La ley de inmigración es una vergüenza para los extranjeros que viven en Francia. Y para la sociedad en su conjunto. Aparte de la cuestión moral, es la cara lamentable de un gobierno encerrado en sí mismo y dispuesto a abandonar sus principios fundamentales para complacer a la extrema derecha. En detrimento del interés general.
Desde 1945, se han aprobado más de cien leyes de inmigración, la mayoría de ellas restrictivas. La que acaba de aprobarse en el Parlamento es una de las peores: cediendo a las propuestas Les Républicains (LR) [derecha tradicional], el gobierno macronista ha cedido ante el Rassemblement national (RN) [extema derechas] avalando de facto la lógica de la preferencia nacional, marcando un punto de ruptura con nuestros principios constitucionales de igualdad de derechos.
Condicionar las prestaciones sociales a cinco años de presencia legal en Francia, nuevos ataques al derecho de residencia legal, restricciones a la reagrupación familiar, endurecimiento del acceso a los permisos de residencia, incluso para las y los estudiantes y las personas enfermas, exclusión de los alojamientos de urgencia de las personas sin papeles sujetas a la obligación de abandonar el país (OQTF), refuerzo de los obstáculos a la integración, reinstauración del delito de residencia ilegal, carrera hacia el encarcelamiento y la deportación…
Las medidas adoptadas en la noche del martes 19 al miércoles 20 de diciembre de 2023 son una mezcla de los deseos combinados de la derecha y la extrema derecha desde hace más de veinte años. Los representantes electos de RN y LR votaron a favor de ellas al unísono, reclamando cada uno para sí la victoria ideológica al final de la votación final.
Sin embargo, esta ley, como las anteriores, será ineficaz e incluso contraproducente, dados los criterios establecidos por quienes la defienden.
No reducirá los flujos migratorios: éstos dependen menos de las leyes nacionales que del estado del mundo y de sus perturbaciones, sobre todo geopolíticas y climáticas. No evitará los naufragios en el Mediterráneo: al contrario, al limitar las vías legales de llegada, aumentará el riesgo de catástrofes en el mar.
No reducirá el número de las personas indocumentadas en nuestro territorio: al contrario, aumentará su número al no existir ninguna posibilidad de regularizarse. Tampoco les permitirá expulsarles de Francia: su expulsión real depende menos del celo de la policía francesa que de la buena voluntad de los países de origen de los extranjeros afectados, que expiden pases consulares.
No reducirá la delincuencia: la delincuencia se alimenta de la pobreza, la fragmentación y la ausencia de futuro, cuando no se alimenta de las propias políticas migratorias, que maltratan a las personas extranjeras, aumentan la precariedad y ofrecen la desesperación como único horizonte. No reducirá el desempleo ni aumentará los salarios: son la desigualdad y la negativa de las y los empresarios a mejorar las condiciones laborales las que alimentan el dumping social. No aumentará el volumen de las prestaciones sociales: al contrario, todos los estudios de ciencias sociales demuestran que las personas extranjeras, al contribuir a la solidaridad nacional con su trabajo, aportan más de lo que cuestan a la solidaridad nacional.
Políticamente irresponsable
Contrariamente a lo que pretenden creer los macronistas que han votado a favor, no apagará el fuego identitario que consume nuestro país desde los años 80: sólo lo avivará, alimentando el odio y el rechazo hacia los demás. Y para aquellos de la mayoría que aún no lo han entendido: no desinflará las velas de RN, lo único que hará será consolidar su posición como partido presidencialista con ideas aceptables y, por tanto, con posibilidades de llegar al poder.
Esta ley es políticamente irresponsable y tendrá el efecto contrario al que pretendían quienes la votaron: dejará huellas indelebles, no sólo en las personas extranjeras que viven en Francia, sino también en nuestra cohesión nacional. Los valores de nuestro país y su capacidad para afrontar el futuro se verán debilitados.
Su inhumanidad y su xenofobia son un insulto a los valores de libertad, igualdad y fraternidad inscritos en el frontispicio de nuestros ayuntamientos. Al limitar las posibilidades de integración, de acceso a los derechos y a la nacionalidad, esta ley maltrata a la gente extranjera, tenga o no papeles [legalizada o no], convirtiendo deliberadamente infernales sus condiciones de vida.
Las medidas adoptadas «suponen una ruptura con los principios en los que se basa la seguridad social», señala el economista Michaël Zemmour en la red social X, añadiendo que el texto empobrecerá deliberadamente a muchas familias y a sus hijos.
El carácter ignominioso de la ley reside precisamente en que pondrá en peligro a las personas más vulnerables. Al aplazar el acceso a la prestación personalizada de vivienda (APL), arrojará a la calle a muchas familias pobres. Incluso antes de que se cuestione la ayuda médica estatal, que Elisabeth Borne ha prometido abordar a partir de 2024; el derecho de residencia para las personas extranjeras enfermas se reservará a las personas cuyo país de origen no disponga en absoluto del tratamiento necesario, sin comprobar si tienen acceso efectivo al mismo.
Esta disposición provocará una reducción del número de permisos de residencia expedidos por motivos de tratamiento, en detrimento de la salud de las personas afectadas, aunque este motivo de residencia represente una proporción ínfima de los permisos expedidos (en torno al 1,5%). La reforma de la ayuda médica estatal tendrá un efecto deplorable en términos de salud pública: las personas peor atendidas suponen un riesgo para el conjunto de la sociedad, por no mencionar el hecho de que el retraso en el tratamiento es más costoso para el conjunto de la sociedad.
