En una Sudamérica atravesada por el golpe de Estado en Bolivia, las protestas en Chile y Colombia, el lawfare contra el correísmo en Ecuador, o la guerra económica contra Venezuela, los gobiernos vecinos de Argentina y Brasil, que cumplen dos meses en el caso del ejecutivo que encabeza Alberto Fernández y trece meses en el […]
En una Sudamérica atravesada por el golpe de Estado en Bolivia, las protestas en Chile y Colombia, el lawfare contra el correísmo en Ecuador, o la guerra económica contra Venezuela, los gobiernos vecinos de Argentina y Brasil, que cumplen dos meses en el caso del ejecutivo que encabeza Alberto Fernández y trece meses en el Jair Bolsonaro, se convierten en la cara y la cruz de una misma moneda, la de la crisis de un modelo económico y social en descomposición que genera monstruos.
En la Argentina de Alberto y Cristina, el desastre social macrista ha dejado claras las prioridades: el combate a la pobreza y el hambre en un país que en 2019 superó el 53% de inflación y que debe al Fondo Monetario Internacional 57 mil millones de dólares.
La política social y la economía serán por tanto las prioridades del gobierno kirchnerista y peronista durante los próximos cuatro años. Gobierno que se regirá por una de las máximas de Néstor Kirchner: «La gente no es enferma de la política como nosotros. Quiere que cada semana sea un poquito mejor que la anterior y que el fin de semana pueda olvidarse de quién la gobierna».
Y para que cada semana sea un poquito mejor que la anterior, es fundamental la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y faculta al ejecutivo aprobar leyes y decretos en todas esas áreas.
A partir de esta ley, el gobierno ha aprobado el plan «Argentina contra el hambre» enfocado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos; un bono de emergencia para jubilados; la obligación de indemnización por despido sin causa por 180 días; un aumento salarial para privados y estatales que cobren hasta 60 mil pesos (alrededor de mil dólares); el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad durante 180 días; la reducción un 8% del precio de los medicamentos; y la suspensión de cualquier aumento de tarifas en trenes, colectivos y peajes.
Todas estas medidas económicas y sociales de emergencia deberían desahogar los niveles de desigualdad y pobreza (los más altos de los últimos 10 años), y poner de nuevo a la Argentina de pie. Además, se han adoptado medidas políticas como el restablecimiento de los ministerios de Salud, Ciencia y Tecnología, Trabajo y Cultura, que el macrismo había desaparecido, y se ha creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además de restituir el protocolo de aborto no punible (primer paso para la legalización) o derogar el protocolo macrista de uso de armas de fuego con fines represivos.
Mientras tanto, el Brasil de Bolsonaro, que el 1 de enero cumplió un año de gobierno, recorre el sentido contrario a la Argentina y profundiza el modelo neoliberal revestido con un discurso de odio, racismo, homofobia y misoginia, discurso legitimador de la tortura y la dictadura militar.
Los objetivos del país más grande, en tamaño y PIB, de Sudamérica, también están claros, tanto en lo económico como en lo social.
En el área económica, 2020 será el año de profundización de las privatizaciones iniciadas en 2019. La apuesta es clara y pasa por el achicamiento del Estado y por la privatización de empresas estatales. En 2019 pasaron a manos privadas 5 empresas estatales y la intención en 2020 es hacerlo con otras 17, entre ellas Correos o Eletrobras.
Paulo Guedes, el Ministro de Economía formado en la ultra neoliberal Universidad de Chicago, no ha conseguido que el crecimiento brasileño supere el 1% en 2019, y ya prepara un nuevo paquetazo que pasa por aumentar el recorte en el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables (IBAMA) y una nueva Ley de Pensiones que quiere ahorrar más de 200 mil millones de dólares en 10 años recortando las pensiones por jubilación.
En lo social, la intención del gobierno de Jair Bolsonaro de reducir un 30% los fondos para educación superior han sido frenados, de momento, por las movilizaciones estudiantiles de mayo, agosto y septiembre, lo que ha repercutido en que la aprobación del gobierno baje hasta un patético 29%.
La reciente renuncia del Ministro de Cultura por copiar en un video la estética y el discurso de Goebbels, Ministro de Propaganda de Hitler, y la anterior renuncia del Ministro de Educación por querer redefinir en los libros de historia la dictadura militar como «un régimen democrático de fuerza», desnuda a la perfección el proyecto de fascismo social bolsonarista, proyecto que no podría implementarse sin el evangelismo de derecha que le sigue haciendo el trabajo sucio en las favelas y entre las y los más pobres.
Pero la liberación de Lula y la reciente nominación a los premios Oscar del documental Al filo de la democracia (Democracia em vertigem) de Petra Costa, han supuesto duros golpes para Bolsonaro. La articulación de diferentes luchas, desde el movimiento de trabajadores campesinos sin tierra (MST) y el de pobladores urbanos (MTST), al movimiento feminista o afrodescendiente, van a suponer un freno al proyecto bolsonarista, que tiene, al igual que el PT y el movimiento popular, un desafío en las elecciones municipales de este mes de octubre.
Brasil y Argentina son de esta manera dos caras opuestas de una misma moneda, la de la crisis del modelo neoliberal ante la que o se construyen alternativas posneoliberales, o se generan monstruos populistas de ultraderecha allá donde la izquierda no ofrece alternativas a las mayorías sociales.
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