Para un lector distraído la crisis por la que atraviesa el Canal de Panamá puede sorprenderlo; pero para aquellos acostumbrados a conocer el comportamiento del Capital Financiero y de las Corporaciones Transnacionales con los activos de los países del Tercer Mundo es algo ya habitual. Los EEUU no quedaron satisfechos con la devolución del canal […]
Para un lector distraído la crisis por la que atraviesa el Canal de Panamá puede sorprenderlo; pero para aquellos acostumbrados a conocer el comportamiento del Capital Financiero y de las Corporaciones Transnacionales con los activos de los países del Tercer Mundo es algo ya habitual.
Los EEUU no quedaron satisfechos con la devolución del canal a los panameños. Ellos lo consideran un patrimonio propio desde que separaron a Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903 con un doble propósito: convertirnos en un protectorado y exigirle a la clase dominante de entonces la concesión de una franja de terreno a perpetuidad dentro de la cual se construyera un canal que uniera el océano Atlántico con el Pacifico. Se firmó el tratado Hay-Bunau Varilla. Desde entonces en Panamá no se hace nada sin el consentimiento de ellos. Pero el 9 de enero de 1964 sucedió un acto que los lesionó moralmente ante la comunidad internacional: su ejército atacó a la juventud panameña, la que quería que su bandera se izara junto a la norteamericana en la escuela de Balboa, tal como habían acordado ambos países. El saldo de la agresión fue una veintena de muertos y más de 400 heridos. El gobierno panameño rompió relaciones diplomáticas con los EEUU y exigió un nuevo tratado que eliminara las causas del conflicto. Esa fecha fue el punto de inflexión en la lucha por la nacionalidad. Se fue creando un movimiento popular y antiimperialista que la oligarquía, que ha mandado en nuestro país desde 1903, no pudo controlar por sus luchas intestinas por el poder. El presidente de entonces, Marcos Robles, fue destituido. Los EEUU necesitaban un gobierno fuerte que desmantelara el movimiento popular y por eso la CIA organizó el golpe de Estado militar de 1968 liderizado por Omar Torrijos Herrera y Boris Martinez. Ellos levantaron la bandera del nacionalismo a nivel internacional, pero a la vez, Torrijos tuvo varias reuniones secretas con Rockefeller para instalar en Panamá un centro bancario que sirviera como paraíso fiscal para el lavado de dinero y, mientras que el resto de America empezó su endeudamiento externo desde 1972, Panamá ya lo había iniciado en 1969.
Torrijos planeó con el gobierno de Carter unos nuevos tratados sobre el canal, que fueron firmados en septiembre de 1977. En virtud de los mismos se nos devolvería la zona del canal, pero se acordó una enmienda que les permitía intervenir en los asuntos internos de Panamá cuando les viniera en gana. Con la firma de esos tratados se legaliza el estatus de protectorado. Es la única vez en la historia que un país colonizado firma con el colonizador un acuerdo que le permite a los segundos intervenir en el primero.
Pero los EEUU iniciaron una estrategia para recuperar el canal. Lo primero que hicieron fue inventar la necesidad de su ampliación con la excusa de que había barcos muy grandes, los Panamax, que no cabían por el canal. No obstante, la verdadera razón era embarcarnos en un fabuloso endeudamiento de más de 3,000 millones de dólares. No existe ningún documento serio que justifique tal ampliación. Por otra parte, con el calentamiento global se está deshelando el ártico y es una ruta que pronto se podrá utilizar para transitar barcos, con lo que restará clientes al canal de Panamá. Por otra parte, China está negociando con Nicaragua un canal por ese país.
Los trabajos de ampliación fueron licitados. Participaron varias corporaciones:
1. Betchtel Internaciotal (de los EEUU), Taisi Corporation y Mitsubichi (ambas de Japón).
2. Grupo Unidos por el Canal (Sacry de España, Impergilo de Italia, Constructora Urbana (CUSA) de Panamá. Esta última es de la familia de Alberto Aleman Zubieta quien fuera el administrador del Canal en esa fecha.
3. CANAL: ACS, Acciona y Fomento de Construcciones y Contratas, de España, y Hochtief de Alemania. La primera propuso 4,185 millones de dólares. La segunda, 3,118 y la tercera, 5, 981.
Como se puede ver, Grupo Unidos por el Canal hizo la oferta más baja y se le otorgó el contrato. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) había elaborado un documento en el que se consideraba el costo de la obra por 3,481 millones de dólares. Es aquí donde viene la parte oscura. Ricardo Martinelli Berrocal, candidato a la presidencia de la Republica, envió a España al señor Salomón Shamah de nacionalidad colombiana y acusado de traficar drogas y armas y que fuera nombrado posteriormente por el actual presidente Martinelli como Gerente de la Autoridad de Turismo. Este señor permaneció cuatro meses en Madrid y se hospedó en la calle Agustín de Foxá. (No puede ser ministro por ser de nacionalidad extranjera, pero es un hombre de mucha influencia en el actual gobierno). El objetivo de Shamah era cerrar contratos con la empresa Sacyr, lo que se logró a un monto inferior que el calculado. Ahora esta empresa está exigiendo que la ACP le pague la cantidad de 1,600 millones de dólares en sobrecostos. Pero resulta que la empresa Sacyr no tiene una trayectoria tan limpia. Ha ocurrido lo mismo con el nuevo hospital universitario central de Asturias (sobrecostos de 124 millones de dólares o sea, 44.3% más del presupuesto inicial) y con el Metropol Parasol que fue presupuestada a un costo de 51.2 millones de euros y terminó con un costo de 96 millones.
Hay varios cabos sueltos, pero fáciles de atar. Grupo Unidos por el Canal conocía el costo calculado por la APC, por lo que cotizó a un precio más bajo, con la seguridad prometida por Martinelli Berrocal que los sobrecostos iban a ser cubiertos. Con Sacyr o sin ella los costos de la ampliación van a duplicar los originales, con lo que el endeudamiento va a ser aún mayor. La denominada «Marca España» tiene la obligación de investigar a cuánto ascendió la coima que esa empresa le dio al Presidente de Panamá, ya muy acostumbrado a esos ilícitos, porque como debe saber el lector, para que estas transacciones se den se requieren de la participación del contratista y del contratante. Informes confidenciales señalan que la empresa norteamericana Betchtel está asesorando a la ACP. ¿Será ella la que termine la construcción?
Por otra parte, Ricardo Martinelli Berrocal es el hombre de los gringos en Panamá. Ha adquirido una deuda externa que supera a la que contrajo el gobierno en los últimos 19 años. ¿Con que vamos a pagarla? Con nuestro principal activo: el canal de Panamá y de esa manera lo cedemos a las grandes corporaciones transnacionales, que es lo que quieren los Amos del Mundo. Todo estaba debidamente planificado y pactado.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.