En los últimos cinco años, la región ha registrado más de 19.000 feminicidios. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más afectados, mientras que más del 90% de las muertes violentas quedan impunes. Las organizaciones feministas denuncian la ineficacia del endurecimiento de las penas y reclaman prevención, investigaciones eficaces y políticas integrales contra la violencia de género.
El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas ha registrado 19.254 feminicidios en los últimos cinco años, es decir, 11 muertes violentas de mujeres por motivos de género al día, una cada dos horas.
En 2024, 14 de los 25 países con las tasas de incidencia relativa de feminicidios más altas del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe (ONU Mujeres y CEPAL), encabezados por Honduras, con 4,7 víctimas por cada 100.000 mujeres, Guatemala (1,9) y la República Dominicana (1,7). Todo ello sin tener en cuenta el enorme subregistro de datos, debido principalmente al miedo o a la imposibilidad de denunciar y, muy a menudo, a la falta de confianza en las fuerzas de seguridad y en los operadores de justicia, considerados indiferentes, arrogantes o, incluso, cómplices de los delincuentes.
Estas cifras superan con creces la media ponderada de la región, que oscila entre 1 y 1,3 casos por cada 100.000 mujeres. Brasil y México encabezan la lista de países con el mayor número absoluto de feminicidios, con 1.568 y 768 asesinatos, respectivamente (2025). El 42% de los ataques mortales los comete la pareja o la ex-pareja, y el entorno doméstico constituye el principal foco de riesgo, en particular para las mujeres de entre 21 y 30 años (22% de los feminicidios).
En 2025, en Honduras, el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (Cdm) registró 936 agresiones contra mujeres y niñas, entre ellas 412 delitos sexuales y 262 feminicidios. Esto significa que en Honduras una mujer o una niña es asesinada cada 33 horas. El 46 % de las personas agredidas tiene entre 11 y 39 años, lo que supone un aumento del 49% con respecto al año anterior.
La mayoría de los agresores formaban parte del círculo más cercano de las víctimas. Por primera vez, los delitos sexuales (44%) superan a los delitos contra la vida (31%), afectando principalmente a niñas y jóvenes (297). Las denuncias por violencia doméstica ascendieron a 41.895 y las de maltrato familiar a 48.642.
En
los primeros seis meses de 2026, la situación no ha cambiado. El
Observatorio ha registrado 126 muertes violentas de mujeres, una cada 34
horas. En mayo fueron asesinadas 8 mujeres en solo cuatro días, cuatro
de ellas menores de edad.
Ante la gravedad de la situación y el
enorme subregistro de casos, el Cdm y una veintena de organizaciones,
colectivos y plataformas de mujeres y feministas han tomado posición
exigiendo un enfoque integral de la violencia contra las mujeres.
«Estas cifras no son estadísticas abstractas, son vidas arrebatadas, familias destrozadas, hijos e hijas que crecen sin sus madres. Cada cifra tiene un nombre, una historia y una comunidad que llora su ausencia. Ante esta realidad, ninguna organización comprometida con los derechos de las mujeres puede permanecer en silencio», advierten en una declaración conjunta.
En 2013, tras una larga lucha, el movimiento de mujeres hondureño logró un éxito histórico: la tipificación del delito de feminicidio. A pesar de ello, como acabamos de ver, la emergencia no ha cesado y las cifras ponen de manifiesto una situación extremadamente preocupante.
El nuevo Congreso, controlado por las fuerzas ultraconservadoras del bipartidismo tradicional como resultado de unas «elecciones fraudulentas» y fuertemente condicionadas por la injerencia estadounidense y las denuncias de fraude, ha aprobado una reforma que endurece las penas por el delito de feminicidio (de 25 a 30 años) y por el feminicidio agravado (entre 40 y 60 años) y crea órganos judiciales especializados.
Para las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, esta medida no solo no es suficiente, sino que representa un débil paliativo, una especie de «populismo punitivo» que se está extendiendo de la mano del avance de la derecha en el continente latinoamericano.
«No sirve de nada aumentar las penas si no se promueven políticas de prevención, ni se aborda seriamente la impunidad que afecta a más del 90% de las muertes violentas de mujeres», explica a Pagine Esteri, Erika García, coordinadora del programa de justicia y litigio estratégico feminista del Cdm. Se ponen así en el punto de mira al sistema judicial y a la falta de un enfoque integral ante el drama de la violencia de género.
Además de esto, continúa García, las organizaciones denuncian la falta de refuerzo del proceso de investigación, la reticencia sistemática de quienes administran justicia a aplicar el tipo delictivo de feminicidio, así como la complicidad de las fuerzas de seguridad, integrada en su mayoría por hombres.
Tras
las elecciones de 2021, ganadas por Xiomara Castro y el partido
Libertad y Refundación (Libre), varias organizaciones impulsaron una
propuesta de ley especial integral contra la violencia hacia las
mujeres. La entonces oposición bipartidista mayoritaria, con el apoyo de
los sectores religiosos fundamentalistas y del aparato mediático
controlado por los grupos de poder económico y político, se opuso
enérgicamente a su presentación en el pleno y el proyecto quedó
engavetado. La reciente reforma sigue siendo, por tanto, más un acto
mediático improvisado que una respuesta global e integral a la
problemática.
