Primero, asegúrense de hacia qué orilla quieren nadar. Y después, traten de lograr que todos sus esfuerzos inmediatos les conduzcan hacia ella. Si quieren una mayor precisión, podrían no encontrarla y ahogarse mientras la buscan. Immanuel Wallerstein. “Agonías del liberalismo”
Los pasados días 17, 18, 19 y 20 de julio han sido testigos de unas maratonianas jornadas perfectamente dramatizadas por los jefes de gobierno europeos y magnificadas por los medios de comunicación en las que pareciera que se refundaba la Unión Europea (UE), se modificaba la política económica de la misma y se salvaba del abismo a los países del sur gracias al Fondo de Reconstrucción. Un poco de distancia nos puede permitir dimensionar el alcance real del reciente Consejo Europeo y en el caso español evaluar los resultados. A tal efecto cabría aplicar un buen método: primero, diseccionar lo realmente acordado: las cifras y condiciones; acto seguido, estimar los cambios de fondo que pudieran suponer para el proyecto europeo y, finalmente, medir los efectos y consecuencias para el Estado español.
Como punto de partida para comprender lo aprobado en el reciente Consejo Europeo cabe señalar que todo lo que se refiere a la UE, tal como ya se pudo comprobar con ocasión del Tratado de la Unión o del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tiene un alto grado de complejidad técnica y está atravesado por aspectos posteriormente interpretables de forma arbitraria por el organismo fiscalizador. Lo que a la mayor parte de la población le dificulta la comprensión de lo acordado y permite a los gobernantes enmascarar, en medio de la jerga comunitaria, las políticas neoliberales más lesivas, así como gestionar su aplicación sin control democrático. Y ello lleva aparejado lo que Javier Ortiz describió hace años con las siguientes palabras “se da por sobreentendido que la soberanía del pueblo de nuestro país está condicionada. Y lo que es aún más innovador: se da por supuesto que está condicionada por las decisiones de un organismo supranacional no electo”. [i]
Una buena síntesis de lo sucedido en el Consejo Europeo la dio el eurodiputado Miguel Urbán al afirmar que “los hombres de negro se visten de gris oscuro. No hay relato que esconda que estamos ante un acuerdo totalmente insuficiente, sin eurobonos, cargado de condicionalidades y que no modifica ni un ápice la estructura económica neoliberal de la Unión Europea (…) este acuerdo no solo no está a la altura de las necesidades reales de una economía europea golpeada por la pandemia, sino que además sienta las bases para los futuros recortes de derechos y contrarreformas que pagarán las clases populares”. Afirmaciones que nos ponen sobre la pista de las cuestiones que debemos analizar, tal como el propio Urbán y Gonzalo Donaire señalaron nada más hacerse público primera hora del martes 21 el documento suscrito.[ii]
El contexto del texto
La economía mundial que ya daba síntomas de fatiga a finales de 2019, de pronto, al globalizarse la pandemia, experimentó un frenazo internacional radical y casi sincronizado en seco que supuso la semi paralización de la actividad en toda la cadena de valor: desde la extracción, la producción, el transporte, la comercialización y el consumo tanto en los países de la OCDE como en el resto, en los industrializados y en los empobrecidos, en las potencias imperialistas y en las emergentes. Hecho inédito y no comparable por sus características a las crisis de referencia de 1929 o la de 2007/2008. A su vez la crisis sanitaria puso de relieve la inexistencia de unos servicios de salud preparados para la contingencia, la falta de stocks de materiales y equipos imprescindibles como fruto del just in time y de la deslocalización industrial inducida por la división internacional del trabajo inaugurada en los años ochenta. La pandemia también ha subrayado el fin de la globalización neoliberal iniciado por Trump, la aparición de un nuevo neoliberalismo nacionalista y aún más autoritario que el impulsado por Thatcher y Reagan y los profundos cambios de fondo en curso en la geopolítica y la geoeconomía mundiales.
