La vuelta del fujimorismo se va concretando cuando éste logra controlar al estado desde la marina (orquestado por el ingreso a la política de los almirantes Chiabra, Montoya, Cueto), organizando partidos ficticios y mercantilizados: Fuerza Popular-Renovación Popular y Avanza País con los que lograron una mayoría congresal tras la compra de las franquicias de miembros de Alianza Popular y Acción popular con sus mezquinos intereses en obras públicas y universidades. Con esa mayoría lograron someter y manejar a su antojo totalmente al sistema judicial (Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y Ministerio Público). No contaron con que un maestro y campesino, Pedro Castillo ganase las elecciones y Perú Libre logre 37 congresistas, mas 5 de Juntos por el Perú. Con esos votos en contra no podían vacarlo, que fue su intención desde el inicio y comenzaron una persecución colocándole trampas, enviándole lobbistas expertos y mil artimañas. Castillo creyó escudarse en parientes, paisanos, maestros y en partidos de izquierda, pero ellos también cayeron en las redes de un sistema dedicado a la extorsión, las prebendas y coimas. Cae Castillo y el neofujimismo -como ocurrió en 1990- buscó estrechar lazos con el Gobierno norteamericano ofreciéndoles proteger sus inversiones y expansión en la minería a cambio de que garanticen su permanencia y lo lograron.
De ahí que sea necesario exponer que paso en la década del 90, cuando se configura el estado recolonizado, saqueador y corrupto que tenemos. De acuerdo con el entonces diputado Javier Diez Canseco en el Informe final de la Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001 (durante el régimen de Alberto Fujimori) sabemos que un núcleo corrupto integrado por diversos grupos vinculados de forma distinta y particular al poder político, articularon diversos intereses que llevaron a subordinar a las FFAA, utilizando a integrantes del alto mando militar que, desde fines de la década de los ochenta, venía preparando una propuesta de reestructuración económica, jurídica, social y de control del Estado por 20 o 30 años. Al abandonar la soberanía y sin proyecto nacional, las fuerzas armadas y policiales decidieron que su función era proteger la inversión privada. Y la otra, importante, controlar el narcotráfico en tierra, mar y aire. La policía de acuerdo con la investigación del Instituto de Defensa Legal, existen desde 1994 al menos 138 convenios de la policía nacional con empresas extractivas para su exclusiva protección, violando su propia constitución, los derechos humanos y de las comunidades de indígenas y desnaturalizan la función policial respecto a la seguridad pública. Al convertirlos en privilegiados mercantilizan sus conductas y los embrutecen al grado de asesinar a poblaciones y luchadores sin miramientos; “los convenios deslegitiman la función policial. Las razones son múltiples, pues para empezar representan la privatización de la función policial, que se ve desnaturalizada y orientada a la protección de intereses corporativos en vez de los de la colectividad.”[1] Y lo más importante, en el Perú tenemos el mismo sistema de control del ministerio público de los narcos mexicanos que pagaban millones al secretario de seguridad pública, las instituciones claves trabajan para ellos y no a la inversa.
Cuando cayó esta dictadura hubo balances de los innumerables delitos económicos y financieros, de actos antijurídicos e ilegítimos del funcionariado y organizaciones criminales que se apropiaban de los bienes del Estado y el patrimonio común para su provecho. Sin ningún control y regulación, funcionarios, políticos y empresas se apropiaron de los bienes jurídicos colectivos a través de licitaciones, subvenciones, créditos, usos de la política económica, de concesiones, permisos monopólicos, operativos tributarios, hasta delitos patrimoniales y fiscales, mezclando cínicamente lo público y lo privado en un claro cotidiano abuso de poder. Implementar reformas estructurales y políticas de shock para sacar al país de la crisis económica, permitió que los procesos derivados de dichas reformas fueran utilizados para que este grupo de poder de funcionarios civiles y militares asociados ilícitamente actuara en contra de los intereses del Estado y de la sociedad peruana. En los procesos de privatización, salvataje bancario, negociación de la deuda pública, las grandes licitaciones y adquisiciones del Estado, intervino activamente el gobierno y fue un agente de transferencia de recursos públicos a manos privadas, a partir de negociaciones políticas y a cambio de beneficios económicos ilegales para financiar la red de corrupción. La aplicación de las reformas económicas neoliberales se dio en el marco de un régimen autoritario que las desfiguró y utilizó.