Odio xenófobo
Realizada en nombre del orden público, la ley aumenta las posibilidades de denegar o retirar el derecho de residencia, incluso a las personas que no han sido condenadas por ningún delito, incrementando el poder arbitrario de la administración, en un momento en que la reducción de los plazos para los recursos está complicando el acceso a los tribunales. En lugar de orden y transparencia, esta ley creará desorden y confusión.
Al asociar a la persona extranjera con riesgo, se inculca un odio xenófobo que debilita todo nuestro tejido social. No nos equivoquemos: la forma en que un Estado trata a sus extranjeros es un laboratorio para el conjunto de la sociedad: la erosión de los derechos de las personas extranjeras allana el camino a la erosión de los derechos de todos y todas.
En un momento en que el derecho internacional y el Estado de derecho se cuestionan en Europa, esta ley socava muchos de nuestros principios republicanos, como el acceso incondicional a la sanidad y a la vivienda, el respeto de la dignidad y la igualdad de derechos.
«Los principios de igualdad, solidaridad y humanidad, sobre los que se funda nuestra República, ya no parecen ser una brújula legítima para la acción gubernamental», escriben una cincuentena de asociaciones, colectivos y sindicatos, denunciando un texto «tan inhumano como peligroso para nuestro Estado de derecho».
Apuntando en particular la condicionalidad de ciertas prestaciones sociales a un largo periodo de estancia en el país, el [organismo] Defenseurs des droits] recuerda que «el derecho de los extranjeros legalmente establecidos en el país a no ser discriminados por razón de su nacionalidad ha sido consagrado por el Consejo Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
El cinismo del ejecutivo no tiene límites. La primera ministra, Élisabeth Borne, y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, lo saben bien: han sacado adelante una ley que ellos mismos reconocen «contraria a la Constitución».
Falta de atractivo
“Después de que el gobierno y sus prefectos promulgaran a sabiendas actos ilegales, aquí tenemos al poder legislativo aprobando a sabiendas textos inconstitucionales», constata consternado Nicolas Hervieu, abogado especializado en derecho público y derecho europeo de los derechos humanos, en la red X. «Para arrojar a los jueces al infierno político y consumir así las últimas barreras del Estado de derecho», se lamenta.
La imagen de nuestro país que da esta ley es el de un país racista, xenófobo, encerrado en sí mismo, encogido e incapaz de proyectarse hacia el futuro. Reticentes a pronunciarse públicamente, los rectores de las universidades calificaron el texto de «insulto a la Ilustración».
Recordando su «apego a la tradicional apertura de Francia en materia de acogida de estudiantes internacionales», denuncian la garantía financiera que tendrán que aportar los estudiantes extranjeros, así como el aumento de las tasas de matrícula. Estas disposiciones no harán sino «reforzar la mercantilización de la enseñanza superior francesa y aumentar la inseguridad financiera de nuestros estudiantes internacionales», deploran.
Como nos recuerda constantemente el sociólogo François Héran, el riesgo al que se enfrenta Francia no es el de una «invasión», sino el de una falta de atractivo. «En materia de inmigración, abandonemos los viejos estribillos y tomemos la medida del mundo tal y como es», nos imploraba en un reciente artículo en Le Monde.
Con cifras que le avalan, el titular de la Cátedra de Migración y Sociedad del Collège de France demuestra que nuestro sistema de protección social no ha generado ningún «factor de atracción» en diez años, «por la sencilla razón de que otros países europeos han resultado más atractivos que nosotros, sobre todo en la zona germanófona o en el noroeste del continente». Sin repetir los argumentos utilitaristas de las y los empresarios, nuestro país necesita a las personas extranjeras para mantener su economía en marcha ante el envejecimiento de la población.
La Ilustración
Pero este horizonte no bastará para librarnos del sustrato xenófobo y racista de nuestro país. En la obra colectiva y multidisciplinar Colonisations. Notre histoire, que acaba de publicar Seuil, la filósofa Nadia Yala Kisukidi nos recuerda que la cuestión que estructura la vida política francesa no es el universalismo, sino el racismo.
Debido a su herencia colonial, Francia es de facto multicultural y cosmopolita. Sin embargo, las presiones que aún hoy ejerce la votación de esta ley muestran la persistencia del racismo y la discriminación en el seno de una República que se define en principio como ciega a la «raza».
Refiriéndose a la extrema derecha, cuyas ideas se han contagiado ya a todo el paisaje político francés, señala que «su discurso antiinmigración está moldeado por una fantasía de invasión, en la que la relación colonizador-colonizado se invierte: el antiguo colonizado, cuando llega a suelo francés, se convierte en el invasor, es decir, en el nuevo colonizador». «Esta semántica de la identidad se extiende a otras formaciones políticas francesas a principios del siglo XXI», observa.
Si queremos ofrecer alguna perspectiva de futuro, ya es hora no sólo de descolonizar radicalmente nuestro pensamiento político, sino también de reapropiarnos de los valores que antaño nos hicieron famosos, los de la igualdad, la solidaridad y la fraternidad, es decir, de volver a situar la hospitalidad y la aceptación del otro y la otra en el centro de nuestros valores cardinales. De lo contrario, nuestra Ilustración perecerá por los siglos de los siglos.
Traducción: viento sur