«No aspiramos a ganar las elecciones porque la izquierda en Guatemala está muy golpeada. Se trata de un paso para articular las resistencias a la nueva alianza entre la oligarquía paramilitar anterior con la economía criminal reciente» , explica Mario Godínez, profesor universitario, integrante de MNR (Movimiento Nueva República) que es parte del Frente Amplio […]
«No aspiramos a ganar las elecciones porque la izquierda en Guatemala está muy golpeada. Se trata de un paso para articular las resistencias a la nueva alianza entre la oligarquía paramilitar anterior con la economía criminal reciente» , explica Mario Godínez, profesor universitario, integrante de MNR (Movimiento Nueva República) que es parte del Frente Amplio de organizaciones de izquierda que se formó para las elecciones presidenciales de septiembre.
Godínez piensa que su país puede ser escenario de un golpe de Estado antes de las elecciones de septiembre. Es integrante de la organización ambientalista Ceiba, que viene apoyando a la comunidad en su resistencia a las transnacionales mineras, apoyando sobre todo en el proceso de «consultas comunitarias» en el que más de un millón de personas se han pronunciado contra la mega minería, en las diferentes sesiones a nivel departamental, comunal y cantonal.
En su diálogo explicó lo que entiende por una «recolonización» de la región centroamericana a partir de la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos (Cafta) que, entre otros problemas, vulnera la soberanía alimentaria de los pueblos a través de la «ayuda alimentaria» transgénica que llegó a Guatemala con excedentes agrícolas enviados por Washington.
– Los medios informan sobre una creciente militarización de la sociedad guatemalteca con mucha violencia vinculada al narcotráfico.
– Estamos ante un fenómeno de expansión del modelo capitalista por dos vías: el crecimiento del agronegocio sobre todo caña de azúcar y palma africana, y la expansión de la minería que conlleva la privatización del agua. En paralelo el país se convirtió en un corredor del narcotráfico desde el sur hacia Estados Unidos, con una gran disputa territorial en la frontera entre Guatemala y México, lo que genera un escenario muy complejo. Las viejas oligarquías han entrado en alianzas con el narco y con las transnacionales que terminan por anular a un Estado ya de por sí muy débil, tanto en materia de derechos ciudadanos como de la seguridad. Buena parte de la violencia actual es provocada por guardias blancas, ya que tenemos 60 mil efectivos de seguridad privada y 15 mil de policía. La llamada seguridad privada, legal o ilegal, protege en realidad a las mafias en un proceso de re-militarización del país.
– ¿Los acuerdos de paz de 1996 consiguieron frenar la violencia?
– Hubo una reducción entre 1996 y 2006, pero ahora renace un militarismo zonificado en regiones donde abundan los bienes naturales y mega proyectos mineros, lo que nos permite decir que se trata de un militarismo al servicio de las grandes multinacionales.
– ¿Cómo explica el fuerte crecimiento de la violencia asociada al narcotráfico?
– Guatemala vivió una política de genocidio: 440 aldeas arrasadas, miles de desaparecidos y 200 mil muertos. Esa violencia acumulada no la resolvieron los acuerdos de paz. Ahora la seguridad se privatizó en una alianza entre las bandas criminales que actuaron en los años 80, que las integraban jóvenes pagados para destruir al movimiento popular y militares de carácter anticomunista. A esos grupos paramilitares le llamamos guardias blancas. Con los acuerdos, esas bandas no desaparecen y adquieren un poder propio que ahora aparece ligado a pandillas internacionales, las maras, vinculadas a los emigrantes en Estados Unidos y a otros países centroamericanos. Hay una división del trabajo: las pandillas violentas están ligadas a la venta al menudeo de drogas y el tráfico lo organizan los grandes carteles como el de Sinaloa en México, que se han posicionado en Guatemala. El cartel de los Zetas, por ejemplo, está integrado por militares guatemaltecos, grupos de elite como los kaibiles, y también mexicanos. Esos grupos fueron contratados por el cartel para cuidar sus negocios.
– Se refiere al proceso posterior a los acuerdos de paz.
Sí. Lo que sucedió es similar al proceso que vivimos en la década de 1970: los militares no se conformaron con cuidar el orden para la oligarquía y pasaron a formar parte del negocio y para eso tomaron el poder estatal. Ahora grupos como los Zetas ya no quieren seguir dando protección a los narcos sino participar directamente en el negocio. Muchos militares entrenados por Israel durante la guerra interna forman parte de estos carteles, porque cuando se reduce el ejército ellos migran a estos nuevos negocios y también brindan seguridad a los emprendimientos mineros de las multinacionales.
¿Cómo evalúa la resistencia de las comunidades rurales a la megaminería?
Hay una campaña muy fuerte contra la minería a cielo abierto y la expansión petrolera.
En la zona de San Marcos se ha logrado que 30 municipios rechacen la presencia de la minería. La empresa contrató servicios privados de seguridad que no ocultan que son israelíes para acosar a los movimientos. Algo similar sucedió con Unión Fenosa, que tenía vínculos con un cartel para que le hiciera el trabajo sucio. La empresa enfrentó un conflicto muy fuerte con la población que dejó de pagar las facturas, el Frente de Resistencia contra las Transnacionales de San Marcos y a fines del año pasado mueren dos personas asesinadas por bandas armadas vinculadas a la empresa.
¿Usted establece una relación entre el aumento de la violencia y la megaminería?
Creo que estamos a las puertas de algo más grave. El general retirado Otto Pérez Molina con su Partido Patriota tiene grandes posibilidades de ganar las elecciones. Es la contrainsurgencia de los 80 haciendo política en procura de una nueva legislación para la apropiación del agua, lo que anticipa una confrontación muy dura.