Sobre esta base neocolonial podremos observar otros rasgos del capitalismo actual que ya no buscan mas la prosperidad como fuente de legitimación, hoy mas bien se trata de ocultar bajo formas discursivas fetichistas, como son la sutil eliminación de la soberanía, la idea vuelta hegemónica de que la inversión privada es el único eje posible de la economía, bajo la idea de impulsar el crecimiento; el despojo de territorios y recursos en base a la corrupción; la potencialidad de la crisis como elementos de amenaza permanente: en este contexto el Estado se transforma en un mercado de privilegios y al integrar a las corporaciones en la llamada gobernanza transformó la política y la convirtió en una mercancía. De este modo la lumpenburguesía encuentra nuevos canales de corrupción y crece paralelamente al incremento de las prerrogativas de la clase media alienada. Pero hay mas, veamos:
1.- Desde la década de 1990, los poderosos han sabido de su capacidad para infiltrarse en el aparato estatal, influir en la legislatura, eludir o manipular el poder judicial. Montesinos con su experiencia en la CIA y como defensor de narcotraficantes lo hizo a traves nada menos que de la presidencia de Fujimori. Juntos corrompieron a todo el sistema político, de arriba hacia abajo y de un lado al otro, utilizando el dinero del propio Estado sobornaban y extorsionaban. Es lo mismo que hacen ahora en todos los poderes del Estado, incluyendo las FFAA y PP y el poder mediático.
Los liberales saben desde hace mucho que el capitalismo tiene un enorme poder de corrupción del poder político. Como decía Stuart Mill, hace cerca de dos siglos, los intereses del capital están más concentrados y tienen un gran poder de combinación para establecer la corrupción. O como bien dice Flax sobre el periodo neoliberal:
La gran corrupción, los grandes negociados… Requieren de la concurrencia de muchos actores que participan activamente o se limitan a la responsabilidad por omisión de la “vista gorda”. Este intercambio de favores no se reduce a un intercambio económico, y las cláusulas de la transacción no están claramente definidas. Lo único claro es que se espera reciprocidad inmediata o en algún momento. En el intercambio corrupto organizado se requieren redes sociales que posibiliten el intercambio político, económico y social. Queda así en manos de determinados grupos corporativos –impunes por la red de protección construida– el acceso privilegiado a decisiones y a los recursos públicos. De este modo, los unos necesitan a los otros para mantener una estructura de poder. Se constituye así una elite en la cual los agentes se conocen con anterioridad y tienen la libertad de movimientos que generan las relaciones de confianza institucionalizadas. Las redes legales y funcionales favorecen el surgimiento de redes ilegales de corrupción y los mediadores se transforman en oferentes de sobornos y en intermediarios de transacciones ilegales.[2]
Una fuente adicional de corrupción durante la década pasada habría sido el narcotráfico y la DEA que habría proveído de ingentes recursos aún no cuantificados a los políticos y sus organizaciones. El control de las zonas cocaleras pasó de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas.
2.- Tampoco descartaron que los partidos políticos elegidos por el poder real también pueden invadir el Estado, crearse franquicias, fueros e inmunidades, promover intereses que les sean más favorables desde el punto de vista del electorado o contribuir a la acumulación de capital. La corrupción, solo necesita ser legalizada antes de que se convierta en un robo descarado; para desviar la atención hacia otros, se ocultan en acusaciones sin fundamento de tiburones sobre las sardinas, en sectarismos de privilegios de los mas altos “dignatarios”, en puertas giratorias. Más sutilmente, la corrupción se deslizó en los sentimientos de los políticos y ciudadanos naturalizándola bajo la forma de oportunismo, cinismo e indiferencia disfrazados del viejo falso patriotismo. Por otro lado, una sociedad polarizada con altos niveles de desigualdad devaluará el sector público como comunidad, valores y símbolos compartidos, y se volverá vulnerable a la demagogia más populista. Mientras surgen nuevas formas de corrupción a lo largo de los años.
