En público, en las cumbres europeas, ante las cámaras, el presidente francés François Hollande denuncia los «egoísmos» y los «extremismos» que, según afirma, «ponen en peligro los logros europeos».
De puertas adentro, en discretas «notas de información», «notas de servicio» y «ordenanzas» que hacen el día a día a día real de un Estado, la Administración que él mismo preside da pruebas de lo que podría ser calificado de «egoísmo». Francia está blindando su frontera social en el seno de la UE. Con un objetivo: impedir que su modelo social, a la vez protector y flexible, acabe encajando el golpe del caos laboral y del estallido de la pobreza euro-ortodoxos, vía la llegada masiva de trabajadores migrantes procedentes de países como España.
Eso es lo que se desprende del documento interno de la administración del ministerio francés de Asuntos Sociales, consultado por Ojalá/SanchoPanzaLab. En una «nota de información», concretamente la DGCS/SD1C Nº2013-265, emitida el 28 de junio de 2013 tras un año de presidencia Hollande, la responsable que administra los subsidios atribuidos a las personas en peligro de extrema pobreza explica a los funcionarios, con todo detenimiento, cómo deben proceder para denegar esa ayuda a los «ciudadanos europeos» a pie de taquilla. Pero eso sí: haciéndolo de manera que «se evite todo contencioso que pueda llamar la atención de la Comisión Europea».
En concreto, el subsidio que la Administración francesa intenta cerrar a los europeos, esquivando la legislación comunitaria, y haciéndolo de manera que no se «llame la atención» de la Comisión, es la llamada «Renta de Solidaridad Activa» (RSA), es decir la última red de seguridad que existe en este país para que los ciudadanos no caigan en la extrema pobreza, red de seguridad que por cierto se está extendiendo en grandes proporciones en los últimos cuatro años (+24% de beneficiarios desde 2010). Y, en concreto, el tipo de ciudadano europeo que el Gobierno francés quiere alejar de esa renta mínima son los llamados «trabajadores independientes» (autónomos) procedentes de otros países de la UE.
La instrucción del Gobierno a los funcionarios se presenta en tanto que nota de «difusión urgente» para el «análisis jurídico» del «acceso a la Renta de Solidaridad Activa (RSA) de los ciudadanos europeos que tengan la cualificación de trabajadores independientes, con el fin de evitar cualquier contencioso que pudiera llamar la atención de la Comisión Europea». Especifica explícitamente que se trata de un «dossier sensible».
Los principios y la realidad no son lo mismo
En principio, en virtud de la legislación comunitaria, todo ciudadano con nacionalidad de un país miembro de la UE, y todo extracomunitario con un permiso de residencia de larga duración, tiene derecho a desplazarse libremente desde su país UE de origen a otro de destino. En principio, también, tiene derecho a instalarse libremente en el país que elija –Francia por ejemplo– y tiene derecho a buscar un trabajo, o a iniciar una actividad como empresario o como trabajador independiente. Los criterios de libre circulación y libre instalación en la UE son tan amplios que, si se respetan ciertos standards (por ejemplo, llegada e instalación, trabajo al cabo de tres meses, residencia continuada…), de facto todo ciudadano europeo, llegado un momento, puede aspirar a los mismos derechos sociales de que gozan los residentes de siempre.
Por lo tanto –y en principio, igualmente–, si un trabajador independiente instalado en Francia, por las razones que sean, se encuentra en un momento dado en vulnerabilidad social, tiene derecho a beneficiarse exactamente de la misma red de protección social de la que se benefician los franceses en su propio país. No puede haber distinción.
Y, sin embargo, la instrucción cursada el 28 de junio de 2013 por la Directora General de la Cohesión Social, Sabine Fourcade, dicta claramente a un amplísimo elenco de altos funcionarios en todo tipo de administraciones de toda Francia normas específicamente pensadas para los «nacionales de la UE con cualificación de trabajador independiente». Es para poder «denegarles la atribución del derecho al RSA», eso sí «previniendo todo riesgo de contencioso que pudiera resultar de una mala interpretación del derecho nacional o de la jurisprudencia europea, susceptible de llamar la atención de la Comisión Europea».