Pero la pandemia también ha puesto en evidencia la crisis de la construcción de la Unión Europea, la desigualdad existente en su seno, la persistencia y agudización en su seno de las pulsiones a favor del Estado-nación como si de una categoría universal y eterna se tratase y la incapacidad de sus estructuras institucionales formales (Parlamento, Consejo Europeo, Comisión y BCE) e informales (Eurogrupo) para responder de forma eficaz y coordinada ante la crisis sanitaria, económica y social sobrevenida. Pero también puso de relieve la inoperancia de las reglas de oro del ordoliberalismo hegemónico por lo que tuvo que suspenderse provisionalmente la aplicación del Pacto de Estabilidad en lo referente a la contención estricta al déficit fiscal y los niveles de endeudamiento público. Reglas que no solo trajeron grandes sufrimientos populares después de la crisis de 2007/2008 sino que tampoco se pueden justificar por haber fortalecido y blindado la economía comunitaria; reglas que en el momento crítico de la pandemia y recesión, cuando podían demostrar su utilidad social y sus efectos anticíclicos, también han tenido que ser puestas en cuarentena por contraproducentes.
¿Por qué los dos principales líderes de la UE, Emmanuel Macron y Angela Merkel, no solo aparcan sus ambiciosas agendas liberalizadoras e impulsan gigantescos planes de ayudas públicas a las empresas en sus países? Simplemente porque ven descender peligrosamente en números rojos sus PIB nacionales en primer lugar y porque intentan salvar sus posiciones políticas frente al auge de sus ultra-derechas. Digamos que se han hecho neokeynesianos coyunturales en espera de mejores tiempos sin que haya mediado un replanteamiento de fondo. Ni siquiera estamos ante las bravatas de Nicolas Sarkozy cuando propuso solemnemente la “refundación del capitalismo” (sic).
Pero cabe una pregunta aún más relevante para entender su postura en el Consejo europeo ¿por qué de pronto recurren a movilizar importantes sumas hacia los diversos países, permiten una forma elemental de mutualización comunitaria de la deuda y buscan fórmulas de control sobre los gobiernos comunitarios receptores de subvenciones o préstamos menos agresivas pero efectivas que las de la Troika en Grecia, Portugal y de forma clandestina en el Reino de España? Simplemente porque desde la pasada década existe una desafección creciente de la ciudadanía hacia la UE, cuya máxima expresión fue el Brexit, pero que se manifiesta con el fortalecimiento del nacionalismo xenófobo en la mayor parte de países y su presencia en los gobiernos de algunos. Esa desafección provoca el riesgo de deslegitimación de toda la arquitectura comunitaria y ello pondría en riesgo los intereses estratégicos del capital alemán principal beneficiario del mercado único y de la división del trabajo entre países existente en el seno de la UE. Y todo ello sumado a una Italia con niveles de deuda insostenible y una España sin recursos.
Para la canciller alemana era preciso taponar la hemorragia de credibilidad de la UE e intentar ganar tiempo. Además, ha intentado anticiparse para paliar en lo posible los efectos más lacerantes de la crisis social e intentar minimizar el riesgo de una oleada de luchas obreras y juveniles en la mayor parte de países. Merkel se ha embarcado en lo que Martine Orange ha titulado para Mediapart.fr “Un plan de recuperación [de relanzamiento si se prefiere] para salvar la cara”, pero ha pretendido hacer de la cumbre como el momento hamiltoniano de Europa, el de la refundación financiera de la Unión. De ahí el torrente de declaraciones grandilocuentes de Charles Michel, presidente del Consejo europeo, sobre una Europa reunificada, o de Emmanuel Macron cuya palabra clave es en estos momentos “histórico”, y de la propia Angela Merkel que no se ha recatado en afirmar para su mayor gloria “Nosotros hemos aportado una respuesta a la mayor crisis de la historia europea”.
