Pareciera que en algunos días se iniciará el juicio contra Pedro Castillo Terrones, encarcelado desde el 7 de diciembre del 2022 y virtualmente secuestrado desde entonces. Es bueno deslindar el tema en sus diversas facetas para evitar la satanización alentada contra él por la ultraderecha que ha pretendido convertirlo en el símbolo de todos los males que agobian a la República.
Pedro Castillo es un Maestro de Escuela que en el 2017 asomó al escenario nacional conduciendo una lucha magisterial ciertamente justa y exitosa. Ni antes ni después tuvo figuración política hasta que, en los comicios del 2021 postuló como Candidato Presidencial de una fuerza relativamente nueva de origen provinciano, Perú Libre.
Su aspiración confirmó la existencia de una izquierda rural y provinciana que superó incluso a la urbana y capitalina representada por Verónica Mendoza. La segunda vuelta -memorable- en los comicios de aquel año- permitió que Castillo derrotara a Keiko Fujimori, la obsesiva y errática abanderada de la Ultraderecha, quien recurrió a todo para revertir su revés.
Hablar del Gobierno de Castillo, es casi una ficción. Asumió el Poder en julio del 2021 en medio de una batahola de agresiones y denuestos. Y desde el primer día, se vio afectado por una ofensiva sediciosa sin precedentes que buscó vacarlo desde un inicio. Sus ministros fueron objeto de ataques constantes, interpelados y censurados por el Congreso, víctimas también de todos los disturbios alentados y promovidos por la Prensa Grande.
Bien podría decirse, sin ninguna duda, que Castillo no tuvo un solo día de gestión gubernativa exento de ataques y agresiones. De comienzo a fin su régimen fue un campo de batalla en el que la ultra derecha combatió con todas las armas desconociendo la esencia misma de la democracia que dice sustentar.
Ese gobierno -obviamente- no fue socialista ni comunista. Tampoco revolucionario. Pretendió ser un gobierno popular y democrático, distante y distinto de sus predecesores. No lo logró. Castillo, entre otras cosas, no supo escoger a sus colaboradores, salvo algunas excepciones.
Fue rodeado por una camarilla de indeseables que hizo del Poder una suerte de negocio de principiantes, lo que permitió que les sacaran todo a luz y les inventaran otras truhanerías más. Entre sus “colaboradores” más cuestionables estuvo la Boluarte, ministra 18 de los 21 meses de gestión.
Finalmente, el 7 de diciembre del 2022 fue depuesto bajo el pretexto de haber intentado “un Golpe de Estado”. En verdad, el Golpe existió, sólo que no lo dio él. Se lo dieron a él. Y desde entonces está preso. Los que lo derribaron, dijeron en su momento que “lo meterían a la cárcel de por vida”. Y están en eso.
Ya lleva 790 días tras las rejas y la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión. De cumplirse tal propósito, la pena quedaría cancelada el 2056, cuando Castillo tenga alrededor de 90 años.
La detención de Castillo fue ilegal. Se produjo al mediodía del 7 de diciembre cuando aún era Presidente y gozaba de la Inmunidad reconocida constitucionalmente. En ningún caso pudo ser detenido. La figura que se arguye -la “flagrancia”- no se aplica.
Jurídicamente hablando un delito flagrante o delito in fraganti es el que se comete cuando el autor es sorprendido en el momento de cometer la infracción.En el momento de su detención, Castillo estaba viajando con su familia en un vehículo oficial -el “Cofre” se dice hoy- rumbo a la embajada de México. Y eso, no es delito.
En el caso extremo que se acreditara una “flagrancia”, el hecho tampoco ameritaría una detención, por tratarse del presidente de la República. Podría sí, ser intervenido y conducido al Palacio Legislativo para ser puesto a disposición del Congreso, el mismo que dispondría del procedimiento constitucional pertinente, es decir, del Juicio de Ley con derecho de defensa incluido. Nada de eso ocurrió.
Si arguyendo la “absoluta urgencia” se quisiera prescindir de ese procedimiento, se requeriría de la autorización de las 4/5 partes, es decir, 104 congresistas. Eso, tampoco ocurrió.
Lo que debiera llamar la atención es que, registrándose tan graves vulneraciones constitucionales, los organismos judiciales hayan convalidado ese írrito procedimiento en lugar de anularlo de acuerdo con la ley. Llegará día, sin duda, en que eso podrá ser revisado.
La tarde del 7 de diciembre el Congreso vacó a Castillo, pero el sancionado ya estaba preso y por lo tanto carecía de posibilidad de defensa, lo que invalida la decisión parlamentaria. Por lo demás, los congresistas no discutieron en esa ocasión la moción de Vacancia que estaba en trámite- Aprobaron otra, festinando todos los trámites de ley.
Fue, como lo confesaron “un acto político”, no jurídico. Y ese acto político generó una masiva protesta ciudadana que se prolongó por más de 100 días, dejando un doloroso saldo de muerte y destrucción aún impune.
Es claro que, en el concierto internacional, cualquier organismo Penal que juzgue lo actuado, lo considere ilegal y lo rechace. Ello explica el pavor que muestran las autoridades locales cuando el caso es llevado más allá de las fronteras nacionales.
Una expresión de ese pánico, lo muestran quienes pierden los papeles cuando el argentino Guido Croxatto asume el tema, o la presidenta de México lo considera ilegal. ” Injerencia en los asuntos internos” claman cuando hace muy poco se inmiscuían abiertamente en los asuntos de Venezuela proclamando “presidente” de ese país a un aventurero hoy en desgracia.
El juicio a Castillo se prevé no sin interferencias y tropiezos. Pero si se desenvuelve de acuerdo con la Ley y los Procedimientos Constitucionales vigentes, ninguna condena será posible. La libertad de Castillo se impone.
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