1. La naturaleza fraudulenta del Estado peruano
La relación entre el Estado y las clases sociales en el Perú actual reproduce y profundiza las desigualdades históricas. El Estado es antidemocrático; no actúa como un ente unificador (como un verdadero Estado nación) que garantice derechos sociales mínimos por igual, sino como un espacio geográfica y étnicamente fragmentado. En este contexto, la calidad y la presencia estatal son un privilegio de las clases altas y un déficit permanente para las mayorías.
El Estado peruano no tiene capacidad de acción efectiva porque su presión tributaria es apenas del 14%, un porcentaje muy por debajo del promedio regional (23%) y aún más lejano del promedio de la OCDE (34%). Esta indisciplina fiscal ha sido promovida por un Congreso que se atribuyó el gasto irrestricto, el derroche y el uso político del presupuesto, frecuentemente al margen de las normas de responsabilidad fiscal y de la Constitución.
En las elecciones las clases y empresas dominantes se juegan fundamentalmente el no pago de impuestos por exenciones, evasiones, elusiones y mas rebajas, por un lado y por otro, los políticos organizados en mafias solo buscan participar del saqueo y apropiándose de los recursos públicos en cada rubro presupuestal. En esta contienda, quienes defienden al Estado se conforman generalmente con una mejor distribución “progresista”.
2. El Congreso como gestor del gasto y su uso político
El Congreso de la República ha emprendido una estrategia deliberada para controlar el gasto estatal y utilizarlo con fines políticos. Los datos más relevantes sobre la expansión del gasto y la concentración de recursos son los siguientes:
- Presupuesto del Congreso (2026): S/ 1,735 millones, un incremento del 39%, superando con creces a sectores como Salud y Transporte, que vieron reducido su presupuesto en S/ 145 millones y S/ 232 millones, respectivamente.
- Leyes con impacto fiscal (quinquenio 2021-2026): 229 leyes, más del triple del promedio de los 15 años anteriores (68 leyes), lo que representa una amenaza a la sostenibilidad fiscal.
- Costo fiscal de las leyes «adversas» aprobadas: Más de S/ 35,795 millones, equivalentes a aproximadamente el 3.5% del PBI de 2025.
- Recaudación anual que se deja de percibir por evasión: S/ 59,000 millones, monto que refleja la magnitud de lo que el Estado deja de captar frente a los privilegios fiscales de quienes evaden y eluden sus obligaciones.
De esta manera, el Congreso ha dejado de ser un ente fiscalizador para convertirse en un co-gestor activo –no solo del crimen organizado, sino también del presupuesto–. El proyecto del Presupuesto 2026 fue presentado por el Ejecutivo con un total de S/ 257,561 millones; sin embargo, el Parlamento incorporó 72 de las 120 disposiciones complementarias finales (60%) durante su trámite, motivadas por «factores políticos en vez de técnicos». Esta injerencia busca desviar recursos del canon y las regalías (que por ley deben destinarse a inversión) para financiar gasto corriente en seguridad o programas de empleo, alentando la corrupción y la ineficiencia.
El aumento desmedido de su propio presupuesto y su uso partidario es la manifestación más clara del presupuesto como mecanismo de control político. El control de los recursos se ha concentrado en manos de militantes de Fuerza Popular, quienes manejan cuatro oficinas técnicas con un presupuesto superior a los S/ 134 millones. Además, el Congreso ha utilizado su capacidad legislativa para crear nuevas obligaciones de gasto sin financiamiento, en una práctica conocida como «gastos sin partida». Según el Consejo Fiscal, entre 2021 y 2026 se aprobaron 229 leyes con impacto fiscal (el triple del promedio histórico). El caso extremo son las 101 leyes «adversas», cuyos costos ascienden a S/ 35,795 millones y generan una brecha estructural en las finanzas públicas que empuja el déficit fiscal por encima de las metas y eleva la deuda a niveles insostenibles.
