“La medida es aprobar todo: La Ley de Justicia Tributaria y las tres leyes señaladas, o no se aprueba nada” (Hugo Noé Pino, Vicepresidente del Congreso Nacional)
“Siempre fue un instrumento político y no económico como alegaba el Gobierno” (Eduardo Facusse, dirigente empresarial)
La reciente visita de personeros del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, a menos de un poco más de dos meses para la celebración de las elecciones generales (30 de noviembre de 2025), ha vuelto a la palestra pública un debate que, al parecer, se había invisibilizado por la ausencia de consenso entre los diputados de las bancadas de los partidos políticos, acerca de la aprobación o no de la Ley de Justicia Tributaria. Un proyecto de ley que ha sido modificado en versión original en el ánimo de incorporar las observaciones y comentarios de actores privados, pero que los empresarios ligados al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han desestimado, aun cuando son evidentes las reuniones sostenidas entre diputados del Congreso Nacional ( especialmente de la Comisión de Dictamen) y sus representantes.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, ha reiterado que la ley no conlleva el incremento de nuevos impuestos, pero sí busca ordenar el régimen tributario para hacerlo más justo y equitativo. Los empresarios no están en contra que se revisen las exoneraciones, sino de que se eliminen, ya que todos los países tienen exoneraciones fiscales y no pueden competir sin ellas. El problema es de qué tipo, el tiempo de vigencia e impactos en los fondos públicos, los beneficiarios de las exoneraciones y desbalance de los recursos para el financiamiento del programa de inversión pública.
A favor de la ley se han pronunciado destacados economistas como Joseph E. Stiglitz, igualmente funcionarios del propio FMI en Washington. El argumento de los empresarios y funcionarios del COHEP es reiterativo; no se socializó, hay varias versiones, no se valoran los efectos e impactos negativos, se van a destinar los recursos de exoneraciones a la campaña política de la candidata del partido oficial, entre otros; pero se ignoran las advertencias de que Honduras podría convertirse en un paraíso fiscal y tendría pocas oportunidades de avanzar en el cumplimiento de metas como la reducción de la pobreza, al penalizarse la entrega de fondos externos.
Un comunicado del COHEP de fecha 19 de septiembre destaca que, de acuerdo a su percepción de la reunión sostenida con personeros del FMI, la Ley de Justicia Tributaria no forma parte de las metas estructurales del Acuerdo Stand By firmado, y que la visita del Grupo de Acción Financiera (GAF) al país en octubre próximo, solo demanda la aprobación por el Congreso Nacional de reformas a otras leyes como la Ley de Lavado de Activos; Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo y Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). (Ver comunicado en prensa 19-9-2025). El Congreso de la República unificó las leyes, y miembros de su junta directiva han manifestado que el objetivo es aprobar todas las leyes, especialmente la Ley de Justicia Tributaria.
Recién un comunicado del FMI da a entender que la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria es importante para el país, en tanto no puede seguir con un régimen tributario con crecientes inequidades y desigualdades entre actores y grupos poblaciones. Una fuerte concentración de las exoneraciones fiscales benefician a grupos económicos frente a un abandono de aquél grupos de micro, pequeñas y medianas empresas que también generar bienes, servicios y empleos. Pero, además de ello, el monto del gasto tributario que supera los 77.400 millones de lempiras (Un 8.4%/PIB), frente a un aumento sostenido del servicio de la deuda externa mayor de 64.300 millones de lempiras, genera un desbalance que socava las fuentes de ingresos del país destinados al desarrollo, especialmente a reducción de la pobreza.
“El Fondo sigue reconociendo, la importancia de las acciones para reducir las exoneraciones fiscales, que son elevadas en comparación de otros países de la región. Como tal, la reforma tributaria continúa formando parte de la agenda del Gobierno. De cara a futuro, también seguimos priorizando el trabajo con los actores pertinentes de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2026” (Comunicado del FMI, 22 de septiembre de 2026). Es poco probable que el FMI se manifieste en contra de una ley cuyos documentos de soporte, los estudios previos, financiaron. Es más, cuando existe una decisión política del Gobierno de no aumentar los impuestos y generar gran parte de los recursos para el pago de sus obligaciones financieras y cubrir el gasto de inversión pública ordenando los regímenes tributarios existentes con techos al gasto tributario.
