El descomunal atropello contra derechos fundamentales que implica la ilegalización de Iniciativa Internacionalista hace especialmente indignante que estas tropelías traten de justificarse apelando al Estado de derecho, el respeto a las leyes y la independencia de la Justicia. Comencemos por el principio y tratemos de recordar por un instante el origen de la Ley de […]
El descomunal atropello contra derechos fundamentales que implica la ilegalización de Iniciativa Internacionalista hace especialmente indignante que estas tropelías traten de justificarse apelando al Estado de derecho, el respeto a las leyes y la independencia de la Justicia.
Comencemos por el principio y tratemos de recordar por un instante el origen de la Ley de Partidos: desde el momento mismo de su tramitación parlamentaria, nadie trató de ocultar que se trataba de una ley expresamente diseñada para la ilegalización de Batasuna. Es fácil comprender que eso de elaborar una ley para regular un caso concreto supone por sí solo un atentado contra la división de poderes. En efecto, si el Parlamento decide no sólo cuál es la norma sino también cuál es el caso al que hay que aplicarla ¿qué es exactamente lo que les queda por decidir a los tribunales? Sin duda es cierto que el poder judicial colabora con entusiasmo en esta farsa, pero, si por algún motivo decidiese no hacerlo, tampoco lo tendría fácil. Ciertamente, imaginemos que, en su momento, el Tribunal Supremo hubiese dictaminado que Batasuna no incurre en los supuestos de ilegalización previstos en la Ley de Partidos. El Parlamento habría podido decir: ¡¿cómo que no?! ¿es que no se han dado cuenta de que son los supuestos los que se diseñaron para ajustarse a Batasuna y no la actividad de Batasuna la que se tendría que ajustar a los supuestos?.
Ahora bien, recordemos también por qué hizo falta recurrir a esa Ley de Partidos para lograr ilegalizar a Batasuna: no bastaba con el código penal para lograrlo. Y no es que el código penal no prevea la posibilidad de suspender asociaciones encaminadas a cometer delitos (eso es algo que, como es evidente, contempla cualquier código penal). De hecho, ETA misma es perfectamente ilegal sin necesidad de aprobar, ad hoc, ninguna especie de Ley Orgánica para la Ilegalización de ETA. Como su actividad contraviene lo previsto en la legislación penal, se trata de una asociación ilícita. No hay más que hablar. Nunca han hecho falta leyes muy originales para disolver organizaciones que tuviesen cualquier tipo de comportamiento delictivo. Si para lograr la ilegalización de Batasuna hizo falta una ley tan descabellada como la Ley de Partidos es, precisamente, porque su actividad no sólo no era delictiva según el código penal vigente sino que no lo era según ningún código penal posible. Si se hubiese podido imputar algún delito por la actividad de la organización o si se hubiese podido al menos tipificar como delito parte de su actividad, es decir, si se hubiese podido aplicar el código penal a la actividad de Batasuna o, al menos, ampliar el código penal para incluir como delito parte de su actividad, sin duda se habría hecho. Y se ha intentado, pero no es posible llegar tan lejos como para introducir en la legislación penal, por ejemplo, la negativa a sumarse a rituales de condena.
En cualquier caso, una vez consumada la ilegalización por la vía estrafalaria de la Ley de Partidos, resulta ya casi automático declarar ilegal (tal como prevé la propia ley en su única disposición transitoria) cualquier «partido político que continúe o suceda la actividad» del ilegalizado. A partir de aquí, basta que una determinada formación política pueda atraer al electorado de Batasuna para que el Ministerio del Interior la considere sucesora de su actividad, pues conviene notar que continuar la actividad de una organización que no cometía ningún delito no puede significar nada más que representar al electorado que votaba por esa opción.
Así pues, el resultado de todo esto son varias decenas de miles de ciudadanos a los que es imposible imputar nada -y que, por lo tanto, mantienen supuestamente intactos todos sus derechos políticos- pero que, sin embargo, se ha decretado que deben carecer de expresión electoral. El resultado, como es evidente, no puede ser otro que el escandaloso atropello al que estamos asistiendo: Alfonso Sastre (el mejor dramaturgo vivo en lengua castellana, dos veces Premio Nacional, de Teatro -en 1985- y de Literatura -en 1993-, y un hombre de una honestidad implacable) encabeza una candidatura que, como quizá pudiera «continuar la actividad» de Batasuna (es decir, como quizá pudiera resultar una opción posible para su electorado), es ilegalizada. Ni sé ni me importa si el electorado y la militancia de Batasuna tenían previsto dar su apoyo o no a la candidatura encabezada por Alfonso Sastre. Lo que no puede dejar de importarle a nadie comprometido con los derechos políticos más elementales es la lógica del asunto: decenas de miles de personas que no tienen ninguna causa judicial pendiente (y, por lo tanto, mantienen en principio intactos sus derechos políticos, tanto para votar como para pedir el voto), tienen la capacidad de colocar fuera de la ley a cualquier opción política a la que pudieran apoyar. No se trata de que, como pudiera quizá pensarse ingenuamente, sólo estén dispuestos a votar y a pedir el voto para organizaciones que se hallen fuera de la ley sino que, por el contrario, es la simple posibilidad de obtener su voto lo que coloca fuera de la ley a la opción política de la que se trate. No pesa sobre sus derechos restricción formal alguna y, por lo tanto, pueden votar lo que quieran excepto, eso sí, lo que el Ministerio del Interior sospeche que pretenden votar.
Este atentado contra el gigante literario que es Alfonso Sastre (al que se están permitiendo tratar como a un delincuente común), y contra la candidatura que encabeza, demuestra que no están dispuestos a respetar nada en este proceso de desmantelamiento de derechos y libertades. En un momento de extraordinaria tensión política, De Gaulle decidió no emprender acciones legales contra el desafío de Sartre: «a Voltaire no se le encarcela», declaró. La derecha española (que en este caso parece ir desde el PP hasta, como mínimo, Willy Meyer) no parece que tenga ninguna intención de detenerse ante gigantes de dimensión universal como Alfonso Sastre. Así pues, es tarea de todas y todos (tanto quienes localizan su opción política en Iniciativa Internacionalista como quienes la localizamos en otro sitio) resistir contra esta barbarie.