Cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan continúan procesados por «usurpación agravada» después de un desalojo policial. La comunidad sostiene que el predio forma parte de su territorio ancestral, mientras que las autoridades lo consideran una propiedad privada. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la comunidad garífuna de San Juan y declaró responsable al Estado hondureño por vulnerar sus derechos colectivos, territoriales y otros derechos fundamentales. El caso vuelve a poner el foco sobre la criminalización de quienes defienden la tierra en Honduras y plantea una pregunta incómoda: ¿quién usurpa a quién?
El 6 de julio de 2026, más de 200 agentes de la Policía Nacional entraron en San Juan, una comunidad garífuna situada en el municipio de Tela, en la costa caribeña de Honduras, para ejecutar un desalojo. La comunidad y las organizaciones que la acompañan denunciaron el uso de gases lacrimógenos, agresiones contra la población y afectaciones en cultivos y viviendas.
Para la comunidad, lo que estaba en juego era mucho más que la posesión de un terreno. El territorio constituye la base de su identidad, su economía, su cultura, sus formas de alimentación y su continuidad como pueblo.
Durante el operativo fueron detenidas cinco personas vinculadas al Comité de Defensa de Tierras de San Juan y a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin René López Cortés, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
Recuperaron la libertad horas después bajo medidas sustitutivas, pero el proceso penal continúa. La acusación contra ellas es por «usurpación agravada».
El 15 de julio, cuando debía celebrarse la audiencia inicial en Tela, la jueza Norma Fuentes se declaró incompetente y remitió el proceso penal al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, con sede en San Pedro Sula. Según representantes de la comunidad de San Juan y las organizaciones que acompañan el caso, la jueza fundamentó el traslado en una supuesta vinculación de la comunidad con el crimen organizado. La comunidad rechaza esa caracterización y denuncia que el cambio de jurisdicción dificulta el acompañamiento colectivo y agrava su situación de vulnerabilidad.
Yessica Trinidad, trabajadora social, defensora feminista y coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, vinculada también a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), advierte de que la derivación del caso a una jurisdicción especializada en criminalidad organizada profundiza la estigmatización de las personas procesadas y refuerza, a juicio de las organizaciones acompañantes, una lectura criminalizadora de la defensa territorial.
La decisión evidencia una de las grandes paradojas del caso: quienes defienden un territorio ancestral terminan siendo tratados desde estructuras judiciales destinadas a perseguir formas graves de criminalidad.
Cuando defender un territorio se convierte en delito
La disputa de San Juan no comenzó con el desalojo de julio. En agosto de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado hondureño «por vulnerar los derechos de la comunidad garífuna de San Juan a la propiedad colectiva, la participación en los asuntos públicos, el acceso a la información, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial». La sentencia refleja la profundidad de un conflicto que se prolongó durante décadas, mientras se concedían títulos a terceros y avanzaban proyectos urbanos y turísticos sobre tierras ancestrales garífunas.
La sentencia forma parte de una larga historia de litigios del pueblo garífuna ante el sistema interamericano. La justicia interamericana ha fallado en cuatro ocasiones a favor de las comunidades garífunas y ha condenado a Honduras por vulnerar sus derechos: en los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, en 2015; San Juan, en 2023; y Cayos Cochinos, en una sentencia fechada el 20 de noviembre de 2025.
Por eso, para OFRANEH y las organizaciones de derechos humanos que acompañan el proceso, lo ocurrido en San Juan trasciende por completo una simple disputa privada por la propiedad de un terreno: constituye un conflicto territorial marcado por la vulneración de derechos colectivos de la comunidad garífuna y por la presión empresarial, turística e inmobiliaria sobre su territorio ancestral.
Las autoridades sostienen que el operativo cumplió una orden relacionada con un predio cuya propiedad reclama una empresa turística privada. La comunidad y OFRANEH responden que ese terreno se encuentra dentro del territorio ancestral que reivindican y denuncian que continúan admitiéndose reclamaciones particulares y ejecutándose operaciones sobre tierras reivindicadas colectivamente por el pueblo garífuna.
Para la comunidad y las organizaciones que acompañan el proceso, la contradicción es evidente: mientras San Juan cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana favorable a sus derechos colectivos, continúan admitiéndose reclamaciones privadas y actuaciones sobre tierras que la comunidad considera parte de su territorio ancestral.
