La ampliación de la UE al Este europeo, concebida por sus auspiciadores en Bruselas como un medio de exportar ‘estabilidad, democracia y prosperidad’ a esos ocho países que ‘regresan a Europa’ tras la frustrada experiencia del socialismo real, muestra ya indicios de su contradictoria esencia económica a la vez que despierta temores y recelos. En […]
La ampliación de la UE al Este europeo, concebida por sus auspiciadores en Bruselas como un medio de exportar ‘estabilidad, democracia y prosperidad’ a esos ocho países que ‘regresan a Europa’ tras la frustrada experiencia del socialismo real, muestra ya indicios de su contradictoria esencia económica a la vez que despierta temores y recelos.
En un intento por calmar estos ánimos, el Comisario a cargo de la Ampliación, el alemán Günter Verheugen, reconoció la existencia de ‘un perceptible sentimiento de temor o angustia ante la fecha del 1º de mayo’, día en que la Unión Europea creció de 15 a 25 miembros.
Según Verheugen, la ampliación brindaría, particularmente para Alemania (también medios de prensa austriacos han insistido en esta eventualidad para Viena), ‘una enorme ganancia económica’, dado el carácter de la economía germana, fuertemente orientada a la exportación, y que copa el 50 por ciento de todo el comercio que actualmente realiza la UE con sus nuevos miembros.
El gobierno alemán, por su parte, lanzó el pasado 15 de abril una campaña publicitaria dirigida al mismo objetivo, bajo la consigna ‘Europa, una buena oportunidad’, que tiene como centro la explicación de por qué una Europa ampliada brinda ‘nuevas oportunidades para los negocios, la seguridad y la paz’.
Los sentimientos de temor y angustia a los que se refería el Eurocomisario son perceptibles no sólo en Alemania; también en otros países del Occidente europeo se manifiestan estados de ánimo similares, e incluso en aquellos que ingresan, en los cuales las expectativas iniciales de mayor prosperidad y bienestar han ido cediendo ante las realidades que impondrán las múltiples regulaciones, excepciones y limitaciones que fueron aceptadas en el curso de las negociaciones.
Si bien no es posible negar los efectos positivos que la creación de un mercado común de 450 millones de consumidores tendrá para las economías de cada uno de los miembros y para Europa en su conjunto, la que verá elevado su peso en la economía mundial, las negativas consecuencias que se derivan de las transformaciones estructurales que sufrirán los países del Este europeo constituye otro factor que obra en favor de sus ánimos euroescépticos.
Para los sectores de izquierda, críticos en su mayoría de este proceso, caracterizado además por un importante déficit democrático, según consideran, sus efectos futuros serán comparables a los que sufrirán los pueblos de América Latina de concretarse el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Hasta qué punto son fundadas estas preocupaciones se puede juzgar por los siguientes elementos:
En lo referente al presupuesto, durante los últimos tres años los países centroeuropeos (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que en conjunto constituyen casi el 90 por ciento de la población de los Estados de nuevo ingreso) han mantenido un déficit promedio de siete por ciento del PIB, muy por encima del tres por ciento fijado por los criterios de adhesión y que ni las poderosas economías de Francia y Alemania han podido cumplir.
Para reducir el mencionado déficit, los gobiernos de los nuevos miembros están obligados a la adopción -en todos los casos- de una reforma radical de las finanzas públicas, dirigidas al recorte de los gastos sociales, en particular la salud, la educación y el sistema de pensiones.
Estas medidas incluyen igualmente el aumento de los impuestos a productos de consumo popular y un control más riguroso del pago de los mismos, a lo que se añade un importante aumento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en una serie de productos y servicios de gran impacto en la población, tales como restaurantes, peluquerías, lavanderías, reparación de calzado y servicios fotográficos, a lo que se suma la subida, ya registrada desde hace algún tiempo en gasolina, cigarrillos y alcohol.
En respuesta, ya han estallado recurrentes movimientos de protesta popular en la mayoría de los países del Este europeo, particularmente en Polonia, Republica Checa y Eslovaquia. En este ultimo país se logró imponer incluso -gracias a una iniciativa del movimiento sindical, que recogió para ello 600 mil firmas, la realización de un referéndum dirigido a adelantar las elecciones legislativas y lograr con ello un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno, ambos ampliamente rechazados debido a la política neoliberal que aplican.
A pesar de su fracaso, determinado por una hábil maniobra gubernamental que hizo coincidir la fecha de realización de esta consulta popular con los comicios presidenciales, en los cuales la participación de los electores fue notablemente baja, acciones de este tipo indican la posibilidad de una mayor radicalización del rechazo de amplios sectores de la población a la aplicación de tan impopulares medidas.
