Existe segregación cuando se concentra en un mismo lugar gente con las mismas características, ya sean por condiciones sociales, económicas, religiosas, de género, etc. Cuando existe mezcla social la segregación disminuye. La segregación tiene mucha dificultades y consecuencias como la movilidad social y aumenta las brechas en la capacidad de ingreso. Si hay malas escuelas […]
Existe segregación cuando se concentra en un mismo lugar gente con las mismas características, ya sean por condiciones sociales, económicas, religiosas, de género, etc. Cuando existe mezcla social la segregación disminuye. La segregación tiene mucha dificultades y consecuencias como la movilidad social y aumenta las brechas en la capacidad de ingreso. Si hay malas escuelas en los barrios pobres, los resultados de los estudiantes no serán buenos, es decir, su competitividad es menor comparada con la que tienen los menores con alta calidad en la educación. Lo ideal de la no segregación es que los niños ricos y pobres estudien en el mismo lugar.
Este artículo analiza la lucha en contra de la segregación y del apartheid social que están liderando las ciudades de Bogotá y Quito.
«Toda la parte sur-occidental de la ciudad, como Bosa, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe son casos complejos donde la segregación es muy marcada; son zonas muy deprimidas, sin salud, educación, servicios insuficientes, etc., que pueden disminuir su nivel de segregación con el acceso a nuevos equipamientos, vías y el mejoramiento de las viviendas, lo cual aumentaría el nivel de calidad de vida».
Así lo aseguró el Secretario Distrital de Planeación SDP, Gerardo Ardila, durante su intervención en el Seminario «Bogotá, una ciudad que lucha contra la segregación», realizado el pasado 14 de agosto en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
De acuerdo con el estudio Segregación Socioeconómica en el Espacio Urbano de Bogotá 2008-2011, presentado durante el Seminario, realizado por la Secretaría Distrital de Planeación y la Universidad Nacional de Colombia, Bosa es la localidad más segregada y Teusaquillo cuenta con las mejores condiciones urbanas de vida. Esta es la caracterización de estas dos localidades.
Bosa cuenta con difíciles condiciones urbanas de entorno (inseguridad, problemas de accesibilidad), ambientales (malos olores, generación y manejo inadecuado de basuras). En la localidad de Teusaquillo, por el contrario, los hogares cuentan con altos ingresos en su mayoría y las condiciones socioeconómicas del hogar son más favorables.
Es una de las localidades con mayor densidad de población, hogares con alta proporción de niños y bajo nivel educativo). Teusaquillo cuenta con buenas dotaciones de bienes públicos y equipamientos. En toda la localidad se distribuyen colegios, universidades, centros de salud, jardines infantiles, etc.
Presenta hacinamiento y condiciones desfavorables en las viviendas. En general, se presentan altos niveles de capital humano, dados sus niveles de gasto y acceso a la educación. Déficit de equipamientos urbanos (hospitales, CAI, vías, parques). La mayoría de los habitantes mantiene buenas condiciones habitacionales. Restricciones en las condiciones socioeconómicas del hogar (baja capacidad de pago y por tanto bajo consumo).
La segregación por acceso, es decir, la que se relaciona con los bienes y servicios públicos ha disminuido para los estratos bajos en 6% y altos en 16%, es decir, que en promedio la ciudad redujo un 11% esta problemática. Esta información es el resultado del estudio de Segregación Socioeconómica en el Espacio Urbano de Bogotá 2008-2011, realizado por la Secretaría Distrital de Planeación y la Universidad Nacional de Colombia, en el que se midió la evolución de esta problemática en la ciudad, en comparación con los resultados presentados sobre esta temática para el año 2007.
Las localidades de Teusaquillo, Usaquén, Engativá, Fontibón y Suba registran el menor nivel de segregación. Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Rafael Uribe tienen los mayores porcentajes con esta problemática, de acuerdo con el informe presentado durante el seminario internacional Bogotá, una ciudad que lucha contra la segregación, organizado por la SDP.
