“Para Estados Unidos cualquier persona, sea emigrante o simple turista, indiferentemente de su actividad profesional, es un delincuente potencial que está obligado, como en Katka, a probar su inocencia sin saber de qué se le acusa.” (José Saramago)
Se ha generalizado la tesis que Honduras será uno de los países más afectados por las deportaciones masivas desde EEUU, al ser una de las principales políticas del nuevo Gobierno encabezado por Donald Trump. Se estima en cerca de 262,000 hondureños indocumentados con órdenes finales de deportación, lo cual es una cifra alta si se compara con otros países de mayor población como Guatemala y México (Tunota. 15-12-2024).
El impacto de esta medida de Estado, en caso de oficializarse por el Gobierno de Washington como una política pública de seguridad interna, será de magnitudes insospechables para la economía y población hondureña, principalmente aquella que depende de las remesas familiares para vivir. Una de las preguntas que surgen es que hará el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, no tanto en EEUU a través de los consulados y asociaciones de migrantes, sino a lo interno, bajo el supuesto que la medida de política declarada por Trump sea una realidad.
Hay que construir varios frentes de trabajo. El primero tiene que ver con la generación de oportunidades de empleo para esta población. Hay evidencia de aumentos en los montos de inversión pública para completar la inversión privada, igual con la vigencia de programas de capacitación para desarrollo de proyectos familiares y emprendurismo.
“Para el 2024, la inversión a nivel sectorial se concentra mayormente en el sector Carreteras con una inversión de L 8,929.7 millones (25.4%); seguido por el sector Energía con L 5,767.5 millones, 16.4% del monto total; el Sector Salud por su parte, absorbe el 11.1% (L 3,890.1 millones)); seguido en menor cuantía por el Sector Modernización del Estado con L 3,489.4 (9.9%), Protección Social con un monto de L 3,479.3 millones (9.9%), y el resto de los sectores que abracan el 27.2% con un monto de L9,551.7”.[1]
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), viene insistiendo en la baja ejecución del gasto de inversión pública, lo cual se considera una ineficiencia del Gobierno; sin embargo, es de aclarar que el registro de los gastos imputados a proyectos se reflejan hasta final del año, y lo más recomendable es esperar el cierre del ejercicio fiscal y las cifras reales en los primeros meses del año próximo.
“Hasta el 13 de noviembre de 2024, la ejecución de la inversión pública alcanza un 45.6%, lo que equivale a L41, 077.9 millones. La mayor parte de esta ejecución corresponde a la inversión social que ha alcanzado un 65.6% de lo aprobado, seguida por la inversión productiva con un 28.8%. Además, la Formación Bruta de Capital Fijo ha ejecutado L3, 403.02 millones, lo que representa el 16.9% del presupuesto asignado”.[2]
Para 2025, la inversión programada supera los 97,600 millones de lempiras, una cifra alta en comparación a los años anteriores de gobierno, y mucho mayor si se compra con el promedio de inversión ejecutada de 2010-2021.
El apoyo del Gobierno a los pequeños productores de alimentos para aumentar la producción, consumo e ingresos es evidente, pero los recursos son insuficientes y no tienen, cuando se trata de créditos blandos, un retorno garantizado. Además, con la vigencia del RD-CAFTA, las importaciones masivas de alimentos conspiran contra la producción nacional y afectan directamente a pequeños productores y cooperativas campesinas.
El aumento de la Inversión Privada Nacional, según los llamados empresarios corporativos, está condicionada al retiro de la Ley Tributaria por el Gobierno y diputados del Congreso Nacional, para nuevos ajustes a la versión inicial. Y, en el caso de la Inversión Directa Extranjera (IED), que se estima menor a los 1,106.4 millones de dólares captados en 2023, se explica por los problemas de crisis internacional, mayores costos internos que los vecinos e inseguridad ciudadana, según apuntan los mismos empresarios.
La mayoría de los retornados al país por las deportaciones pertenecen a familias de bajos ingresos monetarios, cuya alternativa es regresar e intentar de nuevo el sueño americano. Los que se quedan tienen malas opciones: Una es las maras y pandillas, la segunda el narcotráfico y la tercera la informalidad en pobreza.
