La propuesta de reformas constitucionales del PP: ¿cambios o ajustes en el Estado-finca?

El presente artículo intenta responder a la cuestión planteada en el título: las reformas a la Constitución guatemalteca vigente, planteadas por el gobierno del Partido Patriota (PP) y de Otto Pérez Molina (OPM), ¿representan verdaderos cambios estructurales o meros reajustes en el sistema dominante?

Para ello, el artículo contiene cuatro apartados. El primero introduce de forma breve algunas definiciones operativas sobre el Estado y la Constitución. El segundo, esboza un retrato de las fuerzas políticas a lo interno del gobierno actual, para comprender quienes impulsan las reformas y con que objetivos. En la tercera parte se presenta un resumen de las reformas propuestas. En la cuarta parte y final se mencionan algunas coyunturas vinculadas a las reformas.

1. Estado y Constitución

Como primer punto, debe aclararse que el Estado no es un sujeto colectivo ni una fuerza política (como lo son, por ejemplo, un partido político, un movimiento social o un gobierno). El Estado no es el gobierno, ni es el conjunto de instituciones y leyes -incluyendo la Constitución- por medio de las cuales se gobierna. En otras palabras, el Estado no es un instrumento neutral que puede usarse para bien o para mal.

A finales del siglo XIX, Engels presentaba una definición bastante sombría del Estado, el cual sería «… la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables». Por lo tanto, «a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril», las clases dominantes crearon «un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del ‘orden’. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado».

Mucho más breve aunque bastante más densa resulta la definición de Gramsci, quien en las primeras décadas del siglo XX presentaba esta formulación: «Estado, en su definición integral = dictadura + hegemonía». Lo que encierra esta formulación en su aparente simplicidad es que la existencia del Estado requiere por supuesto de la explotación y la represión en todas sus formas (dictadura), pero al mismo tiempo requiere de mecanismos que garanticen la aceptación activa o pasiva de la supuesta legitimidad del orden vigente (hegemonía).

En otros textos, Gramsci llama estadolatría o estatolatría a la confusión del Estado con «el gobierno de los funcionarios». Se entiende que esta confusión no se limita al plano del análisis político pues tiene muchas implicaciones en la acción política concreta. La estadolatría es una posición ideológica que restringe la reflexión y la acción política solamente al gobierno, de modo que quedan fuera de la visión toda una serie de acciones y relaciones de poder, dominación, resistencia, represión, lucha, negociación, colaboración, entre otras.

En síntesis, el Estado sería una relación o conjunto complejo de relaciones que abarcan gobierno, población y territorios, pero también las diversas relaciones (ecológicas, productivas, simbólicas, políticas, entre otras) que existen entre dichos tres componentes. Se entiende que estas relaciones comprenden pero no se limitan al aparato de gobierno ni a las leyes. El Estado no está ubicado «aparte» o «por encima» de la sociedad; por el contrario, sociedad y Estado están ligados íntimamente: El Estado nace para controlar las luchas entre distintos grupos, pero también surge de dichas luchas y es al mismo tiempo un campo de nuevas luchas.

Entonces ¿De qué hablamos cuando hablamos del Estado-finca? Se trata de un concepto que intenta reflejar una realidad histórica para el caso de Guatemala. El concepto de Estado-finca se refiere a un Estado construido históricamente por y para velar por los intereses de la oligarquía terrateniente (finqueros). Un Estado que desde su origen y hasta la fecha es gobernado como si fuese una finca, en la cual el finquero y sus capataces deciden sobre la tierra, territorios y recursos, sobre la vida y muerte de los trabajadores.

Si bien los orígenes más obvios del Estado-finca están en las dictaduras liberales de fines del siglo XIX, el Estado-finca tiene claramente sus primeras raíces en la construcción del orden colonial (s. XVI – XIX), y se va configurando a lo largo de los siglos XIX y XX, llegando hasta la fecha, en un entramado de relaciones económicas, socio políticas y simbólicas autoritarias, violentas, patriarcales, racistas, destructoras del ambiente y productoras de hambre y pobreza.