Los resultados de la investigación también mostraron que la segregación residencial socioeconómica en Bogotá aumentó un 9%, especialmente en los estratos altos, mientras que en los bajos se mantiene constante en el 2%.
El estudio aplicó medidas de segregación espacial como el Índice de Segregación de Acceso Socioeconómico (SAS), que incluye la dotación de bienes y servicios urbanos como vías y espacios públicos, y el Índice de Segregación Residencial (ISR) que mide los ingresos, gastos, consumo de vivienda y la inversión en capital humano (educación). Estos factores son determinantes para calcular el nivel de segregación en Bogotá.
Existe una fuerte asociación entre la desigualdad del ingreso y la segregación y se determina por medio de una medida estándar internacional llamada GINI, que arroja resultados entre cero y uno. Países con GINI alrededor de 0.3, como Chile, tienen baja segregación, y Bogotá, en el 2011 registró 0.54.
«A pesar de que hemos logrado superar los niveles de pobreza en la ciudad y hemos disminuido el nivel de segregación, Bogotá, comparada con otras ciudades del país, especialmente las intermedias, sigue siendo teniendo niveles muy altos de segregación. Por esta razón, la lucha contra la segregación es el eje fundamental de la Bogotá Humana, todo lo que estamos haciendo de la organización del territorio en torno del agua y el fortalecimiento de lo público apunta directamente a la disminución de esta problemática», concluyó el Secretario de Planeación (1).
«Una ciudad liberal siempre será una ciudad segregada» ha comentado el sociólogo Didier Lapeyronnie, de la Universidad de la Sorbonne-Paris IV, en su análisis comparativo entre la segregación en Bogotá y las banlieu de Paris (2). Al respecto he personalmente escrito un artículo difundido a nivel mundial por «Forum des Alternatives», dirigido por Francois Houtart y Samir Amin (3).
La visita de la Alcaldesa de Lima al Centro de Memoria
Como alcaldesa de Lima esta es su tercera visita en Bogotá. Pero Susana Villaran, ha estado muchas veces en Colombia a la quien dice «tiene en su corazón» ya que de 2002 a 2005 estuvo vinculada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como tal visitó decenas de veces el país estudiando casos de violaciones de derechos humanos que como el de la masacre de Mapiripán la impactaron.
Y en esta ocasión pidió a la administración distrital que por nada del mundo dejaran de incluir en su agenda una visita al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del que ya tenía referencias cuando visitó la capital en noviembre de 2011 invitada por Clara López.
Susana Villarán, primera Alcaldesa de Lima elegida por el voto popular en octubre de 2010 y quien derrotara una revocatoria de su mandato en marzo pasado, quien ha integrado de siempre el campo de la izquierda peruana, ex ministra de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, periodista y socióloga, es una convencida de la necesidad de mantener estos espacio de memoria «para que jamás se vuelvan a repetir los casos de violencia».
Villarán no dejó rincón del Centro de Memoria sin examinar. «Esto es realmente un ejemplo para América Latina y el mundo, porque la belleza arquitectónica y la delicadeza del diseño, los espejos de agua, el monolito que nos lleva a la tierra, invitan al diálogo y se siente que la memoria está viva», relató.
La ilustre visitante depositó un tubito con tierra sembrada de memoria en una sencilla ceremonia acompañada de Camilo González Posso, el Director del Centro, –que hizo de de guía– en la pared frontal del monolito expresando con voz sentida, «para que haya justicia y reparación, para que jamás vuelva la violencia en el país hermano».
Villagrán, quien también recorrió la exposición «Del 9 de abril a los diálogos de la Habana», indicó que «el Centro de Memoria no habla de qué sucedió sino de qué nos sucedió y nos convoca a completar ese rompecabezas de la memoria al tiempo que nos llama a tengamos los bastones para caminar para que los hechos de la violencia no se repitan jamás».
