«La voz más autorizada es la de las víctimas», este es el título del Informe Final de la Comisión de Verdad, un trabajo impulsado por defensores de derechos humanos que analiza el golpe de estado que el 28 de junio de 2009 terminó con el proceso democratizador inaugurado en Honduras a principios de los años […]
«La voz más autorizada es la de las víctimas», este es el título del Informe Final de la Comisión de Verdad, un trabajo impulsado por defensores de derechos humanos que analiza el golpe de estado que el 28 de junio de 2009 terminó con el proceso democratizador inaugurado en Honduras a principios de los años 80. Bertha Oliva, defensora de derechos humanos que inició su activismo después de la desaparición de su marido Tomás en 1981, nos entregó un ejemplar del informe este verano en Tegucigalpa. Entre 1980 y 1984 hubo 184 desapariciones forzadas de opositores políticos y nadie ha sido encarcelado, tampoco los responsables del último golpe de estado y, en la actualidad, la inseguridad ciudadana (maras y narcotráfico) constituye la amenaza más importante en materia de seguridad.
Desde principios de los años 90 se aplicaron propuestas económicas liberales que favorecieron a las clases dominantes y convirtieron al país en uno de los más desiguales de Latinoamérica. Las maquilas, la exportación del banano y las remesas de los inmigrantes han sido su sostén económico. Cuando el liberal Zelaya llegó al poder en 2006, sus decisiones se encontraban en sintonía con los intereses de los grandes empresarios, después realizó un viraje hacia las clases populares con una serie de medidas, como el incremento del salario mínimo en un 60% que provocaron el desaire de empresarios y multinacionales extranjeras, como la compañía Chiquita. En el plano geoestratégico, EEUU no podía tolerar que la «República Alquilada», históricamente sumisa a sus exigencias y plataforma de la agresión a la Nicaragua sandinista desde las bases de la «Contra», adoptara medidas con las que recuperar su soberanía. La adhesión de Honduras al ALBA y PETROCARIBE, que despertó la obsesión antichavista, la reconversión de la Base aérea de Palmerola en comercial, o la toma de control de las terminales petroleras controladas por Exxon Mobil y Chevron, son ejemplos del giro político de Zelaya en favor de la soberanía nacional. La convocatoria de una consulta popular para decidir sobre una Asamblea Nacional C onstituyente con la que promover una nueva constitución fue la excusa para que las élites empresariales, apoyadas por el ejército, el Poder Judicial, el legislativo y la mayoría de los medios de comunicación social, derrocaran al Presidente Manuel Zelaya, dinamitando un periodo de democracia representativa en el momento en que consideraron que ésta no garantizaba sus intereses.
Aunque el golpe suscitó la condena internacional, desde el Ayuntamiento de Zaragoza hasta la Organización de Estados Americanos, a finales del 2009 se celebraron unas elecciones presidenciales fraudulentas y sin garantías, bajo la sistemática represión de los movimientos opositores y con Zelaya refugiado en la embajada brasileña después de regresar clandestinamente al país. Desde el golpe la violencia se ha incrementado contra organizaciones sociales, políticas, maestros, campesinos, indígenas y mujeres, aunque la epidemia de violencia que asola el país, con una media de 20 homicidios diarios, invisibiliza las víctimas políticas.
El próximo mes de noviembre se celebraran elecciones y la candidata del partido Libertad y Refundación (LIBRE), fuerza política nacida en junio de 2011 entorno al Frente Nacional de Resistencia Popular, Xiomara Castro, aparece como ganadora en las encuestas. La realización de una Asamblea Nacional Constituyente que sirva para redactar una nueva constitución y refundar el país por la senda del socialismo es el corazón de su propuesta. Hace 4 años una medida similar fue abortada por un golpe de estado militar. Que la historia no se repita depende también de nosotros.
Luis Mangrané Cuevas es abogado. Su blog personal: http://luismangrane.es/
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