En ese orden de ideas, entendemos por Constitución la norma o ley escrita más alta dentro de un Estado. En otras palabras, una Constitución es el documento o documentos donde se fijan los «principios» y las «reglas del juego» que rigen la relación-Estado. Si bien en teoría, las constituciones pueden ser pactadas o impuestas, en la realidad concreta, todas son impuestas. Esto no excluye la existencia de pactos entre las élites políticas para definir el contenido del texto constitucional (como en el caso de la actual constitución de Guatemala).

Generalmente las constituciones son impuestas a la población por el gobierno, aunque en otros casos pueden ser impuestas al gobierno por una o varias fuerzas políticas. En otros casos, las constituciones pueden ser pactadas entre distintas fuerzas políticas (partidos, gobiernos regionales u otras). Por último, las constituciones también pueden surgir de revoluciones o ser aprobadas «por voluntad popular», es decir por la sociedad o sus representantes directos, generalmente reunidos en asambleas.

Desde esa perspectiva la principal función de las constituciones es ser instrumentos de dominación que establecen por escrito, precisamente las reglas de dicha dominación en el plano político-institucional. Sin embargo, las constituciones también pueden verse, desde otro punto de vista igualmente válido, como instrumentos para fijar límites al poder estatal. Para el tema que nos ocupa -la propuesta de reformas constitucionales del Partido Patriota y Otto Pérez Molina- conviene tener en mente ambos puntos de vista.

2. El Gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota.

Como se indicó, en este apartado se intenta esbozar un retrato de las fuerzas políticas que conviven -y en algunos casos se enfrentan- a lo interno del gobierno actual, a fin de comprender mejor que grupos impulsan las reformas constitucionales y que grupos las bloquean tanto dentro como fuera del gobierno, así como los intereses y motivaciones de ambos.

En primer lugar, debe quedar claro que a pesar de que el gobierno actual está formado en gran parte por militares y ex militares de la élite contrainsurgente, como el mismo presidente Pérez, no se trata de un dictadura militar (al menos no de una dictadura militar como la que marcó la segunda mitad del siglo XX en Guatemala). Utilizando los conceptos de Gramsci, podríamos decir que mientras dicha dictadura militar era «hegemonía acorazada de coerción», en la actualidad, la coerción está recubierta de hegemonía (aunque ambas siguen existiendo).

Desde el punto de vista de sus acciones y discurso, el gobierno actual es decididamente neoliberal, toda vez que implementa y da continuidad a las políticas económicas de gobiernos anteriores con la misma ideología. Por otro lado, también podría definirse como un gobierno de centro-derecha, no por su ideología, sino por su conformación interna, en la cual coexisten grupos de derecha y ultra derecha (militares activos, ex militares y empresarios próximos al G-8), así como un pequeño grupo de funcionarios de centro izquierda.

Según análisis recientes, el gobierno actual está formado por al menos cuatro grupos: 1) Los «Operadores», es el grupo más cercano al ejército y al presidente. Ocupan puestos en los temas de inteligencia y seguridad, algunos programas sociales y gestión de los Acuerdos de Paz. 2) Grupo «Baldetti». La vicepresidenta no es necesariamente su líder, aunque sí su cabeza visible y su vocera. Se trata de empresarios y ex militares de línea más dura que los «Operadores», posicionados en las municipalidades ganadas por el PP, el Congreso, algunos fondos sociales y casi todos los Ministerios, además de las múltiples dependencias de la vicepresidencia.

En cuanto a los otros dos grupos, estos serían: 3) Grupo «Empresarios», funcionarios vinculados directamente con el G8 -las ocho familias oligarcas más ricas-, con las poderosas cámaras empresariales y con los los militares. 4) Grupo «Izquierda» el menos numeroso de los cuatro. Sus miembros provienen del movimiento social, de ONG’s de derechos humanos y centros de investigación. Si bien están posicionados estratégicamente, no cuentan con cuotas de poder y decisión significativas. Sobre todo son utilizados por el gobierno en las negociaciones con fuerzas políticas como el movimiento campesino y el movimiento indígena.