Cuando le recordamos que Colombia y Perú, por desgracia están hermanados por la tragedia, señaló que «nosotros hemos tenido 25 años de guerra que iniciara Sendero Luminoso y la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Contamos con 70 mil víctimas, 17 mil desaparecidos y cerca de un millón de desplazados, por eso sabemos que significa para ustedes este drama».
Recordó que precisamente por estos días se cumplen diez años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que establece la verdad histórica y las responsabilidades en los casos emblemáticos.
«La memoria es una batalla por la no repetición y para hacer la sociedad más democrática y justa, para que las condiciones de miseria desaparezcan que son el caldo de cultivo de la violencia».
Y por supuesto no podíamos dejar de tocar el tema de Helmo Gómez Lucich, el peruano que siendo piloto de la Fuerza Aérea Peruana tras el golpe militar de Odria, llegó a Colombia en 1952 huyendo como centenares de militares patriotas, de la dictadura.
Gómez, militante comunista, ingresaría a la Universidad Nacional a estudiar derecho y se afirma que tuvo mucho que ver en el reclutamiento de Jaime Pardo Leal a las filas de la Juco
«Me vengo a enterar que él había fallecido el 9 de junio de 1954 en la masacre contra los estudiantes aquí en Bogotá. Y que había jugado un papel relevante en el movimiento estudiantil colombiano. Me voy a poner en acción para poder ubicar a sus familia, al partido comunista peruano y cómo hacemos para repatriar sus restos, para que su memoria nunca muera», subrayó la primera alcaldesa de una capital latinoamericana elegida popularmente y comprometida con los derechos humanos en su inolvidable visita al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (4).
Harvey en Quito: «del capital urbano a los espacios de esperanza»
A fines de la década de los sesenta, un geógrafo y pensador social inglés llegó a la ciudad de Baltimore en los Estados Unidos con el fin de estudiar los procesos ligados a la construcción de vivienda en el contexto de la crisis urbana que agobiaba a los estadounidenses. Las observaciones de este científico, influido por el pensamiento marxista y la geografía radical de la época, demostraron que más allá de la vivienda como un derecho humano fundamental se escondía un proceso de acumulación y reproducción del capital ligado al proceso mismo de urbanización. Este pensador era David Harvey.
Poco después, Harvey se convertiría en uno de los autores más citados y comentados dentro de las humanidades, sobre todo, por su visión crítica de los procesos de construcción del espacio social en el contexto del capitalismo. Obras suyas como Social Justice and the City (Ciudad y justicia social) de 1973 y Justice, Nature and the Geography of Difference (Justicia, naturaleza y la Geografía de la diferencia) de 1996, han marcado profundos surcos en la concepción de la geografía y en su aplicación global en el contexto de ultra urbanización que vive el mundo contemporáneo.
A pesar de todo, es posible que sus aportes más destacados estén ligados a la visión geográfica que Harvey provee para entender el desarrollo espacial del sistema capitalista y sus inequidades en obras como Limits to Capital (Límites al Capital) de 1982 y Brief History of Neoliberalism (Breve Historia del Neoliberalismo) de 2005. Su obra más conocida, y la que usualmente se encuentra en el mercado de libros en español, es «La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural» en la que critica la aparición y dominio de las filosofías posmodernas como parte del proceso de desarrollo cultural del capitalismo tardío.
David Harvey, hombre consecuente con sus ideas, escuchó con atención a los vecinos de San RoqueHarvey aporta herramientas que permiten entender el desarrollo de aquello que Lévi-Strauss llamó «lo más humano entre lo humano», es decir, las ciudades. La perspectiva de Harvey es, como se puede ver, crítica y choca con la placidez que promueve la planificación urbana basada en los deseos del capital, al tiempo que promueve el reclamo de lo que él llamó: «El derecho a la ciudad». Harvey afirmará que este derecho es»[…] mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es […] la libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, como quiero demostrar, uno de nuestros derechos humanos más preciosos, pero uno de los más descuidados».