El uso político del presupuesto no es solo un acto de corrupción; es una amenaza concreta a la estabilidad económica del país. La combinación de una recaudación insuficiente (presión tributaria de apenas el 12 % al 15 % del PBI) y un gasto público que crece sin control genera una tormenta perfecta que puede desencadenar una crisis fiscal en el mediano plazo. En conclusión, la evidencia muestra que el Congreso peruano ha emprendido acciones sistemáticas para controlar el gasto estatal, asignándolo de manera discrecional, incrementando su propio presupuesto de forma desmedida y aprobando leyes de gasto sin respaldo financiero. Esta estrategia, lejos de ser un acto aislado, responde a un patrón deliberado que el Consejo Fiscal ha advertido como una amenaza real a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Dos enormes gastos muestran el carácter del Estado represor. El gasto en pensiones militares y policiales (que se la robo Montesinos) que asciende a 13 mil millones de dólares. Y la compra de aviones: compromiso total del Estado: US$ 3,880 millones. Fuente de financiamiento: Bonos soberanos, créditos del Banco de la Nación y presupuestos de los años fiscales 2025 y 2026. Esta enorme inversión militar ocurre en un contexto de recortes presupuestales en sectores sensibles como salud y el aumento de sueldos de congresistas. El presidente Balcázar justificó su decisión de postergar el pago por considerarlo una mala señal para el país, lo que profundiza la paradoja de privilegiar el poder militar frente a las necesidades de la población.
3. Fragmentación de las clases trabajadoras y Estado patrimonialista
Debemos empezar por reconocer que la explotación y la dominación se organizan ahora en toda la vida social de un país ancestralmente fragmentado, con un Estado patrimonialista que no alcanza a cubrir todo el territorio. El Estado está socialmente desbordado: a las migraciones andinas de hace medio siglo se agregan nuevos procesos extractivistas y una marginal industrialización de bienes de consumo. Este crecimiento poblacional se agravó con los regímenes migratorios venezolanos que llegaron durante el gobierno de Kuczynski, creando una numerosa mano de obra que en gran parte permanece en situación precaria.
La informalidad representa una regulación sin protección que fragmenta no solo las relaciones laborales, sino también el tiempo, el espacio y la situación jurídica de los trabajadores. El trabajo se vuelve intermitente, disperso entre distintos lugares y, a menudo, criminalizado o semilegal, lo que aumenta los costos y los riesgos de una organización sostenida. Por ello, la lucha de clases surge simultáneamente en los más variados ámbitos (vivienda, bienestar, cuidados, empleo), sin ningún mecanismo capaz de vincular estos frentes en una resistencia unificada. El resultado no es la despolitización, sino una dispersión de las energías políticas en frentes inconexos –como los electorales– que más dividen que unen.
Las luchas en torno a la raza, el género, la casta, la migración, la sexualidad o la nacionalidad parecen fundamentales; sin embargo, pueden desviar la atención de la explotación y socavar la unidad de clase. Somos hispano culturales, según Oscar Ugarteche, y las etnias permanecen divididas por la aspiración a la «blanquitud» y a ser parte de una clase media en declive, creando aspiraciones que fragmentan principalmente la capital y las grandes ciudades.
El 80% del capital está vinculado a actividades mineras y agrarias concentradas en muy pocas manos de conglomerados empresariales y corporaciones. Un segmento del medio millón de mineros solo puede acceder a la legalidad si sirve a la gran minería. Lo mismo ocurre con la pesca, el comercio, las finanzas, los servicios, etc. Así se evidencia que los flujos financieros de estas empresas se relacionan con la pérdida de derechos de las personas y de la naturaleza, la afectación a la vida de los pueblos ancestrales y el desplazamiento territorial (los pueblos sin territorio están condenados a desaparecer).
