Según los resultados electorales: ganaron los votos en blanco y nulos en la primera vuelta de las elecciones generales de Perú, celebrada el 12 de abril de 2026. Totalizaron 3,418,321 votos, lo que representa el 16.84 % de los votos emitidos, según el escrutinio final de la ONPE. La suma de estos votos no válidos es mayor que los votos recibidos por la propia candidata más votada, Keiko Fujimori (14 %), que obtuvo 2,877,678 sufragios. En una última encuesta para la segunda vuelta aparecen 24% de indecisos, justamente cuando ya no existe la confusión que creaban más de 30 organizaciones. Esto puede ser atribuido a varios factores, tales como : fragmentación y precarización laboral, embrutecimiento educativo, uso inadecuado de nuevas tecnologías digitales por los jóvenes, contaminación del pensamiento y cultura neoliberal en la izquierda (corrupción, individualismo consumista, disputa por cargos públicos, aspiración clasemediera, etc.), la represión y el miedo, la larga legitimación del terruqueo y estigmatización de la crisis venezolana y cubana como ejemplos de comunismo, mala gestión y corrupción de la izquierda en espacios gubernamentales, resignación ante el mal menor y, lo más importante: la descomposición del movimiento popular, el cambio ideológico y la ruptura generacional de la izquierda con las necesidades y luchas colectivas, entre ellas la pasividad ante la barbarie de la guerra cultural (blanqueamiento, hispanismo, mestizaje, memoria histórica,valores, racismo) por la derecha, que incluye elementos de todos los anteriores factores. En lo económico está la ilegalización y criminalización de la economía popular, últimos reductos de sobrevivencia popular, el falso combate al narcotráfico cuando solo se trata de la apropiación por la DEA-CIA de las altas ganancias de esta actividad, el fetichismo de la minería y agricultura como actividades históricamente primordiales para justificar el extractivismo y el saqueo. Se da una incomprensión de que estamos ante una guerra de los de abajo contra los de arriba que conduce a salidas del tipo “sálvese quien pueda”. Este aparente caos no puede ser procesado por una izquierda que aún cree que con el sufragio antidemocrático organizado por una cacocracia en un Estado criminal es posible cambiar sólidas estructuras. Solo desde los cimientos comunitarios fuera y dentro de este Estado, parece posible que en un largo proceso podamos reconstruir la sociedad en contra del Estado ya caracterizado. .
Un inédito resultado electoral, producto de la destrucción de lo que quedó del derecho al sufragio, de la ciudadanía y del Estado de derecho por el fujimorismo. Hoy en día, uno de los fenómenos más preocupantes es el peso político que adquiere el voto viciado, promovido desde distintos sectores: dirigentes enfrentados entre sí, sectores del progresismo liberal, periodistas de centro derecha, figuras cercanas al fujimorismo y parte de una clase media urbana profundamente desencantada. El anodino Partido del Buen Gobierno, de burócratas sin color político definido y basado en principios de transparencia, educación y desarrollo, liderado por Jorge Nieto, obtuvo 7 escaños en el Senado y 18 en la Cámara de Diputados.
En un país donde se ha impuesto el neoliberalismo político —en el que la política es una mercancía que puede privatizarse a favor de mafias corruptas—; donde la recolonización de los territorios por parte de corporaciones legales e ilegales ha llegado a la militarización del despojo con la colaboración de militares y policías; donde los poderes del Estado sirven muchas veces para el saqueo y las coimas; donde los medios siembran permanentemente confusión, incertidumbre y desinformación; y donde el arma de la vacancia pende sobre la cabeza del Ejecutivo, las elecciones no pasan de ser una consulta limitada y profundamente condicionada.
En este contexto, está más que confirmado que Roberto Sánchez —estigmatizado durante años como “terruco”, incluso después de la derrota y extinción de Sendero Luminoso— se enfrentará por la presidencia con Keiko Fujimori, heredera política del fujimorismo.
Sánchez, con poco más de 2 millones de votos, obtiene el 12 por ciento y aventaja a López Aliaga, tercero con 11,9 %, por más de 21 mil votos. López Aliaga reconoció a regañadientes su derrota, luego de denunciar fraude sin presentar pruebas, y ahora intentará deslegitimar las elecciones. Fujimori y Sánchez, según una encuesta de Ipsos, parten igualados para la segunda vuelta, con un 38 % de apoyo cada uno.
Debe quedarnos claro que, de llegar Keiko o Sánchez, en ambos casos está garantizada la continuidad del modelo neoliberal mientras persista la amenaza de vacancia por incapacidad moral y la cuestión de confianza, mecanismos utilizados para destituir a cualquiera que no acepte un menú preescrito en la Constitución de 1993, adaptada más de 50 veces a los intereses de grupos de poder nacionales e internacionales.
Este modelo se enmarca en una republiqueta, con un Estado nación blanqueado y desarticulado, en descomposición, que no permite la existencia de otras posibilidades de organización sociopolítica capaces siquiera de plantear un horizonte distinto.
LA REPÚBLICA FRAUDULENTA Y LA GUERRA ÉTNICO-CLASISTA
Si enmarcamos esta realidad históricamente y de modo totalizante, intentaremos entender mejor al Perú actual. Dos siglos de una supuesta república solo contuvieron pequeños avances muy localizados, que derivaron en una republiqueta semicolonial fragmentada y enfrentada por clases, jerarquías étnico-raciales orientadas al blanqueamiento y profundas divisiones regionales entre capital-costa y Andes-amazonía.