Con estos antecedentes se entiende la importancia de la visita de David Harvey al Ecuador finales de agosto, gracias a una iniciativa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), institución que gestionó una serie de encuentros en los que Harvey en compañía de Miguel Robles Durán, director del programa de Posgrado en Ecologías Urbanas de la New School/Parsons de Nueva York, hablaron sobre la importancia de la organización social en el marco de la resistencia ante la planificación urbana capitalista. Sin embargo, estos encuentros dedicados al público académico se complementaron con las visitas que Harvey y Robles Durán hicieron al Centro Histórico de Quito, en las que los vecinos de San Roque pudieron mostrar una faceta práctica de ejercicio de «derecho a la ciudad».
Harvey en San Roque
Quito amaneció encapotada la mañana del 15 de agosto, sin embargo, conforme pasaron las horas el Sol fue secando las calles y alegrando los corazones de un grupo de vecinos del tradicional barrio de San Roque; ellos esperaban, en la tarde, una inusual visita a su proyecto de turismo comunitario «Caminos de San Roque» ; se trataba, según les habían contado, de un pensador que en lugar de embarcarse en cualquiera de los innumerables «city tours» que se ofrecen en la ciudad, había decidido recorrer a pie y con los vecinos uno de los barrios que mantienen vivo al Centro Histórico de la Ciudad.
Harvey, hombre consecuente con sus ideas, escuchó con atención a los vecinos y respondió con humildad a sus cuestionamientos. Antes de recorrer el barrio afirmó: «Este tipo de iniciativas muestran la cara verdadera de la ciudad, lo que hace atractivo a Quito. Sería detestable tener que venir un día y encontrar en el Centro Histórico únicamente edificios vacíos […] es necesario luchar contra esas prácticas turísticas que tienen en cuenta únicamente al lucro como fin y no al desarrollo de las dinámicas sociales reales de los espacios».
Los vecinos recorrieron con los académicos las calles y comercios del barrio, uno de los sitios más estigmatizados por las políticas municipales y por la prensa, y dieron cuenta del funcionamiento comunitario del espacio, situación que se contrapone con la del recientemente inaugurado bulevar «24 de Mayo» que luce desértico a pesar de la inmensa inversión estructural que se hizo por parte del Municipio. Eso demuestra, a entender de Robles Durán y Harvey, que ninguna iniciativa de trabajo estructural puede tener éxito si no se trabaja primero en el ejercicio comunitario del derecho a pensar la ciudad y sus espacios.
Luego de conversar con moradores, comerciantes y usuarios de los negocios de San Roque, los dos urbanistas se retiraron con una sonrisa y con el reconocimiento de una comunidad que lucha por no dejarse atrapar por las fauces de los modelos de planificación basados en la imposición de un tipo de turismo genérico y acartonado. El patrimonio es actualidad y vida, no sólo conservación, no son las capas de pintura sobre los edificios. Harvey enseñó esa tarde que el patrimonio es lucha y ejercicio crítico de la vida social en el espacio, relata El Telegrafo (5).
¿Qué debería significar para los habitantes el derecho a la ciudad?
David Harvey, en uno de los cursos dictados en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, sostenía que durante toda su carrera se había preguntado cómo algunos de los derechos mínimos de la coexistencia urbana habían sido tratados sistemáticamente como asuntos de mercado. El pensador se refería explícitamente al caso de la vivienda que, en muchas ciudades del mundo, es controlado por grandes grupos financieros que se encargan de determinar los niveles de precio de suelo, inversión y dotación de unidades de vivienda. Harvey decía: «Es increíble que se trate de esta manera algo que es un derecho humano fundamental, es impensable que vivir bajo un techo siga siendo un lujo. Algo tiene que cambiar, algo debe cambiar pronto.»