En síntesis, el gobierno actual si bien maneja cierto populismo nacionalista de derecha, se aleja decididamente del discurso «social» utilizado por el también populista gobierno de la UNE (2008-2011), y utiliza un discurso abiertamente neoliberal, similar al de los gobiernos del PAN (1996-1999) y la GANA (2004-2007). En todo caso, es un gobierno que -al igual que los anteriores- le apuesta a la continuidad del sistema capitalista y a la profundización del modelo capitalista, en su fase neoliberal-extractiva.

Aún teniendo como uno de sus pilares centrales una política de seguridad de corte autoritario y contrainsurgente, la misma está dirigida sobre todo a brindar seguridad a la inversión privada y a la propiedad privada. El gobierno actual no es solamente de un «sirviente» de la oligarquía y las corporaciones, sino un «socio» en igualdad de condiciones, que también defiende sus propios intereses económicos y políticos. En otras palabras, no es solamente el «capataz» del Estado-finca, sino su «co dueño».

3. El camino de las reformas

Como ya se indicó, la lógica interna de las reformas constitucionales propuestas por el presidente Pérez Molina, va en la línea de profundizar el sistema capitalista (vía competitividad, apertura a la inversión externa, proyectos e industrias extractivas), al mismo tiempo que asegura su propios intereses políticos y atiende los intereses económicos de sus socios actuales y potenciales (financistas, grupos empresariales, otros).

Sin embargo, está claro que las propuestas de reforma no provienen solamente del grupo que hemos denominado «Operadores»; por el contrario, en los textos se evidencian negociaciones entre los cuatro grupos que conforman en gobierno. Por ejemplo, en la sección de seguridad y justicia puede verse la influencia de los tres grupos de derecha, mientras en la sección fiscal (hoy desaparecida) se evidenciaban los intereses del grupo de «Izquierda», preocupado por dotar al gobierno de fondos para cumplir al menos con algunas políticas sociales.

El producto de estas negociaciones internas fue el paquete original de 55 reformas anunciado a inicios del presente año, al cual se opusieron frontalmente grupos y fuerzas políticas muy diversos. Por ejemplo, los grupos campesinos e indígenas (Marcha Indígena y Campesina, 48 Cantones, Plataforma Agraria, entre muchos otros) se opusieron a las reformas con tendencia a la militarización de la seguridad, mientras los grupos empresariales se opusieron a los artículos referidos al tema fiscal, a los derechos de los pueblos indígenas o a la participación estatal en proyectos extractivos.

De ese modo, la propuesta original de 55 cambios a la Constitución presentada en marzo, se redujo a 49 y luego a 47 para el mes de junio, llegando a la propuesta final de 35 cambios entre agosto y septiembre. Como era de suponerse, la mayor parte de los cambios que se conservaron son en el tema de seguridad (21 de 35 artículos), mientras otros como la participación estatal de hasta un 40% en actividades extractivas desaparecieron por completo, y el terma de los derechos colectivos de los pueblos indígenas se van difuminando cada vez más.

Por ejemplo, la propuesta original declaraba los idiomas mayas como oficiales (al igual que el castellano), mientras la propuesta actual solo insinúa dicha posibilidad para casos particulares. Asimismo, si bien se mantienen algunos otros artículos referidos al tema, su redacción ha cambiado tanto y se ha tornado tan conservadora, que francamente daría lo mismo conservar intactos los paternalistas y folcloristas artículos de la Constitución vigente.

En el tema de justicia, si bien se otorga un mayor nivel de autonomía administrativa al Organismo Judicial, también se aumenta el poder e injerencia del presidente en el poder judicial. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral queda sujeto a la Corte de Constitucionalidad y ésta al Organismo Judicial. En el tema de seguridad se conservaron los artículos referidos al papel del Ejército en la seguridad interna, su «fusión» con la Policía (en el mismo capítulo de la Constitución) y las prebendas para oficiales.

