“No solo los funcionarios públicos y diputados deben tener las manos y el expediente limpio de cara a la contienda electoral que recién inicia, sino también los candidatos de partidos de la oposición política, la sociedad lo exige” (Mario Posas, sociólogo)
Una de las críticas de fondo a las políticas de ajuste económico y cambio estructural, es que las acciones ejecutadas son poco transparentes y van acompañadas de actos de corrupción. Se cuestiona que, más allá el discurso, los organismos internacionales aplauden los resultados en reducción del déficit fiscal, control de la inflación, aumento de las reservas internacionales y privatizaciones de recursos naturales y entrega de servicios públicos, mucho poco el drenaje de fondos públicos a favor de empresas de maletín y funcionarios de gobierno.
Desde organizaciones de sociedad civil, la presión es al Gobierno para que, en periodos electoreros, no abandone la disciplina fiscal (baja en el monto de gasto corriente) y metas de control de la inflación, sostenibilidad del endeudamiento y aumento de reservas internacionales, sumado al combate de la corrupción. Contrario ello, funcionarios y dirigentes políticos son del criterio que se necesita aumentar el gasto público para ganar la elección, sin importar la transparencia en el manejo de fondos.
Los últimos años de gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), se acompañaron con la ejecución de mega proyectos, caso de la compra de hospitales móviles, salpicados por actos de corrupción, pero aplaudido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al cumplir las metas de los convenios suscritos.
La campaña política inició, empezando con elecciones internas de los partidos políticos para marzo de 2025, y las generales para noviembre del mismo año. En el partido del Gobierno, Libertad y Refundación (LIBRE), todo apunta a que la actual Ministra de Defensa, Ricci Moncada, será la ganadora por una mayoría abrumadora, siendo su único oponente el abogado Rasel Tomé, actual Vicepresidente del Congreso Nacional.
En el Partido Liberal, todavía no hay pronóstico que identifique un seguro ganador, ya que las encuestas publicadas muestran que los votos están divididos entre los tres (3) candidatos con posibilidades de triunfo. El Ingeniero Salvador Nasralla, que renunció a la Vicepresidencia de la Republica por divergencias con Manuel Zelaya Rosales, al que se suman los abogados Jorge Calíx, ex miembro del partido Libre que vuelve al Partido Liberal, y Maribel Espinoza, liberal de sepa, electa diputada al Congreso Nacional por el partido “Salvador” de Honduras, fundado por Nasralla.
Las autoridades del partido liberal, la mayor parte de sus miembros, han prestado poca atención a las aspiraciones del Ingeniero Luis Zelaya, como corriente interna en contienda, al denunciarlo como un enviado especial de Manuel Zelaya para dividir el partido y no contar con apoyo de las bases ni líderes regionales y locales; pero las encuestas muestran lo contrario.
En el Partido Nacional, hay varios aspirantes. Uno es el candidato de las elecciones pasadas y que perdió la contienda frente a Xiomara Castro, el Ingeniero Nasry Asfura; otro el destacado economista y banquero Carlos Urbizo Solís, a los que se suma la esposa de Juan Orlando Hernández (JOH), Ana García y el General en retiro José Isaías Barahona, considerado el “guardián” de la norma constitucional frente a cualquier intento de golpe de Estado o autogolpe, aunque avaló el golpe de Estado a Zelaya.
El Capitán Santos Rodríguez Orellana, que denunció el narcotráfico y que, según funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) y Ministerio Publico, fue encarcelado por estar involucrado en este negocio, aunque alega que su delito fue denunciar al Gobierno; se postula en el Partido Democracia Cristiana, pero algunos de sus miembros lo desconocen como militante, teniendo la opción de aspirar en forma independiente o por el Partido Migrante que lucha por su inscripción.
Un caso especial es la candidatura del Dr. Nelson Ávila, uno de los líderes de los movimiento internos de LIBRE, caso de la corriente 5 de Julio, pero que ha sido orillado a buscar su propio partido con los migrantes. La juventud votante, sobre todo los estudiantes, han venido exigiendo entre “bastidores” un diálogo entre Ricci Moncada y Nelson Ávila, pero no se oye.