¿Cómo se explica el apoyo de la población a la ultraderecha que provocó tantas muertes durante la guerra?
Es consecuencia de un proceso de más de una década. En los últimos cinco años se disparó un proceso de exacerbación de la violencia con ataques a personas que viajan en autobuses, por ejemplo, lo que genera desesperación en la población. El Estado no tiene la menor capacidad de frenar esto porque los policías y militares están detrás de los actos violentos. Pero lo más significativo es que en muchas aldeas y pueblos rurales, donde se cometió genocidio, gana la ultraderecha porque es una estrategia de sobrevivencia cuando no se han podido romper los vínculos de opresión basados en el miedo.
¿Cómo observan el proyecto del Comando Sur de Estados Unidos para intervenir militarmente en la frontera México-Guatemala?
No es algo nuevo sino una variante del Plan Colombia y del Plan Puebla-Panamá, que fueron muy resistidos cuando George W Bush los lanzó. Luego lanzan las misiones Nuevos Horizontes con objetivos humanitarios hacia el años 2000 y en 2003 se produce la firma del cafta. A partir de ese momento Washington pasa a tener armas jurídicas para proteger sus inversiones. En el mismo período se firma un acuerdo militar con los países de la región. Pero con los sucesos de Honduras cambian de estrategia y se produce un giro militarista. Ahora los embajadores estadounidenses intervienen abiertamente en política interior, en Honduras reabren la base de Palmerola y crean una nueva en la Mosquitia y deciden que El Salvador sea un puesto avanzado de Interpol.
La militarización nunca es un objetivo en sí mismo.
Hay un fuerte crecimiento de la resistencia a las multinacionales mineras, tanto por comunidades indígenas como campesinas. Se prevé que en los próximos años habrá un aumento importante de la conflictividad porque los proyectos mineros avanzan sin cesar. En Cabañas, en El Salvador, la población logró detener una explotación minera y el temor que tienen es que eso se generalice. En Guatemala hay 56 municipios que se declararon libres de minería porque la población está dando pasos importantes, porque ahora defienden los recursos naturales como el agua, pero pueden llegar a declararse libres de un Estado que no los representa.
¿Hasta dónde se puede llegar?
Estamos ante una regresión dictatorial aunque haya elecciones. En Guatemala están ensayando formas de proteger las inversiones neutralizando al Estado. Y no son sólo empresas de Estados Unidos, hay muchas canadienses, europeas y chinas, que están incursionado en la zona costera para la extracción de titanio y como posicionamiento geopolítico hacia el Pacífico con la perspectiva de explotar petróleo en el mar.
¿El análisis sobre Guatemala se puede extender a Centroamérica?
Toda Centroamérica es un escenario en disputa por varios actores: grandes empresas multinacionales, la principal potencia militar mundial y las potencias emergentes, los carteles del narcotráfico, estamos en las fauces de una mandíbula gigante. Antes enfrentábamos una represión que sabíamos de dónde venía pero ahora es mucho más delicado porque te puede atacar un cartel del narco por cuenta de una empresa, o esa misma empresa con sus guardias privados o el propio Estado que te criminaliza. Hay 250 dirigentes sociales con orden de captura por defender sus territorios, desde líderes indígenas hasta activistas ambientales.
¿Los gobiernos progresistas de Nicaragua y El Salvador han logrado frenar este proceso?
El problema es que se enfrentan poderes supranacionales. Cuando el sistema financiero colapsó en Guatemala el narco le prestó dinero, y cuando se trata de enfrentar a los sectores populares todos ellos se unen. Hay una alianza de hecho entre las viejas oligarquías modernizadas, que han regionalizado sus capitales y su sistema financiero, con las grandes multinacionales, que impiden que el modelo sea puesto en cuestión porque tienen una gran capacidad de bloquear al sistema político.
¿Qué sentido tiene presentarse a las elecciones en ese contexto?
Es una forma de disputar el poder aunque la izquierda no puede ganar en Guatemala. Es un modo de retomar el contacto con la población que se había perdido en los 90. Hay muchas comunidades que ya hablan de refundar el Estado, a la vez que hay sectores de la burguesía media que también se oponen a este proyecto multinacional. Las consultas comunitarias contra la minería desencadenaron un proceso de resistencias que nos desbordó y se ha generalizado a todo el país. Se está construyendo algo nuevo que está frenando el proyecto transnacional.
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Gobierno desobedece a la Cidh
Las minas no se tocan
El gobierno de Guatemala descartó cerrar las operaciones de una mina de capital canadiense acusada de contaminar en zona de San Marcos, como lo exige un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh).
Sin embargo el viceministro de Energía y Minas, Ricardo Pennington, dijo la prensa que «no hay causal para la suspensión de la mina» Marlin I (subsidiaria de la canadiense Goldcorp). La resolución la tomó el ministerio «después de realizar el procedimiento de suspensión que marca la ley y de todas las consultas para establecer la existencia de causales de suspensión» .
El informe oficial fue expuesto ante la Mesa Técnica de Diálogo que se conformó el año pasado tras una resolución de la cidh que ordenó en mayo de 2010 como medida cautelar el cierre de la mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. La denuncia fue interpuesta por 18 comunidades que alegan haber sufrido problemas de salud a causa de la contaminación.
Según la coordinadora de la Escuela de Pensamiento Ecologista, Magalí Rey Rosa, el dictamen es «una señal de cinismo del gobierno porque un fallo de la cidh se acata y no se discute» .
Datos de la empresa GoldCorp indican que entre 2005 y 2010, período durante el que ha estado operando en Guatemala, obtuvo 1.416 millones de dólares por la venta de oro y plata que extrae en esa zona indígena del país.
Raúl Zibechi. Periodista uruguayo, escritor, responsable por la sección internacional de Brecha.
Fuente: Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es) .