«Denegar la calidad de trabajador»
Explica la nota que, para denegar ese RSA a los europeos no-franceses sin tener problemas con la Comisión de Bruselas, las administraciones deberán forzosamente, en la notificación de denegación, no hacer ninguna alusión al nivel de ingresos como causa de la negativa. Y, por el contrario –detalla la nota–, sí deberán escudriñar los documentos de la empresa del demandante, para utilizar el argumento de que ésta en realidad nunca tuvo una actividad seria y real en el país, y ello como base a la denegación del derecho a la ayuda de subsistencia.
Para los ciudadanos europeos trabajadores independientes –explica la Directora General– «toda denegación de derecho al RSA debe fundamentarse en primer lugar sobre una evaluación precisa del nivel de actividad (en tiempo dedicado, en trámites efectuados, etc.) , respaldada si fuera necesario por documentos internos de la empresa, que permitan concluir que dicha actividad es marginal y accesoria, y así denegar al solicitante la calidad de trabajador, tal y como definido en el derecho comunitario».
En otro párrafo, la nota explica que «la denegación del derecho al RSA impuesta a un ciudadano de la UE con cualificación de trabajador independiente no puede, en ningún caso, basarse exclusivamente en lo reducido de los ingresos que le procuraban su actividad, como base para cuestionar su cualidad de trabajador, tal y como definido en el derecho europeo», alertando que esto sería causa de contencioso con la Comisión.
La precisión de la directora es, pues, que los funcionarios deben ante todo denegar, primero, al europeo migrante la cualificación de «trabajador», para poder luego proceder a denegarle el acceso a la Renta Mínima. Ese artificio es capital: Una vez desprovisto de su estatuto de «trabajador», el ciudadano –por ejemplo español– deja de poder acogerse al derecho de libre circulación y libre instalación, y pasa a depender de otro criterio, que es el de disponer o no de recursos. Como no dispone de ellos — precisamente por ser trabajador pobre–, deja de ser «trabajador» a efectos legales, y pasa a convertirse en algo muy próximo a un pícaro vagabundo, al que se pueden negar todos los derechos sociales, con todas las de la ley (europea).
¿Prejuicios contra los autónomos de la UE?
El artificio ideado por la Administración Hollande con la Nota DGCS/DS1C Nº2013-265 cobra la apariencia de un círculo vicioso perverso, pensado para atrapar a trabajadores de países pobres como España. Si un trabajador autónomo español, residente y ejerciendo en Francia, solicita la Renta Mínima, como tiene derecho a hacerlo en pie de igualdad con un francés, ello obviamente se debe a que su empresa no va bien y no le genera suficientes recursos. Y, obviamente también, si su empresa no va bien, muy fácil será para la Administración francesa afirmar y probar con documentos –prejuzgar– que su empresa nunca fue seria. Se parece bastante a una discriminación de antemano, por prejuicio relacionado con la nacionalidad del solicitante ¿no?
Ningún texto legal, ordenanza o directiva de la Administración francesa dicta órdenes parecidas ni procedimiento tan preciso para rechazar la demanda de subsidio social presentada por un autónomo o trabajador independiente («auto-entrepreneur») que sea de nacionalidad francesa o extraeuropeo con permiso de residencia de larga duración en Francia.
El procedimiento específico de denegación del subsidio social parece, por lo tanto, destinado a excluir arbitrariamente a los ciudadanos con nacionalidad de la UE diferente de la francesa de un subsidio social al que normalmente tienen derecho en pie de igualdad, si se aplican los Tratados.
Es algo que entra en frontal contradicción con las altisonantes declaraciones de François Hollande sobre la «reorientación de Europa» y sobre la «Europa más social» y su nuevo gadget sobre una supuesta «convergencia social». También casa mal con las constantes condenas verbales que lanza François Hollande contra «los extremismos» y «los egoísmos» en la UE.