La identidad desempeña un papel crucial en la estratificación del trabajo y la desigualdad en las sociedades capitalistas, más allá de ser un mero constructo ideológico. Contribuye a segregar a los trabajadores por género, raza, casta, ciudadanía y legalidad, generando jerarquías que favorecen la acumulación y el control del capital. Sin un proceso de recomposición, la diferenciación consolida la jerarquía, convirtiendo la identidad en una herramienta para reorganizar la dominación de clase en lugar de un medio para desafiarla. El protagonismo actual de la identidad de clase media –celebrada en el Sur Global y lamentada en el Norte Global– no debe interpretarse como prueba de la superación de las clases, sino como una formación políticamente inducida que canaliza la ansiedad por el estatus y la desigualdad lejos del capital y hacia formas fragmentadas, a menudo reaccionarias, de identificación social.
Como señala Monereo, la derecha global y occidental (en particular) tiene el ADN del racismo, que se ha recrudecido con la crisis del capitalismo y la democracia liberal occidental. Ante el renacimiento de la lucha descolonizadora, emprende una guerra cultural culpando a los pobres, negros e indígenas de sus desgracias, tildándolos de terroristas y enemigos de la democracia, recurriendo a la violencia, la persecución y el genocidio contra países, pueblos y ciudadanos de Medio Oriente, Asia, África, América Latina y dentro de sus propios países. De este modo, condenan al fracaso a globalistas y nacionalistas industrializantes al provocar enormes migraciones.
De este contexto se deriva la desunión y confusión de los trabajadores. La informalidad laboral, el despojo y la gobernanza coercitiva generan oleadas de luchas recurrentes en el mercado laboral, las comunidades y los territorios. Sin embargo, estas luchas rara vez se acumulan en desafíos duraderos al poder capitalista. La movilización es frecuente, pero la transformación social es poco habitual. Por lo tanto, el problema central al que se enfrenta la izquierda hoy no es la ausencia de luchas, sino la ausencia de formas políticas capaces de sumar las diferentes luchas y darles un sentido común.
4. El fraude electoral como plan orquestado y la realineación fraudulenta
“La
izquierda, por su parte, sigue diciendo verdades incómodas: que el
modelo excluye, que el país está fracturado y que la riqueza no se
redistribuye. Pero no logra convertir esas verdades en hegemonía
política. ¿Por qué? Porque llega tarde, dividida, sin estructura
territorial sólida en todos los niveles, y muchas veces desconectada
del miedo cotidiano de la gente. Mientras la derecha grita ‘te van
a robar’, la izquierda responde ‘cambiemos la Constitución’.
Uno habla al instinto, el otro a la razón; y en un país en crisis…
gana el instinto.”
(Héctor
Béjar, Otra
Mirada,
20/04/2026)
Las elecciones son parte de un plan perfectamente orquestado. La realineación electoral se convierte en el horizonte principal de la política de clases, reduciendo la recomposición a un problema de comunicación, selección de candidatos o ejecución de políticas. Es el síntoma de un vacío organizativo más profundo: cuando las formas duraderas de organización de clase son débiles o inexistentes, la alineación electoral se convierte en el sustituto a través del cual se interpreta la crisis de acumulación política desde abajo. El rechazo a la política fue un objetivo bien logrado por la derecha: el 39,6% de los votos fueron en blanco, anulados o correspondieron a la abstención.
La derecha viabilizó la candidatura de Keiko Fujimori y de sus candidatos controlando los poderes del Estado, archivando prontuarios y modificando la definición de delitos. La reelección ya cosechó sus frutos: decenas de ex congresistas continuarán en su oficio y se impuso la cámara de senadores. El plan fujimorista consistió en imponer –contra la voluntad popular– la bicameralidad y otorgar poderes especiales al nuevo Senado, lo que le permitiría mantener el control institucional y vacar al presidente de la República con solo 40 votos. La combinación de un sistema de «cifra repartidora» que sobrerrepresenta a los ganadores, una «valla electoral» que excluye a los pequeños, un financiamiento público que premia a los ya grandes y el uso estratégico de las reglas legales crea un campo de juego inclinado que beneficia a partidos consolidados como Fuerza Popular.