Se habla de alianzas de cara a las elecciones generales, incluso antes. En el partido LIBRE, no hay duda que todo gira en torno a la Abogada Ricci Moncada, pero no se descarta el apoyo de otros candidatos de partidos de oposición para mostrar una fuerza política de contenido amplio. En el partido Liberal, el compromiso es que los perdedores se sumen al ganador e integren al Gobierno una vez en el poder, siempre y cuando no existan indicios de fraude electoral. Hay varios dirigentes del partido nacional que apoyan a Jorge Calix, el candidato más a fin, por lo que no es de extrañar que militantes de este partido presten su voto para derrotar en las internas a los otros candidatos, igual en las generales contra Ricci Moncada.
De nuevo, frente a la ciudadanía y votante, un problema a sortear es la transparencia en el manejo de los fondos públicos, tal como ha venido demandado las organizaciones de sociedad civil y ciertos organismos de cooperación internacional. Para el Gobierno, el desafío es triple. El primero es cumplir con promesas de campaña relacionadas, caso de la llegada al país de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), y poner a disposiciones de los tribunales a funcionarios, diputados y abogados del poder judicial corruptos, lo que incluye acciones para traer a parte de los involucrados desde el exterior. Hay evidencia de esfuerzos del Gobierno para la instalación de la CICIH, pero se reconoce que parte de la condicionalidades exigidas por Naciones Unidades son difíciles de cumplir y aceptar, como las reformas al código penal y lucha contra la impunidad como problema estructural de la sociedad hondureña.
La oposición política habla que esta promesa de la presidenta Xiomara Castro no se cumplirá, ya que, a los evidentes retrasos, se suma la constitucionalidad del llamado pacto de impunidad (decreto 4-2022) para aquellos funcionarios y dirigentes perseguidos políticos después del golpe de Estado, otorgado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (10 votos a favor y 5 en contra).
El segundo refiere a la institucionalidad interna de lucha contra la corrupción e impunidad. Todavía no tenemos una política pública de largo alance para ello, avalada por todos los actores de la sociedad hondureña, observándose prácticas de arrastre poco trasparentes en las instituciones de gobierno. Ello implica el saneamiento y fortalecimiento de aquellas instituciones de sociedad civil que apoyan esta lucha, más allá de las cuestiones políticas e ideológicas.
En tercer lugar, hay que avanzar en procesos de descentralización de las competencias, recursos y poder del Gobierno central a gobiernos locales y comunidades. En el modelo tradicional neoliberal, se asume que la descentralización del Estado está ligada a una reforma y privatizaciones de las competencias, funciones y servicios públicos, como un medio para eliminar la burocracia improductiva de gobiernos autoritarios y centralistas, sumado a un menor déficit fiscal que ayuda a mantener una inflación baja.
No obstante, la descentralización en el marco de modelos de corte progresistas, se acompaña de una amplia participación de la ciudadana en la gestión pública, por lo que el traslado de competencias, recursos y poder también incluye a gobiernos locales ancestrales, como los pueblos y comunidades étnicas, haciendo posible una mayor democratización de la gestión pública. Como sucedió en Bolivia, es una descentralización con amplia participación popular y reivindicación de derechos de un actor explotado y marginado de las acciones del desarrollo.
En cuanto a la mayor productividad del gasto público hay varios frentes que deben ser cubiertos por el Gobierno. El primero refiere a su baja ejecución, especialmente en el primer semestre de cada año, lo cual impacta negativamente en el cumplimiento de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, generando disconformidad en la población y protestas públicas que, a no dudarlo, tal como ocurrió con JOH, afectará el caudal de votos a favor del partido LIBRE y candidata en las elecciones generales.
En los primeros años de gobierno, la baja ejecución se atribuye a falta de experiencia en el manejo de la cosa pública y participación de jóvenes en las estructuras de gobierno sin conocimiento del funcionamiento de la administración del Estado [1]. Se agregan los retrasos en los desembolsos, y vigencia del presupuesto base “O” que elimina fondos y los reasigna a otras prioridades, muchas de las cuales aparecen como promesas de tipo político y coyunturales agregadas a las iniciales del plan de gobierno. Una de las más visibles en la construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, pero que el Gobierno ha dicho que no va: los costos son más altos que los beneficios para el país y naturaleza, sumado a costos políticos.
