La caída de la economía entre 2018 y 2020, ha sido asimétrica con mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajo ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes.
La pérdida en el ingreso por habitante en Nicaragua derivada de la recesión iniciada en abril 2018 se recuperará, aproximadamente, hasta en el año 2030. Será hasta 2031 cuando el producto interno bruto (PIB) per cápita, una medida del ingreso por habitante, regrese a sus niveles observados en 2017, mientras que para el PIB nacional se prevé que pueda alcanzar los niveles previos a 2018 entre el 2025 y 2026.
Será un decenio perdido en términos macroeconómicos y si lo vemos desde el punto de vista per cápita por el tamaño de la población, básicamente puede tomar una década para volver a los niveles de PIB que teníamos previos a la crisis de 2018.
La inversión fija bruta, que es el gasto de las empresas que realizan en la adquisición de maquinarias, equipo y la actividad de la construcción, se ha deteriorado desde el 2018 a la fecha. Este indicador es un termómetro para medir la economía pues representan los gastos de las empresas y es un determinante del crecimiento futuro del PIB, del PIB per cápita y del empleo.
El rezago en la inversión en maquinaria, equipo y en la construcción se debe a que se mantiene una incertidumbre elevada respecto de la recuperación general de la economía, afectada por las cinco crisis (económica, social, política, sanitaria e internacional). La falta de mejora en el gasto de capital entre el 2018 a 2020 refleja el complicado panorama para la recuperación de la economía en el 2021.
Los niveles reducidos en el gasto de capital entre el 2018 y 2020, suponen una barrera elevada para el crecimiento económico en el corto y mediano plazo, por lo que considero que incluso los sectores más dinámicos como la construcción tendrá un crecimiento frágil y desigual con repercusiones negativas en el empleo y en el mejoramiento de los salarios. Sin inversión no hay empleo, pero sin empleo, no hay ingresos para los trabajadores ni ganancias para los empresarios.
La larga recesión y la crisis del coronavirus dejarán cicatrices en el mercado laboral, acompañado de pérdidas permanentes de ingresos. Se calcula que el desempleo ha alcanzado su máximo en el año 2020. Desde el 2018 las condiciones generales para los trabajadores se han deteriorado al grado de que la masa salarial –el total de sueldos pagados– es menor respecto al nivel anterior a la rebelión de abril 2018.
El cierre y/o quiebra de negocios ha contagiado al resto de la economía. Junto con la menor producción de bienes y servicios y la reducción del empleo formal, bajan los ingresos públicos, se reduce la demanda de todo tipo de bienes y servicios y se pierde parte de las inversiones en locales comerciales, talleres, terrenos, oficinas, empresas y el aumento de la pobreza en miles de familias.
En una sociedad de consumo, como la nuestra, cuando la gente deja de comprar se produce un círculo vicioso. Si las personas no tienen trabajo no demandan bienes y servicios y las empresas que los producen venden menos, despiden personal y generan más cierres de empresas. Esto es lo que hemos vivido entre el 2018 y 2020, con pocas posibilidades de una recuperación en el 2021.
El deterioro del mercado laboral formal se ha recargado en la gente con menores ingresos. Parte de los dueños de empresas que perdieron sus negocios y sus empleados no han encontrado otras opciones productivas para sobrevivir. Desde el 2018, una de las características ha sido la precarización del empleo más que por un aumento desproporcionado en la tasa de desempleo abierto. El gobierno no ha lanzado algún programa de apoyo a los sectores más afectados en el empleo.
Se prevé que pasarán ocho a diez años para que el desempleo baje a niveles de 2017 y que los trabajadores formales que perdieron sus empleos vuelvan a trabajar en el corto plazo. Comprender el comportamiento de estos trabajadores desanimados y otros miembros vulnerables de la fuerza laboral es clave para comprender el posible daño a largo plazo de la recesión actual.
El trabajo informal como amortiguador de la pérdida de empleo puede resultar menos contundente en el marco de la depresión económica que vivimos por el efecto combinado de las cinco crisis(económica, social, política, sanitaria e internacional). En el 2021, la economía no se va a recuperar al ritmo que requiere el país para mitigar la pobreza ni se va a disminuir la desigualdad social.
