No es una sorpresa. Desde hace más de dos siglos, la protesta está en el código genético político de la sociedad francesa. Además de ser derechos constitucionales, la manifestación callejera y la huelga constituyen modos naturales de ejercer la plena ciudadanía. Cada nueva generación considera que participar en los cíclicos arrebatos de cólera social es […]
No es una sorpresa. Desde hace más de dos siglos, la protesta está en el código genético político de la sociedad francesa. Además de ser derechos constitucionales, la manifestación callejera y la huelga constituyen modos naturales de ejercer la plena ciudadanía. Cada nueva generación considera que participar en los cíclicos arrebatos de cólera social es un rito de paso para acceder a la mayoría de edad democrática.
Esta vez, el detonante de la crisis ha sido el presidente francés. Desacreditado y enfangado en varios hediondos escándalos, obcecado por el FMI y las agencias de calificación, Nicolas Sarkozy se muestra sordo a las quejas del pueblo y pretende demoler una de las joyas principales del Estado de bienestar: el derecho a jubilarse a los 60 años.
Conquistado tras decenios de enfrentamientos, este avance social es percibido, en el imaginario colectivo, como un totem intocable. Sarkozy -que, en 2008 prometió respetarlo- ha subestimado el apego de los ciudadanos a ese derecho. Y aprovechando el choque causado por la crisis, desea imponer una reforma que retrasa la edad legal de jubilación de los 60 a los 62 años, amplía el periodo de pago de cotizaciones a 41,5 años y retrasa la edad para cobrar una pensión completa de los 65 a los 67 años.
Algunos creen que, en realidad, Sarkozy quiere romper el régimen público de jubilación por repartición, basado en la solidaridad entre las generaciones, y sustituirlo por un régimen privado que representaría un mercado de entre 40.000 y 100.000 millones de euros. Denuncian que la compañía de seguros que más se beneficiaría de ello es el grupo Malakoff Médéric cuyo consejero delegado es… Guillaume Sarkozy, el hermano del Presidente.
La reacción de los principales sindicatos es unánime. Sin rechazarla en totalidad, reclaman modificaciones argumentando que el coste de la reforma recaerá esencialmente sobre los asalariados, vapuleados ya por la crisis, y que ello agravará las desigualdades. Organizaron varias jornadas de movilización antes del verano. Pero el Gobierno, en una actitud prepotente, mantuvo su rechazo a negociar.
Grave error. Con la vuelta al trabajo, en septiembre, se reunieron asambleas generales en centenares de empresas y administraciones. Los asalariados confirmaron su decisión de no dar «ni un paso atrás». Convencidos que si se cedía en algo tan sagrado como la jubilación a los 60 años, se les vendría encima una avalancha de nuevos recortes en la Seguridad Social, la sanidad, la educación y los servicios públicos.
Estas asambleas demostraron que las direcciones sindicales eran mucho menos radicales que sus bases exasperadas por los constantes retrocesos sociales. Inmediatamente, regueros de acciones colectivas se extendieron por todo el país; millones de personas se echaron a la calle; la huelga popular prolongada entorpeció el funcionamiento de los transportes; algunas ciudades, como Marsella, quedaron paralizadas… A medida que se repiten las jornadas de acción, nuevas categorías sociales se van sumando a una protesta que adopta expresiones inéditas.
Lo más original es el bloqueo de las refinerías y los depósitos de carburante. Lo más notable es la masiva incorporación de los estudiantes de secundaria. Algunos imaginaban a esta «generación Facebook» ensimismada y autista, pero su energía contestataria reveló su angustia frente al derrumbe del futuro… Y su temor a que, por vez primera desde 1945, si nada cambia, le toque vivir en peores condiciones que sus padres. El nuevo modelo neoliberal destroza el ascensor social…
La protesta cristaliza un malestar social profundo y una suma de descontentos acumulados: desempleo, precariedad, pobreza (hay ocho millones de pobres), dureza de la vida diaria… Ya no es sólo un asunto de pensiones sino una batalla por otro modelo social.
Lo más significativo es el apoyo popular, entre el 60% y el 70% de los franceses aprueba la protesta. Nadie acaba de entender cómo la Francia arruinada de 1945 pudo costear el Estado de bienestar y la Francia de hoy, quinta potencia económica mundial, es incapaz de hacerlo. Nunca ha habido tanta riqueza. Los cinco principales bancos franceses obtuvieron, en 2009, unas ganancias de 11.000 millones de euros. Y las cuarenta principales empresas obtuvieron, ese mismo año, beneficios de 47.000 millones de euros…. ¿Por qué no gravar, en provecho de los pensionistas, tan cuantiosos capitales? La Comisión Europea estima que una pequeña tasa sobre las transacciones financieras aportaría al conjunto de los Estados de la Unión Europea, cada año, entre 145.000 y 372.000 millones de euros… Más que suficiente para pagar el aumento de los sistemas de pensiones.
Pero el dogma neoliberal exige que se exonere el capital y se ajusten más los salarios. De ahí el pulso actual en Francia. La sensación general es que ninguno de los dos antagonistas puede transigir. Las organizaciones sindicales, empujadas por una corriente de radicalización, siguen unidas después de varios meses de ofensiva. Ceder constituiría un fracaso semejante al de los mineros británicos en 1985 frente a Margaret Thatcher. Lo que significó el fin de la resistencia obrera en el Reino Unido y abrió la puerta a las «terapias de choque» ultraliberales.
Nicolas Sarkozy cuenta con el apoyo de la Unión Europea (1), del FMI, de la banca y del empresariado europeo (2) temeroso de que la «chispa francesa» incendie la pradera social del continente. El abandono de su reforma le condenaría a la derrota electoral en 2012.
La historia social francesa enseña que cuando una protesta ha ido tan lejos como la actual, jamás se ha desinflado. Siempre ha vencido.
Notas:
(1) El Consejo Europeo, en Barcelona, en marzo de 2002, recomendó: «Para 2010 deberá intentarse elevar progresivamente en torno a cinco años la edad media en que se produzca el cese efectivo de actividad de las personas en la Unión Europea».
(2) En España, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, defiende como «imprescindible y aconsejable», la subida de «la edad de jubilación a los 70 años». Añade que «los asalariados deben trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos». Pide ampliar el periodo de cálculo de la pensión a «toda la vida laboral», y que los ciudadanos se hagan «pensiones privadas». Europa Press, 26 de julio de 2010 y ABC, Madrid, 15 de octubre de 2010.
Fuente: http://www.mondiplo.com/isum/Direct.jsp?ISUM_Shortcut=MONDIPLO_EDITORIAL
rCR