante, a través de un proyecto que ha buscado darle más transparencia a los recursos y dirigir estos recursos un poco más hacia la acción social.
Cada vez hay un uso mayor de niños relacionados con estas prácticas criminales (reclutamiento para transporte de drogas, para trata de personas, explotación sexual). Hoy día, muchas escuelas en Medellín son territorios en disputa por actores armados que no sólo han atacado la escuela sino que han permeado la escuela desde sus intereses criminales.
En Colombia, además de la violencia política, las escuelas viven el acoso y la acción de actores ilegales armados que tienen intereses económicos que se expresan en venta de drogas, uso de niñas para la explotación sexual, circulación de armas. También se usa el actor armado para presionar a las autoridades de la escuela. Hay rectores que actúan con miedo, maestros amenazados, niños amedrentados y esto tiene un impacto fuerte en la desescolarización» (http://www.comunidadesegura.org/es/ARTICULO-medellin-el-desafio-continua).
En un contexto de grave impunidad de caracteriza Colombia, hay que resaltar algunas propuestas y alternativa de la sociedad civil, como por ejemplo los Tribunales Internacionales Eticos.
Ciudad Bolívar, el más grande asentamiento urbano de América Latina ubicado al sur occidente de Bogotá, es víctima de una dura represión y de violaciones constantes a los derechos humanos. Con la presencia de importantes personalidades del mundo reconocidas por la defensa de los derechos humanos, en noviembre de 2006 sesionó el «Tribunal Internacional contra la Impunidad» que revisa, entre otros, los casos de crímenes y desapariciones de Ciudad Bolívar y Cazucá. El Tribunal estaba presidido por el Cardenal Francois Houtart, director del Centro Tricontinental y vicepresidente del Foro Social Mundial, y a él asisten Rachel Warden, representante del Americas Policy Group plataforma de ONGs y sindicatos e intelectuales canadienses; el obispo James Dekker, delegado de las Iglesias Reformadas de Canadá; el señor Christopher Ferguson, encargado de la oficina de Naciones Unidas en Nueva York por parte del Consejo Mundial de Iglesias y Carmen Kardagg, directora de la red mundial de paz para la vida, entre otras personalidades.
El fallo dictado el 25 de noviembre de 2006, en horas de la tarde por el Tribunal Internacional contra la Impunidad, tras analizar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad de Ciudad Bolívar y, en particular, en el barrio Altos de Cazucá del sur occidente de Bogotá, declaró responsables de estos ilícitos al actual gobierno colombiano, a la Unión Europea, al gobierno de los Estados Unidos, a tres multinacionales, a las alcaldías de Bogotá y Soacha y a los organismos de seguridad del Estado.
El Tribunal Internacional fue convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, diversas organizaciones sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá y el Proyecto Justicia y Vida.
El Tribunal, realizado los días 24 y 25 de Noviembre de 2006 en el capitolio, se convocó a raíz de cerca de 600 homicidios, múltiples atropellos de las autoridades, y un sin fin de hechos sistemáticos, reprochados por la comunidad Internacional. Si bien esta decisión no es jurídicamente vinculante, construye opinión pública alrededor de estos graves hechos, ocultados por los medios de comunicación de los monopolios.
Jairo N. Espinosa, analiza que «el día 20 de marzo de 2007 en La Haya ante la Corte Penal Internacional una delegación de parlamentarios y destacados activistas de derechos humanos con el apoyo de importantes personalidades europeas presentaron una denuncia contra el Estado colombiano. Esta incluye documentación necesaria que sustenta los homicidios, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado en los sectores de Cazuca y Ciudad Bolivar en Bogotá, que han sido cometidos en su gran mayoría por militares, paramilitares y policía.
«Los crímenes contra la población de Ciudad Bolívar y Cazucá… constituyen una modalidad de violencia específica ligada a intereses económicos, políticos y militares, nacionales e internacionales». «El Estado es culpable de complicidad por sus acciones directas y no menos por permitir e incentivar las acciones de los paramilitares quienes actúan efectivamente como agentes activos y pasivos de la política del Estado y es culpable de la flagrante situación de impunidad» evidencia el Veredicto del Tribunal Internacional contra la Impunidad – Casos de Ciudad Bolívar y Cazucá – Bogotá, noviembre 25 de 2006. «Tribunal contra la impunidad Ciudad Bolívar y Cazucá», Publicación de Justicia y Vida, Bogotá, Noviembre 2006, pags. 166-167.
La Corporación «Justicia y Vida» representada para el efecto por la Profesora Universitaria LILIA SOLANO, el Abogado Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» y el Senador ALEXANDER LOPEZ, de la bancada del Polo Democrático Alternativo y Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia, tomaran la iniciativa de formular la demanda pertinente reclamando ante la Corte Penal Internacional que, en el ejercicio de sus competencias y en aplicación del Estatuto de Roma, se analice por parte de esa Corte la situación de Colombia, con el fin de sancionar a los responsables.
Relación entre Narcotráfico y violación de los derechos humanos
Las problemática de la vinculación de los niños/as y adolescentes al narcotráfico no se limita a Latinoamérica.
Nápoles (Italia) es, a día de hoy, la ciudad más violenta de la Unión Europea. La camorra, ha asesinado en los últimos treinta años a más de 3.500 personas, más gente que la que murió en las Torres Gemelas. El desempleo en la ciudad ronda el 20%. El abandono escolar alcanza los diez mil jóvenes cada año.
El padre Aniello Manganiello combate a la camorra desde el púlpito y desde la calle; comenta que «los menores son su mano de obra más accesible. Se trata de chicos de 15, 16 o 17 años que, en lugar de estudiar o trabajar, prefieren salir por la noche en bandas para delinquir. Hay un alto porcentaje de muchachos que toma drogas y comete robos y lo que aquí se llama «caballo de retorno». Esta práctica consiste en que te quitan el coche a punta de pistola y luego te piden un rescate para devolvértelo. Nos lo han intentado hacer también a nosotros, pero les hemos dejado claro que no entramos en ese juego ni como sacerdotes ni como ciudadanos. Confiamos en la vía de la legalidad, relata El Tiempo, en su edición del di 15 de marzo de 2008.
En Medellín se ha realizado un interesante intercambio entre el alcalde (y hoy Europarlamentar) Rosario Crocetta (www.rosariocrocetta.com) de Gela (Sicilia), hace poco considerada la capital de los baby killer y el Alcalde de Medellín Alonso Salazar, en noviembre de 2008. Se ha debatido de buenas prácticas de políticas públicas para la prevención del crimen juvenil, en la lucha antimafia, reconociendo la actoria política de la sociedad civil en el dialogo con las instituciones públicas democráticas.
El narcotráfico alimenta la violación sistemática de los derechos humanos, victimizando varios sectores de la sociedad pero no se toma en consideración su impacto violento en los niños/as y adolescentes en situación de calle y reclutados por los grupos armados ilegales.
Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Trabaja en Latinoamérica desde 2001, con experiencias en Perú, Colombia, Ecuador y Brasil.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.