En los últimos años se han impulsado proyectos para elevar este umbral. Fuerza Popular ha sido uno de los principales impulsores de estas reformas, como la propuesta para elevar la valla al 40% para gobernadores regionales. Una valla más alta perjudica mucho más a los partidos pequeños o nuevos, mientras que un partido grande con votantes sólidos como FP la supera con facilidad. En las elecciones de 2026, la valla del 5% dejó fuera a numerosas agrupaciones, consolidando el poder en unas pocas fuerzas. Si bien Keiko Fujimori enfrentaría su cuarta derrota consecutiva en el balotaje, ella aspira principalmente a controlar el Senado para seguir manejando los hilos del país. Para ello cuentan con el voto preferencial y la cifra repartidora, con lo que han conseguido –como señala Gustavo Espinoza– una “mayoría artificial y falsa”. Lo demuestra un hecho inobjetable: quien alcanza el 17% de los votos podría tener entre 10 u 11 senadores, pero con esa votación ella dispondrá de 22. Algo similar ocurrirá en la Cámara de Diputados, donde se inflará la representación de Fuerza Popular.
Además, para evitar que prospere cualquier agrupación opositora al “pacto mafioso”, se suspendieron las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que regían por ley desde 2019, lo que multiplicó la oferta electoral de candidatos. La estrategia maestra fue la dispersión del voto en 35 agrupaciones políticas, lo que dio lugar a una cédula de votación compleja y enorme que generó mucha votación errónea o confusa. En ese contexto, la táctica fujimorista se centró en fortalecer la votación de un porcentaje reducido de su núcleo duro (que oscila entre el 10% del electorado) y buscó ampliarlo al 18%. No solo duplicó los senadores; algún día se sabrá si financió a algunos grupos como los de Carlos Álvarez, Jorge Nieto o Marisol Pérez.
Datos del proceso electoral fragmentado:
- 36 candidaturas presidenciales inscritas (finalmente participaron 35).
- 33 organizaciones políticas inscribieron planchas presidenciales.
- Más de 1,700 listas de candidatos para senadores, diputados y el Parlamento Andino.
- Más de 10,000 candidatos en total.
El proceso fue el más fragmentado en la historia del país, reflejando la compleja situación política en la que desaparece el Estado de derecho y prevalece la fuerza de las armas, la ilegalidad, la corrupción y el saqueo del Estado, que está en el fondo de este asunto.
Como bien señala Espinoza refiriéndose al verdadero fraude: “Ella obtuvo 2 millones 800 mil votos de un total de 28 millones de votos. Eso significa una cifra ligeramente mayor al 10% de los votos. Lo que ocurre es que le sumaron los votos nulos y viciados, lo que incrementó su porcentaje hasta llegar al 17%. Es curiosa la manera como esos números incidieron en la elección parlamentaria. No obstante que el Congreso registra un 95% de rechazo ciudadano, Keiko, con el 10% de los votos, logró obtener 22 senadores y 41 diputados, convirtiéndose así en la primera fuerza parlamentaria. En verdad, un 10% de votos en un Senado de 60 curules habría dado lugar a 6 senadores, pero le reconocieron 22. Y, sobre un total de 130 diputados, ese 10% se habría expresado en 13 curules y no en 41, como le asignaron”.
Posible alianza opositora: Si se lograra una alianza entre Juntos por el Perú (14 senadores y entre 31 y 32 diputados), el partido progresista Ahora Nación (4 senadores y 11 diputados) y el Partido Cívico Obras (5 senadores y 15 diputados), se tendrían 23 senadores y 57 diputados.
5. La vacancia presidencial como arma política y la inestabilidad sistémica
Originalmente, existe una posibilidad para el Parlamento de destituir al presidente por incapacidad moral; hoy, en realidad, se utiliza esta figura para destituir a los presidentes que no convienen al Parlamento. Desde 2016, ningún jefe de Estado del Perú ha logrado completar los cinco años de mandato constitucional. Algunos apenas cumplieron cinco días. Se trata de una inestabilidad política que desconcierta dentro y fuera del país por lo reiterado del modus operandi: un presidente asume, el Congreso lo destituye y designa a otro, al que poco después también destituye, y así sucesivamente durante ocho largos años desde la primera vacancia que dio inicio a esta etapa.
