Estados Unidos ha transferido 4,76 millones de dólares a la República de El Salvador para que el país centroamericano acepte la deportación de personas migrantes, informó el 10 de septiembre el canal Telesur; el acuerdo secreto entre los presidentes de extrema derecha Trump y Bukele fue revelado por la Fundación Democracy Forward; la información hacía referencia a la expulsión de 300 migrantes de Estados Unidos, destinados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), prisión emplazada en el municipio salvadoreño de Tecoluca.
Pero las medidas de Nayib Bukele, que preside El Salvador desde 2019, no sólo consisten en la represión de las personas migrantes; el 3 de octubre Bukele anunció en las redes sociales la prohibición del lenguaje inclusivo en los centros educativos públicos del país.
Así, una Instrucción de la ministra de Educación, la también capitán de las Fuerzas Armadas, Karla Trigueros, señalaba el objetivo de prohibir palabras como amigue, todos y todas, alumn@ o nosotrxs: “Evitar injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”.
Un paso más en la acción punitiva sucedió a mediados de septiembre, cuando el Congreso aprobó una reforma legislativa para posibilitar que las personas arrestadas durante el Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, puedan permanecer hasta siete años en prisión provisional y sin juicio (el pasado 1 de octubre la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 43 del estado de excepción).
Se da la circunstancia que el partido Nuevas Ideas (NI), liderado por Nayib Bukele, logró en las elecciones de 2024 la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.
El 22 de septiembre, Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador informó de la muerte de al menos 447 ciudadanos en las cárceles del país desde el comienzo del Régimen de Excepción (“sin haber sido vencidos en juicio”); además, “el 94% de las personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad”; la mayoría de los fallecimientos entraban en la categoría de muerte violenta o de negligencia médica.
La ONG reivindica asimismo la libertad de la defensora de los derechos humanos, Ruth Eleonora López; el 18 de mayo la Policía Nacional Civil detuvo arbitrariamente (sin orden judicial) en su domicilio a la abogada y jefa de la unidad anticorrupción y justicia de la ONG Cristosal; en julio, Ruth López ingresó en la Granja Penitenciaria para Mujeres de Izalco; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor de la activista, por entender que corren riesgo su salud e integridad personal.
Cumplido un año del Régimen de Excepción (marzo de 2023), siete organizaciones sociales firmaron un Informe sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador; se apuntaba principalmente la responsabilidad de la Policía Nacional Civil (74% de los casos), seguido de las acciones conjuntas de efectivos policiales y militares (16%); en ese momento del estado de excepción, el número de personas detenidas sumaba cerca de 66.500 (cifra oficial), de las que más de mil eran menores de edad.
También la prensa ha sido objeto de la criminalización; en mayo, organizaciones sociales denunciaron una “escalada de persecución y ataques a la libertad de prensa contra el periódico digital El Faro”; se imputó la responsabilidad al régimen de Bukele; el origen de la acometida remitía a las investigaciones sobre pactos entre pandillas y el entorno del presidente, y sobre las relaciones entre el Gobierno y el crimen organizado.
En octubre, el periódico salvadoreño ha publicado el reportaje Sobrevivientes de las cárceles de Bukele; las prisiones se describen como “una barbarie que se priva de pocos horrores: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema”; El Faro entrevistó a 27 personas que estuvieron recluidas en estas cárceles.
A estas denuncias se añaden las del Instituto de Derechos Humanos de la UCA que, junto a otras cinco ONG, publicaron en marzo de 2025 el informe Tres años de régimen de excepción: tortura sistemática en las cárceles de El Salvador; el documento calculaba en más de 85.000 las personas detenidas; las organizaciones firmantes del informe han recibido 6.889 denuncias por violaciones de los derechos humanos; los hombres jóvenes, entre 19 y 30 años, representan el 52% de las detenciones.
Uno de los puntos significativos del informe es el peso de la población presa en El Salvador, que cifra en 115.605, lo que supone una proporción de 1.824 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, “la tasa más alta a nivel mundial”.
Según el reporte Tortura sistemática en las cárceles, “muchas personas relatan que fueron detenidas sólo por vivir en una zona estigmatizada. Cuando las personas salen de la cárcel viven con miedo a ser recapturadas o a que algún familiar suyo sea detenido/a. Encuentran dificultades para encontrar un empleo por discriminación o han perdido ya su empleo o negocio. Además, siguen siendo hostigadas por la Policía”.
Del panorama represivo y de hostigamiento que afecta a ONG, activistas, defensoras y periodistas se ha hecho eco Amnistía Internacional (AI); en julio AI declaró personas presas de conciencia, además de a Ruth Eleonora López, al abogado y defensor ambientalista Alejandro Henríquez, detenido en mayo durante una protesta campesina frente a la residencia de Bukele; también al pastor evangélico, jornalero y líder comunitario durante 25 años, José Ángel Pérez, arrestado el mismo día y por idénticos hechos que Henríquez.
“El Presupuesto de Defensa de 2026 se usará para fortalecer la lucha contra la criminalidad, las acciones de seguridad en el país y se dignificará la carrera militar”, ha destacado el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Montroy; la partida global del ministerio aumentará el 6,43% respecto a 2025, informó en la Comisión de Hacienda del Congreso; mientras, según el Banco Mundial, cerca de 600.000 ciudadanos (el 9% de la población) vive en situación de pobreza extrema en El Salvador.
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