3.- Ayer como hoy, un componente destacado del Estado colonial es el sometimiento y respaldo al imperialismo, la inversión de las corporaciones trasnacionales y su articulación al capital financiero, para conseguirlo los colonialistas corruptos monopolizan, centralizan y concentran la economía y la política, aspiran al control de los poderes decisivos: ejecutivo, legislativo, judicial y FFAA y PP. Las concesiones, contratos ley, devoluciones de impuestos, con garantía constitucional están en tiempo de renovarse. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales al poder, no a la nación fundamental. Los ministerios de relaciones exteriores someten a los diplomáticos a una política pro-norteamericana y se orienta la política exterior al cumplimiento de la agenda del Consenso de Washington. De esta forma, estas regiones fueron controladas por elevados oficiales cercanos al ámbito de Vladimiro Montesinos. Se usa sistemas de planillas paralelas para los elevados burócratas del Estado, quienes recibían sus honorarios pagados por organismos internacionales, aunque era el mismo Estado quien depositaba el dinero en las cuentas del PNUD o la OEA. Para validar su absolutismo, el Régimen de Fujimori logró la legitimación de la Organización de los Estados Americanos y gubernamental de EE. UU.
4.- La recolonización se expresó en lo estructural en los procesos de privatización, salvataje bancario, negociación de la deuda pública, grandes licitaciones y adquisiciones del Estado. Estructura que hoy se considera intocable. El Gobierno intervino activamente y fue un agente de transferencia de recursos públicos a manos privadas, a partir de negociaciones políticas y a cambio de beneficios económicos ilegales para financiar la red de corrupción. La aplicación de las reformas económicas neoliberales se dio en el marco de un régimen autoritario que las desfiguró y utilizó. Las multinacionales también garantizaban sus inversiones de despojo. De acuerdo con un analista: “En los últimos 30 años, cada día fue aumentando más la presión de los inversores extranjeros contra los Estados latinoamericanos y se multiplicaron los juicios por “incumplimientos” de parte de estos. De 6 casos conocidos en 1996, pasaron a 1.190 en la actualidad…En dicho periodo, los Estados fueron condenados a pagar 33.638 millones de dólares, que se esfumaron así del erario.”[3]
5.- Se reafirma un capitalismo rentista, asociado al capital financiero. Vive del extractivismo y del saqueo del erario. Patrimonialista por que el poder fluye directamente de familias de herederos coloniales, que secuestran territorios y la soberanía, mezclando lo público y privado. Se genera en un primer momento histórico un gran lumpen burguesía de raigambre colonial y más tarde, con la expansión capitalista, otra de origen plebeyo (universidades “chicha”, extractivismo ilegal, comercio, servicios a las corporaciones saqueadoras, políticos, etc.) ambas asociadas a la corrupción como herramienta de enriquecimiento y mecanismo en el control del Estado mancomunado a la difusión del narcoestado, el lavado de activos, los negocios ilegales.
6.- La Constitución y el constitucionalismo economicista se opone a otro que sirva de apoyo y argumento a la vertebración de una sociedad civil que aspire a actuar como un contrapoder. El fetichismo constitucional esconde que la fórmula sistémica que contempla la separación de poderes, el multipartidismo, la alternancia política, la independencia de la justicia, etc ya no existe mas. Desaparece la soberanía y nunca se habla de su radicación en las mayorías populares, en comunidades indígenas, en las diversas nacionalidades y pueblos que existen en el país, entre la identidad y desidentidad. No solo no se retomo el concepto de plurinacionalidad para definir tanto una realidad diversa como los objetivos políticos de los movimientos; más bien, la derecha con la colaboración de una izquierda permeada por la cultura neoliberal han impulsado políticas que disuelven esta categoría quitándole su radicalidad territorial y mas bien destruyen su tejido social y su capacidad de articulación de las instituciones. La Constitución neoliberal impuesta, es la base de un Estado de derecho ilegitimo e ilegal. El tribunal constitucional (TC) se creó para custodiar al capital, dejando en orfandad de derechos a pueblos, ciudadanos e individuos. Se configura un régimen antidemocrático. No hay representación sino mercantilización congresal, desde las candidaturas, las listas preferenciales, la ausencia de elecciones internas, el financiamiento privado.
