Mayor dependencia de Europa, más poder para las empresas, alimentos más caros y deterioro ambiental. Son algunos de los impactos que padecerán los países del Mercosur si se ratifica el acuerdo con la UE. Un llamado a la acción para evitar políticas neocoloniales.
El acuerdo Unión Europea–Mercosur se negoció a puertas cerradas durante 20 años, bajo un proceso absurdamente largo, con ocultamientos que impidieron la participación ciudadana de los pueblos de ambos bloques económicos y que, consecuentemente, generó un gran desconocimiento popular de sus posibles impactos.
Durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo, en sólo seis meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una gran carencia de información pública. El tratado favorece el comercio privado y disminuye el control público, proponiendo garantías sólo para el poder económico y propiciando la reprimarización de las economías y las políticas extractivistas en la región. Por ende, debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.
Al contrario de lo que sostienen los grandes grupos económicos, la aprobación de este acuerdo de libre comercio no trae soluciones para la actual crisis profundizada por los estragos de la pandemia del Covid-19, sino que generaría graves consecuencias sociales y ambientales que se traducen en la pérdida de soberanía en términos económicos, políticos, productivos y alimentarios para nuestro país y la región.
El Acuerdo pone en jaque la soberanía y seguridad alimentaria, genera condiciones para la expansión del agronegocio y el monocultivo agrario, especialmente soja transgénica y ganadería.
El aumento de la frontera para cultivo y pastura provocará el incremento de desmontes e incendios forestales, atenta contra la biodiversidad de nuestra región, disminuye la disponibilidad de agua potable, y aumentará la emisión de gases de efecto invernadero.
En la misma línea, se liberaría aún más la importación de agrotóxicos producidos (y no consumidos) en Europa. Esto constituirá, además de una amenaza a la salud, un tratamiento aún más desigual entre países periféricos y centrales.
En materia de comercialización, una de las cláusulas que este acuerdo plantea es la apertura a empresas europeas para el abastecimiento de la compra pública, lo que afectaría gravemente la producción local y popular que hoy abastece al Estado. De concretarse el acuerdo, las empresas locales deberán competir en licitaciones públicas con compañías europeas en absoluta desigualdad de condiciones.
El sector rural mediano y pequeño se verá afectado por la importación de productos agrícolas europeos, mientras que los grandes monopolios exportadores de agrocommodities se verán beneficiados con la reducción de aranceles y retenciones, profundizando la concentración de riquezas y desigualdades del sector rural.
Este acuerdo va en contra del propio espíritu de integración y cooperación regional del Mercosur, dado que la apertura al mercado europeo rompería las dinámicas internas de comercio entre los países de la región. Es decir, se avanzaría una vez más con una propuesta de comercio fuertemente extractivista y neocolonial generando despojos, desindustrialización y dolarización de nuestros alimentos e insumos como impacto directo en la vida cotidiana.
Sostenemos que atenta contra las democracias de nuestros pueblos porque el acuerdo condiciona enormemente el rol del Estado y su capacidad para ejercer soberanamente políticas públicas y brindar servicios públicos.
A su vez, en materia de empleo, el acuerdo no otorga ningún papel a los sindicatos para monitorear y garantizar el respeto de los compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales y no reconoce la creación de un foro laboral específico impulsado por los sindicatos, que supervise la implementación de la dimensión laboral. En consecuencia, el acuerdo desconoce el rol democrático de los interlocutores sociales como agentes fundamentales del desarrollo sustentable.
Estas consecuencias en el ámbito del trabajo remunerado afectarían más a las mujeres, aumentando la brecha salarial, la informalidad laboral, la feminización de la pobreza e incluso la violencia de género, al profundizar la dependencia económica de muchas mujeres precarizadas o desocupadas.
El escenario para frenar este acuerdo es desfavorable: actualmente la mayoría de los gobiernos del Mercosur estarían a favor de su ratificación definitiva, incluso en detrimento del propio bloque económico. Luego de cerrado, acordado y aprobado por el Congreso de la Nación, los gobiernos deben cumplir el acuerdo, sean cuales fueran las consecuencias en nuestra vida cotidiana.
Mientras fortalecemos el poder popular en contra del acuerdo junto a organizaciones campesinas, sociales y de base, buscamos visibilizar que otra forma de producción es posible, trabajando simultáneamente para la construcción de políticas de producción y comercialización de alimentos que estén regidas por los principios de la justicia ambiental, social, de género y económica y en consecuencia, se opongan taxativamente a las políticas perjudiciales para nuestros pueblos que impondría la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur.
* Más información en Amigos de la Tierra.