Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo en Atenas un encuentro internacional, organizado por el Frente Unitario Popular (EPAM) de Grecia, en el que una veintena de economistas, miembros de organizaciones sociales, políticos y periodistas de diversos países europeos debatieron sobre la estructura económica y financiera de la Unión Europea, así como […]
Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo en Atenas un encuentro internacional, organizado por el Frente Unitario Popular (EPAM) de Grecia, en el que una veintena de economistas, miembros de organizaciones sociales, políticos y periodistas de diversos países europeos debatieron sobre la estructura económica y financiera de la Unión Europea, así como del retroceso democrático sufrido, en la medida que las políticas neoliberales fueron ganando terreno.
Pese al silencio mediático sobre la convocatoria y el desarrollo de la misma, el encuentro fue seguido por un buen número de asistentes e, incluso, fue retransmitido a través de internet para que en las ciudades donde el EPAM cuenta con grupos de trabajo los ciudadanos pudieran debatir a medida que se sucedían las intervenciones.
Este es sin duda el principal valor de la iniciativa, abrir el debate sobre las experiencias en los distintos países europeos y la conveniencia, o no, de permanecer en la eurozona y en la UE. Las resistencias a que la opinión pública conozca los términos de planteamientos alternativos son enormes -y lógicas- entre los valedores del sistema neoliberal, pero no resultan coherentes entre esa izquierda europea que antepone cálculos electorales en vez de implicarse con honestidad en las posibilidades que ofrece a los pueblos la salida del euro.
En esa línea se expresó el execonomista del Banco de España, Pedro Montes, cuando pidió a la izquierda que además de oponerse a los recortes y a las medidas de austeridad, defienda de manera clara «la ruptura o el abandono del euro y la inevitabilidad del impago de la deuda».
Dentro de la zona euro, y despojados de la soberanía fiscal y monetaria, todo se limita a rebajar salarios para mejorar la competitividad y reducir el déficit público, lo que conlleva la desaparición de los servicios públicos más esenciales. «Y así, nos encontramos con una política paradójica y diabólica que consiste en agravar la crisis para superarla», según explicó Montes. Las consecuencias, añadió, son «el aumento del paro, la caída de los salarios, la precariedad laboral, la subida de impuestos regresivos, familias desahuciadas de sus viviendas y creciente desigualdad, miseria y también hambre».
Las consecuencias de estas medidas son ampliamente conocidas en Grecia, pero fueron señaladas por muchos de los ponentes sobre sus respectivos países. Todos ellos coincidieron en señalar al Tratado de Maastrich, principio rector de la unión monetaria, y a la estructura decidida por la oligarquía capitalista como responsables del actual dominio de los mercados internacionales y del capital financiero en detrimento de la democracia y los derechos de los pueblos.
Así el analista italiano Antonino Galloni explicó que «el euro no es un verdadera moneda, pues nunca se orientó hacia el desarrollo del equilibrio territorial de la UE, sino para servir a la producción y a las exportaciones de Alemania». Mientras, en los países de la periferia, «los flujos de capital se dirigieron hacia la especulación financiera, abandonando las inversiones productivas, y llegando a alcanzar un volumen 50 veces mayor que lo destinado a la economía real».
Su compatriota Francesco Ruggieri, miembro del grupo Economistas para los Ciudadanos, fue más crítico con los países ricos del norte al definir la situación actual como «una guerra de clases en Europa, un conflicto entre dominantes y dominados que se está saldando con una enorme pérdida de capital humano, social y económico para los países del sur».
En esa línea también se expresó Dimitris Kazakis, economista y presidente del EPAM, al decir que «la crisis de la deuda es un régimen de colonización sobre los países del sur», a los que se les ha privado de su soberanía y sus derechos fundamentales, «haciendo a los ciudadanos esclavos de las instituciones financieras internacionales, y llevándolos a una nueva Edad Media». Y añadió que «no hay ningún ámbito social o económico que no haya empeorado para los griegos, desde los derechos laborales hasta el aumento de la pobreza, pasando por la masiva emigración de los jóvenes».
También el analista político Alexandros Kutsomitopulos denunció la política colonialista hacia Grecia, convertida de facto en un protectorado de la UE (como Bosnia-Herzegovina y Kosovo), donde un viceministro alemán, Hans-Joachim Fuchtel, y un grupo de a sesores se encargan de fiscalizar y presionar al gobierno griego en el proceso de reformas que tienen que realizar.
Incluso el líder político finlandés Antti Pesonen reconoció que «dentro de la UE no somos estados soberanos, los organismos supranacionales, las instituciones financieras internacionales, se convierten en entes de dominación y sometimiento» al beneficio de unos pocos, mientras que los pueblos demandan el control político para «abandonar las políticas de desigualdad y avanzar por la vía de la sostenibilidad, la democracia y la redistribución de la riqueza con una perspectiva social».
Ese tipo de cambios de paradigma, seguidos durante la pasada década por varios países latinoamericanos, fue explicado por Alberto Montero, presidente del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) [Ver vídeo de la intervención: Renovar el pacto social y romper con el neoliberalismo]. Citando los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, Montero trasladó sus experiencias al continente europeo. Planteó una doble ruptura: desde el espacio de la política mediante la «renovación del pacto social», lo que significa la refundación del estado y la reescritura de las constituciones; y del orden económico, poniendo fin al modelo neoliberal pues «dentro del euro no cabe ningún proceso de emancipación social para los pueblos europeos». En este punto remarcó que «hay que dejar de pensar en la salida del euro como un problema y empezar a pensarla como la única solución».
Montero, que ha sido asesor de diversos gobiernos latinoamericanos sobre cuestiones de deuda, criticó que la construcción del proyecto europeo se realizara entorno a una moneda y no a valores humanos y mostró la antítesis de la UE en el modelo de integración seguido por los países de la Alternativa Bolivariana para la Américas (ALBA), donde «manteniendo la soberanía nacional, y bajo las premisas de complementariedad y cooperación, se trabaja en la recuperación de los derechos y las condiciones de bienestar de los ciudadanos, al contrario de lo que sucede en Europa».
Al término del encuentro se presentó un comunicado final en el que, entre otras cuestiones, se planteó la posibilidad de crear un organismo que coordine las iniciativas surgidas en los distintos países encaminadas a la recuperación de la democracia, la soberanía económica y política de los Estados y la justicia social.
Antonio Cuesta es corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina. Su blog de noticias es: http://deatenas.tumblr.com/
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