7.- El Congreso queda privatizado, el sistema judicial mercenarizado, mientras el poder electoral queda bajo su control. De este modo se configuran estos regímenes autocráticos u oligárquicos, de una elite que incluye a sectores altos de la clase media y excluyen a las mayorías mestizo-indígenas y a los pueblos originarios de la sociedad y del poder. Se consolida un Estado autoritario, clientelar y delincuencial que posterga a los andes pletóricos de riquezas. Los mediadores del poder real, manipuladores y líderes partidarios gozan de un poder de grupo absoluto. Los delincuentes organizados en partidos y mafias políticas actúan en la vida política con plena libertad, se convierten en una casta de la que salen los candidatos que hasta buscan reelegirse u optar por otros cargos, y todos luchan por la impunidad de los suyos. Se presume que las estrategias políticas ofensivas para controlar los poderes del Estado se definen hasta en lugares poco usuales como las cárceles (Montesinos o Fujimori por ej.,). Como bien señala Sinesio López, en la coyuntura actual “la extrema derecha y los medios de comunicación lograron criminalizar la política en los tribunales, algo nuevo que no existía en gobiernos anteriores. Jueces y fiscales ingresan a la política, convirtiendo a partidos supuestamente corruptos y al ejecutivo en organizaciones criminales”[4].
8.- En un país donde desaparecen los derechos y servicios sociales, la intervención social del Estado consistió ademas, en prevenir la resistencia y mantener un estado de emergencia permanente, de persecución, criminalización, apresamiento o asesinato de lideres o militantes de agrupaciones defensoras de derechos humanos, defensores del medio ambiente y de todos aquellos que se oponen al proyecto neoliberal. Continuo 20 años después del fin de la gran rebelión, bajo el argumento de que seguimos en guerra, después de 30 años de haber cesado las acciones. Con este pretexto continúan los Juicios “armados” express, la judicialización de la política, las operaciones de terror como Perseo y Olimpo, asesinato y apresamiento de abogados, políticas multisectoriales para procesar “terroristas” con una legislación ad hoc para eliminar enemigos internos, constitucionalizar la ley anti terrorista. Este aspecto de su intervención se complementó con la captura de varios de los principales medios de comunicación (especialmente televisión de señal abierta) e implementación sistemática de campañas de manipulación de la opinión pública. Los medios habrían sido fundamentales para manejar la opinión pública y piezas claves de toda la maquinaria reeleccionista. Conseguir la hegemonía también consistió en el manejo de los Programas de Asistencia Alimentaria para el clientelismo. El Estado central intervino activamente en materia económica a través de extensos programas sociales cuyo fin último era someter las conciencias de los supuestamente beneficiarios. Otra estrategia fue la eliminación del poder de los Gobiernos Regionales y la centralización en el Ejecutivo de las decisiones sobre la inversión y las obras públicas en provincias. Este proceso vino acompañado de un enfrentamiento sostenido contra los municipios. Y luego, ante la débil inversión presupuestal acusarlos de incapacidad congenita al Estado.
9.- Vladimiro Montesinos, el comando militar, y Fuerza Popular continúan jugando papeles importantes en el proceso de toma de decisiones. Como resultado, se potencia la militarización progresiva en diversas áreas de la vida social, por ejemplo, el sector de la defensa disfruta de más privilegios en el manejo de los fondos públicos. En el pasado, el poder presidencial y su capacidad normativa se han sustentado en leyes vinculantes y reglas exclusivas, a menudo secretas; esto le permitió sacar procedimientos de los niveles de control establecidos. En ese contexto, los órganos principales fueron ocupados y los subordinados, pusieron bajo su control todas las funciones operativas del régimen: el Congreso Republicano, lo que esencialmente paralizó la vigilancia y redujo su función legislativa. Luego, cuando el gobierno estaba en la oposición, dirigieron todos sus esfuerzos para inmovilizar a los gobernantes desobedientes, y fueron siete años de agitación perpetua. Igualmente, importantes fueron el control judicial y ministerial a través de comités de reorganización y mecanismos paralelos, demasiados fiscales y jueces interinos privados de su independencia y el establecimiento de departamentos especializados para controlar intereses fundamentales comprometidos. Este programa se implementa a través del sometimiento de la Contraloría General de la República y otros organismos de supervisión y control como la Oficina de Administración Tributaria (SUNAT) para explotar y proteger el núcleo de la corrupción y la persecución de los opuestos. Se implementaron mecanismos regulatorios especiales para legalizar los delitos e incluso garantizar la impunidad si los cometen. Durante los primeros años de Fujicracia, la mayoría apoyó un gobierno que controlaba el Congreso y delegaba la mayoría de las funciones legislativas al poder ejecutivo, que también era responsable de redactar estas reglas; y también renunciar a la responsabilidad de la supervisión parlamentaria y el control político.