Aunque las reformas propuestas le apuestan al fortalecimiento del Estado, no lo hacen en los aspectos sociales como el acceso a salud, educación, alimentación o tierra, ni en la ampliación de los derechos humanos, sino únicamente en las funciones de seguridad (militarizada), impulso a la inversión privada y transparencia estatal en el manejo de fondos. Ene se sentido, el combate a la corrupción se enfoca solamente en el gobierno, como si este problema no tuviera también raíces en el sector privado.

Por otro lado, en la propuesta actual de reformas, los Acuerdos de Paz son ignorados o interpretados en clave conservadora -como el Acuerdo sobre Identidad y Derechos Indígenas, el Acuerdo sobre el papel del Ejército y el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales-. La democracia y los derechos humanos no son ampliados sino restringidos, se continúa en la línea de fortalecer los derechos individuales, sin desarrollar los derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, el territorio y recursos naturales o el derecho a la participación y a la consulta previa, libre e informada, son ignorados por completo.

Las reformas propuestas tampoco toman en cuenta el derecho a las formas propias de organización política y administración de justicia, mucho menos los temas agrario o ambiental. Ni siquiera se tomaron en cuenta las añejas promesas contenidas en la Constitución vigente desde 1985, como la emisión de una Ley de Aguas (art.127) y de una Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (art. 70). Por supuesto, tampoco se toman en cuenta los cambios requeridos por el Convenio 169 de la OIT (1989, ratificado por Guatemala en 1996) y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

Las reformas actuales dejan intactos los artículos referidos a la explotación del agua y otros bienes naturales, y ni siquiera se plantea resolver las contradicciones entre los artículos vigentes (arts. 121, 125, 126), contradicciones tan «bien» aprovechadas por las empresas mineras, petroleras y agroindustriales para saquear la naturaleza en beneficio propio. Por supuesto, las reformas ni siquiera contemplan el brindarle apoyo constitucional a la emisión de una Ley de Desarrollo Rural Integral o a un Código Agrario. En resumen, los 35 artículos que finalmente quedaron no representan verdaderos cambios estructurales, sino meros reajustes a la maquinaria del Estado-finca (especialmente en lo relativo a seguridad).

En conjunto, la propuesta actual de reformas fortalece el modelo económico dominante. Al darle prioridad al «Estado de derecho», la seguridad y la inversión privada, en realidad se están poniendo en riesgo los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos -y de la población en general-, así como sus territorios y los bienes naturales o bienes comunes (agua, bosque, biodiversidad, entre otros).

4. Epílogo

Podría decirse que a lo largo del año, los grupos dominantes han representado una obra de teatro con el tema de las reformas constitucionales, solo que aún no está claro si se trata de una comedia o una tragedia. Si bien durante el primer semestre se da cierto nivel de pugna entre las élites económicas y el gobierno -sobre todo en relación a los artículos referidos a derechos de los pueblos indígenas y actividades extractivas-, al iniciarse el segundo semestre se dan reuniones y se emiten comunicados conciliadores de ambas partes.

A la altura de Septiembre se eliminan los artículos que molestaban a las élites económicas y las reformas siguen su camino. Llegado ese momento, el sector privado ya no siguió oponiéndose a las reformas, toda vez que las última versión de las mismas se concentraba solamente en el tema de seguridad. Sin embargo, precisamente por eso, las organizaciones sociales, en especial aunque no únicamente, las organizaciones indígenas y campesinas, continuaron con su oposición.

A inicios del mes de Octubre, el Consejo de los 48 Cantones de Totonicapán realiza la toma pacífica de una carretera como medida de protesta ante varios problemas que afectan a la población, entre ellos los cobros excesivos del servicio eléctrico, los ensayos de privatización de la educación y la propuesta de reformas constitucionales. El Consejo de los 48 Cantones de Totonicapán es un verdadero gobierno autónomo maya k’iche’, que sin embargo no es reconocido por el Estado ni por la Constitución guatemalteca.

