La ofensiva racista y xenófoba del gobierno del PRM adquirió un carácter abiertamente criminal hace un año, con la detención masiva de mujeres embarazadas en hospitales y sus alrededores, y la separación de infantes de sus padres y representantes legales.
Hoy se confirma que el gobierno ha separado a más de 1,800 infantes, de sus familias en lo que va de año, de acuerdo con estadísticas de la UNICEF. Estos infantes han sido enviados a Haití sin tener documentos que confirmen su nacionalidad. Madres también han sido expulsadas sumariamente, quedando sus hijas e hijos abandonados en territorio dominicano. Llamamos al más amplio repudio a estos crímenes contra la niñez negra, haitiana y dominicana de ascendencia haitiana. Cada crimen de Abinader, un verdadero Herodes moderno, no solo ofende a todas las personas negras de este país, también ofende a todas las personas con sentido de la dignidad y convicciones democráticas, en República Dominicana y más allá de nuestras fronteras.
Como en los tiempos de las dictaduras de Balaguer y Trujillo, policías, militares y agentes migratorios cada noche irrumpen en las casas de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, realizando destrozos y robos, sometiendo a las personas a extorsiones, vejaciones, destrucción de sus documentos, reteniendo a decenas de personas en autobuses y celdas improvisadas, hacinadas e insalubres. E incluso llevando a cabo torturas y asesinatos. Ante las críticas internacionales, el gobierno ha respondido acelerando las expulsiones y lanzando el decreto 668-22, que crea una unidad policial especial con una misión específicamente racista, como lo es la limpieza étnica en los bateyes en tierras estatales o privatizadas, donde viven miles personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos y de izquierda, dominicanas y haitianas han repudiado el decreto 668-22 y las expulsiones masivas. Anuncios Informa sobre este anuncio
El gobierno actúa por motivaciones racistas, en base a la doctrina trujillista y balaguerista. El presidente Abinader de manera permanente ha atacado a la comunidad inmigrante haitiana, calificándola de “carga”, incitando al odio racial y solicitando a nivel internacional una invasión militar “pacificadora” contra Haití. El año pasado, la detención masiva de mujeres embarazadas haitianas fue preparada mediante una campaña de informaciones falsas gubernamentales sobre su supuesto impacto en el presupuesto de salud. Lo que subyace al ataque a las mujeres embarazadas es la teoría conspirativa racista de “invasión de los vientres”, un supuesto ataque demográfico que cambiaría la composición étnica del país y destruiría el Estado dominicano. El director regional del Servicio Nacional de Salud, Manuel Lora, así lo expresó de manera explícita el año pasado.
Ante el aviso de la embajada estadounidense, dirigida a los ciudadanos estadounidenses de piel oscura para que tomen precauciones ante los operativos migratorios racistas del gobierno dominicano, el gobierno respondió con un comunicado asegurando que no puede haber racismo por ser el país “un crisol de razas”. Se trata de un viejo argumento trujillista y balaguerista. También niegan el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno, describiendo los incidentes racistas como “casos anecdóticos sin verificación independiente”.
Pero el gobierno admite haber realizado más de 150 mil expulsiones en dos años. Más de 90 mil se han realizado en lo que va de este año. En otras palabras, estamos ante expulsiones colectivas, de por sí una violación sistemática de los derechos humanos. Por su masividad, estos operativos implican una planificación, con la fijación de metas de detención. El objetivo públicamente declarado del gobierno de aumentar a toda costa las expulsiones, propicia el hacinamiento en los autobuses y los centros de detención. Es evidente que las directrices gubernamentales tienen como consecuencia directa las más brutales y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y que no se trata de casos aislados ni anecdóticos. También hay una evidente conexión entre la política racista del gobierno y la impunidad de la que gozan grupos paramilitares fascistas para llevar a cabo amenazas terroristas y ataques violentos, incluso con apoyo policial.
La Dirección General de Migración (DGM) respondió a las gravísimas denuncias de UNICEF asegurando que los infantes son remitidos a CONANI. Si hubiera oposición en el Congreso, se plantearía la necesidad de una investigación parlamentaria para establecer la responsabilidad política del presidente Abinader, el ministro de Interior y Policía, los directores de la DGM, y los responsables de CONANI, por los crímenes cometidos contra niños y niñas de origen haitiano o de piel negra.
Esta ofensiva criminal del gobierno está teniendo consecuencias económicas desastrosas para el país. La indignación internacional ante los crímenes racistas de Abinader afectarán al turismo, pues nadie quiere vacacionar en un infierno de represión racista. La detención arbitraria de miles de trabajadores de la construcción y la agricultura está afectando a esas industrias. La justa protesta del pueblo de Ouanaminthe contra la brutalidad racista de Abinader, con consignas como “2022 no es 1937”, afectará las exportaciones dominicanas a Haití. El gobierno estadounidense ha suspendido las importaciones de azúcar a la empresa estadounidense Central Romana, por las condiciones laborales de semiesclavitud que impone a trabajadores cañeros haitianos en República Dominicana, denunciadas por la Unión de Trabajadores Cañeros, el MST y otras organizaciones, desde hace años.
Reiteramos nuestras exigencias: derogar el decreto 668-22, que amenaza a los bateyes; pagar las pensiones a los cañeros que trabajaron durante décadas, realizando aportes al sistema de la seguridad social; garantizar contratos de trabajo y visas de trabajo a todos los trabajadores de la industria azucarera, respetar la libertad sindical, restituir la nacionalidad dominicana a todas las personas afectadas por la sentencia racista 168-13; cesar la cooperación entre la Policía Nacional y organizaciones neofascistas, y detener las deportaciones masivas, incluyendo los abusos contra mujeres embarazadas e infantes, y abrir un proceso para regularizar a la comunidad inmigrante similar al aplicado a los inmigrantes venezolanos.
Es necesario que alcen su voz los sectores que se reclaman democráticos o incluso de izquierda y que no han condenando a Abinader. Llamamos a Opción Democrática, Alianza País y el Frente Amplio a repudiar la campaña racista de deportaciones masivas y limpieza étnica, y a usar su representación en el Congreso para interpelar a los responsables de esta política violatoria de los derechos humanos. Llamamos al conjunto de las organizaciones que se reclaman de izquierda, feministas, antirracistas, populares, a convocar una movilización unitaria contra la política antiobrera, antipopular, misógina y racista de Abinader, y especialmente en defensa de la niñez negra. No actuar sería complicidad.
¡Abajo las deportaciones masivas y el decreto racista 668-22!
¡Basta de violencia gubernamental contra la niñez negra!
¡Unidad de los trabajadores y los sectores populares contra el racismo y el fascismo!Enlace a la publicación original: https://mst-rd.org/2022/11/23/luchemos-contra-los-crimenes-racistas-de-abinader/