“Rechazamos y condenamos enérgicamente, la persecución política y judicial que está siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años”. Ana Cecilia Jiménez, defensora de derechos humanos en Costa Rica.
Costa Rica es una nación centroamericana conocida en el mundo por su atracción turística, progreso y por sus 74 años de vivir como un país soberano, sin fuerzas armadas y ejercito, sin embargo, también se lleva a cabo el juicio político más largo de su historia en el siglo XXI.
El defensor de derechos humanos y dirigente social, Orlando Barrantes es el enjuiciado por el Estado Costarricense, puesto que desde hace 22 años su segunda casa han sido los tribunales de justicia en la provincia de Limón, específicamente en Guápiles.
La “pura vida” en Costa Rica se ha tornado en pura persecución judicial contra Barrantes de 70 años, quien solo se ha dedicado a defender los derechos humanos de la clase obrera de Costa Rica.
La historia se remonta en el año 2000 cuando diversas protestas efectuadas en la provincia de Limón eran lideradas por los obreros que exigían una mejora en su calidad de vida y salarios, puesto que la pobreza generada por los grandes emporios del capital transnacional estadounidense, invisibilizan la fuerza humana productiva de trabajo.
Haciendo uso del derecho humano de la protesta, según lo establece la carta universal de los derechos humanos, los manifestantes hicieron una acción pacifica que se tornó violenta, esto según lo describen los testigos del hecho; “la policía comenzó a reprimir las protestas pacíficas, a través de sus tácticas de fuerza y represión para disolver esta acción del movimiento popular”.
República bananera
En esta protesta pacífica efectuada hace 22 años participaron ex trabajadores del ferrocarril, campesinos, transportistas individuales y el sector obrero que trabajaba en los muelles.
Estos sectores populares exigían en ese momento, un apoyo contundente de insumos de parte del Estado costarricense, puesto que es el responsable social del bienestar social de sus habitantes, ya que, para ese entonces, los campesinos habían tenido perdidas bastante significativas, de sus cosechas, debido a los fuertes temporales lluviosos que azotaron el caribe costarricense.
Estas manifestaciones pacíficas se efectuaron en las regiones de Siquirres y Guápiles en donde también participaron ex trabajadores bananeros afectados por el agro-químico del (DibromoCloroPropano o DBCP), más conocido como el nemagón, cuya sustancia toxica dañó irreversiblemente la salud de gran parte de la población centroamericana, y fue usado por las grandes corporaciones bananeras de capital extranjero, a sabiendas de su peligrosidad.
Los trabajadores colocaron este veneno en los campos bananeros, ya que, para ese entonces, ellos desconocían sus efectos secundarios en el organismo.
Todos estos sectores populares de la clase obrera costarricense, defendían sus derechos humanos y exigían justicia de los daños que habían sido víctimas por trabajar en estas corporaciones, cuyo capital transnacional es un brazo invisible del sistema capitalista atroz e inhumano que ha dañado a gran parte de Latinoamérica.
Calabozos de la injusticia
A raíz de este fuerte movimiento popular suscitado hace 22 años, el Estado de Costa Rica a través de sus aparatos de seguridad estatal, envío a sus emisarios de la represión para atacar a los manifestantes pacíficos y arrestar a la clase pobre y trabajadora, del país, que no cuenta con militares.
Los luchadores sociales fueron puestos provisionalmente en los calabozos de la injusticia costarricense, mientras el Estado de Costa Rica iniciaba una acusación falsa contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, relacionándolo con falsos positivos.
Haciendo creer de esta forma, que el defensor de derechos humanos, Barrantes planificó esta protesta y todo lo que conllevó en ella, pese a que testigos oficiales ante los tribunales de Guápiles, comprueban que Barrantes no participó ni coordinó, esta acción de protesta.
Por tal motivo, en los 22 años de enjuiciamiento nunca se ha logrado comprobar los cargos judiciales falsos en su contra, lo que significa una clara criminalización de la protesta social en Costa Rica, para infundir el miedo en el sector popular y luchador de esa nación. Paralizando así, sus movimientos de exigencia en la construcción social y dignificación humana del pueblo.
En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que; “Barrantes ha sido víctima sistemáticamente durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia de Costa Rica, plagado de arbitrariedad”, también enfatizó que solidarizarse con esta lucha es garantizar el derecho legítimo a la protesta social y a la organización desde las comunidades.
Octavo juicio
Barrantes es un reconocido luchador social costarricense que siempre ha estado al lado de los oprimidos o de las grandes mayorías vilipendiadas en Costa Rica, su delito fue el defender los derechos humanos de la clase obrera y denunciar las injusticias y los trabajos inhumanos, a los que son subyugados los campesinos y toda la clase popular en Costa Rica.
Este defensor de la humanidad costarricense, fungió como secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y Fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
De igual manera es un distinguido miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y por ende amante de la vida, del prójimo e incansable buscador de la justicia para los pueblos sometidos de esta nación centroamericana.
Sin embargo, este extenso currículo de vida que posee Orlando Barrantes no es del agrado del Estado costarricense, puesto que sus operadores de justicia prefieren defender los intereses del capital extranjero transnacional, antes de buscar justicia para su propio pueblo.
En los juzgados de Guápiles, actualmente se lleva a cabo el octavo juicio contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, por lo que distintas organizaciones de los derechos humanos, organizaciones populares y ecologistas, se encuentran apostadas frente a estos tribunales exigiendo la libertad absolutoria para Barrantes.
Falsos positivos
Una de estas organizaciones, es la Federación Ecologista (FECON) cuya militante Angelica Alvarado menciona que el luchador social Barrantes, es totalmente inocente de los cargos judiciales falsos que se le imputan aduciendo que; “Él nunca estuvo presente en la protesta de hace 22 años y tampoco coordinó la misma, es más, las personas que estuvieron en esa acción son los principales testigos ante los tribunales y aseguran que Barrantes, jamás participó en la protesta”.
Ante estos hechos de la persecución judicial contra el compañero Orlando Barrantes, es una clara estrategia de parte del Estado costarricense de generar falsos positivos tal y cual lo estableció en su momento el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia para perseguir y criminalizar la protesta social, contra los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el caso de Orlando Barrantes, se transforma en un pésimo precedente que ha debilitado el estado de derecho y democrático de Costa Rica, durante 22 años.
Ante ello, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) mediante diversos comunicados son del criterio; “que en el marco del diseño justo y digno que debe caracterizar a un Estado de derecho democrático en el mundo, los tribunales de justicia costarricense deben de declarar libertad absolutoria en el caso de Orlando Barrantes.
En un reciente comunicado la ACODEHU manifiesta; “rechazamos y condenamos enérgicamente, la persecución política y judicial que está siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años”.
De igual forma la ACODEHU invita a los organismos de derechos humanos internacionales, a que se unan a la condena de esta injusticia contra Orlando Barrantes, puesto que los aparatos judiciales de Costa Rica, tienen como objetivo primordial acallar las voces de los oprimidos.
Oprimidos que viven en un Estado que vende una falsa imagen de democracia y bienestar social ante el mundo, a través de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y del capital financiero transnacional que violenta la soberanía en Costa Rica.
Ronnie Huete-Salgado. Periodista internacional.
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