«No corresponde únicamente a las entidades estatales y municipales la generación de espacios para discusión urbana…».El derecho a la ciudad, define Harvey, es el derecho a cambiarnos nosotros mismos, a valorarnos y cambiar nuestras ciudades. Es, por tanto, un derecho que se exige en comunidad y que requiere acción y participación y no sujetos pasivos. Dirá Harvey: «Desde sus inicios, las ciudades han surgido mediante concentraciones geográficas y sociales de un producto excedente. La urbanización siempre ha sido, por tanto, un fenómeno de clase, ya que los excedentes han sido extraídos de algún sitio y de alguien mientras que el control sobre su utilización habitualmente radica en pocas manos.» Bajo esta óptica se entiende que la vida urbana se haya convertido en una mercancía que, en el caso del Centro Histórico de Quito, se desarrolla por debajo de los intereses impuestos por la aplicación de políticas sustentadas en la promoción de un turismo genérico y de postal.
El derecho a pensar la ciudad, el derecho a vivir la ciudad, es por tanto, un derecho fundamental que debe ser perseguido por la población en base a un ejercicio crítico de la ciudadanía. No corresponde únicamente a las entidades estatales y municipales la generación de espacios para discusión urbana, sino que es un papel que debe ser ejercido, principalmente, por los ciudadanos.
El derecho a la ciudad, nota Harvey, es en muchos casos únicamente ejercido por las élites y los grupos de poder que son quienes participan activamente en el diseño de la ciudad. El ejemplo del Centro Histórico de México es aleccionador, Carlos Slim, el multimillonario mexicano, usando su dinero «había remodelado las calles del centro para agradar a los turistas». Evidentemente, y más allá de las autoridades municipales, el derecho a la ciudad como perspectiva crítica de acción debería partir del cuestionamiento interno de los ciudadanos y de los movimientos sociales urbanos, antes que de las autoridades municipales.
Las propuestas de Harvey y de otros teóricos críticos respecto a la condición urbana contemporánea suelen ser tildadas de radicales en cuanto se sustentan en la idea de participación activa para su práctica, la misma, que no permite comprender los fenómenos urbanos desde perspectivas más plácidas y neutrales. Sin embargo, creo que se trata, más allá, de la perspectiva marxista, de una idea que se entrona en el sentido de participación y reconocimiento de la población como componente fundamental de los espacios urbanos. En tal sentido Harvey sostendrá la importancia de un cambio micro para lograr cambios en el sistema urbano: «Para cambiar el mundo debemos cambiarnos nosotros mismos […] ¿cómo podemos cambiar sin que cambie nuestro mundo?».
Se puede afirmar, basados en la lectura del texto de Harvey «Espacios de utopía», que la práctica social que es definitoria para el ejercicio del derecho a la ciudad debe, necesariamente impactar en el plano de lo político y debe buscar ser ejercida en colectividad. Afirma el autor: «En el esfuerzo sostenido por la humanidad por cambiar el mundo existe un momento y un lugar en el que los proyectos alternativos, por más fantásticos que sean, proporcionan el impulso para modelar poderosas fuerzas políticas transformadoras.» Creo que el trasfondo que Harvey observa se compone de la acción del hombre sobre el espacio social, de la posibilidad de un ejercicio crítico como colectividad que se piensa y piensa su ciudad, destaca Leonardo Zaldumbide, Doctorando en Historia de Los Andes y Máster en Gobierno de la Ciudad con mención en Centralidades Urbanas y Áreas Históricas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador (Flacso), sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (6).
El derecho a la ciudad que no excluya los niños/as en situación de calle
La Red de atención integral a la niñez y adolescencia callejizada en el Distrito Metropolitano de Quito (integrada por Plan Internacional, Fundación Patronato Municipal San José, Fundación Proyecto Salesiano, Centro del Muchacho Trabajador CMT, entre otros) ha elaborado un interesante documento para considerar los niños/as en situación de calle y trabajadores como actores que tienen el derecho a la ciudad.