Las políticas de protección y compensación social son fundamentales, así como la reivindicación de derechos humanos. Urge la aprobación de la nueva Ley en materia de Protección y Seguridad Social, engavetada en el Congreso de la República. La falta de esta legislación ha convertido a la principal institución en la materia, o sea el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en una de las principales instituciones más ineficientes del Gobierno, referido principalmente a la ausencia de una gestión técnica y administrativa que contribuya al cumplimiento de metas de cobertura (atención de pacientes y entrega de medicamentos), y minimice la corrupción.
El Gobierno de la República, mediante Decreto 154-2022 del 20 de marzo de 2023, creo la “Ley para la Prevención, Atención y Protección de las personas desplazadas internamente, con la finalidad de “ prevenir el desplazamiento interno, atender, proteger, brindar asistencia humanitaria a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su hogar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de Derechos Humanos y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. (…) También establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas forzadamente a su hogar o su hogar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país”[3].
Se critica que la institucionalidad creada no funciona por ser altamente burocrática, y la falta de recursos presupuestarios para cumplir plenamente con sus funciones. Esta Institucionalidad opera como un Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Internamente (SINARDEFI), cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de la presente Ley. Los recursos deben ser provisionados anualmente y como soporte a un Plan Estratégico Operativo Multisectorial de Mediano Plazo. La presidenta Xiomara Castro preside, pero los alimentadores institucionales brillan por ausencia.
No obstante, está en funcionamiento el Consejo de Gobernanza Migratoria que integran mayormente Secretarias e Instituciones del Estado con competencias en el campo, destacando las Secretarias de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Planificación, Seguridad e Instituto de Migración. “El Consejo resaltó que el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro ha establecido diversos logros en el ámbito de la movilidad humana, entre los que destacan la amnistía migratoria, que ha beneficiado a más de 980 mil migrantes en tránsito, y la apertura de centros de atención como el CAMI en Danlí, El Paraíso, que ha brindado más de 50 mil atenciones. Para el 2025, el Consejo definió una serie de compromisos, entre los que se incluyen el establecimiento de una Política Migratoria Humanista centrada en la protección de los derechos de las personas migrantes y la creación de un programa integral de en el exterior”[4].
Hay también la opción de activos productivos a los migrantes retornados (reforma agraria y derechos humanos), acompañado de planes de negocios para aumentar la producción e incluso exportar bienes al resto de la región y otros países. Una estrategia muy favorable a las políticas de inclusión social y combate de la pobreza y migración por los EEUU, ligada a los planes y estrategias de desarrollo para el Triángulo Norte de la Región (Guatemala, El Salvador y Honduras), pero que no se ha concretado.
Bajo esta modalidad, el Estado de Honduras puede dotar de activos productivos a los campesinos migrantes y sus familias, y garantizarles un ingreso monetario seguro. Puede, además, fortalecer la lucha de los migrantes por viajar a países donde la restricciones no son o serán tan drásticas como en el futuro Gobierno de Trump, caso de Europa y Asia. Hay evidencia de un flujo creciente de migrantes a países como España y Alemania.
Todavía no se ha hecho un uso más racional, productivo y sostenible de las remesas que se envíen del exterior y que, a no dudarlo, seguirán siendo el principal soporte de la economía. Se estiman en más de 9,000 millones de dólares para finales de 2024, cerca de la meta programada de 9,500 millones de dólares. La amenaza de Trump de poner un impuesto a las remesas si el país no cumple su función de país seguro, amerita un análisis de profundidad ´por las autoridades de gobierno y construcción de escenarios de respuesta tal como lo prevén países como México.
Ocupamos una cartera de programas y proyectos de desarrollo, donde las remesas ayuden a aumentar la producción, pero también a mejorar las oportunidades para las familias, incluyendo las que enfrentarán el riesgo de deportación.
La opción sigue siéndolo un proyecto de largo plazo para poder insertar de nueva a la población deportada a las actividades de mayor productividad del país. Es un proyecto que no se tiene, pero que ya nos está pasando factura con la escasez de mano de obra en el campo y ciudades, y en la creciente fuga de jóvenes de talento.
Notas:
[1] Honduras inversiones, goh.hn
[2] COHEP, “Boletín Económico Noviembre de 2024. Tegucigalpa, Honduras.
[3] Ver Artículo 1, finalidad de la Ley, Decreto 154-2022 op cit, pág. 3
[4] Ver Secretaría de Relaciones Exteriores. https://sreci.gob.hn/node/2026
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