Las dos cabezas de los partidos del gobierno español se han sumado a este énfasis hiperbólico sobre lo acordado. El presidente Sánchez[iii] recibido como torero triunfante por sus colegas dijo en su rueda de prensa que “es un gran acuerdo para Europa y para España: no les quepa duda que hoy se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea” y Pablo Iglesias que -aún con la jugada a medias y sin definirse las consecuencias a medio, pero también a corto plazo- ya ha concluido que “el dogmatismo neoliberal que tanto daño ha hecho a Europa ha sido corregido”.[iv] ¡Ojalá haya un retroceso efectivo del dogmático neoliberalismo! De momento más allá de las grandes palabras, lo que hay es que no podían aplicar tal cual las viejas recetas para seguir ganando y que el fantasma neoliberal radicalmente inhumano ha dejado paso al educado fantasma neoliberal compasivo que busca un nuevo juego de cartas. Este debate solo acaba de empezar en la UE y en la sociedad y solo podrá desarrollarse más allá del discurso en el momento en que se vean los efectos prácticos en la economía, la sociedad y las decisiones gubernamentales y comunitarias. De momento hay un paréntesis y la solución para el Estado español es aumentar el endeudamiento.
El primer objetivo de las palabras de Merkel no era otro que colocar un velo sobre las desavenencias de los gobiernos de los países más ricos que con gobiernos social liberales o liberales han mostrado a gritos su rechazo a abrir el grifo del dinero hacia las economías más golpeadas; gobiernos defensores de la ortodoxia que, en cualquier caso, han impuesto condicionalidades de primer orden para los beneficiarios e importantes retornos económicos para sí mismos; por ejemplo Austria se beneficiará de una reducción anual de 565 millones de euros en su aportación (el doble de la que tenía) y Holanda incrementa su descuento anual de 1.570 millones del año pasado a 1,920 millones a partir del acuerdo.
A la par de que todos son conscientes del inmenso nicho de negocio que se abre para la industria financiera de las principales economías y para la banca en la sombra de los fondos.
El segundo objetivo calmar los ánimos y angustias de la población con medidas reales pero parciales y de alcance limitado. Hay sectores cruciales enteros en las economías griega, española e italiana como es el caso del turismo o de sectores-locomotora de la economía europea como la automoción o las aerolíneas que están al borde del precipicio.
Son las cifras, las duras cifras, las que no tienen vuelta de hoja
La magnitud de la crisis y el monto del dinero movilizado deben ponerse en relación. El presupuesto europeo plurianual (7 años) será de 1,074 billones de euros para todo el periodo. En el mismo los fondos para la Política Agraria Común (PAC) tendrán un monto de 343.950 millones de euros, lo que supone un 10% de recorte sobre el anterior, mientras que experimentan una subida del 2,7% los fondos de cohesión hasta alcanzar los 377.000 millones. El presupuesto plurianual más los 750.000 millones de euros del Plan aprobado por la Comisión podrían parecer unas cifras astronómicas, pero supone apenas un 10% del PIB comunitario de varios años.
Establezcamos referencias para ver la comparación. El gobierno de los Estados Unidos ha librado 3.000 millones de dólares equivalente al 15% de su PIB para una población de 334 millones de habitantes, el gobierno japonés ha comprometido una cantidad que supone el 21% de su PIB para una población de 128 millones de personas. El conjunto de la UE para siete años compromete el 10% de su PIB para una población de 515 millones de personas, donde a su vez hay países que como Alemania que se disponen a librar 327.000 millones de euros, el 14% de su PIB, para mantener la economía nacional. En el caso de Francia, esos estímulos se cifran en el 6% de su PIB, el de Italia el 5%, y en el caso español se reduce al 3,2% de su PIB sumando todo tipo de estímulos previstos de muy diversa naturaleza.