10.- El principal legado de toda la red de poder es una red de corrupción. Con su ayuda, la organización se apoya en funciones y relaciones específicas con los dirigentes clave; controla algunos de los centros neurálgicos de la organización. Esto crea una red corrupta que continuará manipulando la información privilegiada que está disponible y reconfigurará su poder sobre centralizado violando sistemáticamente los niveles de poder. La descentralización se creó legalmente para distribuir privilegios y estabilizar regiones. Estas conexiones son una forma legítima de acción gubernamental encaminada a sustraer los recursos públicos y el patrimonio nacional en beneficio propio y de terceros. La ejecución del presupuesto se realiza a través de grupos organizados que controlan e influyen directamente en diversas instituciones del Estado. Como resultado de estas acciones, gobernadores, alcaldes, jueces y fiscales trabajan para sindicatos relacionados con el crimen que ahora son reconocidos como organizaciones criminales; utilizado hoy en día contra los opositores políticos. Tenemos un sistema legal corrupto e impune que permite que funcionarios corruptos se mantengan en el poder, que los políticos se postulen a la reelección, impugnen a diputados, gobernadores o alcaldes, reabran el Congreso y hasta honren a criminales acusados o condenados.
11.- Quienes lideran la lucha contra la corrupción en el Perú son liderados por el TC y la JNJ quienes afirman que tienen el poder supremo y nadie más puede estar por encima de ellos. Hoy, JNJ fue cuestionada sobre el nombramiento no solicitado de un fiscal que sucedió a otro fiscal cuya hermana era jueza involucrada en corrupción del narcotráfico a favor de la liberación de narcotraficantes. Se sospecha que este fiscal superior fue designado por miembros destacados del Consejo Nacional de Justicia, quienes se supone que son buenos y capaces fiscales superiores, perseguidores de delitos que cuestionan la imagen del sector público. Es la historia de, entre otros, Pablo Sánchez Villard, Zolaid Avalos y Juan Carlos Villena, quienes eligieron a la fiscal Liz Patricia Benavides. En cuanto al poder judicial, las cosas son igual de escandalosas, ya que el pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió el 3 de diciembre como presidenta de los tribunales a la magistrada titular Elvia Barrio Alvarado, a pesar de los hechos antes mencionados. En la investigación del delito de tráfico de influencias, Walter Benigno Ríos Montalvo habría recibido una llamada de Elvia Barrios a finales de 2017 para pedirle que interviniera con el juez del Callao Rafael Mateo e Inga Méndez en disputas judiciales. En apoyo a su hermano Víctor Raúl Barrios Alvarado. En este caso, los fiscales superiores antes mencionados, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Víctor Rodríguez Montes, no intervinieron por ser amigos de ella. Su investigación; Un juez de la Corte Suprema que no hizo su trabajo. funciones, y el Consejo Estatal de Jueces no ha emitido un veredicto hasta el momento. Además, los hermanos de la presidente del poder judicial han presentado una denuncia contra el Estado: Rocío Barrios Alvarado, la exministra de Producción y Comercio Exterior del gobierno Viscarrista, enfrenta ante la Fiscalía cargos por peculado. María Elizabeth Barrios Alvarado también fue amonestada por la Fiscalía Anticorrupción del Callao por superar los 500.000 soles en la firma ilegal de contratos con el Estado de 2019 a 2020. Su hermana mayor, Rocío, sigue siendo ministra porque su negocio de consorcio se sustenta en contratos con el Municipio del Callao. El empresario está acusado de poner en peligro la administración del Estado en forma de acuerdos secretos y negociaciones irreconciliables. Ni hablar de la corte constitucional, que está plagada de fujimoristas. Entonces, la administración de justicia ha sido completamente copada por la corrupción.
