Este 3 de febrero, a menos de un mes del cuarto aniversario del vil asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales, acompañadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), entregaron al Ministerio Público un documento en el que se exige al Estado de Honduras «avanzar en […]
Este 3 de febrero, a menos de un mes del cuarto aniversario del vil asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales, acompañadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), entregaron al Ministerio Público un documento en el que se exige al Estado de Honduras «avanzar en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores intelectuales» del crimen, comenzando con el ex director de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) y ex miembro del aparato de inteligencia de las FFAA, David Castillo.
La sentencia condenatoria del pasado 2 de diciembre contra siete autores materiales del asesinato, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel, no es suficiente, aseguran las organizaciones solidarias con el Copinh y los familiares de Berta Cáceres (vea aquí la nota).
El mismo tribunal confirmó que «la acción de resistencia del pueblo lenca organizado en el Copinh y liderado por Berta Cáceres en defensa del río Gualcarque (…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA».
Más de 550 organizaciones y más de 450 personas firmaron el documento y expresaron su preocupación ante «la falta de acción contra la totalidad de los autores intelectuales vinculados al crimen, que actualmente permanecen en la impunidad».
También exhortaron al Estado de Honduras a que revoque la concesión sobre el río Gualcarque, proceso que está viciado desde un inicio por las irregularidades cometidas al momento de otorgar la licencia ambiental y la concesión misma.
Copinh exige respuestas
«(Cuatro años) ha sido tiempo prudente y suficiente para que el Estado tuviese deducidas las responsabilidades e implementado acciones legales para sancionar la estructura criminal», se lee en un nuevo comunicado del Copinh.
«Esa poca voluntad política reiterada en procesos negligentes e ineficientes -continúa la organización indígena hondureña cofundada por Cáceres- es la que ha dado pie a la impunidad de los señores Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala, que hoy siguen caminando con la tranquilidad sin ninguna consecuencia por haber motorizado y decidido la ejecución del crimen».
Bertha Zúniga Cáceres, hija de la dirigente indígena asesinada y actual coordinadora del Copinh, señaló al Estado de cómplice del crimen.
«Entendemos esta falta de investigación y de acción para sancionar (a los mandantes) como una falta de voluntad política y hasta una complicidad del Estado. Es parte del manto de impunidad que se ha levantado sobre este crimen.
Fuente: LINyM
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