Volvamos al plan aprobado por la Comisión Europea. El Parlamento europeo cifró la cuantía total del fondo en una cifra cercana a los 2 billones de euros. Finalmente, el Consejo ha aprobado unos insuficientes 750.000 millones de euros para el periodo de siete años; de los cuales 390.000 millones serán ayudas y los restantes 360.000 millones préstamos que deberán ser provistos por entidades financieras privadas tanto bancarias como fondos de inversión y otras. Pareciera, por cierto, que la puesta en marcha de una sanidad pública a la altura de los retos no figura entre las prioridades del Plan.
La recaudación comunitaria extraordinaria para hacer frente a los intereses será mediante la implementación de nuevos impuestos indirectos, particularmente tasas sobre plásticos y emisiones. Mecanismo que no soluciona el problema ambiental como ha venido demostrándose con la existencia de otras figuras impositivas ambientales que no disuaden en la medida de lo necesario ni a productores ni consumidores. Y, a su vez, supone una propuesta fiscal y financieramente peligrosa porque si descienden las emisiones o el uso de plásticos bien como efecto de la crisis o bien por el avance en un modelo productivo limpio, podría darse un importante problema para hacer frente a las obligaciones con los acreedores financieros.
En una reciente videoconferencia el economista Daniel Albarracín afirmaba al respecto que “las medidas fiscales basadas en ecotasas, de carácter indirecto y regresivo, sólo abarcarían el pago de intereses. El principal que sufraga transferencias y préstamos es a cargo de deuda, mutualizada sí, que es la novedad, pero no menos austeritaria. Al final los Estados tendrán que aportar más al presupuesto europeo, y eso sólo es posible con dos fórmulas: impuestos indirectos nacionales (una vez descartadas las reformas fiscales progresivas) y recortes de gastos”.
Todo ello bajo ciertas condiciones y sometido a control de la Comisión Europea que se afirma “pedirá la opinión del Comité Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes»; comité que está formado por representantes de los Tesoros y bancos centrales, la élite de la intelligentsia neoliberal. ¡Atención! Un país puede poner trabas al uso del dinero recibido por otro si ve peligrar sus intereses o sectores estratégicos, lo que puede alargar el proceso de recepción o incluso impedirlo en ciertos destinos. Y, lo que es peor, nadie ha erradicado, bien al contrario, las exigencias neoliberales de ataques al sistema público de pensiones exigiendo su “racionalización” a la baja para permitir, a su vez, el despliegue de los planes y seguros privados; tampoco las reiteradas prohibiciones a la reforma en clave social de las Reformas laborales de Zapatero y de Rajoy y arrecian las llamadas, con la excusa de la productividad, la competitividad y la modernización del sistema empresarial, al oximorón de la flexiseguridad y la desregulación de las condiciones laborales; y, finalmente habrá serios reparos e inconvenientes para un aumento significativo del gasto social o de la inversión pública.
Los dineros que nos tocan
Al Estado español le han correspondido 140.000 millones. De los cuales unos 68.000 son en créditos que tendrá que devolver en las condiciones y con los intereses que los prestamistas establezcan y unos 72.000 que serán ayudas cuyos fondos que no tendrá que pagar directamente el gobierno español, pero sí contribuir de forma proporcional a la amortización de dichas ayudas junto al resto de socios comunitarios. Estas ayudas no serán propiamente subvenciones porque se nutrirán de emisiones de bonos a colocar en los mercados de forma mancomunada por medio de Comisión europea, cuya devolución por la UE estará gravada con intereses.
Lo de que nos tocan es un decir porque la mayor parte irá vehiculizada a través del mundo empresarial. Y por tanto se aplicará según sus prioridades y sus conveniencias a la hora de interpretar donde están los nichos de negocio: sea en digitalización, sea en la manida economía verde compatible con la ganancia privada. Pero este es otro debate, el de las contradicciones entre el New Green Deal y el modo de producción capitalista.
