Sucedió tras casi una década de batalla. La periodista comunitaria maya Kaqchikel de Guatemala, Norma Sancir, recibió una sentencia favorable por parte del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula, el 31 de enero de 2024; el veredicto judicial señaló que la comunicadora popular fue víctima de detención ilegal y abuso de autoridad.
Los hechos se retrotraen al 18 de septiembre de 2014, cuando la periodista resultó detenida -por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)- en el contexto de las movilizaciones de las comunidades mayas Ch’orti’ contra diferentes leyes en el municipio de Camotán (Chiquimula).
La ONG Brigadas Internacionales de Paz (PBI, siglas en inglés), que ha realizado trabajo de acompañamiento con Norma Sancir, informó que la periodista fue capturada y esposada mientras estaba cubriendo las citadas protestas; se le trasladó después a la comisaría de Chiquimula, junto a otras cuatro personas; tras pasar por el juzgado, todas ellas fueron conducidas a la prisión de los Jocotes, en Zacapa, donde estuvieron cuatro noches.
Norma Sancir participó el pasado 21 de noviembre en el acto Resistencias comunitarias ante el extractivismo en el Oriente guatemalteco, celebrado en la sede de CEDSALA en Valencia con la organización de la ONG Perifèries, PBI, CEDSALA, Intersindical Solidària, Mundubat y Entrepobles.
Los condenados a pena de prisión, por abuso de autoridad contra la periodista, fueron un excomisario y dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Además, “en su resolución el juez señala que los derechos de libertad de prensa y de expresión no pueden ser restringidos, ya que constitucionalmente se le da esa facultad a las personas que hacen periodismo y a las comunidades que reciben la información”, subraya Brigadas Internacionales de Paz.
Nacida en el municipio de Tecpán (departamento de Chimaltenango), Norma Sancir comenzó su trayecto profesional en una radio comunitaria; además trabajo en Prensa Comunitaria, agencia de noticias constituidaen 2012, que desarrolla un periodismo de derechos humanos, feminista y autónomo.
En Prensa Comunitaria la comunicadora publicó en agosto de 2024 dos artículos, titulados El maíz Ch’orti’: resistencia y tradición en medio del cambio climático; y Población maya Ch’orti’ denuncia la división que ocasionan los proyectos mineros a sus comunidades; en Comatán, Norma Sancir acompañó a la población maya en la defensa de su territorio.
Otros periodistas independientes se enfrentan a acciones de hostigamiento y agresiones; así, en diciembre de 2024, el corresponsal de Prensa Comunitaria en Chiquimula, Narciso Marcos Chegüén, denunció que varios individuos dispararon al aire desde un vehículo con el fin de intimidarlo; otro periodista, Marvin del Cid, del canal Vox Populi (Investigando al Poder), fue agredido el 10 de abril durante una manifestación -por integrantes del sindicato de educación- cuando cubría una protesta.
El pasado 21 de marzo, individuos armados asesinaron en el municipio de Coatepeque (Quetzaltenango) al periodista comunitario Ismael Alonzo González, de 27 años, quien ejercía como director de Producciones Alonzo; fue corresponsal de Despertar Occidental y miembro de la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Suroccidente.
Respecto a los casos de acoso, criminalización y manipulación del proceso judicial, siete organizaciones promovieron el pasado 19 de noviembre la plataforma Guatemala contra la persecución política, que recoge un centenar de ejemplos entre enero y septiembre de 2024.
A las personas defensoras de los derechos humanos y operadores de justicia, el informe añade los casos de periodistas como el fundador y exdirector de El Periódico, José Rubén Zamora, en prisión desde hace tres años; o el periodista y cofundador de Prensa Comunitaria, Nelton Rivera, objeto de intimidación y amenazas.
En el acto organizado en Valencia participó asimismo la autoridad indígena Ch’orti’ en lucha por la tierra, el agua y la soberanía comunitaria, Carmelita Pérez Canán; el 22 de agosto comenzó el juicio contra diez autoridades indígenas Ch’orti’ del municipio de Olopa (Chiquimula), acusados por los propietarios de la minera Cantera Los Manantiales; una de las personas que ha testificado en el proceso judicial es Carmelita Pérez Canán.
La causa de la imputación radica en las protestas de las comunidades -el 1 de julio de 2019- contra las actividades de la compañía minera, que califican de ilegales; se trata, en concreto, de la extracción de antimonio; los manifestantes, que desarrollaron una acción de resistencia pacífica, denunciaron ataques por parte del dueño de la empresa y los guardias de seguridad.
“La contaminación de los ríos y aire no es lo único que preocupa a los habitantes de estas comunidades empobrecidas y olvidadas por las autoridades locales y estatales (…); los problemas se evidencian principalmente en la piel de los niños y niñas, quienes presentan un prurito que causa escozor y ardor”, informa la periodista de Prensa Comunitaria Stef Arreaga.
Otro ejemplo de la represión contra las comunidades se produjo en 2017, cuando la empresa denunció a 22 de los líderes; y en noviembre de 2018, cuando fue hallado muerto el integrante de la Central Campesina Ch’Orti’ Nuevo Día -y autoridad indígena en Olapa-, Elizandro Pérez, quien había recibido previamente amenazas de muerte.
PBI-Guatemala detalla algunos datos relevantes del contexto: “En 2012, el gobierno de Otto Pérez Molina, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), otorgó a la empresa American Minerals SA una licencia de explotación para la extracción de antimonio por 25 años en la Cantera Los Manantiales (…); la licencia se otorgó sin consulta previa, libre e informada con las comunidades, como lo exige el Convenio 169 de la OIT. A pesar de ello, la empresa inició operaciones en 2016”.
La lucha ha obtenido distinciones internacionales; el Consejo Indígena Maya Ch’Orti’ de Olapa fue galardonado con el Premio Tulipán Regional de los Derechos Humanos-2024, que otorga la Embajada de Países Bajos para Centroamérica; una de las integrantes del Consejo -formado por 14 comunidades-, Carmelita Pérez Canán, recogió el premio.
El Consejo Indígena batalla por el reconocimiento de las comunidades, la recuperación de su espiritualidad -la cosmovisión maya Ch’orti’- y la defensa del territorio frente a la minería; asimismo denuncian las talas forestales ilegales y se enfrentan a la violencia de género en las comunidades.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.