El abuso del mecanismo institucional de la vacancia moral, contando con todos los poderes, debería haber encontrado un rechazo insurreccional directo y contundente. La fugacidad es ahora un arma desvirtuada y distorsionada hasta extremos grotescos por la derecha local. A partir de 2016, el fujimorismo pierde las elecciones pero gana el Parlamento con una mayoría abrumadora. A partir de ese momento, empieza a desvirtuar la figura de vacancia moral usándola como venganza política. Se ha normalizado su uso estratégico como arma política en manos de un parlamento vengativo y plagado de intereses comerciales. Forma parte de un modelo surgido del pasado, pero con suficiente poder e influencia política en el presente.
La Constitución fue diseñada a imagen y semejanza del fujimorismo, producto también del estatuto «antiterrorista» peruano, y le da la posibilidad a las maquinarias electorales de tomar el Congreso y decidir –a través de figuras como el artículo 113 (la vacancia)– si un presidente tiene o no una permanente incapacidad moral. Así, el endeble andamiaje constitucional montado por Alberto Fujimori cuando se hallaba en la cima del poder, combinado con una herramienta de doble filo y fácilmente manipulable como la vacancia, terminó creando una lógica sistémica donde el rol parlamentario queda reducido a un mero mecanismo chantajista de presión política. Es efectivamente un sistema donde hay una política de chantaje hacia el Ejecutivo por parte de las grandes bancadas parlamentarias, que escogen finalmente al presidente por encima del deseo de los ciudadanos. Ponen a un negociador que les va a entregar ministerios para que estas bancadas puedan hacer negocios corruptos. Esto genera un sistema donde el presidente no es electo por el pueblo, sino por un sistema mafioso donde cada bancada derechista saca un provecho económico o político que no favorece a las grandes masas.
6. Resultados de la primera vuelta y recomposición de fuerzas
La primera vuelta mostró una tendencia hacia candidatos de derecha, particularmente en los estratos socioeconómicos más altos. Dos candidatos concentraron este voto: Fuerza Popular y Renovación Popular. La izquierda compitió por sumar a los pueblos andinos del sur, pero se olvidó de las ciudades y las clases medias. En esta clase se percibía una alta volatilidad del electorado, que fue aprovechada por el solapado fujimorista Jorge Nieto y por Marisol Pérez Tello (congresista nacida en un campamento de la minera SPCC que nunca habló del saqueo y ecocidio minero), quienes consiguieron votos de centro derecha y un buen número de escaños. El patrón histórico de 2021 –una clara polarización del voto según el nivel socioeconómico– no ha cambiado. En medio de obstáculos estructurales, objetivos y subjetivos, la derecha y centro derecha ganaron el Parlamento. La primera semana de junio se definirá la seguramente efímera presidencia.
¿Quiénes pasan a la segunda vuelta? Keiko Fujimori, con apenas 18%, pasa a la segunda vuelta contra su contendor Roberto Sánchez. Los estrechos márgenes de diferenciación y la falta de registro completo del voto rural colocan como seguras opciones para pasar la valla electoral con presencia en ambas cámaras a: Fuerza Popular, Renovación Popular, Jorge Nieto (Buen Gobierno), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Ricardo Belmont (Obras) y Alfonso López-Chau (Ahora Nación).
Se augura un contexto harto complejo y difícil para la democracia debido a la vocación autoritaria que representan las dos agrupaciones del «pacto mafioso» en el nuevo Congreso: Fuerza Popular y Renovación Popular. De otro lado, hay una centro derecha contagiada o comprada por la derecha, proclive a la corrupción, la traición, el nepotismo y el parasitismo.
Lo positivo de los resultados es la práctica desaparición de varias agrupaciones que forman parte del actual pacto mafioso y que perderán su inscripción: Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Podemos, Avanza País, entre otras.
