Un grupo de ambientalistas cumplió hoy el sexto día de huelga de hambre frente a la Casa Presidencial de Costa Rica, para exigir al Gobierno que cancele los permisos a una mina de oro a cielo abierto que, afirman, causará serios daños al ambiente, y cuyo futuro se definirá en los tribunales. «Ha sido muy […]
Un grupo de ambientalistas cumplió hoy el sexto día de huelga de hambre frente a la Casa Presidencial de Costa Rica, para exigir al Gobierno que cancele los permisos a una mina de oro a cielo abierto que, afirman, causará serios daños al ambiente, y cuyo futuro se definirá en los tribunales.
«Ha sido muy duro, pero estamos bien, con buen ánimo y listos para seguir indefinidamente hasta que el organismo aguante», declaró hoy a Efe Víctor Rojas, uno de los ocho manifestantes que en los últimos seis días sólo ha tomado líquidos.
Estos activistas iniciaron el pasado viernes una huelga de hambre con el objetivo de «sensibilizar» a la presidenta, Laura Chinchilla, para que derogue un decreto de «conveniencia nacional», firmado en 2008 por el anterior gobernante, Óscar Arias, en favor de la mina de oro Las Crucitas, ubicada en la zona norte del país.
Este decreto agilizó los trámites necesarios para el inicio de la construcción de la mina, de la empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Vanessa Ventures.
Sin embargo, una serie de recursos judiciales mantiene paralizadas las obras y el caso se encuentra en un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que analiza la legalidad de varios de los permisos.
Según Rojas, ningún funcionario del Gobierno se ha acercado a los activistas en huelga para dialogar y criticó la vigilancia policial, pues considera que se trata de un movimiento «pacífico y no violento» en contra de un «proyecto minero destructivo».
Con pancartas y camisetas, el grupo de ambientalistas del movimiento «Ni una sola mina», está afincado en una pequeña zona verde en las cercanías de la Casa Presidencial.
Los manifestantes han tomado agua y bebidas energéticas y son revisados constantemente por médicos amigos, explicó Ana Beatriz Hernández, una de las portavoces del grupo.
Los ecologistas del país aseguran que la mina provocará daños en el ambiente y que existe el riesgo de contaminación de mantos acuíferos y suelos con cianuro utilizado para extraer oro de las rocas.
La empresa asegura que ofrecerá empleo en una zona pobre del país, que reforestará cientos de hectáreas de terrenos y que utilizará las prácticas más modernas de una «minería verde».
La minera pretende extraer 700.000 onzas de oro (19,8 toneladas) en 10 años, valoradas en unos 800 millones de dólares.
La presidenta Chinchilla ha dicho en varias ocasiones que prefiere dejar este asunto en manos de los tribunales.