En la liberalización del comercio, las mercancías y el flujo de capitales, el elemento definitorio lo constituye el hecho de que Europa del Este es considerada por los círculos de negocios como un paraíso para las empresas europeas occidentales. La postura de los gobiernos occidentales ante la ampliación no es simplemente altruista: tanto Bonn como París, a modo de ejemplo, se disputan sus respectivas zonas de influencia política y económica en los nuevos mercados del Este.
Para analistas, la liberalización que se inicia tendrá efectos positivos en el crecimiento de entre 0,5 y un uno por ciento del PIB en ambos países. De otra parte, en los círculos de negocios de los 15 antiguos miembros predominan altas expectativas de mejoría asociadas con la ampliación de la UE, según una encuesta realizada por la Comisión Europea el pasado mes de enero.
En la misma, la percepción más extendida entre los entrevistados fue que los antiguos miembros ganarán mano de obra calificada, capital, bienes y mercados.
El que las economías de los nuevos miembros sufrirán una más acentuada penetración de capitales euroccidentales, se confirmó por anuncios recientes sobre nuevos desplazamientos hacia la región de empresas del sector automotor como Volkswagen, Peugeot-Citroen y Renault, las que han encontrado en Eslovaquia y Eslovenia un paraíso manufacturero, a las que se unen empresas norteamericanas, canadienses e inglesas que aspiran a asentarse en toda la región.
Ello producirá una significativa relocalización económica y el desvío de inversiones desde los antiguos receptores de capitales a otros socios con mano de obra más barata.
Sin embargo, pese a lo anterior, la mencionada liberalización no incluirá el libre tránsito de la fuerza de trabajo: en lugar de abrirse nuevas posibilidades para trabajar en el espacio económico único de la UE, se han establecido limitaciones mediante ‘períodos de transición’, -adoptadas recientemente por la mayoría de los 15 países que los ‘reciben’ en la UE- dirigidas a evitar eventuales flujos de trabajadores procedentes de los nuevos miembros.
Lo anterior supone que sólo después de 2011 se producirá la libre circulación de personas procedentes de Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa, restricciones que no se aplicarán a los trabajadores chipriotas y malteses.
En cuanto a la agricultura, la liberalización del comercio entre 25 países puede, según especialistas, dar estabilidad a los mercados agrícolas. Sin embargo, los 10 nuevos miembros deberán hacer esfuerzos para cumplir los requisitos de calidad que plantean los exigentes consumidores de Europa occidental, y en algunos casos, satisfacer la demanda de productos altamente especializados, en un contexto de severos condicionamientos por parte de la UE para la reducción de su producción agrícola.
Al propio tiempo, la prevista reestructuración de este sector en función de modernizarlo, reducirá en perspectiva el peso de la agricultura en las economías de los nuevos miembros, e impondrá una notable reducción de la fuerza de trabajo agrícola. Ello impactará negativamente el mercado laboral con el consiguiente aumento del desempleo, que en la mayoría de estos países alcanza ya cifras de dos dígitos.
Pero el principal desafío de la ampliación lo constituye lograr la desaparición de las profundas diferencias económicas y sociales entre viejos y nuevos miembros, con salarios promedio en estos últimos de 480 euros, unos 576 dólares, casi cinco veces inferior a los de la UE de 15 miembros (2.200 euros, 2.670 dólares), mientras los 75 millones de habitantes de los 10 países que acceden a la UE, hoy con 378 millones de ciudadanos, tienen un ingreso medio del 44 por ciento comparado con el de los Quince.
Para que se tenga una idea más precisa, estos países (aquí se incluyen Malta y Chipre) alcanzaron en el 2002 un PIB global de 444 mil millones de euros (528,3 mil millones de dólares) lo que constituyó sólo el cinco por ciento del PIB total de los otros 15 miembros de la EU, 9,1 billones (millón de millones de euros (10,8 millones de millones de dólares).
Y justamente en este aspecto es donde están presentes las mayores incertidumbres y los evidentes desacuerdos entre países ricos y pobres al interior de la UE de los 25.
Para saldar los profundos desniveles económicos y sociales entre sus miembros, Bruselas cuenta con los fondos estructurales, de cohesión y de ayuda agrícola que suponen en conjunto el 78 por ciento del presupuesto europeo, situado actualmente en 98.634 millones de euros (117.374 millones de dólares).
Todas las regiones de la UE con un ingreso medio per cápita inferior al 75 por ciento de la media europea tienen derecho a acceder a esas ayudas.
En el caso de los nuevos miembros, prácticamente todas sus regiones -en las que vive el 92 por ciento de sus habitantes- clasifican en ese indicador, por lo que es de esperar un futuro escenario en el que esos países demandarán mayores cuotas del presupuesto comunitario, sobre todo a partir del previsible aumento de la capacidad para gestionar eficazmente los recursos.