La crisis barrió con más de la mitad de los empleos entre los trabajadores que todavía ganaban un salario promedio nacional, además la pérdida de plazas se ha concentrado en los servicios para el consumo privado (hoteles, restaurantes, turismo y todo tipo de servicios). Por ejemplo, en términos netos, en base a los datos del ingreso en el sector turismo, hay una caída del 73,7 por ciento en 2020 en comparación al 2017.
Una vez que la población no económicamente activa se reincorpore al mercado de trabajo, es más probable que lo haga en la informalidad que en un puesto formal. Es necesario tomar en cuenta que la mayor afectación en el empleo se dio en las actividades de menores ingresos, trabajos eventuales, cuenta propia, mujeres y de la población juvenil.
La industria turística en aún tiene futuro, pese a ser el sector más afectado por la crisis ocasionada por la recesión y la pandemia de Covid-19; sin embargo, llevará varios años retomar el ritmo de crecimiento que tenía antes de la crisis de abril de 2018. El turismo tiene futuro aún y se debe seguir pugnando porque sea una actividad esencial.
La tasa de subutilización de la fuerza laboral continúa creciendo, los salarios permanecen prácticamente congelados desde 2018, la tasa de inflación acumulada durante el período enero 2018-junio 2020 es igual a 11.6 por ciento y no se vislumbra una recuperación económica vigorosa en el 2021.
Todo indica que la política salarial del régimen va a favorecer el congelamiento del salario y si se produce un incremento será limitado. En el 2021, es casi seguro que el salario promedio nacional no alcance el costo de la canasta básica y se deteriore, debido al alza de precio en: la canasta básica, la energía eléctrica, el gas butano, el agua potable, los combustibles, etcétera.
En el 2021, la energía eléctrica tendrá un incremento del precio del kilovatios-hora debido al proceso de recorte de los subsidios que el régimen va aplicar a partir de enero. Por otro lado, el incremento del sobreprecio de los combustibles lo aplican para compensar la caída de las ventas con el objetivo de mantener las ganancias de la empresa distribuidora propiedad de Ortega-Murillo.
En el 2021, la tendencia es que las personas dejen de comprar ropa, zapatos, electrodomésticos, pero la comida no la dejaran de comprar y cuando no puedan comprar toda, compraran menos o sustituyen alimentos caros por otro más barato y, por último, comerán salteados y entraremos en el proceso de una insuficiencia alimentaria ampliada. Igual puede suceder en el pago de los servicios básicos, la gente paga, como puede, el agua y la luz.
La coyuntura económica derivada de las cinco crisis ha propiciado que los índices de pobreza se disparen, poniendo a muchos en la tesitura de tener que decidir qué facturas dejar de pagar para poder vivir con lo mínimo. Llegará un momento en que no podrán pagar, entonces se puede producir protestas en diferentes lugares del país. La oposición tiene que tener en cuenta esa realidad que se avecina y montar campañas de apoyo a las demandas de “los de abajo”.
Durante los últimos tres años (2018-2020) el salario mínimo ha estado congelado. Por esa razón, es posible que los asalariados presenten reivindicaciones en el transcurso del 2021. Hay que estar claro que, para que exista la posibilidad de un crecimiento económico positivo es preciso incrementar la participación de los salarios en el ingreso nacional.
Hasta la fecha los empresarios en alianza con el régimen han bajado los salarios, contando para ello con el apoyo del sindicalismo progubernamental, el océano de la economía informal, la prohibición de las huelgas, el outsourcing, etcétera. Todos esos factores comprimen los salarios y, en consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso anual. Así próspera la desigualdad social y la pobreza.
Desde la óptica del régimen los huracanes están siendo considerados un alivio económicamente hablando. Anteriormente, ellos no tenían muchas esperanzas de conseguir donaciones y préstamos. Por tanto, ellos piensan que se presenta una nueva coyuntura: al pasar de una proyección de contracción económica en el 2021 (de acuerdo al presupuesto presentado en octubre) a la posibilidad de tener un crecimiento limitado, a nivel macroeconómico; que le puede servir para engatusar al empresariado en general. Sin embargo, a nivel microeconómico, la pobreza, la desigualdad y el descontento social de la población la tendencia es a incrementarse.
Fuente: https://100noticias.com.ni/economia/104273-recesion-economica-empleo-desempleo-nicaragua/