La Red de atención integral a la niñez y adolescencia callejizada en el Distrito Metropolitano de Quito analiza que «los distintos procesos de construcción de sociedades, fundamentalmente, urbanizadas, acarrean consigo una serie de interacciones entre los distintos grupos que participan de este proceso en el cual, los del lado hegemónico o de poder al precautelar sus propios intereses personales y grupales, excluyen y condicionan la participación y estilos de vida de los que son considerados «no aptos» de pertenecer a esta élite.
Es así que, se van edificando los espacios y escenarios propios de desarrollo de cada uno de estos grupos: los que mantienen el poder por niveles o estados con más recursos y; aquellos donde los niveles, el acceso, uso y pertenencia de los recursos son cada vez más restringidos y escasos.
En este marco de competencias, para unos y para otros se generan y en algunos casos se perpetúan, formas de interacción social que se basan en estos procesos de exclusión social. Mientras unos tienen la posibilidad de generar, usar y hasta desaprovechar los recursos, para otros es impensable generar y acceder a estos recursos para su desarrollo.
Desde el llamado «enfoque de derechos» que no es otra cosa sino, la reflexión social y mandataria de la sociedad en su conjunto, que busca eliminar estas interacciones y espacios de inequidad y exclusión; los responsables de los niveles políticos, de decisión y las organizaciones que se han especializado en la atención de las poblaciones inmersas en estas realidades a partir de, la construcción de políticas públicas y su implementación, suman esfuerzos por atender las problemáticas que a su juicio, inciden en el mantenimiento y empeoramiento de estas desigualdades sociales.
En este contexto muy general, una de las muestras visibles en el terreno urbano de las sociedades es la presencia de grupos familiares y grupos afines de niños, niñas y adolescentes en las calles. La vida o mejor dicho, su vida en las calles, transcurre dentro del anonimato, del peligro, de la pobreza y particularmente de la paulatina anulación de oportunidades. Este fenómeno social que en la ciudad de Quito ha estado presente desde su constitución misma como ciudad, ha visto como paulatinamente las «condiciones sociales» se han tornado cada vez más difíciles como parte misma de su crecimiento y de los problemas sociales que eso conlleva. Es así que el «espacio público» a partir de la década de los setenta empieza a transformarse de un espacio de encuentro y socialización a un espacio de trabajo, sobrevivencia y riesgo.
A partir de que el Estado pasa del modelo económico agrícola a uno petrolero, existe una paulatina migración de los campos a la ciudad. Quito no estuvo preparado ni se pensó a sí misma como una ciudad que debía planificar y orientar este crecimiento. Las autoridades municipales de turno excluyeron de sus propuestas programáticas la atención social de las nuevas poblaciones. Más aún se implementaron mecanismos de salvaguarda para los habitantes «originarios» en contra de los «recién llegados». Los cordones o cinturones urbanos marginales de la ciudad tienen sus inicios en esta lógica perversa y discriminatoria. Se «permitía» la estadía de los nuevos llegados pero a costos muy altos ya que esos asentamientos carecían de los servicios básicos e indispensables para una convivencia en armonía. Sumado a esto, no se implementaron oportunidades laborales acorde a las capacidades de la nueva población; es decir se les dejó a su suerte su permanencia y sobrevivencia en la nueva ciudad.
No se plantearon políticas públicas integrales. La pobreza era entendida como una condición de vida de las personas pero jamás pensada desde la estructura de inequidad que la misma ciudad generaba. En este ámbito, se otorgan estas responsabilidades a las ONGs y a las Iglesias como una forma camuflada de decir, «si nos preocupamos por la pobreza».
Es decir desde su origen, la solución a estos problemas no fue pensada para incidir en sus causas, mas bien, esta «entrega» de responsabilidades a terceros por parte del Estado, ocasionó el efecto contrario es decir, perpetuó la problemática para dar sentido a su «supuesta solución» de crear o facilitar la creación de instituciones y organizaciones que se hagan cargo de los «pobres».