7. Perspectiva geopolítica
La posición negativa inversora de Estados Unidos refleja la incapacidad de la industria estadounidense para competir en los mercados mundiales de mercancías. Puede tener los mayores pasivos netos a nivel mundial, pero puede gestionarlo porque es el único país que puede emitir dólares, y el dólar sigue siendo la moneda internacional para el comercio, la inversión y las reservas.
¿Cuál es el papel de nuestros países en América Latina? ¿Cómo hemos sido nuevamente definidos como el patio trasero de Estados Unidos? El Perú, visto desde el contexto geopolítico, está en una encrucijada: si gana Keiko, se consolidará la subordinación a Estados Unidos; si gana Sánchez, se intentará una política que oscile entre las potencias tratando de afirmar la soberanía. Sin embargo, en este mundo globalizado, el análisis no puede circunscribirse apenas a lo local-nacional, aunque se trate de un fenómeno que pertenezca a ese ámbito. El Perú está conociendo una batalla geopolítica entre China y Estados Unidos. En el Perú, China está muy presente: en el sector minero (el 73% del cobre peruano va a China), con el puerto de Chancay y a la expectativa de nuevos proyectos que los privados no consideran, como la producción y comercialización de bienes de consumo y capital para toda la región. Estados Unidos actúa con todo su peso para tener un mandatario peruano favorable a sus intereses. ¿Quién le garantiza a Washington que el presidente sea condescendiente con Estados Unidos en lugar de con China? La inestabilidad política es el tema que menos le importa al hegemón; para los intereses extranjeros, las reglas de juego democráticas son irrelevantes. Del narcotráfico solo le importa su control. Lo importante es que se refleje la presencia hegemónica de los intereses comerciales y geopolíticos de Estados Unidos en el Perú.
Llegados a este punto, en el que la ya larga inestabilidad institucional peruana –por factores internos y externos– parece condenada a perpetuarse, la pregunta más urgente es: ¿existe una solución? El Perú necesita una nueva Constitución, y eso tiene que ver con la convocatoria a una asamblea constituyente. Ahí está precisamente el problema, ya que ese es un tema tabú que las fuerzas políticas conservadoras no quieren tocar. Lo cierto es que las expectativas de cambio son muy limitadas porque el problema es institucional. El pronóstico es pesimista, o tal vez simplemente realista: habrá fragmentación y ningún presidente que salga electo en junio tendrá una mayoría suficiente y consolidada para hacer aprobar cambios reales y estar seguro de que pueda continuar o terminar su mandato. Como vemos, no estamos ante una situación sencilla y, en consecuencia, tampoco lo será la solución.
8. Perspectivas y tareas pendientes
Se avecina para el Perú un periodo controvertido y regresivo en materia de derechos, alentado desde la institucionalidad política controlada por el pacto mafioso. Un eventual gobierno progresista solo se apropiará de los reclamos populares y aplicará políticas de apoyo social que constituyen la nueva cara de las relaciones clientelares, alimentando una cultura asistencial que despolitiza, desmoviliza y descentra la mirada de las contradicciones estructurales. El movimiento popular, social y de derechos humanos tendrá una ardua tarea para reubicarse en el nuevo escenario y deberá revisar sus estrategias y esfuerzos para revertir la situación.
Se advierte una brecha enorme entre un electorado desinformado y manipulable y la defensa de los derechos humanos y ciudadanos. Esto confirma la necesidad de planes más aterrizados y efectivos de educación política y ciudadana popular. Lo que sí se puede decir es que el problema al que se enfrenta la izquierda hoy no es la ausencia de antagonismo de clase, sino la ausencia de fuerzas capaces de organizarlo a gran escala y a lo largo del tiempo.
El reto actual no es replicar las instituciones heredadas –sindicatos, partidos o frentes– tal como existían antes, sino desarrollar formas de organización capaces de vincular la producción y la reproducción, el trabajo formal e informal, los ciudadanos y los no ciudadanos, sin reducir estas diferencias a la abstracción.
Jorge Lora Cam. Doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.