El Perú construyó un Estado republicano permanentemente refeudalizado. Durante estos 200 años no hubo una difusión plena del capitalismo; el extractivismo y el saqueo se impusieron. No tuvimos un verdadero Estado de derecho y los poderes del Estado estuvieron entrelazados y confundidos.
La ciudadanía fue para muy pocos hasta la reaparición de la rebelión de 1980-1992 y la imposición del neoliberalismo, cuando se convirtió más en un señuelo que inducía al engaño. El proceso terminó derivando en un Estado profundamente degradado, donde los poderes públicos quedaron crecientemente subordinados a capitales extranjeros, élites económicas locales y redes mafiosas.
Para conseguir estos resultados, los sectores dominantes confrontaron históricamente la lucha por la descolonización y la democracia. Los orígenes de la guerra étnico-clasista tienen raíces coloniales profundas: esclavitud, servidumbre, racismo, discriminación y violencia estructural.
Su correlato fueron las rebeliones, protestas, levantamientos e insurrecciones que atraviesan cinco siglos.
Las rebeliones indígenas durante el virreinato fueron una de las formas más visibles y contundentes de respuesta al orden racial impuesto por la dominación colonial. Investigadoras e investigadores contemporáneos coinciden en su carácter masivo y recurrente.
Scarlett O’Phelan Godoy, en Un siglo de rebeliones anticoloniales: Perú y Bolivia 1700-1783, analiza 140 revueltas y rebeliones ocurridas solo durante el siglo XVIII en el vasto territorio del virreinato peruano, incluyendo el Alto Perú.
Los liderazgos indígenas solían tener un carácter multiétnico. Tanto la rebelión de Juan Santos Atahualpa como la Gran Rebelión de Túpac Amaru II fueron expresión de un malestar generalizado y marcaron importantes precedentes anticoloniales.
Desde el punto de vista de Cecilia Méndez, el racismo no es una herencia pasiva: es una reacción violenta frente a la igualdad. En la perspectiva de Nelson Manrique, el racismo peruano contemporáneo es un producto republicano funcional a las élites.
En el siglo XX los hitos más altos de la resistencia anticolonial se dieron en la lucha armada de la segunda mitad del siglo, siguiendo las lecciones de la revolución cubana y china. En los años 70, las organizaciones de izquierda tuvieron como centro de sus debates la insurrección o la guerra popular.
Después de la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA, el sufragio quedó como única vía de reconocimiento político y social. Desde entonces, el país transitó por distintos gobiernos que prometieron modernización, orden o cambio, pero terminaron profundizando la crisis estructural del Estado.
Las bases de la rebelión hoy se expresan electoralmente, y ello no parece suficiente.
EL FUJIMORISMO, EL NUEVO NEOLIBERALISMO Y LA GUERRA CULTURAL
Durante esta década el fujimorismo renace, lidera las mafias políticas, toma espacios decisivos del Estado, archiva procesos criminales contra sus líderes, impulsa leyes favorables a redes ilegales, perfecciona economías ilícitas como el narcotráfico y la minería criminal, y debilita derechos políticos e instituciones.
Fuerza Popular, desde 2016, fue tomando progresivamente el control del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado. La coordinación táctica entre Fuerza Popular y Perú Libre —bautizada por la prensa como “Fujicerronismo”— mostró cómo diferencias ideológicas podían quedar subordinadas al objetivo común de garantizar impunidad y controlar el sistema político.
Aunque parece contradictorio, el Congreso peruano aprobó leyes que, según múltiples organismos nacionales e internacionales, lejos de combatir la criminalidad, debilitaron seriamente las herramientas del Estado de derecho.
La gran prueba de este deterioro institucional fue permitir que Keiko Fujimori y su organización fueran candidatas gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que anuló el proceso penal en su contra.
La izquierda y los pueblos anticoloniales que luchaban por la autodeterminación y la emancipación viven hoy una profunda confusión política por dos razones principales: la guerra ideológica-cultural impulsada por el conservadurismo contemporáneo y la recomposición de la clase trabajadora en el mundo.
El llamado “nuevo neoliberalismo” representa la fusión entre liberalismo económico radical y guerra cultural conservadora. Figuras como Agustín Laje y Javier Milei expresan esta tendencia que busca no solo reducir el Estado, sino transformar profundamente la cultura y la vida social.
En el caso peruano, se afirma una estructura mafiosa para la cual el Estado debe ser utilizado para el saqueo y, al mismo tiempo, desmontado en cualquier dimensión de bienestar común.
La batalla cultural no es un fin en sí mismo, sino una estrategia para conquistar el poder político y reorganizar el Estado bajo los principios de una nueva derecha radicalizada.
Sus enemigos declarados son el globalismo, la Agenda 2030, el feminismo radical, la llamada “ideología de género” y las políticas identitarias.
En esta guerra, la izquierda deja de ser vista como adversario político y pasa a convertirse en un enemigo absoluto.
A todo esto se enfrentará el nuevo gobierno progresista, si llega. En la segunda parte veremos cómo se presentan los pueblos ante la ofensiva que se viene.
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