La paridad como principio debe leerse más allá del Parlamento: atravesando otros espacios y poderes del Estado, como el Judicial y el Ejecutivo, y siguiendo los principios internacionales. De este modo, podemos entenderlo como parte de un proyecto político mayor de la gobernanza democrática, en donde se asegure sustantivamente espacios reales de representación y un ejercicio del poder democrático de mujeres y grupos históricamente excluidos.