«Desde que tomaron posesión las nuevas
autoridades han puesto una bandera del movimiento pro-vida tanto en el
hemiciclo parlamentario como en los distintos ministerios. Además
—continúa la abogada del Cdm— nunca han querido escuchar la opinión de
aquellas organizaciones que llevan años en primera línea apoyando a las
mujeres, y que conocen muy bien las dinámicas que permiten que la
violencia se reproduzca y se refuerce. Son muchos, demasiados, los
ejemplos de incoherencia de esta gente».
También hay fuertes críticas contra el doble rasero de la mayoría parlamentaria, que, por un lado, dice querer defender la vida de las mujeres, pero, por otro, aprueba leyes que la ponen seriamente en peligro. «Han aprobado normativas que blindan las actividades agroindustriales, que criminalizan la defensa de la tierra y los bienes comunes, que despojan a las comunidades de sus tierras, que reactivan el empleo a tiempo parcial, precarizando aún más el mercado laboral y desmantelando los derechos. Las mujeres son las principales víctimas de estas leyes», advierte García.
Por último, denuncian la hipocresía de la agenda ultraconservadora que ha legislado la prohibición total y absoluta del aborto, blindándola con una reforma que solo permite su modificación con el voto favorable de tres cuartas partes de los diputados, y que conspira, junto con el integralismo religioso, para negar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. «La deriva fundamentalista religiosa y su incidencia en los derechos de las mujeres es una constante global que va de la mano de la radicalización hacia la derecha de los gobiernos de la región, convirtiéndose en uno de sus instrumentos privilegiados», concluye la abogada del Cdm.
También
es muy grave la situación que viven las mujeres en Guatemala, país que
ocupa el segundo lugar entre los que tienen el mayor índice relativo de
feminicidios. En 2025, se registraron 595 muertes violentas, lo que
supone un aumento del 6% con respecto al año anterior, de las cuales 206
fueron feminicidios (+14,4%). Las denuncias por violencia de género
ascendieron a 17 al día, con una tasa de 402,2 denuncias por cada
100.000 mujeres (fiscalía general). A pesar de ello, solo el 9% de las
personas que sufren violencia denuncian los abusos. Este subregistro
afecta especialmente a los pueblos indígenas, que en Guatemala
representan el 46,3% de la población total (Revista Puentes de
Diálogos).
En lo que respecta a la violencia sexual, la fiscalía
general registró 9.649 denuncias, de las cuales el 60% (5.834 víctimas)
correspondían a violaciones y el 29% (2.839 víctimas) a agresiones
sexuales. La mayoría de las víctimas son niñas y jóvenes (65,9%). La
violencia provoca, además, un aumento exponencial de los embarazos
adolescentes e infantiles, con 2.101 partos de madres de entre 10 y 14
años en 2024, lo que supone un incremento del 8% con respecto al año
anterior (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva).
A pesar
de que en 2008 las organizaciones de mujeres y feministas lograran la
aprobación de normativas especiales contra el feminicidio y otras formas
de violencia contra las mujeres (Decreto 22-2008), con penas de entre
25 y 50 años, y para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas
(Decreto 9-2016), Guatemala sigue siendo uno de los países del mundo
donde más mujeres mueren y desaparecen. Se calcula que al menos 13.800
mujeres desaparecieron en los últimos siete años, es decir, casi cinco
al día.
«Debemos volver a la historia de Guatemala, un Estado con características coloniales que siempre ha representado los intereses de las oligarquías nacionales y del capital multinacional, excluyendo sistemáticamente a los pueblos indígenas y a las mujeres. Un Estado que, además, oculta esta realidad tras una falsa narrativa de defensa de los derechos de las personas», explica a Pagine Esteri, Virginia Gálvez, miembro de la Colectiva feminista Actoras de Cambio.
Los 36 años
de conflicto armado interno y de represión feroz, con más de 200.000
víctimas y al menos 45.000 desaparecidos, así como la influencia directa
de Estados Unidos en las políticas contrainsurrecionales, han utilizado
la militarización y el control masculino de los territorios, así como
la violencia sexual, como armas contra los pueblos, contra las mujeres
mayas y las mujeres organizadas.
«Fue una auténtica
institucionalización de la violencia sexual, que ha permanecido en una
impunidad casi total y que se ha reforzado con el paso de los años. Nos
encontramos, por tanto, ante una auténtica deshumanización de la mujer,
sobre todo de la mujer indígena, cuyo cuerpo se convierte en una
extensión del territorio que hay que controlar e invadir, o en un objeto
que hay que explotar sexualmente», señala Gálvez.
Diversas organizaciones de mujeres y feministas señalan la atención a las supervivientes, el litigio estratégico y la lucha contra la impunidad, la sanación ancestral y comunitaria y la labor de sensibilización política como los principales elementos de una estrategia integral para hacer frente al flagelo del feminicidio y la violencia de género.
Para la activista, es fundamental hacer que el Estado asuma sus responsabilidades, denunciando su hipocresía, legitimando el trabajo de las organizaciones, creando mecanismos de respuesta y reparación, de sanación y recuperación de las mujeres, y generando condiciones sociales que impidan la repetición.
«Hay condiciones estructurales que deben cambiarse, pero también debemos avanzar en la lucha contra la impunidad, en la denuncia de la falsa protección por parte del Estado, rompiendo el silencio, reapropiándonos de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de nuestra historia», concluye.
Fuente: Pagine Esteri (italiano) | LINyM (español) https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2026/07/america-latina-una-mujer-asesinada-cada.html