Sánchez volvió de su insomnio europeo afirmando que el fondo europeo asciende al 60% del PIB del Estado español, sin explicitar que el monto es el total para la UE, no el que corresponde al Reino de España. En otro momento ha afirmado que las ayudas europeas en forma de préstamos y subvenciones iban a suponer el 16% de nuestro PIB lo que supone una abultadísima cifra. Un lapsus porque posteriormente se ha afincado en que dicha cifra suponía el 11% del PIB patrio. Sánchez es economista, maneja al menos la aritmética y es de suponer que sabe sacar porcentajes con excel. No cabe mucho error. ¿Entonces? Pues muy sencillo se le olvidó decir que comparaba el monto total a recibir en 7 años no con el PIB previsto de todo el periodo sino con el PIB de 1 año. Lo que supone una cifra del entorno del 2% del PIB español anual. O sea, mentirosillo.
Estas cifras europeas para España hay que ponerlas en relación con la cruda realidad del país. Los números no son preformativos como pretendidamente lo son los discursos, pero las cifras son, y no es poco, indicadores fiables de la realidad económica. En los cinco primeros meses del 2020 el déficit del Estado se ha duplicado hasta situarse en 32.252 millones de euros, lo que equivale al 2,88% del PIB. La deuda pública española el pasado mes de mayo se situó en el orden de 1,258 billones de euros, lo que representa el 101,4% del PIB, acompañada de una caída de los ingresos públicos del orden del 10,6% (especialmente significativo en los correspondientes al IRPF que ha descendido en un 31,5%) y un aumento de los gastos del 10,8% para mitigar los efectos sociales y laborales de la crisis. De continuar esta tendencia al final de 2020 el desequilibrio anual de las cuentas podría situarse en una franja del 10 al 15%, una posible caída del PIB de entre un 9 a un 15%, implicaría una deuda soberana del 120% del PIB. Todo ello en un marco en el que desde 2007 los impuestos recaen fundamentalmente sobre la clase trabajadora a través del IRPF y el IVA ya que el Impuesto de Sociedades (IS) en 2019 solo ha representado 23,733 millones de euros, el 11,9% del total de la recaudación cuando en 2007 ascendía a 44.823 millones de euros, el 22,3% de lo recaudado, y, sin embargo, los beneficios empresariales antes de impuestos y tras ajustes intragrupos, han crecido un 23,3% en el periodo 2007-2019.
Caso español: hipertrofia de discursos, carencia de recursos
El abordaje de la cuestión en el debate público está determinado en el caso español por dos cuestiones. Los asuntos europeos son enfocados estrictamente en función de la política interna, mucho más allá incluso de lo que haya podido suceder en el reciente caso holandés. Ello lleva a un sistemático empobrecimiento del debate ya que los diferentes partidos se posicionan en función de sus intereses electorales inmediatos. A diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en Francia dónde hubo un debate social y mediático sobre el contenido mismo del Tratado de Maastricht o, en este momento, sobre lo aprobado en el Consejo, tanto en términos del modelo europeo como a los efectos inmediatos sobre el propio país.
En los asuntos europeos, dentro de la izquierda española, hay una tendencia a hacer causa común frente a terceros en términos nacionales, de ahí expresiones como que el PP es el partido holandés, las llamadas a boicotear los productos holandeses -gentes que no lo han hecho jamás, por cierto, con los productos sionistas- o a identificar gobernantes y pueblos en una suerte de imagen-espejo de lo que hacen los gobernantes liberales holandeses respecto a los pueblos del sur. Esto es debido a que ha desparecido la perspectiva de clase al juzgar las actuaciones de gobiernos insolidarios que también la practican contra su clase trabajadora. Y con ello se dificulta levantar redes internacionalistas solidarias entre los pueblos.
Por otro lado, los políticos españoles que defienden el actual modelo europeo aún jibarizan más los términos de la discusión porque suelen decir, como en su día hiciera Alfonso Guerra en la campaña informativa sobre Maastricht que “la cuestión no es la letra del Tratado” sino como afirmó su compadre Felipe González “si queremos proseguir el proceso de construcción europea o no”. Como si una y otra cuestión, letra y proceso, no estuvieran ligadas. El resultado de esta posición irracional es que el discurso ideológico abstracto y apriorístico europeísta que no analiza los intereses de fondo en pugna, sustituye sistemáticamente al debate político racional sobre la Europa real y la deseable.