Esta fórmula (los fondos de ayuda), que hasta ahora ha resultado eficaz en el desarrollo de las zonas más atrasadas de países como España, Irlanda, Portugal y Grecia, es la que los socios más ricos de la UE (Francia, Alemania, Reino Unido) se muestran ahora reticentes a aportar fondos adicionales, los que serán necesarios de mantenerse la política de solidaridad para reducir las diferencias entre las regiones.
Por ahora, bajo el pretexto de la preocupación por la utilización eficiente de estas ayudas que pueden hacer los países que ingresan (‘los nuevos miembros no tienen capacidad para absolver mayores niveles de ayuda’, se afirma) los 15 rebajaron notablemente los porcentajes de los fondos que en teoría les correspondería recibir a los nuevos socios a partir de su adhesión.
A los candidatos sólo se les pagará este año un 25 por ciento, (977 millones de euros, 1.162 millones de dólares), de la ayuda agrícola que les correspondería si estuvieran en la UE con todas sus consecuencias. El porcentaje aumentará paulatinamente, y sólo en 2013 recibirán el 100 por ciento.
Adoptando una postura de ‘bienvenidos, pero no vengan’, todos los líderes de los países de la UE se muestran favorables a ese proceso, sin que al propio tiempo nadie asuma la responsabilidad por el costo que supondrá la ampliación.
Los principales beneficiados hasta ahora del presupuesto de la UE, España, Portugal y Grecia, argumentan que no pueden aceptar menos recursos porque sería injusto financiar la ampliación recortando las transferencias hacia los más pobres de sus regiones.
Por su parte, los contribuyentes netos, como Alemania, Holanda, Austria y Suecia, sostienen que sus ciudadanos no aceptarán un aumento de sus cuotas respectivas a los fondos.
Como consecuencia de lo anterior, se ha desencadenado una verdadera batalla por el presupuesto de la UE en el período 2007-2013, en el cual de hecho, se prevé el mismo dinero para 15 miembros que para 25. Mientras Bruselas aspira a mantener el nivel máximo de aportaciones nacionales fijado (1,27% del PIB) para la anterior Europa de los 15, los principales contribuyentes exigen por su parte que el gasto se limite al 1% del PIB comunitario a partir de 2006.
En marzo de 2000 los 15 se fijaron como objetivo hacer de la UE la economía más competitiva del mundo para el 2010, incluida la meta de lograr el pleno empleo. Los problemas institucionales que enfrenta, el lento y escaso crecimiento económico de las economías, y ahora la ampliación hacia el Este -definida por algunos como ‘un golpe bajo a las aspiraciones de la UE’-, ponen en tela de juicio la capacidad de este entidad integracionista de lograr semejante meta.
La ampliación tiene como fundamento los intereses económicos y políticos de la élite financiera europea, que se complementa ahora con los planes de desmantelamiento del estado de bienestar en los países de Europa occidental.
Este proceso causará nuevas tensiones, sobre todo en lo referente al profundo desfase de riqueza entre los ricos europeos occidentales y sus vecinos más pobres del Este, sobre el cual las previsiones sugieren que, de lograrse, tardará décadas en cerrarse.
Su concreción no sólo significará un aumento de las contradicciones sociales en cada uno de los nuevos miembros.
El alza de los precios; del desempleo por la incapacidad de industria y agricultura de competir con los antiguos 15, y que la ayuda económica de Bruselas no alcance a compensar esos daños, son las principales preocupaciones de los ciudadanos en los países recién incorporados a la UE.
También se profundizarán los conflictos y enfrentamientos entre los poderes europeos y entre Europa y Estados Unidos, claramente visible en la brecha que surgió en las relaciones transatlánticas con motivo del enfrentamiento de algunos países europeos con Washington como consecuencia de la agresión militar a Irak, a partir de lo cual el gobierno norteamericano estableció diferencias entre una Europa ‘vieja’ y una ‘nueva’.
La ampliación hacia el Este, en resumen, constituye una oportunidad para Europa, y a la vez una empresa con riesgos capaces de frenar y hacer naufragar el proyecto integracionista.
Tanto el ALCA como la ampliación de la UE hacia el Este son partes integrantes de los cambios que vienen ocurriendo en las relaciones económicas internacionales. Ambos proyectos se insertan en lo que los especialistas han definido como un proceso de apertura de los mercados, de interdependencia creciente y la conformación de bloques económicos regionales, en tanto componentes determinantes de una nueva fase de la mundialización capitalista que conocemos como globalización neoliberal.