Toda la retórica de la flexsicurity para salvar a los jóvenes, sobre los sacrificios para romper el dualismo del mercado de trabajo, la eliminación de privilegios para extender la protección, toda esta parafernalia se ha revelado una farsa. Palabrería, propaganda, mentiras. Sobre cómo ha sido esta maquinación, llevada a cabo por el gobierno con la […]
Toda la retórica de la flexsicurity para salvar a los jóvenes, sobre los sacrificios para romper el dualismo del mercado de trabajo, la eliminación de privilegios para extender la protección, toda esta parafernalia se ha revelado una farsa. Palabrería, propaganda, mentiras. Sobre cómo ha sido esta maquinación, llevada a cabo por el gobierno con la ayuda del monarca Giorgio Napolitano, que ha ya lanzado un anatema contra los que se atrevan a «romper» la Grande Coalición, dos parecen ser los verdaderos objetivos del ejecutivo. El primero es evidente, referido a la esfera simbólica mediante la cual se construye la reputación de los estados solventes y la credibilidad para los que adquieren su deuda: la criminalización de los sindicatos «rebeldes», de los que pretendan negociar, aunque sea una mínima parte, el precio y las condiciones de vida de la fuerza de trabajo que representan. El estribillo sobre el que se mueve la governance europea, es el de un nuevo «interés general» que va más allá y contra la composición de un pacto social como acuerdo entre partes de intereses contrapuestos. El nuevo pacto social debe ser el resultado de una visión metafísica, casi mística, de la sociedad y su funcionamiento. La política de los sacrificios tiene una larga historia, y una ideología que la sostiene. «Es necesario actuar así, porque es la única salida, porque así se ha decidido». De nada valen las consideraciones contrarias, aquellas que, por ejemplo, discuten la bondad de las recetas de austeridad para afrontar la crisis. Como toda religión [i] , la doctrina del liberalismo sobre la crisis no puede someterse a demasiados exámenes. Una doctrina es una doctrina, y como tal tiene derecho a no ofrecer pruebas de su veracidad. Siempre puede refugiarse en el espacio insondable del «milagro», un umbral este que no es abarcable por el raciocinio sino que solo puede ser proclamado por los Grandes Sacerdotes, los técnicos. Por tanto, como ha recordado en varios ocasiones el otro Mario, el del BCE, «el viejo modelo de welfare europeo» debe dejar paso a otra cosa, algo que gira en torno al rigor fiscal, al equilibrio presupuestario como precepto constitucional, a la idea de que el pago de la deuda, y no el trabajo, es la nueva llave de acceso a la ciudadanía. Para mantener esta fe, dado que no existe ninguna motivación empírica demostrable o ineludible, la deuda pública empieza a ser considerada como deuda per cápita para meter dentro de la cabeza de los «fieles» que todos nos hemos gastado, sin darnos cuenta, esos 32.000 euros que hoy cargamos a las espaldas como «national debt footprint«. Así que el Gobierno trabaja en el mantenimiento de su reputación siendo las enseñanzas de Thatcher y Reagan sus referencias. En este sentido, un acuerdo demasiado armónico, compartido, unánime entre las partes, no habría surtido el mismo efecto. Por tanto, desde el primer momento, el Gobierno, como hacía el anterior ministro Sacconi, trabajaba a conciencia con la CISL y la UIL por un lado y con la CGIL (que tiene dentro a la FIOM) por otro [ii] . El otro objetivo no puede ser declarado públicamente. Se trata, utilizando la flexibilidad de contratación y despido, de abaratar los salarios. Deben disminuir en varios puntos porcentuales, como está sucediendo en toda Europa. Habiendo elegido una vía que no permite la devaluación de la moneda, es necesario crear una devaluación interna, es decir, pagar menos a los trabajadores imponiendo además mayores ritmos y horarios. Los técnicos hacen la «competencia» así, con la vida de los demás: los dividendos de la renta aumentan gracias a la caída del spread, a la reputación, al rigor presupuestario. Así el 1% puede continuar enriqueciéndose mientras el 99% que trabaja tiene la obligación de mantener el sistema, es decir, financiarlo, financiar la renta, a través de su trabajo mal pagado y de una drástica disminución de las otras partes que componen el salario, desde las pensiones al welfare. Pero este objetivo, al cual se debe el ensañamiento contra el artículo 18 [iii] , no puede ser declarado públicamente. El «despido fácil», dentro de un marco general de rescisión de contratos y extensión del modelo Marchionne [iv] , significa nuevas negociaciones, a la baja y con chantaje, empresa por empresa, de la nómina. ¿Cuántos serán los patrones que despedirán por «motivos discriminatorios»?: ninguno. Con el nuevo artículo 18 [v] este es el único caso en que el despido sería improcedente. Sin embargo si la empresa declara dificultades económicas, el coste del despido es mínimo, 24 mensualidades, pronto totalmente cubierto por el ASPI (garantía por el empleo) [vi] , fruto de una contribución impuesta sobre el 50% del salario del empleado. En este momento, renegociar el salario para el empresario será muy simple: o te vas a casa con algo de dinero, que solo te permite seguir pagando los plazos de la hipoteca y poco más (así los bancos no sufren demasiado), o aceptar una reducción salarial. Lo mismo puede decirse de la flexibilidad en la contratación, donde el contrato de aprendizaje ya prevé una retribución reducida por tres años.