Mientras en la sociedad los problemas aumentan y el tiempo se ralentiza siempre al borde de la ruina, pareciera que en el universo de la política institucional todo fluyera a gran velocidad sin que, de momento, despeguen las soluciones. La extrema derecha del PP y Vox, sectaria, cerril y autoritaria antes de la pandemia, durante la pandemia y ante los recientes acuerdos europeos quisiera, frente al gobierno de Sánchez al que califica de ilegítimo, hacer creer a la población que existe un estado de necesidad que justificaría una intervención del Estado profundo para enderezar la situación. Ha impuesto un clima violento y crispado en la vida pública. Siendo peligrosa la actitud del tándem Casado-Abascal desde un punto de vista democrático, además es inútil para sus fines pues no hace sino reforzar al gobierno que quieren combatir. Hasta tal punto es torpe la actitud de la dirección del PP atrincherada en la calle Génova que la CEOE ha decidido -pese a sus coincidencias estratégicas con el partido conservador- mantener su autonomía táctica en relación con el gobierno para mejor defender los intereses patronales en el momento actual. Por su parte desde Moncloa se oculta la propia inconsistencia, los errores y los magros resultados magnificando como logro efectivo lo que en ocasiones no son sino promesas para el futuro. Pero, haciendo balance de estos meses, en la correlación de torpezas existente sale reforzado Sánchez.
En el Estado español llevamos un tiempo en el que nada es lo que parece y lo que parece no es. Tiempo lleno de hipérboles y enfáticos discursos. En el que el término histórico parece multiplicarse por los pasillos parlamentarios, las redacciones de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Alguien se acuerda de que el pasado 3 de julio se firmó por parte de CEOE, CEPYME, CCOO, UGT y el propio gobierno el “Acuerdo para la reactivación económica y el empleo”? Un documento vacío que simplemente ratificaba lo ya aprobado por el gobierno, lleno de generalidades y cuyos enunciados propositivos eran tópicos manidos. No hace ni un mes que fue calificado pomposamente de hito pues reanudaba la fallida senda de la concertación social cuando realmente sólo tenía una finalidad inmediata que era reforzar la candidatura de Nadia Calviño al frente de Eurogrupo. Igualmente, en el Congreso de los Diputados se está escenificando la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica como ensayo / entrenamiento para el debate de los próximos PPGE.
En la actual coyuntura el gobierno de Sánchez tiene como prioridad absoluta la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PPGE) por tres razones: los actuales están obsoletos, son manifiestamente insuficientes y otros nuevos deben ser aprobados en breve plazo por exigencia comunitaria para que el Estado español pueda participar en cualquier línea de préstamos o subvenciones. Los actuales presupuestos, claramente austeritarios, son prórroga y herencia del anterior gobierno de Rajoy. Con esas cuentas ni siquiera los alicortos -por escasa imaginación y modestas aspiraciones- acuerdos del pacto de gobierno PSOE-UP podrían llevarse a cabo.
Ello se ve agravado por el impacto económico de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 que exigiría poder contar con una robusta herramienta presupuestaria. El brusco y brutal descenso del PIB español en el marco de una recesión mundial sin precedentes, la socialización de los costes patronales salariales mediante los ERTE y el previsible incremento exponencial de las prestaciones por desempleo junto con la evidencia de la necesidad de un aumento del gasto en la sanidad pública suponen una losa para unas arcas públicas vacías. Si además -que no es el caso- el gobierno de Sánchez quisiera intervenir decididamente en la economía mediante inversiones públicas y la socialización de las principales empresas en riesgo de cierre y de los sectores productivos estratégicos para efectuar un cambio de modelo productivo, la necesidad de unos PPGE robustos aún sería más evidente. Pero ello supondría una drástica reforma fiscal que no está en el orden del día del consejo de ministros. Cegada esa vía la única que queda abierta es esperar una lluvia de maná proveniente de más allá de los Pirineos.