Una nueva ley en el centro de la controversia
El desalojo se produjo apenas diez días después de la publicación del Decreto 107-2026, que contiene la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras.
La norma fue publicada el 26 de junio de 2026 y declara de orden público, interés y prioridad nacional la protección de las actividades agroindustriales, energéticas, turísticas, ganaderas y agrícolas, así como de las tierras, infraestructuras e inversiones vinculadas a esos sectores. Organizaciones sociales y de derechos humanos han expresado su preocupación por el potencial de esta normativa para acelerar desalojos y profundizar la criminalización de los conflictos relacionados con la tierra.
La propia ley, sin embargo, establece que sus disposiciones no serán aplicables en territorios indígenas y tribales reconocidos sin que previamente se realice una consulta libre, previa e informada, y señala expresamente que deben respetarse las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes y los tratados internacionales suscritos por Honduras. Esta salvaguarda adquiere especial relevancia en San Juan, dada la sentencia de la Corte Interamericana que reconoce los derechos territoriales de la comunidad.
La Secretaría de Seguridad sostuvo que el desalojo de San Juan estaba amparado por el Decreto 107-2026. Para las organizaciones sociales hondureñas, en cambio, lo sucedido muestra precisamente el riesgo de que la nueva ley traslade al ámbito policial y penal conflictos territoriales que deberían resolverse garantizando los derechos colectivos del pueblo garífuna.
En un país atravesado históricamente por la concentración de la propiedad y por conflictos relacionados con proyectos turísticos, agroindustriales, energéticos y extractivos, convertir las disputas territoriales en procedimientos penales puede tener consecuencias que van mucho más allá de las personas procesadas.
Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH y una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos territoriales del pueblo garífuna, ha advertido precisamente sobre esa dimensión colectiva de la criminalización. Para Miranda, la ofensiva contra el pueblo garífuna no opera únicamente mediante las leyes y los procesos judiciales, sino también mediante la construcción de una narrativa racista y criminalizadora que presenta a las comunidades que defienden sus territorios como vinculadas al crimen organizado o como una amenaza.
Esa criminalización contrasta con décadas de trabajo de las comunidades garífunas por la protección de sus territorios, su cultura y sus formas de vida, y con las sucesivas sentencias internacionales que han reconocido la responsabilidad del Estado hondureño en la vulneración de sus derechos.
La judicialización de quienes encabezan la defensa comunitaria desgasta a las organizaciones, consume recursos, genera miedo y dificulta la movilización. El proceso penal se convierte así en una forma de presión e intimidación sobre comunidades enteras.
Más de dos mil agresiones desde 2020
El caso de San Juan no es un hecho aislado. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras documentaron 2.076 agresiones contra OFRANEH y las defensoras que la integran entre 2020 y septiembre de 2025. Según sus registros, el “85 %” de las agresiones tuvo carácter colectivo y se produjo, en buena medida, en campamentos de recuperación territorial, manifestaciones, caravanas o acciones de solidaridad con personas defensoras criminalizadas, desaparecidas o asesinadas.
San Juan, Triunfo de la Cruz, Nueva Armenia, Punta Gorda y Bahía de Trujillo son nombres distintos dentro de una misma disputa: quién puede decidir sobre territorios habitados durante generaciones cuando sobre ellos aparecen intereses turísticos, empresariales o agroindustriales.
Pero reducir la historia garífuna a una sucesión de agresiones significa quedarse únicamente con una parte. Frente a las amenazas y al despojo, las comunidades han desarrollado también redes de apoyo mutuo y formas propias de organización vinculadas al sostenimiento de la vida, la alimentación, el retorno de población migrante y la recuperación ambiental de sus territorios.
Estas experiencias, poco visibles fuera de Honduras, ayudan a comprender que defender el territorio no significa únicamente conservar una extensión de tierra. Supone sostener redes comunitarias, conocimientos, memoria, autonomía y capacidad colectiva para decidir sobre el futuro.
Las mujeres, en primera línea
La defensa territorial garífuna tiene también un marcado protagonismo de las mujeres. Su participación atraviesa la organización comunitaria, la defensa política y jurídica del territorio, la producción de alimentos, los cuidados y la transmisión de conocimientos y prácticas culturales.