A estas alturas ya tenemos dos grandes dilemas que entender: el primero pasa por asimilar que la ciudad se estructuró como tal sobre la base de ser un «organismo excluyente»; y la segunda: tiene que ver con que «crea» para sí y para limpiar su conciencia, las «condiciones» para que «otros» den solución a este dilema.
Desde ahí, las intervenciones y acciones que las instituciones hemos podido realizar, han sido y serán, limitadas y reguladoras de estos esquemas de inequidad y exclusión, siempre y cuando sigan siendo actuaciones sin un criterio de derecho y de inclusión.
Trasciende además el hecho de que este sentido de habitar en los límites, en los espacios que los «otros desechan», de lo que «sobra», genera en sí mismo no solo el sentido vivo de la exclusión e inequidad con la cual les recibe «lo urbano» sino que, se consolidan sobre la base de la negación o anulación de su propia identidad cultural (entiéndase este fenómeno desde las migraciones: rural-urbano; desde factores de desarraigo forzado: comunidad – calle; y desde las situaciones de violencia familiar y abuso: familia – grupo).
El Distrito Metropolitano de Quito, como una ciudad metrópoli y eje político-social, paulatinamente ha vivido de forma paralela a su «desarrollo y crecimiento», algunas formas o manifestaciones de estos espacios de exclusión. Es desde ahí que la propuesta que la Comisión puede demandar al COMPINA, debe abarcar el criterio fundamental que la administración municipal forma parte del Consejo Metropolitano, es decir, le compete cualquier acción u omisión que sobre este tema de intervención se pueda desarrollar. El gobierno local es quien debe liderar y establecer los mecanismos participativos para desestimular e incidir en esta estructura que mantiene a los niños, niñas y adolescentes en estas extremas condiciones de riesgo y carencia de oportunidades.
El que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país y particularmente en Quito, trabajen, mendiguen o sean explotados económicamente, es una responsabilidad del Estado en su conjunto y de la estructura económica de la sociedad, por lo que es importante la definición de políticas públicas claras, con actores plenamente identificados, con niveles de responsabilidad y competencias; con planes y proyectos plenamente diferenciados en el marco de lo que se conoce como acciones o mecanismos de protección especial y protección integral; con presupuestos participativos plenamente sustentables y oportunos para la gestión», concluye la Red de atención integral a la niñez y adolescencia callejizada en el Distrito Metropolitano de Quito.
Voy a concluir este artículo con la reflexión de David Harvey sobre el futuro de estas formas de comercio que se divorcian de la organización tradicional del capital:
«La manera en que esas ocupaciones están presentes en el espacio público empiezan a ser cada vez más significativas. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, cambian el espacio público por un espacio común, es decir, lo convierten en un lugar de activismo político y de activismo comercial, en la medida en que los vendedores de la calle crean realmente espacios donde las personas se reúnen, comen, circulan y hablan. Le dan vida a los espacios que estaban muertos. No me gusta ver a las calles limpias sin nadie en ellas. La calle es un lugar social, las personas están produciendo vida urbana, cultura y no solamente cosas. Por ello, a algunos nos gusta hablar de la ciudad como un lugar de transformación revolucionaria, como un elemento clave para cualquier tipo de activismo político» (7).
NOTAS
[1] www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/071-Bosa.pdf
[2] http://www.argenpress.info/2013/08/la-lucha-contra-la-segregacion-en.html
3] http://www.forumdesalternatives.org/fr/la-lutte-contre-la-segregation-a-bogota
Cristiano Morsolin, investigador italiano radicado en Latinoamérica desde 2001. Su labor se enfoca en las relaciones entre los procesos emancipatorios y la deuda social, con experiencias en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Brasil. Autor de varios libros y panelista internacional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.