Esta idea, posponer la reforma fiscal como afirmó el secretario general de CC OO Unai Sordo (ahora no toca se dice), determina la orientación de la mayoría de la izquierda política que hoy se sienta en el gobierno, que ha renunciado hoy por hoy a un aspecto esencial de los acuerdos que le permitieron nacer. Ha triunfado en los hechos, de momento, la idea del PP y de Cs contraria a la subida de impuestos. Estos partidos mantienen la creencia neoliberal de que se puede recaudar más disminuyendo la tributación, acto de persistente contra toda evidencia. Se renuncia a la reforma fiscal precisamente cuando más urgente es y más necesaria adecuar la recaudación a los retos.
El gobierno de Sánchez recibe y acusa críticas por su derecha, pero no desde su izquierda. El temor a los bárbaros posfranquistas ha impuesto la censura y autocensura en la izquierda. Pero tal como plantea acertadamente Fernando López Agudín, “Consecuencia de ello es que carece de alternativa a su gobierno progresista, tanto como de una crítica que no sea de derechas. Por vez primera desde la transición, no existe una alternativa desde la izquierda al PSOE.La izquierda populista no solo no lo es, sino que su horizonte aspiracional se limita a sentarse en el gobierno con la izquierda socialista bajo la dirección del PSOE”.[v] Por lo que augura tras la capitalización del acuerdo alcanzado por la Comisión Europea, de aprobarse los próximos PPGE, un nuevo periodo de hegemonía socialista (social liberal, mejor dicho) bajo el sanchismo.
Y pareciera que no aceptar o criticar todos y cada uno de los pasos dados por el gobierno y, en este caso, el encendido entusiasmo por los acuerdos sobre la Next Generation UE del Consejo Europeo es poco menos que un delito de lesa división, cuando realmente es la única esperanza de corrección de un rumbo cuanto mínimo incierto para la mayoría social. Rumbo que va a venir señalado por los postulados neoliberales del recién creado Consejo Asesor de Asuntos Económicos compuesto por 17 expertos al mando de Nadia Calviño.
Pero no todo es silencio ni ruido de palmeros gubernamentales, en estos días también hemos podido leer valiosas aportaciones de gentes situadas en la izquierda y cuyo compromiso con la mayoría social es indiscutible. A modo de muestra no exhaustiva de mi entorno más cercano os aporto unas referencias.[vi] Estoy seguro de que pronto serán más en un amplio movimiento exigente y dispuesto a parar a la derecha y abrir nuevas perspectivas de avances populares.
Notas
[i] Ortiz, J “La ocasión perdida del artículo 13.2” ponencia presentada en las Jornadas en favor de un referéndum sobre el Tratado de Maastricht” Madrid, 25/91992
[ii] Donaire, G. y Urbán, M. “En la Unión Europea nunca es oro todo lo que reluce”. El Salto diario. https://www.elsaltodiario.com/tribuna/fondo-reconstruccion-consejo-union-europea-nunca-oro-reluce
[iii] Ni me molesto en buscar más referencias, cualquiera le ha podido oír y leer en su nuevo papel de líder europeo con impronta… “histórica”.
[iv] Entrevista de Sandrine Morel a Pablo Iglesias en Le Monde, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/22/pablo-iglesias-le-dogmatisme-neoliberal-qui-a-fait-tant-de-mal-a-l-europe-du-sud-a-ete-corrige_
[v] López Agusdin, F. “Encerrados con Sánchez”. Público. https://m.publico.es/columnas/110648797656/el-desconcierto-encerrados-con-sanchez/amp
[vi] Kuchart, T. “La troika, sentada en el consejo de ministros” El Salto, https://www.elsaltodiario.com/opinion/tom-kucharz-troika-sentada-consejo-ministros-acuerdo-recuperacion-next-generation