Esta dimensión ayuda a entender por qué los conflictos territoriales no afectan únicamente a la propiedad de la tierra. Cuando una comunidad pierde capacidad para decidir sobre su territorio, se ponen también en riesgo las condiciones materiales que permiten sostener la vida, la autonomía colectiva y la continuidad cultural del pueblo garífuna.
Una responsabilidad que no termina con las sentencias
Nasry Asfura, del Partido Nacional, asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, tras unas elecciones muy ajustadas y marcadas por la intervención pública del presidente de EE. UU., Donald Trump, en apoyo a su candidatura —incluida la amenaza de retirar apoyo financiero a Honduras si Asfura no ganaba—, y por un proceso poselectoral con retrasos en el escrutinio, problemas técnicos, acusaciones de fraude y una intensa tensión política.
Las organizaciones feministas, indígenas, campesinas y de derechos humanos observan con preocupación las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo y el fortalecimiento de políticas que, en nombre de la inversión, la agroindustria, el turismo o la seguridad jurídica, pueden entrar en conflicto con derechos territoriales reclamados históricamente. La aprobación del Decreto 107-2026 ha reforzado esas inquietudes.
El nuevo Gobierno hereda una responsabilidad que ningún cambio político puede borrar: cumplir las sentencias internacionales y evitar nuevas vulneraciones de los derechos reconocidos en ellas.
Ante la falta de avances, OFRANEH ha intensificado la movilización. Desde el 10 de agosto mantiene frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, un campamento de resistencia de carácter indefinido bajo el lema «Por la vida del Pueblo Garífuna», con el que reclama el sobreseimiento definitivo de las cinco personas defensoras de la comunidad de San Juan y el cumplimiento efectivo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La protesta continuó los días siguientes. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y las organizaciones que acompañan la movilización, el 12 de agosto estaba prevista una reunión en la Corte Suprema de Justicia con el Comité de Cumplimiento de la Sentencia, pero sus integrantes no pudieron acceder a la institución. Las organizaciones denunciaron este hecho como una nueva muestra de la distancia entre las obligaciones asumidas por el Estado hondureño y el cumplimiento efectivo de las resoluciones internacionales.
Las demandas expresadas en el campamento cuentan además con un amplio respaldo dentro y fuera de Honduras. El 29 de julio y el 10 de agosto de 2026, redes y organizaciones internacionales y de Honduras dirigieron cartas al presidente de la Corte Suprema de Justicia para exigir el cese del proceso contra las cinco personas criminalizadas de San Juan, el respeto de los derechos del pueblo garífuna, medidas frente a los discursos racistas y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana.
Entre las entidades firmantes figuran organizaciones hondureñas, latinoamericanas, europeas y estadounidenses, redes feministas, organizaciones afrodescendientes, movimientos campesinos y entidades internacionales de derechos humanos. La amplitud de esos apoyos sitúa lo ocurrido en San Juan más allá de un conflicto local y vuelve a poner el foco sobre las obligaciones internacionales del Estado hondureño en materia de derechos humanos y protección del pueblo garífuna.
Una sentencia internacional tiene poco sentido si permanece únicamente en el papel mientras las comunidades que lograron ese reconocimiento continúan enfrentándose a desalojos, amenazas y procesos judiciales.
Del reconocimiento internacional a la criminalización en Honduras
El caso de San Juan condensa una contradicción que va mucho más allá de estas cinco personas. Honduras acumula cuatro sentencias de la Corte Interamericana favorables a comunidades garífunas y, sin embargo, el reconocimiento internacional de sus derechos no ha impedido nuevos conflictos territoriales, desalojos ni procesos penales contra quienes defienden esas tierras.
La distancia entre los derechos reconocidos sobre el papel y su cumplimiento efectivo sigue siendo, por tanto, el núcleo del problema. San Juan no reclama únicamente una sentencia favorable: reclama que sus efectos lleguen al territorio y condicionen las decisiones administrativas, policiales y judiciales que afectan a la comunidad.
Cinco personas continúan sometidas a un proceso penal por «usurpación agravada» mientras su comunidad exige al Estado que haga efectivos unos derechos por los que lleva décadas luchando.
El desafío para Honduras no es solo reconocer formalmente los derechos del pueblo garífuna, sino garantizar que puedan ejercerse de manera efectiva.
Y mientras esa contradicción persista, seguirá abierta una pregunta difícil de esquivar: cuando quienes defienden un territorio ancestral reconocido internacionalmente terminan acusados de usurparlo, ¿quién está usurpando a quién?