¿Hay otras alternativas? Por supuesto, pero la religión liberal no las contempla, más bien las considera una herejía. Si en vez de perseguir el rigor presupuestario , empeñarse en el saneamiento de las cuentas públicas, se afrontase la recesión invirtiendo en investigación, welfare, en la conversión ecosostenible de los modelos productivos, no estaríamos en esta situación. Si en vez de masacrar a Grecia, se decidiera a nivel político que el BCE pudiese transformarse en prestamista de última instancia , proporcionando dinero no a la banca privada sino destinado a mejorar la calidad de la vida social, las cosas podrían ir de otra manera. Ciertamente, significaría construir otra Europa. Una Europa con una constitución común, en la que rescribir una nueva página de la historia de la democracia. En su lugar, gracias a Monti y a quienes lo apoyan, tenemos la actual Europa de la reforma del mercado de trabajo: de único sentido, donde el 99% financia el sistema que garantiza solo al 1%.
traducido por nemoniente https://n-1.cc/pg/blog/read/
Notas:
[i] El capitalismo como religión: misterio de la economía y economía del misterio, John Brown .
http://
[ii] La CGIL es la mayor confederación sindical italiana que en 1950 dio lugar a las escisiones de la democristiana CISL y la socialdemócrata UIL . La FIOM es la organización sindical de los trabajadores metalúrgicos italianos.
[iii] El artículo 18 de la normativa laboral exige al empresario readmitir al trabajador y pagarle una importante indemnización en caso de despido improcedente. Una normativa cuya modificación es prioritaria para Monti que tiene que enfrentarse a las exigencias de los agentes sociales.
[iv] Sergio Marchionne, director ejecutivo de Fiat, condicionó los nuevos planes de inversión en las fábricas de Mirafiore (Turín) y Pomigliano (Nápoles) a la firma de dos convenios laborales de empresa distintos al margen del convenio nacional del metal italiano. Un ataque en toda regla contra el marco de negociación colectiva italiano por parte de la principal empresa del país que promete «crear escuela». Si la ofensiva de Marchionne tiene éxito, muchos analistas consideran inevitable que la ruptura con los convenios nacionales por parte de las empresas se extienda, o que los convenios nacionales se «flexibilicen», o que se vacíen hasta tal punto de contenido, que dejen de tener sentido. El plan de Marchionne tiene otro objetivo no menos importante: marginar de una vez por todas a los «rojos» de la FIOM -federación del metal de la CGIL-, que desde hace tiempo es el sindicato de clase que más molestias le causa a la patronal italiana.
[v] El gobierno italiano de Mario Monti ha adoptado un proyecto de reforma del mercado de trabajo que incluye la reforma del artículo 18 del estatuto de los trabajadores sobre despidos que prohíbe los despidos sin «causas justificadas». El proyecto del gobierno prevé que en caso de despido económico juzgado abusivo, «el empleador solo puede ser condenado a una indemnización» y no a la reintegración del trabajador, contrariamente a lo que ocurre en la actualidad. El nuevo marco del artículo 18 prevé también que en caso de despido disciplinario (falta, absentismo, etc.) sea el juez el que decida entre la reintegración al trabajo o la indemnización. Solo en caso de despido discriminatorio (por ejemplo en el caso de una mujer embarazada o por causas religiosas) se determina la obligación de reintegración del trabajador a su puesto.
[vi] L’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) es una forma de protección prevista por la ministra Elsa Fornero.
Fuente: http://www.globalproject.info/