La Destitución y detención del presidente Pedro Castillo en el Perú que atenta contra el Estado de Derecho en tanto es inconstitucional, ilegal e ilegítimo, y contraviene no solamente la normativa nacional sino también los acuerdos y tratados internacionales que ha firmado el Perú en virtud del respeto al marco jurídico internacional.
Pero además, la imposición de un gobierno de facto, bajo la complicidad de una justicia corrupta y clientelar y un congreso ampliamente deslegitimado, han dado lugar a una nueva reconfiguración del escenario político en Perú, en donde el poder del pueblo y la nueva política de las calles se manifiesta a través de una insurgencia nacional que pone en riesgo esta democracia pactada, ilegal e ilegítima.
El país vive desde entonces momentos de tensión aún a pesar de la declaración de Estado de Emergencia por parte del gobierno, donde los policías y militares se ven rebasados en varios departamentos del país y donde el poder de facto ha ordenado el despliegue de francotiradores en la Capital e infiltrados en las marchas con una saldo lamentable de 8 muertos entre ellos 2 adolescentes. Por lo que la situación actual en las calles bien podría describirse como una guerra civil contra el pueblo desde una clase política ajena a la realidad del país, pero además enceguecida por el poder y miserable con su propio pueblo en todo el sentido de la palabra, un congreso que se identifica con una clase social autonegada, sin identidad que hace gala de un desprecio colonial racista y discriminador heredado por siglos y que en su nube de poder cree que el Perú se quedó estacionado en los años `90 de la dictadura Fuji Montesinista, y no toma conciencia que se está enfrentando a un pueblo cansado de tanta impunidad y abuso que ya no tiene nada que perder y con una sed de justicia que está dispuesto a dar la vida misma en la empresa porque ha tomado conciencia de su rol histórico y de que es lo que quiere para su país.
Por ello, la Destitución del presidente Castillo que se da en un contexto de contradicción legal donde se ejecuta un golpe de Estado desde el Congreso de la República y donde las autoridades jurídicas ejercen una detención arbitraria sin mayor presencia de pruebas o hechos objetivos punibles y solo bajo la sospecha de lo que parecía que iba a hacer, en tanto el aún presidente del Perú según la Fiscal adjunta suprema en lo penal Silvia Sack “tenía el objetivo de levantarse en armas” y que no hizo, pero que al caso no importa porque al final como ella misma argumenta “según la sentencia plenaria casatoria I/2017 que en su fundamento 24 señala: La sospecha inicial simple en grado menos intenso ….requiere por parte del fiscal puntos de partidas objetivos con apoyo justificado por hechos concretos…” se deja por sentado según la fiscal que por decir sospecha ya es suficiente para que se metiera preso a un presidente de la República del Perú, porque desde su cargo como fiscal es suficiente hecho punible, una declaración verbal aún cuando es obvio que no existe hecho concreto.
No obstante en su solicitud de declarar infundada la apelación del aún presidente del Perú y confirmar la resolución materia de impugnación, obviara que el Congreso vulneró la Constitución y la ley en tanto incumplió su propio reglamento artículo 89- A inciso a) que establece que “… Recibido el pedido (de vacancia), copia del mismo se remite, a la mayor brevedad, al Presidente de la República” cosa que no se hizo, inciso b) en donde se señala que, “…Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el cuarenta por ciento de Congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción.” hecho que tampoco se cumplió; Inciso c) donde se estipula que, “…El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata”, que de la misma forma no se ejecutó en tanto solo hubo 101 votos de los 104 que se necesitaban, pero además de no respetar su derecho a la defensa según el debido proceso.
Por otro lado en un artículo publicado por Inés Santa Eulalia y Renzo Gómez en el periódico, El País el mismo 7 de Diciembre del 2022 “Estados Unidos, a través de su embajadora en Lima, instó “enfáticamente” al presidente Castillo a “revertir” su decisión. Y desde dentro del país, el Tribunal Constitucional pidió a las Fuerzas Armadas “restablecer el orden”. Además que los congresistas habían decidido continuar la sesión a pesar del anuncio del cierre de puertas del aún entonces presidente y votaron por mayoría su destitución”. Contraviniendo como ya lo mencionamos su propio reglamento.
Dina Boluarte, la que fuera vicepresidenta de Castillo, asumió el cargo en la tarde del miércoles 7 de Diciembre y desde entonces suman 8 muertos en su haber y cientos de heridos de bala. Y aunque la ONU condenara el número de fallecidos y cuatro países de Latino América expresaran su respaldo al presidente Castillo, entre ellos Bolivia, Argentina, Colombia y México, lo cierto es que la embajadora de EEUU se apresuró a brindar todo su respaldo al nuevo gobierno de facto, evidenciando lo que realmente entiende este país por democracia, sobre un pueblo masacrado.
Sin embargo a pesar de la tensión y el sombrío panorama judicial que no cede ante la convocatoria a un paro nacional y una insurgencia nacional, la respuesta del gobierno de declarar un Estado de Emergencia solo ha renovado los bríos y caldeado los ánimos de una población que continúa sumándose contra un gobierno que al parecer tiene los días contados, a pesar de la represión con la que pretende asustar a un pueblo convencido de que es hora del cambio tan soñado después de la impunidad con la que mataron a más de 69 mil indios y cuya memoria remataron con una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que solo sirvió de pañuelo de lágrimas, para quienes pedían justicia, justificando en sus muertes el progreso que nunca llegó a un pueblo que hoy reconoce con orgullo su pluralidad cultural a pesar del racismo y la discriminación de una clase social desarraigada que educó a sus hijos con la misma violencia que rechazaba sus raíces y su identidad y que somos los que hoy tomamos las calles y levantamos nuestra voz para decirles “vayánse ratas del congreso y cárcel para su gobierno de facto”. Restitución del Presidente Castillo y Asamblea Constituyente para un Perú plurinacional.
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