FIRMA: Joana Maria Perelló, Maria Dolores Garcia, Montse Benito, César Apesteguia
(Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte)
Carta al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Honduras
Caso persecución judicial ilegal contra personas defensoras integrantes de la OFRANEH de San Juan, Tela
Distinguido Magistrado,
Por este medio, las organizaciones que suscribimos nos dirigimos a Usted luego de haber recibido información especialmente preocupante entorno a la criminalización y persecución judicial ilegal que enfrentan cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
Las cinco personas fueron detenidas cuando efectivos policiales acudieron a la comunidad de San Juan para ejecutar un desalojo violento e ilegal. Fueron posteriormente puestos en libertad, sin embargo continúan procesadas acusadas de “usurpación agravada” de su propio territorio. Esta criminalización se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas», cuyo contenido amenaza la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio.
Señalamos que el juicio contra las cinco personas defensoras integrantes de la OFRANEH es a todas luces ilegal y arbitrario.
Por un lado, atenta contra los derechos territoriales ancestrales del pueblo garífuna reconocidos a nivel internacional:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido cuatro sentencias en las que condena al Estado Hondureño, reconoce y protege los derechos territoriales ancestrales de las comunidades garífunas: Sentencia Comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz vs Honduras (2015); Sentencia Comunidad garífuna de Punta Piedra vs Honduras (2015); y Sentencia Comunidad garífuna de San Juan vs Honduras (2023), y la Sentencia Comunidad garífuna de Cayos Cochinos vs Honduras (2026).
En sus sentencias la Corte IDH ordena entre otras medidas la restitución de tierras y reconoce la propiedad colectiva; también reconoce los graves impactos que significan las violaciones contra los derechos del pueblo garífuna especialmente al tomar en cuenta la estrecha vinculación que guardan con sus tierras, sus recursos naturales y los elementos incorporales que se desprenden de ellos.
Por otro lado, esta persecución judicial ilegal genera afectaciones especialmente graves no solo para las cinco personas directamente afectadas, sino que se extienden a su organización, comunidad y atentan contra su legítima y reconocida labor de defensa de derechos humanos.
A respecto manifestamos nuestra suma preocupación por la campaña de odio racial que ha ido creciendo contra el pueblo Garífuna a partir del inicio de la persecución judicial ilegal contra cinco de sus integrantes. Nos preocupan de sobremanera las múltiples declaraciones y publicaciones con tinte racista que han señalado falsamente que exista controversia sobre la propiedad de la tierra en San Juan cuando la sentencia de la Corte IDH estableció de manera inequívoca que es colectiva y de las comunidades garífunas.
Señalamos que conocemos el trabajo que realiza la OFRANEH y las comunidades garífunas organizadas. Su labor es legítima, inspiradora y reconocida nacional e internacionalmente. Han desarrollado de manera incansable acciones sostenidas dirigidas al cuidado del medio ambiente y a la construcción de condiciones de vida digna para sus habitantes en un contexto de abandono de las instituciones, desigualdad, pobreza y racismo.
Con base en lo anterior, Distinguido Magistrado, le solicitamos respetuosamente que tome todas las acciones necesarias para:
- Garantizar el cese inmediato y definitivo de la persecución judicial ilegal contra las cinco personas defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
- Garantizar el debido y total cumplimiento de las cuatro sentencias emitidas por la Corte IDH a favor del pueblo garífuna.
- Prevenir cualquier otra situación de criminalización y judicialización en contra del pueblo garífuna.
- Garantizar el cese de la campaña de odio racial que ha ido creciendo en contra del pueblo garífuna y pone en peligro su integridad y legítima labor.
- Desde nuestras organizaciones nos mantendremos especialmente vigilantes de esta situación.
Quedamos atentas a la respuesta que brinde a la presente.
FIRMAN
Organizaciones y movimientos internacionales
- AfroNTando
- Akoben Colectiva Afrofeminista
- Alliance for Global Justice
- Argentina Mejor sin TLC
- Asociación de Mujeres Afrocolombianas La Canoa
- Asociación Entrepueblos
- Asociación grup de suport con vos
- AWO International
- Black Feminist Hubs
- Black Lives Matter South Bend
- Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular – BRP
- Calan Institute for Transterritorial Justice
- Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
- Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA)
- Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
- CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
- Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM
- Coamna (Comité Ambiental de Namasigüe)
- Código Sur
- Colectiva Casa Colibrí / Rochoch Tz’unün
- Colectiva Nacional de Derechos Humanos Jesús María Valle J.
- Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo CAJAR
- Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes
- Colectivo Voces Ecológicas COVEC
- Comité de Alianza Fuerzas Vivas de Choloma
- Comité de Mujeres Garífunas Nuevo Milenio
- Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL)
- Confederación Campesina del Perú-CCP
- Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras, (CONAMINH)
- Cross Border Network for Justice & Solidarity
- Denver Justice and Peace Committee
- Duba Mena San Juan
- Feministas autoconvocadas de Catalunya por Nicaragua
- Forum Ökologie & Papier
- Francia América Latina (FAL)
- Fuerzas Hermanadas Sur
- Fundáfrica «Fundación África en la sangre”
- Garifuna Community Services INC
- Garifuna Advocacy Initiative
- GEO-GRAFIAS COMUNITARIAS, MEXICO
- Grain
- Guerreros del Mar
- Global Exchange
- Global Witness
- Hermanas de la Misericordia de las Américas – Equipo de Justicia, Washington, D.C.
- Honduras Delegation
- Honduras Solidarity Network
- Human Rights Awareness Center
- Informationsgruppe Lateinamerika–IGLA
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
- Institute for Policy Studies – Letelier Moffitt Human Rights Award
- Instituto Simone Weil ediciones-Madrid
- International Network for Economic, Social and Cultural Rights – ESCR-Net
- Institute for Policy Studies – Global Economy Program
- KOINONIA
- Labor / Community Strategy Center
- Latin America Solidarity Committee–Milwaukee
- Latin America Task Force of Interfaith Council for Peace & Justice
- Latinas en Poder
- La Voz de los de Abajo Chicago
- Les Amis de la Terre-Togo
- Mano Amiga de la Costa Chica
- Mira Feminismos y Democracias
- Movimiento Cimarrón Nacional Colombiano
- Movimiento de los Trabajadores Sin Techo
- Movimiento Mujeres Kurdistán- América Latina
- Movimiento Mundial por los Bosques
- Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH Brasil
- Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 *MUFRAS-32*
- Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico
- Mujeres de lucha
- Ministerio Muros de Fuego
- North American Climate, Conservation and Environment(NACCE)
- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
- Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
- Organización Negra Guatemalteca ONEGUA
- Otros Mundos Chiapas
- Pan-African News Wire
- Plataforma Eje
- Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración
- Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)
- Rights Action
- Rochester Committee on Latin America (ROCLA)
- Romero Initiative, CIR (Alemania)
- Servicios para una Educación Alternativa AC- EDUCA
- Simcoe County Honduras Rights MonItor
- SOA Watch
- Task Force on the Americas
- Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l’Amèrica Central
- TerraJusta – Bolivia
- The Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement (JPPSS )
- The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders in South West Asia and North Africa (WHRDMENA)
- The Women Human Rights Defenders International Coalition (WHRDIC)
- Unión Universal Desarrollo Solidario
- Universidad Popular de los Pueblos- UPP
- Viola de Bolso arte e Memória Cultural
- Witness For Peace South West
- Zimbabwe People’s Land Rights Movement
- The Corner House (UK)
Organizaciones hondureñas
- Asociación Lgtb Arcoiris de Honduras
- Centro de Estudios de la Mujer-Honduras CEMH
- Centro Jurídico por los Derechos Humanos
- Central Nacional de Trabajadores del Campo, (CNTC) Progreso
- Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH
- Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas
- Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán
- Federación de Patronato de la Bahía de Tela
- La Vía Campesina Honduras
- Movimiento Afro Cultural
- Movimiento Independiente Indígenas Lenca de La Paz, Honduras (MILMAH)
- Matamba LBTTINB
- Movimiento Yo No Quiero Ser Violada
- Mujeres Trenzando Esperanzas
- Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH)
- Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)
- Red Departamental de Mujeres de Santa Bárbara
- Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos
- Red de Mujeres de Santa Lucía
- Red de Mujeres Unidas de la Colonia Ramón Amaya Amador REDMU
- Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH)
- Savia Radio
- Soluciones Integrales para La Sostenibilidad del Ciclo de Vida S. De R.L. (BioCyclus)
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