12.- En resumen, el Estado colonial consiste en que un núcleo mafioso, toma un control dictatorial, extra-legal del aparato del Estado para que un conjunto de grupos de poder económico, financiero y comunicacional, conectados a sectores de empresarios y tecnócratas ubicados en puestos estratégicos de la administración del Estado generen un nuevo Estado sin soberanía y dedicado al despojo. Los procesos referidos se resumen en las siguientes líneas y cambio de funciones: Respecto al Poder Ejecutivo, la concentración del poder se efectuó en dos niveles: Control del Poder Ejecutivo sobre el Congreso y el Poder Judicial y Ministerio Público. Al interior del Poder Ejecutivo, concentrando las decisiones cruciales en la Presidencia de la República y sus órganos (entre ellos el SIN), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Presidencia (MIPRE). Reestructuración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de los Sistema de Inteligencia y de Seguridad Nacional, ahora orientadas a la defensa y protección de la inversión privada, de algunas actividades ilegales y la represión, asegurando el control directo de las mismas por parte del Presidente de la República.[5]
El grado elevado de descomposición de este Estado colonial se expandió a las organizaciones y a las bases sociales sobre las que recae la hegemonía, en que se referencian y arraigan. El panorama actual muestra que casi todas las regiones, sociedades y comunidades están superando la descomposición, a pesar de que muchas de los “partidos”, ONG y organizaciones criticas están amenazadas o cooptadas por el sistema. Hechos enormemente destructivos, pero que es posible revertir. El pueblo formado por pueblos originarios, principalmente quechuas y aymaras se atreve a decir que se vayan todos. Piden una Constituyente y cierre del Congreso. Esto es algo que nunca había ocurrido en el Perú. Nace la primera rebelión política de aymaras y andinos. Otro aspecto a tener en cuenta, es que los y las que participan en las marchas y movilizaciones hacia Lima son enviadas por decisión de sus comunidades. No son opciones individuales y personales. Las comunidades hacen colectas y pagan el transporte. Se autoconvocan y autogestionan, incluyendo la solidaridad en transporte, alimentos y víveres.
Los partidos y caudillos dejaron de ser vistos como vanguardias. Para conseguir legitimidad, necesitan repensar sus principios, ideas políticas, proyecto de país, reivindicar a la izquierda honesta y emancipatoria, desechando a la izquierda neoliberal, deslindando de los progresismos pro neoliberales, convocan a una alianza desde abajo con la izquierda popular y agrupaciones honestas que sean antineoliberales y mantengan principios de soberanía y democracia con ética revolucionaria. Renace la esperanza de construir la organización de pueblos originarios, mestizo indígenas y afrodescendientes en su unidad popular anticolonial con perspectiva emancipatoria. Existe una contradicción étnico clasista, como elementos inseparables de unidad y lucha, los diversos pueblos originarios reconocen que conforman una unidad con las clases sumidas en la informalidad, abigarradas, mezcladas en distintas formas articulando el desempleo, subempleo, precarización y explotación. Es un avance, el que muchos reivindiquen la Constitución del 79 sacándole sus rasgos autoritarios y verticalistas. Reconocer el mariateguismo plenamente y sin dudar, para pensar en un proyecto original, que no sea calco ni copia, pero sin dejar de lado su anti imperialismo y el potencial y continuo carácter emancipatorio.
Notas:
[1] IDL, Informe: Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho. Lima, 2019
[2] Flax, Javier Ética, política y mercado : en torno a las ficciones neoliberales . – 1a ed. – Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento, 2013.p. 138
[3] Sergio Ferrari, Las multinacionales imponen su ley a América Latina, Rebelión, 5 de septiembre de 2022.
[4] Sinesio López, La Republica 25/11/2022
[5] Informe final de la comision investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990-2001 (durante el regimen de alberto fujimori) por el dip. javier diez canseco de perú
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.