Guatemala está en Paro Indeterminado desde hace 10 días, inicialmente el paro fue convocado por líderes indígenas para terminar con la renuncia de de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchinche y el juez Fredy Orellana quienes han sido acusados de querer alterar los resultados de las elecciones presidenciales.
Las protestas inician tan solo tres días después de que la Fiscalía allanó una cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral y a los golpes decomisara varias cajas con los votos de las elecciones en las que Bernardo Arévalo se llevó el triunfo como presidente del país. Ya el 13 de septiembre el presidente electo Arévalo de León, anunció la suspensión temporal del proceso de transición de mando luego de que varios agentes del Ministerio Público allanaran las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y abrieran urnas de votación.
La semana pasado hubo paro y plantón de al menos 200 líderes indígenas en inmediaciones de la sede de la Fiscalía, luego se sumaron los estudiantes, gremios de taxistas, los trabajadores de los mercados y desde el lunes 9 de septiembre la organización campesino indígena CODECA anunció que se sumará garantizando el corte en 52 puntos a lo largo de todo el territorio y sumó la consigna de Paro Plurinacional.
Democracia manchada
Desde el inicio del proceso electoral a principios del 2023 existieron denuncias contra el Tribunal Nacional Electoral por impedir la participación del exprocurador Jordán Rodas y afectar el binomio presidencial, encabezado por la mujer indigena maya mam Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), instrumento político del Comité Campesino CODECA, quien en las elecciones de 2019 había quedado muy bien posicionado causando sorpresa en un país siempre gobernado por la oligarquía afín a EEUU.
La Justicia de Guatemala y sobre todo la Fiscal General de la Nación Consuelo Porras viene siendo denunciada desde hace varios años a través de los paros plurinacionales de este Comité Campesino como parte del pacto de corruptos ya que no solo obstaculiza la participación popular, sino que la justicia legítima causas contra abogados y defensores de Derechos Humanos.
Las protestas que se han mostrado pacíficas y que culminan con baile y participación de cultura popular siguen intensificando, el día sábado la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) intentó aplacar estas medidas con una resolución que ordena garantizar la toma del poder de Arévalo, pero hasta el momento la población sigue pidiendo la renuncia de los funcionarios y el fin del pacto de corruptos.
Desde la primera ronda electoral, el 25 de junio, la fiscal general, apoyada por el jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana -los tres incluidos en una lista de dirigentes guatemaltecos «corruptos» y «antidemocráticos» elaborada por Estados Unidos- emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su partido político, Semilla.
Arévalo que llega a la presidencia con algunas promesas cercanas al progresismo ha viajado varias veces a EEUU e incluso logró que se manifieste el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien decidió atender una solicitud del Gobierno guatemalteco y anunció el sábado último la creación de una misión de «mediación y diálogo» con los sectores que mantienen las protestas.
«Me reuní con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre aspectos clave de transición: persecución judicial contra su partido (Movimiento Semilla); persecución al Tribunal Supremo Electoral; y aspectos políticos y administrativos del cambio de mando en que deberá ser investido como presidente», escribió Almagro en la red social X.
El día lunes por la noche hubo varias denuncias de infiltrados por parte del Gobierno de Alejando Giammattei e incluso amenazas al estilo narco de hombres armados en algunos bloqueos, esto ocurrió a minutos de que el actual presidente diera una conferencia de prensa grabada y anunciara que no «tolerarán» más bloqueos de carreteras, además de advertir que se pedirán órdenes de captura en contra de quienes interrumpan el paso de la población.
Ayer salió la policía en algunos puntos de carretera a intentar levantar los bloqueos, pero en imágenes se vieron que fueron rebasados por la población, en su mayoría campesina e indígena. Hoy en redes sociales se esparcía la amenaza de represión por parte del estado.
Desde hace 531 años, momento en que llegó a estas tierras Cristóbal Colón, las comunidades siguen resistiendo ante el atropello permanente y la explotación de los recursos humanos y naturales.
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