Ha surgido una nueva iniciativa de personeros del COHEP, empresarios e investigadores del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), que se ha denominado “ventana” de oportunidad; o sea, aprobar las tres leyes anteriores y seguir discutiendo la Ley de Justicia Tributaria. Para Hugo Noé Pino, Vicepresidente del Congreso Nacional, una de esas leyes va incluida dentro de la Ley de Justicia Tributaria y las otras dos deberán ser aprobadas conjuntamente; si no se da antes de las elecciones, sería después. Se habla que solo faltan dos votos para completar los 65 votos requeridos.
Una preocupación válida de los funcionarios del COHEP y del propio FOSDEH, es la contraparte de la ley, o sea la orientación y destino final de los recursos. El argumento en contra de la ley, es que los fondos se usen para fines políticos y ejecución de programas y proyectos con prácticas poco transparentes, como el caso SEDESOL (Ver informe del Tribunal del Cuentas). Sin embargo, ello puede regularse al plasmarse en la reglamentación de la ley, las prohibiciones para el destino de estos fondos a actividades que aumenten el gasto corriente u otros fines; igual, dejarlo claro en disposiciones generales del presupuesto como articulado visible cada año que debe aprobar el Congreso Nacional.
Otra preocupación, cuya causa no es la falta de incentivos fiscales y tributarios, es que se piensa que la vigencia de la Ley de Justicia Tributaria ahuyentará la Inversión Extranjera Directa (IED), ya que ha sido baja en comparación con otros países. Se habla, según cifras del Gobierno, de 453 millones dólares en el primer semestre de 2025. En 2024, según reportes de Banco Central, la IED fue de 993 millones de dólares, pero cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reportan una IED de 1.309 millones de dólares, debido básicamente a la metodología de cálculo empleada. En 2023 se captaron 1.076,4 millones de dólares y en 2022, primer año de gobierno de Xiomara Castro, 822,6 millones de dólares.
El COHEP atribuye otros factores de la baja de IED, como la inseguridad jurídica, la tramitología, calidad de los servicios públicos y la falta de calificación de la mano obra. Hay quizá un problema estructural ligado a la dinámica de los mercados internacionales y las políticas restrictivas de los países, especialmente de EEUU, pero además destaca un factor interno y es que las oportunidades para nuevas inversiones externas están en correspondencia a la estabilidad económica del país, medida por el comportamiento de las variables de corto plazo, como ejemplo la inflación y la tasa de cambio que son estables, tal como lo reconoce el FMI; pero los empresarios manifiestan preocupación por el aumento de las tasas de interés.
Ello, más allá de un factor mediático ligado a las campañas de desinformación sobre la vigencia de un modelo económico que busca destruir la empresa privada y generar un clima negativo para los inversionistas extranjeros, cuando se reconoce por ciertos empresarios de la costa norte que el Gobierno no ha sido tal malo con ellos.
El economista Stiglitz ha manifestado en varias ocasiones que lo importante es ampliar la torta no repartirla, o sea, generar más riqueza en vez de capturar más de la existente. “Esto no es más que una redistribución de los ingresos, no aumenta la riqueza total de una nación. El término técnico para ello en economía es “renta” [1]. Otro economista y banquero, Jaime Rosenthal, era del criterio que Honduras les ha dado mucho a los empresarios nacionales, debiendo hacer un esfuerzo por repatriar los capitales. Un esfuerzo conjunto orientado a aumentar la Inversión productiva en el país, más que promover negocios cautivos exigiendo trabajar con fondos del Gobierno y pidiendo, además de exoneraciones, preferencias en precios de venta como en el de la energía.
En este caso, el próximo Gobierno debería promover un diálogo desde la base para que la justicia tributaria se convierta en un objetivo de política pública, institucionalizando sistemas tributarios más equitativos y menos regresivos. El enfoque aquél de más tengo menos pago, ya que con ello se aumenta la inversión y se genera un efecto derrame en la economía, especialmente por los nuevos empleos (aunque de mala calidad), quedó en desuso hace tiempo.
Este objetivo de política pública debería asumirse de entrada en la gestión del nuevo Gobierno, al igual como se hizo con la reducción de la pobreza, o el acceso universal a la salud o educación de la población en décadas pasadas. Honduras no puede seguir con un régimen tributario como el vigente, ocupa un nuevo enfoque de desarrollo, donde los temas tributarios sean más visibles y comprensibles para los actores decisorios y contribuyentes, fundamentales para alcanzar metas de desarrollo humano.
Nota:
[1] Ver Joseph E. Stiglitz “Capitalismo progresista, la respuesta a la era del malestar», Editorial Taurus, México, 2020, pág. 27
Javier Suazo, economista hondureño especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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