El día 4 de Octubre, mientras en la Ciudad de Guatemala, el presidente hacía esperar a los líderes muchas horas sin recibirlos, los manifestantes en Totonicapán fueron atacados por el Ejército, con un saldo de nueve muertos y varias decenas de heridos.

Si bien se dieron numerosas posiciones en contra y a favor de los 48 Cantones, así como en contra y a favor de la actuación represiva del gobierno, los análisis se centraron en los hechos de ese día, y pocos recordaron que entre las causas de la protesta estaban precisamente las reformas constitucionales. De hecho, la represión que se vivió en Totonicapán la tarde del 4 de Octubre es una muestra clara de lo que le espera a Guatemala si las reformas son aprobadas (defensa de las inversiones privadas, militarización de la seguridad).

A mediados del mismo mes un terremoto sacude el Altiplano de Guatemala, provocando daños serios en muchos lugares, especialmente en los departamentos de San Marcos, Sololá y Totonicapán. Como en otras ocasiones, el desastre fue rápidamente utilizado por el sector privado para obtener ganancias disfrazadas de caridad y solidaridad, y por el gobierno para emprender negocios con la reconstrucción, pero no la reconstrucción de los lugares dañados por el terremoto, sino la reconstrucción de su imagen, sumamente desgastada por la masacre de Totonicapán.

Por último, en el mes de Noviembre, el gobierno anuncia que suspenderá las reformas para enfocarse en la reconstrucción de San Marcos y Sololá. Esta maniobra fue interpretada por varios analistas como una salida elegante para evitar una derrota en el tema de las reformas. Sin embargo, el tema no fue olvidado sino postergado por el gobierno, posiblemente para replantearlo durante el año entrante.

Un tema que ha ocupado el debate en los medios de comunicación social las últimas semanas ha sido el de la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, tema por el cual vienen luchando las organizaciones indígenas y campesinas desde hace por lo menos doce años. Como era de esperarse, el CACIF, la CAMCG y la CAMAGRO vuelven a oponerse, atemorizados ante el supuesto «peligro» de una reforma agraria.

Por el momento, una reforma agraria solo puede tomar cuerpo en las peores pesadillas de la oligarquía y los grupos corporativos, pero no en la realidad concreta. De nada han servido las constantes aclaraciones del gobierno al respecto, ni sus hermosas frases en defensa de la propiedad privada y el Estado de derecho. Una vez más la correlación de fuerzas demuestra quien gobierna realmente el Estado-finca, y parece casi imposible que la Ley de Desarrollo Rural Integral sea aprobada.

Al igual que un mes antes contra la población de Totonicapán, los gritos de «terroristas!!» «comunistas!!» no se hicieron esperar, y las cámaras empresariales denunciaron en los medios de comunicación social las «posiciones retrógradas» de las organizaciones campesinas e indígenas, sin darse cuenta de lo retrógrada, reaccionaria, racista y fascista de su propia posición.

Al mismo tiempo -por si no quedó suficientemente claro quien manda en el Estado-finca- parece cosa segura la aprobación de las reformas a la Ley de Minería, las cuales solo se refieren a procedimientos administrativos que facilitan las cosas a las empresas mineras, pero no incluyen ni por asomo el tema de las consultas (o al menos reparaciones) a las comunidades afectadas por la extracción. Tampoco se incluyen reformas referidas a la protección del ambiente, por lo que las mineras siguen teniendo permiso para explotar y envenenar enormes cantidades de agua, además de contaminar el suelo, subsuelo y el aire.

En resumen, un panorama desolador para los pueblos y organizaciones en lucha. Y sin embargo, la lucha sigue. Día con día las comunidades y organizaciones en resistencia siguen demostrando que la democracia no es propiedad privada ni le pertenece solamente al gobierno. Día con día organizaciones y comunidades siguen defendiendo los territorios, los bienes naturales y la vida. Sin importar lo que digan los voceros del gobierno y las empresas, la defensa de la vida no es un crimen ni es terrorismo.

Camilo Salvadó del Equipo PICTA

Fuente: http://avancso.codigosur.net/leer.php/3317159