Otro factor es la asignación de recursos públicos para cubrir una demanda insatisfecha acumulada por la vigencia de políticas de corte neoliberal que restringen dichos fondos. El ejemplo más visible, es el crédito agrícola para los pequeños productores de granos básicos, que el Gobierno ha decidido apoyar para alcanzar objetivos de seguridad alimentaria y reducción de la pobreza rural. Estos créditos son subsidiados y se otorgan a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), el llamado banco campesino que JOH quería cerrar, pero que está protegido en la Constitución de la Republica. Cada año se han aumentado los fondos para que BANDESA los coloque entre este tipo de clientes, pero el problema es el aumento de la mora con el banco, ya que se cree falsamente que los créditos no deben pagarse [2].
Los programas y proyectos de inversión que se financian con fondos externos, han tenido problemas para cumplir con las metas y resultados propuestos, ya que, estos fondos, no están disponibles en el tiempo requerido y existe mal manejo cuando son administrados directamente por instituciones de gobierno y alcaldías.
La práctica ha demostrado que el destino de gran cantidad de fondos públicos a la campaña política no es garantía de su efectividad, cuando se busca que los votantes ejerzan el sufragio y voten por el candidato oficial, a cambio de una bonificación monetaria. En las elecciones pasadas, el Gobierno de JOH dispuso de más recursos para el bono 10,000 y poder garantizar más votantes a favor de su partido y candidato en las elecciones generales de noviembre de 2021, lo cual se logró parcialmente, con evidencias de población recibiendo el bono y votando por otro candidato.
El enfoque “piñata”, muy visible en el Gobierno de JOH, hay que descartarlo. Por una lado, están los diputados que demandan fondos para ejecutar programas y proyectos en sus departamentos, seguido de los alcaldes que exigen más fondos que los transferidos anualmente de acuerdo a la categorización municipal; se suman medios de comunicación tarifados, contratistas y empresarios de último tiempo (contratos de proyectos de salida, donde el Gobierno no puede honrar la deuda total, quedando pendiente para la nueva administración).
Hay evidencia de que el Gobierno de Xiomara Castro ha disminuido la relación deuda pública/PIB, aunque es visible el aumento del servicio de la deuda de 2,141.1 millones de dólares en 2022 a 2,552.6 millones de dólares en 2023, y un estimado de 2,600 a diciembre de 2024. Igual, la mayor flexibilidad en la política de responsabilidad fiscal, como un medio para crear espacios fiscales a favor de la inversión social e incluso productiva, que debería abarcar al desarrollo local.
Los instrumentos de planificación tradicional, como planes estratégicos, planes operativos-presupuestos y políticas sectoriales, no sirven en periodos o años electoreros, necesitándose de agendas de trabajo técnico-políticas por sectores, subsectores y espacios territoriales, que visibilicen las acciones, tiempo, recursos y responsables, para solucionar los problemas enfrentados por la colectividad nacional. En tal sentido, lo que respecta a la transparencia en el manejo de los fondos públicos y la mayor productividad del gasto es un componente fundamental.
Notas:
[1] Al parecer, este viene siendo un patrón histórico, donde la baja ejecución presupuestaria acompaña el aumento de los montos de presupuesto asignados y aprobados por el Congreso de la Republica cada año. En 2024, se aprobó un presupuesto de 407, 135.5 millones de lempiras, pero a junio de este año solo se habían ejecutado 132, 104.88 millones de lempiras, o sea el 32.42%, donde el gasto corriente va por el elevador y los gastos de inversión productiva por las gradas. El Gobierno ha venido aumentando los montos de inversión pública y mejorando su nivel de ejecución arriba de 80%, siendo la exigencia una mayor efectividad del gasto en la ejecución de programas y proyectos aprobados inicialmente.
[2]A junio de 2024, la mora del banco se acercaba al 47%, o sea más de 2,000 millones de lempiras con retrasos de pago, con una demanda en crecimiento al flexibilizarse además los criterios para otorgarse créditos. Hay más presión por fondos y endeudamiento del Gobierno para destinar recursos al Banco, ya que la recuperación de los créditos avanza lento, o se consideran como perdidas.
Javier Suazo. Economista hondureño.