La reciente aprobación del Decreto Legislativo 473 para la reforma de la Ley de Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos de Uso Agropecuario ha movido un debate de posiciones a favor y en contra del empleo de agroquímicos poniendo en el centro sus efectos negativos sobre la salud de la población, o bien, por el […]
La reciente aprobación del Decreto Legislativo 473 para la reforma de la Ley de Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos de Uso Agropecuario ha movido un debate de posiciones a favor y en contra del empleo de agroquímicos poniendo en el centro sus efectos negativos sobre la salud de la población, o bien, por el contrario argumentando que el prescindir de estos productos ocasionaría una crisis alimentaria.
Pero el uso de agroquímicos solo es una parte de la herencia de la «revolución verde» que con poco menos de 60 años ha llegado a transformar prácticas milenarias para el cultivo de la tierra. Esta «revolución» privilegió el incremento de alimentos para creciente población mundial a partir del uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, la intensificación de monocultivos y las obras de infraestructura de riego. El modelo requirió de un fuerte soporte institucional proporcionado por el Estado para la asistencia técnica, promoción de investigación, acceso a créditos y provisión de insumos, con ello se aseguraba el cambio radical de las prácticas agrícolas, teniendo éxito hasta el punto en que prácticas ancestrales como la milpa y el uso de semillas criollas fueron borrados prácticamente de la memoria de nuestros agricultores.
En El Salvador ese modelo creo el CENTA, estructuró los pensum y paradigmas que han educado a las generaciones de agrónomos, abrió además la puerta a un fuerte mercado de insumos agrícolas producidos por un reducido número de compañías transnacionales y distribuidas por influyentes grupos empresariales.
Pero si el éxito de la «revolución verde» fue rápido también rápidamente se evidenciaron sus limitaciones. Para los noventa los rendimientos de los granos básicos eran decrecientes y en la primera década del siglo XXI el mundo revivía el fantasma del hambre. Los costos ambientales también son considerables por el agotamiento y degradación del suelo, la contaminación del agua por el uso constante de agroquímicos, así como la extensión de la frontera agrícola para ampliar áreas de monocultivos para la agroindustria.
¿Por qué no se desmonta un modelo que nos ha llevado a situaciones límite? El Salvador no sólo está en el límite de la degradación de sus ecosistemas, además la salud de las poblaciones agrícolas está en serio riesgo por la vinculación de los agroquímicos con el incremento de la enfermedad renal crónica no tradicional. Cambiar el modelo implica transformar las pautas de relación que lo hacen posible y aun persisten fuertes intereses económicos y políticos que toman ventajas de los resabios de la «revolución verde».
Recordemos que la agricultura es la «cultura de la tierra», la «cultura del campo», cambiar las prácticas es transformar las relaciones que las reproducen. El Decreto Legislativo no cambiara la cultura de la tierra, se requiere más allá de esto diseñar instituciones distintas de las que actualmente caducaron, reorientando los objetivos y las prioridades de lo que cultivamos, por lo tanto implica una fuerte voluntad y nueva visión política para una cultura agrícola sostenible articulada a la sociedad rural y sus necesidades, responsable con la naturaleza de la cual se provee y a la cual aporta.
Fuente: http://www.contrapunto.com.sv/